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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02471-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02471-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho de petición de la Fundación para el Estado de Derecho, por las razones expuestas en esta providencia. 2. En consecuencia, ordenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la petición del 8 de abril de 2024 formulada por la Fundación para el Estado de Derecho y la notifique al interesado en el mismo término. 3. En el mismo sentido, ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas SAS en Intervención que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, notifiquen al interesado la respuesta de fondo a la petición del 8 de abril de 2024 formulada por la Fundación para el Estado de Derecho. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02471-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02471-00
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02471-00
Demandante FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Núcleo esencial el derecho.
Ausencia de respuesta. Remisión por competencia. Notificación de
respuestas. Solicitud información en relación con la actual situación de
la EPS Sanitas SAS.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Fundación para el Estado de Derecho de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de mayo de 20241, la Fundación para el Estado de Derecho representada
legalmente por el señor Andrés Caro Borrero, interpuso acción de tutela contra el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero: Que, se TUTELE el derecho fundamental de petición sobre la solicitud
presentada el 08 de abril de 2024 bajo el radicado número EXT24-00054581 y, en
consecuencia,
Segundo: Que, se ORDENE al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA dar respuesta de fondo a las peticiones incluidas en
el punto 5 del derecho de petición radicado el 08 de abril de 2024”.

2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La Fundación para el Estado de Derecho presentó petición el 8 de marzo de
2024 ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
el Ministerio de Salud y la Protección Social, la EPS Sanitas SAS y la
Superintendencia Nacional de Salud, en la que solicitó a cada una, de acuerdo
con la competencia respectiva, información respecto de la intervención de la
EPS Sanitas SAS, efectuada por la Superintendencia Nacional de Salud
mediante Resolución del 2 de abril de 2024.

1 Escrito de tutela radicado por ventanilla virtual.
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Concretamente lo solicitado en el numeral 5 de la petición, fue lo siguiente:
“5. Se solicita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
informar:
5.1. Qué indicaciones le dio el Presidente de la República al Superintendente Nacional
de Salud, respecto de la intervención del Gobierno a las EPS, en especial, respecto
de la EPS Sanitas. Informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
dieron las aludidas indicaciones y entregar copia de las aludidas actuaciones.
5.2. Entregar copia de las pruebas con que cuenta relacionadas con la participación de
la empresa Keralty durante el trámite del proyecto de ley, que llevan al Presidente
de la República a informar al país, que esta empresa fue la responsable del archivo
del proyecto de ley “Por medio de la cual se transforma el sistema de salud en
Colombia y se dictan otras disposiciones”.
5.3 Informar a qué responsabilidad se refiere el señor Presidente de la República,
cuando indica que él asume la responsabilidad por las indicaciones que da a sus
funcionarios.”

2.2. El 17 de abril de 2024 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República informó al peticionario que había remitido por competencia la
solicitud al Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la
Superintendencia Nacional de Salud.
2.3. La fundación accionante afirmó que a la fecha de presentación de la presente
acción no ha obtenido respuesta alguna en relación con el punto 5 de la
petición presentada el pasado 8 de abril de 2024.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que, al no haberse dado respuesta a su solicitud, se vulnera
su derecho fundamental de petición y que, pese a la remisión por competencia
efectuada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al
Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la Superintendencia Nacional de
Salud, tampoco le han dado respuesta, pese a no estar dirigida la petición a ninguna
de estas entidades.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 23 de mayo de 2024 el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que allegara los documentos que acreditaran que el señor
Andrés Caro Borrero estaba legitimado para actuar en calidad de
representante legal de la organización Fundación para el Estado de derecho,
así como también la constancia de radicación del derecho de petición enviado
a la Presidencia de la República.
4.2. Posteriormente, por auto del 7 de junio de 2024 se admitió la demanda, se
ordenó la notificación a las partes y se dispuso vincular en calidad de tercero
al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de
Salud y a la EPS Sanitas SAS, destinatarios de la petición presentada por la
fundación accionante.
4.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, rindió
informe en el que manifestó que ya se había dado respuesta a lo solicitado por
la parte actora mediante oficio del 17 de abril de 2024 en el sentido de
redirigir el escrito por competencia al Ministerio de Salud y la Protección Social
y a la Superintendencia Nacional de Salud.
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Presentó en el informe la trazabilidad de los oficios enviados, tanto al
peticionario como a las entidades a las que se remitió por competencia, por el
sistema “Escribe” mediante el que la entidad da trámite a las solicitudes que
llegan, en el que se emite la correspondiente constancia que permite verificar
el envío efectivo de las respectivas comunicaciones.
4.4. La Superintendencia Nacional de Salud, se pronunció e indicó que, de
acuerdo con las manifestaciones de la parte actora en el escrito de tutela, se
evidenciaba que lo pretendido es que se dé respuesta a los derechos y quejas
interpuestas ante la EPS en mención.
En ese sentido, anunció que los fundamentos estaban dirigidos a la entidad
prestadora del servicio de salud de la parte accionante, quien debía
pronunciarse de fondo sobre la prestación de los servicios requeridos a través
de la presente acción y que la entidad no era superior jerárquico de los actores
encargados de la prestación de los servicios de salud, razón por la que
consideró que no le asistía legitimación en la causa por pasiva.
4.5. La EPS Sanitas SAS en intervención, rindió informe en el presente trámite
constitucional en el que indicó que el 30 de abril de 2024 dio respuesta de
fondo a los aspectos que tenían relación directa con las competencias de la
entidad, lo que dijo, notificó a los correos electrónicos suministrados por la
parte actora.
En tal virtud, concluyó que no se vulneraba el derecho de petición de la
fundación actora y que no les asistía legitimación en la causa por pasiva en
relación con lo solicitado a través de la presente acción constitucional, razón
por la que pidió ser desvinculada.
4.6. El Ministerio de Salud y Protección Social, no se pronunció en esta
oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Aspecto previo

La Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas SAS en Intervención
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, por considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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Si bien la presente acción de tutela fue interpuesta por la Fundación accionante
únicamente en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República por la falta de respuesta al punto 5 de la petición presentada el 8 de abril
de 2024, lo cierto es que la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas
SAS fueron vinculadas en calidad de terceros con interés, como destinatarias que
fueron del mismo derecho de petición que dio origen a la presente acción. En
consecuencia no se accederá a su solicitud de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta que la pretensión de la tutela está circunscrita a la ausencia de
respuesta a lo solicitado en el punto 5, dirigido al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, contenido en la petición del 8 de abril de 2024,
corresponderá a la Sala determinar concretamente si dicha entidad incurrió en
vulneración del derecho fundamental de petición de la Fundación para el Estado de
Derecho.
Adicionalmente, y considerando que en los hechos y fundamentos de la demanda
de tutela, la Fundación actora reclama que, a pesar de la remisión por competencia
que hiciera el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la
fecha de interposición de la solicitud de amparo no ha le sido notificada respuesta
alguna, corresponderá a la Sala verificar si de acuerdo con los informes rendidos
por la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas SAS en Intervención, en
los que se allegó respuesta de la petición en los puntos que aducen eran de
competencia de cada una de las entidades, se notificó en debida forma al
peticionario.
4. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
4.1. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata
según el artículo 85 de la Carta.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 20113:
“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos”.

4.2. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la
seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres
los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
3 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
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resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea
clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la
decisión adoptada se le notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo
del derecho de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en
ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que
“existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo
pedido”.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido.

Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una
cosa es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido4. Es por tal
motivo que, la resolución de fondo de una petición no tiene que ser en los
términos favorables al solicitante, sino que se conteste de fondo y de manera
clara lo que se está pidiendo.

4.3. En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la
Corte Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con
diligencia para que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que
denota lealtad y publicidad de las actuaciones de la administración y permite
materializar el derecho al debido proceso del administrado, ya que es
condición necesaria para que el interesado ejerza su derecho de defensa y
contradicción.

4.4. De otra parte, conforme al artículo 21 CPACA, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, tratándose de peticiones escritas, como la que ocupa la
atención de la Sala, cuando la autoridad a quien se dirige un derecho de
petición no es la competente para resolverlo, dentro de los 5 días siguientes a
la recepción de la solicitud, deberá remitirla al competente, y enviar copia del
oficio remisorio al peticionario.
Dispone la norma:
“Artículo 21. Funcionario sin competencia. «sustituido. Ley 1755, art. 1º» Si la
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente”.

4 Sentencia T-063 de 2000
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Significa que si la autoridad a quien se dirige el derecho de petición resulta no
ser a quien legal y/o reglamentariamente corresponde resolverlo, debe, dentro
del término y ajustado al procedimiento señalado en ese artículo, darle traslado
y ponerlo en conocimiento de quien sí lo es, para que le dé respuesta de fondo
a la respectiva petición. 5. Del contenido de la petición y el trámite impartido por las autoridades
accionada y vinculadas dentro del presente trámite constitucional
5.1. El 8 de abril de 2024 la Fundación para el Estado de Derecho presentó petición
dirigida al: (i) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, (ii)
Ministerio de Salud y de la Protección social, (iii) Superintendencia Nacional de Salud
y al (iv) Interventor designado de la EPS Sanitas SAS, en los siguientes términos:
“II. SOLICITUDES
En atención a lo expuesto y considerando la intervención a la EPS SANITAS S.A.S respetuosamente se
solicita a la Entidad: 1. Cesar la vulneración de los derechos e intereses colectivos desconocidos con ocasión de la
expedición de la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, mediante la cual se
ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa
administrativa para administrar a la EPS SANITAS S.A.S, identificada con NIT. 800.251.440-6. Para
el efecto se solicita dejar sin efectos la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024. 2. En caso de negativa se solicita: 2.1 Informar los cambios que se adoptarán para garantizar a los afiliados la disponibilidad,
accesibilidad, calidad e idoneidad de los servicios de salud prestados por la EPS SANITAS S.A.S. 2.2 Informar los cambios que se adoptarán para resolver las supuestas deficiencias en la cobertura en
la calidad de la red de servicios y tecnologías en salud. 2.3 Informar los cambios que se adoptarán para resolver las supuestas deficiencias en la aplicación de
las políticas y procedimientos para la contratación y pago oportuno de tecnologías de salud. 2.4 Informar los cambios que se adoptarán para fortalecer el sistema de gestión y respuesta a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y requerimientos judiciales en la EPS
SANITAS S.A.S. 2.4.1 Informar el número de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y requerimientos
judiciales encontradas al momento de la toma de posesión e intervención forzosa
administrativa de la EPS SANITAS S.A.S. 2.4.2 Informar el número de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y requerimientos
judiciales al momento de respuesta de la presente petición. 2.4.3 Se solicita entregar un informe estadístico mensual de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y requerimientos judiciales presentadas ante la EPS SANITAS S.A.S,
lo anterior, a partir de la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS. 2.5 Informar los cambios que se adoptarán para gestionar el recaudo efectivo de cartera en la EPS
SANITAS S.A.S. 2.6 Informar los cambios que se adoptarán para garantizar el pago a la red prestadora y proveedora de
servicios y tecnologías en salud. 3. Solicitud de información: 3.1 Se solicita copia del expediente administrativo que fundamenta la expedición de la Resolución No. 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, proferida por el Superintendente Nacional de Salud. 3.2 Se solicita copia del acta de la sesión del 2 de abril de 2024 del Comité de Medidas Especiales, en
la que la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud rindió concepto técnico respecto
de la EPS SANITAS S.A.S. 3.3 Se solicita copia del concepto técnico y sus anexos relacionado con la EPS SANITAS S.A.S,
rendido por la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud en la sesión del 2 de abril
de 2024 del Comité de Medidas Especiales.

3.4 Se solicita copia del acta y sus anexos, de la sesión del 1 de abril de 2024 del Comité de Medidas
Especiales, en la que la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud rindió concepto
técnico respecto de la EPS SANITAS S.A.S.

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3.5 Se solicita copia de la hoja de vida con los soportes del servidor público y auxiliar de la justicia,
señor Duver Dicson Vargas Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 1.026.252.683 de
Bogotá.
3.6 Se solicita copia de la póliza de seguros presentada por el interventor designado, señor Duver
Dicson Vargas Rojas, según lo establece el artículo 46 de la Resolución 2599 de 2016, proferida
por la Superintendencia Nacional de Salud.
3.7 Se solicita copia del Plan de Trabajo elaborado y presentado por el agente interventor. En caso de
no tenerlo para la fecha de respuesta de la petición, se solicita su remisión con sus
correspondientes anexos, una vez sea presentado en los términos del artículo 18 de la Resolución
2599 de 2016.
3.8 Se solicita copia de los informes periódicos que deben ser presentados dentro de los veinte (20)
primeros días calendario de cada mes, en los términos del artículo octavo de la Resolución No.
2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024. Se solicita su envío periódico, una vez sea presentado
por el interventor.
3.9 Se solicita copia de los informes presentados por la Contraloría General de la República en los
años 2023 y 2024, en los que se analice la situación financiera y de cartera de las EPS.
4. Se solicita informar en los últimos 10 años cuáles EPS, por qué razones y en qué periodo han sido
intervenidas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a través de la toma de posesión.
4.1 Considerando la respuesta anterior, informe respecto de las EPS de las que se ha tomado posesión
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud: a) cuáles han mejorado sus indicadores de
gestión, detalle su respuesta. b) Cuáles han continuado con el desarrollo de su objeto social y
cuáles se han liquidado y por qué razones.
5. Se solicita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República informar:
5.1 Qué indicaciones le dio el Presidente de la República al Superintendente Nacional de Salud,
respecto de la intervención del Gobierno a las EPS, en especial, respecto de la EPS Sanitas.
Informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron las aludidas indicaciones y
entregar copia de las aludidas actuaciones.
5.2 Entregar copia de las pruebas con que cuenta relacionadas con la participación de la empresa
Keralty durante el trámite del proyecto de ley, que llevan al Presidente de la República a informar
al país, que esta empresa fue la responsable del archivo del proyecto de ley “Por medio de la cual
se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
5.3 Informar a qué responsabilidad se refiere el señor Presidente de la República, cuando indica que
él asume la responsabilidad por las indicaciones que da a sus funcionarios”.

5.2. Pues bien, de acuerdo con los informes rendidos en el presente trámite de
tutela y conforme la revisión de las pruebas que obran en el expediente,
encuentra la Sala que, en efecto, el derecho de petición de la Fundación
accionante ha sido vulnerado, por lo que deberá ser amparado conforme las
consideraciones que se expondrán a continuación y que, la Sala por orden
metodológico analizará de la siguiente manera:
5.3. Vulneración del derecho de petición por parte del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República:
Encuentra la Sala que la pretensión que hace la Fundación actora en el escrito
de tutela, tiene que ver concretamente con el incumplimiento por parte del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en contestar
el punto 5 de la petición que, conforme se evidencia en la petición, está
compuesto por 3 ítems o preguntas.
Tal como lo manifestó la misma fundación en la solicitud de amparo, la
Presidencia de la República remitió por competencia la petición tanto al
Ministerio Salud y de la Protección Social como a la Superintendencia Nacional
de Salud, de lo que la misma entidad accionada allegó prueba. Lo anterior se
acreditó con los siguientes oficios:

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Pues bien, el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 señala que si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente para atender lo pretendido,
deberá informar al interesado y remitir la solicitud a la autoridad competente,
para lo cual los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la petición.

La Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 2014 efectuó el control de
constitucionalidad previo de la Ley 1755 de 20155, indicando que dicha regla
de remisión cuando el funcionario no tenga competencia para conocer la
petición (artículo 21), resulta acorde con el artículo 209 de la Constitución, así
como con el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública
contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política, debido a que consagra
que la autoridad que no tenga competencia para resolver una petición, deberá
manifestarlo así al interesado. No obstante, también advirtió que la remisión
debe ser oportuna y lo suficientemente motivada en aras de evitar dilaciones
injustificadas. En palabras de la Corte:
“(...) para evitar dilaciones injustificadas y así garantizar de forma sustancial una pronta
respuesta a la petición incoada, debe entenderse que la obligación de informar
(“informará”) al peticionario no se agota con la mera manifestación de que no se es
competente, y de que otra autoridad lo es. Esta información deberá estar motivada, de
modo que la respuesta que en este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por qué no
es competente la autoridad ante la que se presenta la petición; y ii) por qué es
competente la autoridad a la que se remite la misma.

De esta forma se asegura que, en este punto, la decisión de la administración resulte
transparente y de fondo para el peticionario. Así es que la Corte ha concluido que se garantiza
en debida forma un trámite dinámico del derecho de petición. En este sentido, la Sentencia T-
564 de 2002, reiterando lo anteriormente concluido por la jurisprudencia constitucional,
manifestó: ‘Sobre el particular, también la sentencia T-575 de 1994, Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo, señaló lo siguiente en un caso similar al que es objeto de la presente decisión:

‘Es claro que, en el marco del Estado de Derecho, cuando el peticionario ha presentado la solicitud ante
funcionario incompetente, la contestación de este no puede consistir sino en la expresión oportuna de
que le es imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a quien corresponda la competencia.
De todas maneras, para cumplir en estos casos con el mandato constitucional, es necesaria la respuesta
en el expresado sentido; se violaría el derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se
olvidara del tema o, aun remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al
peticionario.’”

Lo que fue reafirmado por la Sentencia T-371 de 2003, en la que se concluyó : ‘[e]n estas
circunstancias resulta probado el hecho de que la satisfacción a la solicitud del accionante escapa a la
competencia del juzgado requerido, pero ello no lo liberaba de emitir una respuesta formal explicando al
solicitante el trámite dado a la solicitud, de manera que, no obstante el proceder fue diligente, incurrió en
la vulneración del derecho de petición al no explicar al peticionario esta circunstancia, tal como se ha
exigido de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corporación en situaciones similares’”
(Negrillas de la Sala).

Por lo anterior, la Corte concluyó que el deber contenido en el artículo 21 de
la Ley 1755 de 2015, de informar “sobre la incompetencia de la autoridad ante la que
se presentó la petición, y la remisión a la que se considera con competencia, acoge los
parámetros previstos por la jurisprudencia constitucional, por lo que se encuentra
acorde con el contenido establecido para el derecho de petición, siempre y cuando se
entienda que estas decisiones deberán ser motivadas” (Negrillas de la Sala).

5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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En este orden de ideas, es claro que el marco de protección del derecho
fundamental de petición está presente incluso cuando la solicitud se interpone
ante un funcionario que no tenga competencia para resolverla, el cual, si bien
no está en obligación de proferir respuesta de fondo, debe informarle al
peticionario, con motivación suficiente, por qué no es competente y por qué si
lo es la autoridad a la que se remite.

Dicha obligación no se agota con la simple afirmación de que no se es
competente. Lo que quiere decir, que no basta con remitir la petición a
cualquier autoridad, sino que se requiere (i) un deber de motivación de tal
manera que se indique al peticionario por qué no cuenta con competencia para
absolver lo pretendido, (ii) el fundamento por el cual considera que la autoridad
a la que remite la solicitud es la facultada para responder lo pedido, así como,
(iii) informar al interesado del estado de la petición -remisión-, para que se
garantice una pronta resolución sin dilaciones injustificadas.

5.4. De este modo, la Sala encuentra que respecto de lo solicitado en el derecho
de petición radicado por la Fundación tutelante, concretamente lo solicitado en
el punto 5 del escrito, los oficios por los que se remitió por competencia el
asunto al Ministerio de Salud y de la Protección Social y a la Superintendencia
Nacional de Salud, carecen de la motivación en los términos precisados por la
sentencia C-951 de 2014, como elemento que hace parte del núcleo esencial
del derecho fundamental de petición cuando la solicitud se remite por
competencia, pues se considera que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República es la autoridad competente para dar respuesta de
fondo a la solicitud del actor, teniendo en cuenta que, justamente el punto 5 de
la petición tiene una serie de preguntas que van dirigidas al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, relacionadas con una serie
de actuaciones del Presidente de la República y que, conforme con lo
dispuesto en los artículos 1°6 y 4°7 del Decreto 2647 de 2022 corresponde

6 ARTÍCULO 1. Objeto. Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República asistir
al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema Autoridad
Administrativa en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo
necesario para dicho fin. […]
7 ARTÍCULO 4. Funciones generales del Departamento Administrativo de la Presidencia. El
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá las siguientes funciones generales:
Asistir al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en su labor de coordinación de
los diferentes órganos del Estado para que se colaboren armónicamente en la realización de sus
objetivos.
Organizar, dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias que demande el Presidente de Ia
República, para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer, en relación
con los órganos del Estado que integran las ramas del poder público y los demás órganos estatales,
autónomos e independientes.
Apoyar al Presidente de la República en su deber de garantizar los derechos y las libertades de todos
los colombianos.
Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias que demande el Presidente de la República,
para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer como Jefe del Estado y
suprema autoridad administrativa.
Adelantar las acciones según instrucciones del Presidente de la República, para el eficiente y armónico
accionar del Gobierno, representándolo, cuando así́ lo demande, en la orientación y coordinación de la
administración pública y de sus inmediatos colaboradores.
Coordinar las relaciones entre el Presidente de la República con los entes territoriales, el sector privado
y las organizaciones sociales.
Coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en los Consejos, Comités o demás organismos de
consulta, asesoría, coordinación o apoyo que dependan directamente del Despacho del Presidente de
la República.
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atender al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en
su función de asistencia al presidente, así como de la organización, dirección
y demás que demande precisamente el Presidente de la República para el
ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer.

Por consiguiente, se encuentra que tal autoridad vulneró el derecho
fundamental de petición de la fundación accionante al no haber proferido
respuesta de fondo, pese a contar con competencia frente al objeto de la
misma, por lo menos, en lo que frente al punto concreto a que se refería la
solicitud en relación con esta entidad.

5.5. Adicionalmente debe ordenarse la notificación de las respuestas
emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas SAS
en Intervención

Finalmente, en lo que tiene que ver con estas dos entidades, en el escrito de
tutela la Fundación accionante afirmó que a pesar de la remisión hecha de la
petición a la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS Sanitas SAS en
Intervención, a la fecha de radicación de la acción no se le había notificado
respuesta alguna expedida aquellas.

Al respecto, encuentra la Sala que en los informes rendidos por las citadas
entidades en el presente trámite constitucional y conforme con las pruebas
allegadas, las entidades dieron respuesta a los puntos atientes a los asuntos
de su competencia.

Sin embargo, no se advierte una constancia de notificación efectiva a la parte
actora que le permita conocer la respuesta que le fue brindada por cada una
de estas entidades, razón por la que la Sala considera, deben ser conocidas
tales respuestas por la parte accionante y por lo que, al no evidenciarse
constancia de notificación efectiva, también se vulnera el derecho de petición
de la fundación actora, pues la notificación es el mecanismo procesal
adecuado.

En términos de la Corte Constitucional8: “la respuesta debe ser notificada, por
cuanto la notificación es el mecanismo procesal adecuado para que la persona conozca
la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011. Esta obligación genera para la administración la
responsabilidad de actuar con diligencia en aras de que su respuesta sea conocida”.

En ese sentido, el derecho de petición de la parte actora también se considera
vulnerado, por lo que deberá ampararse, en el sentido de que se notifique en

Divulgar los actos del Gobierno Nacional y coordinar lo referente a una adecuada difusión de la gestión
gubernamental.
Brindar apoyo al Presidente de la República en los diagnósticos, estudios, análisis y demás actividades
que contribuyan a la formación de criterios, conceptos o formulaciones que éste desee definir.
Impartir directrices para la formulación y evaluación del impacto de las políticas de Gobierno frente a los
objetivos estratégicos de cada dependencia y proponer las mejoras institucionales que correspondan,
encaminadas a fortalecer la capacidad de las entidades del Sector Presidencia.
Adelantar el estudio de constitucionalidad, legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley,
actos legislativos, decretos y actos administrativos de competencia del Presidente de la República.
Prestar el apoyo logístico y administrativo que demande el ejercicio de las facultades y funciones
presidenciales.
Las demás que le sean atribuidas.
8 Sentencia T-272 de 2023.
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debida forma al peticionario la respuesta junto con las pruebas o soportes del
caso.

6. Conclusión

Dado este contexto, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
Fundación para el Estado de Derecho, vulnerado por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de
Salud y la EPS Sanitas SAS en Intervención.

En tal virtud, se dispondrá que dentro del término de tres (3) días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República dé respuesta de fondo a la petición del 8 de abril de
2024 formulada por la Fundación para el Estado de Derecho y la notifique al
interesado en el mismo término.

De otra parte, se ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud y la EPS
Santitas SAS en Intervención que, igualmente en el término de tres (3) días
siguientes a la notificación de esta providencia, notifiquen al interesado la respuesta
de fondo en los puntos de competencia de cada una de las entidades, en relación
con la petición del 8 de abril de 2024 formulada por la Fundación para el Estado de
Derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho de petición de la Fundación para el Estado de Derecho,
por las razones expuestas en esta providencia.

2. En consecuencia, ordenar al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo a la petición del 8 de
abril de 2024 formulada por la Fundación para el Estado de Derecho y la
notifique al interesado en el mismo término.

3. En el mismo sentido, ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud y la
EPS Sanitas SAS en Intervención que, dentro del término de tres (3) días
siguientes a la notificación de esta providencia, notifiquen al interesado la
respuesta de fondo a la petición del 8 de abril de 2024 formulada por la
Fundación para el Estado de Derecho.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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