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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02474-00

Fecha
12 de junio de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Sandra Viviana Alfaro Yara, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los Autos proferidos el 16 febrero y 29 de abril de 2024 por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y de 22 de febrero y 3 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de los incidentes de desacato de la acción de tutela No. 05001-33- 33-013-2023-00336-00/01 y, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado 13 Administrativo de Medellín que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nuevas decisiones en el marco de los incidentes de desacato, en la cual atienda lo dispuesto en la presente sentencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17. 17 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 12 de 13 Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00 Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Concede amparo ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02474-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 12 de junio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite del incidente de
desacato| Sanción por desacato| Inaplicación de sanción - ampara

Síntesis del caso: La demandante enjuició los autos mediante los cuales las autoridades
judiciales demandadas impusieron y confirmaron una sanción, dentro de un incidente de
desacato de tutela.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Sandra
Viviana Alfaro Yara contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado 13 Administrativo de Medellín.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 17 de mayo de 2024, Sandra Viviana Alfaro Yara presentó acción
de tutela contra el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
“patrimonio”, con ocasión de las decisiones que impusieron y confirmaron
una sanción, dentro del incidente de desacato de tutela No. 05001-33-33-
013-2023-00336-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante pidió (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
inaplicar las siguientes sanciones:

• Sanción calendada el 16 de febrero de 2024 confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante 22 de febrero de 2024 consistente
en multa de uno (1) S.M.M.L.V., impuesta a la suscrita en calidad de Directora
Técnica de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas.

• Sanción calendada el 29 de abril de 2024 confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante 03 de mayo de 2024 consistente en
multa de dos (2) S.M.M.L.V., impuesta a la suscrita en calidad de Directora
Técnica de Reparaciones de la Unidad para las Víctima.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la
declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 17
de enero de 2024, dentro del radicado 05001333301320230033600, en
cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la
Resolución No. 04102019-336824 del 18 de febrero de 2020, que reconoció el
derecho a la entrega de las indemnización administrativa a CLAUDIA PATRICIA
MORA BETANCUR y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al
particular con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022 y 2023.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las
mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de
tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y
aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la
orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Claudia Patricia Mora Betancur presentó acción de tutela2 en
contra de la Unidad de Reparación y Atención Integral a las Víctimas
(UARIV), por la aparente trasgresión de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, verdad, justicia y reparación, al no haberle
informado una fecha para el pago de la indemnización administrativa, por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado, que le fue reconocida
mediante la Resolución No. 04102019-336824 de 18 de febrero de 2020.

5. 2) Mediante Sentencia de 6 de diciembre de 2023, el Juzgado 13
Administrativo de Medellín tuteló el derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, ordenó a la UARIV que, en el término de 48 horas siguientes
2 Radicado No. 05001-33-33-013-2023-00336-00.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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a la notificación de dicha providencia, resolviera de fondo la solicitud
presentada por la señora Mora Betancur el 14 de agosto de 2023, en el
sentido de indicarle el resultado de la aplicación del “Método Técnico de
Priorización” para el 2023 o, “en caso de no tener aún su consolidado”, en
ese mismo término informarle una fecha aproximada en la cual se haría
efectivo el pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida.

6. 3) La anterior decisión fue impugnada por la entidad demandada,
con fundamento en que contestó la petición y, por ende, cesó la
conducta que dio lugar a la vulneración, máxime cuando era imposible
indicarle a la accionante la fecha probable para el pago de la
indemnización administrativa, pues tenía que ser respetuosa del
procedimiento establecido en la Resolución No. 1049 de 2019 y del debido
proceso administrativo.

7. 4) En Sentencia de 17 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia modificó la decisión de primera instancia en el sentido de
ordenarle a la UARIV que definiera un plazo razonable o aproximado para
el pago efectivo de la indemnización.

8. 5) La señora Mora Betancur3 presentó un incidente de desacato y el
Juzgado 13 Administrativo de Medellín, mediante Auto de 12 de febrero de
2024, abrió el mismo en contra de la directora de reparaciones de la
UARIV, Sandra Viviana Alfaro Yara, a quien le otorgó 3 días para que se
pronunciara y allegara las pruebas necesarias para su defensa.

9. 6) El 13 de febrero de 2024, la UARIV presentó escrito en el que
informó sobre la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo de tutela.
Explicó que, luego de haber aplicado el MTP4 en la vigencia de 2023,
mediante Oficio de 31 de enero de 2024, se comunicó la no favorabilidad
de la entrega de los recursos a la señora Mora Betancur, debido a que (se
trascribe) “la ponderación de los componentes arrojó como resultado el
valor de 22.67 como se muestra a continuación, y el puntaje mínimo para
acceder a la medida indemnizatoria fue de 38.9898”. En esa medida,
indicó que debía efectuar nuevamente el MTP para el 2024.

10. 7) Mediante Auto de 16 de febrero de 2024, el Juzgado 13
Administrativo de Medellín sancionó, por desacato, con multa de 1 SMLMV,
a Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de “directora General de la
UARIV” por no haber dado cumplimiento al fallo de tutela5.

3 El 2 de mayo de 2024.
4 La UARIV precisó que fue creado a través de la Resolución No. 1049 de 2019 para la atención de víctimas que,

aunque son titulares del derecho a la reparación económica, no cuentan con criterios de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad.
5 Dicha conclusión la tomó con sustento en que la autoridad administrativa no indicó un plazo aproximado ni el

orden en el que Claudia Patricia Mora Betancur accedería a la medida de indemnización administrativa. En

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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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11. 8) El 19 de febrero de 2024, la UARIV presentó informe ante el
Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el que reiteró la imposibilidad para cumplir el fallo, ya que
debía aplicar, cada año, el MTP hasta que el resultado permitiera el
desembolso de la indemnización administrativa. Sin perjuicio de lo anterior,
precisó que la accionante podía acreditar alguno de los criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, contenidos en los artículos 4
de la Resolución No. 1049 de 2019 y 1 de la Resolución 582 de 2021, para
priorizar la entrega.

12. 9) Mediante Auto de 22 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la
sanción impuesta.

13. 10) El 6 de marzo de 2024, la UARIV solicitó la modulación del fallo y
la inaplicación de la sanción impuesta, con fundamento en la
imposibilidad de informar una fecha aproximada en la cual se haría
efectivo el pago de la indemnización administrativa a la señora Mora
Betancur. Sin embargo, el 11 de marzo de 2024, el Juzgado 13
Administrativo de Medellín profirió Auto de obedézcase y cúmplase lo
resuelto por el superior en el auto de 22 de febrero de 2024.

14. 11) El 5 de abril de 2024, Claudia Patricia Mora Betancur presentó un
nuevo incidente de desacato y el Juzgado 13 Administrativo de Medellín,
mediante Auto de 19 de abril de 2024, le dio apertura en contra de la
directora de reparaciones de la UARIV, Sandra Viviana Alfaro Yara, a quien
le otorgó 3 días para que se pronunciara y allegara las pruebas necesarias
para su defensa.

15. 12) El 23 de abril de 2024, la UARIV presentó escrito en el que reiteró
la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo de tutela previamente
planteada en el informe de 13 de febrero de 2024 con ocasión del primer
incidente de desacato.

16. 13) El Juzgado 13 Administrativo de Medellín, en Auto de 29 de abril
de 2024, a su juicio, consideró que no se cumplió la orden dictada ni
tampoco se acreditó la imposibilidad material para cumplirla y, en su lugar,
decidió volver a sancionar a la accionante con multa de 2 SMLMV.

17. 14) La UARIV, radicó nuevamente ante el Juzgado 13 Administrativo
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de abril de 2024,

consecuencia, encontró que la UARIV incumplió el fallo de tutela proferido por el Juzgado 13 Administrativo de
Medellín, modificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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informe en el que reiteró su imposibilidad de dar cumplimiento a la orden
de tutela.

18. 16) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Auto 3 de mayo
de 2024, resolvió el grado jurisdiccional de consulta y confirmó la sanción
impuesta. El 22 de mayo de 2024, el juzgado ordenó dar cumplimiento a lo
resuelto por su superior.

19. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta la imposibilidad de
la UARIV de brindar fecha exacta, plazo o turno probable para el pago de
la indemnización administrativa reconocida en la Resolución No. 04102019-
336824 de 18 de febrero de 2020 a Claudia Patricia Mora Betancur, por
estar sujeta a la aplicación del MTP, el procedimiento establecido en la
Resolución No. 1049 de 2019, el debido proceso administrativo y la
capacidad presupuestal de la entidad.

20. Sobre lo anterior, precisó que los resultados de la aplicación del MTP
dieron cuenta de que no era procedente materializar la entrega, pues, en
2021 el puntaje definido era de 48.8001 y el obtenido fue de 43.8663, en
2022 el definido era de 46.6053 y el obtenido fue de 39.74172 y, finalmente,
en 2023 el definido fue de 38.9898 y el obtenido fue de 22.67. En esa
medida, resultaba necesario que en 2024 se volviera a aplicar el MTP.

21. Recalcó que la UARIV procedió conforme con la norma y al
procedimiento establecido; sin embargo, la orden de tutela resultaba
desproporcionada, dado que, para cumplirla, tendría que desconocer los
turnos y la prioridad de pagos que tiene el universo de víctimas, por lo que
debía modificarse conforme con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional. Adicionalmente, señaló que no hubo una adecuada
valoración de la responsabilidad subjetiva en las providencias
sancionatorias, toda vez que (se trascribe) “no acentúan todas las
actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento en la
medida de lo posible y bajo el marco legal”.

22. Por lo expuesto, invocó 4 defectos. Sustantivo, por desconocimiento
del precedente establecido en la Sentencia SU-34 de 2018 de la Corte
Constitucional y otros6 respecto de la modulación del fallo y la inaplicación
o levantamiento de sanciones relacionadas con el pago de indemnización

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, STC 8706-2023 de 30 de agosto de 2023,

radicación No. 11001-02-03-000-2023-03185-00; STC 7695-2023 de 3 de agosto de 2023, radicación No. 11001-02-
03-000-2023-02362-00 del 03 de agosto del 2023, Sentencias de 15 de diciembre de 2022, radicación No. 11001-
02-03-000-2022-04143-00, y 9 de febrero de 2022, radicación No. 11001-02-03-000-2022-00256-00; Sala de Casación
Laboral, STL 6606-2023 RADICACIÓN 70648 del 31 de mayo del 2023; Sala de Casación Penal, Sentencia de 11 de
noviembre de 2021, radicación 11001-02-04-000-2021-02222-00 (120282). Consejo de Estado, Sentencias de 11 de
febrero de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-04776-00; 20 de mayo de 2022, radicación No. 11001-03-15-
000-2022-02006-00.

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administrativa7; fáctico, por valoración defectuosa del material probatorio,
concretamente, los escritos que remitió la UARIV y en los cuales explicó la
imposibilidad de comunicar un plazo aproximado de pago;
desconocimiento del precedente constitucional, frente al cual solo refirió la
Sentencia T-351 de 2011, y violación directa de la Constitución, por la
afectación al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza
legítima y buena fe por parte de las autoridades judiciales demandadas al
desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa contemplado en la
Resolución No. 1049 de 2019.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados8

23. El Juzgado 13 Administrativo de Medellín remitió informe en el que
realizó un recuento de las actuaciones que se adelantaron en el proceso y,
solicitó se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo en la medida
que, la entidad no desplegó conducta alguna que vulnerara los derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
“patrimonio” de la parte actora, pues, todo el trámite se desarrolló acorde
a las disposiciones constitucionales y previstas para la naturaleza del
proceso.

24. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó informe en el que indicó
que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional,
porque lo que pretendió la parte actora fue obtener una tercera instancia
sobre cuestiones que fueron resueltas por los jueces ordinarios9.

25. La UARIV y Claudia Patricia Mora Betancur, pese a haber sido
debidamente notificadas, guardaron silencio10.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de defectos. 2.3. Fijación de
la controversia. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato. 2.5. Verificación de defectos
y/o afectación a derechos fundamentales. 2.6. Conclusión.

7 Sobre este aspecto, recalcó que (se trascribe) “(…) el Juez de tutela de primera instancia, que tiene a su cargo

el seguimiento del cumplimiento del fallo, debe sopesar los informes allegados por la entidad y evaluar que el no
pago inmediato de la indemnización, no obedece a una actitud negligente del funcionario público sino al
contexto de un estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado.”
8 Mediante Auto de 21 de mayo de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Juzgado 13 Administrativo de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia (3) vincular, en calidad de terceros interesados, a Claudia Patricia Mora Betancur y a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y (4) negar la
medida provisional solicitada.
9 “los argumentos expuestos en el recurso de impugnación y en cada una de las contestaciones que han sido

allegadas en los tramites incidentales y aunque se agregan comentarios adicionales, los reparos en concreto
referidos a la imposibilidad material y jurídica del cumplimiento de la orden judicial fueron estudiados en su
momento por la Sala de Decisión cuando modificó la decisión”
10 Índice 7 en el aplicativo SAMAI

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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2.1. Identificación de derechos

26. Pese a que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en
el derecho al debido proceso, comoquiera que la presunta vulneración de
las garantías constitucionales se produjo con ocasión de unas actuaciones
judiciales. En tal sentido, cobra relevancia estudiar si, en el marco del
incidente de desacato, fue lesionado este derecho.

2.2. Identificación de defectos

27. La Sala estudiará los reparos expuestos, como a continuación se
expone.

28. De un lado, debe señalarse que el defecto sustantivo alegado, en
realidad encuadra en el desconocimiento del precedente, igualmente
invocado. En esa medida, la Sala se pronunciará respecto del
desconocimiento de la Sentencia SU-34 de 2018 de la Corte Constitucional.
No se hará referencia al desconocimiento de la Sentencia T-351 de 2011
de la Corte Constitucional, en la medida en que dicha decisión no se refirió
a lo relacionado con la imposibilidad de cumplimiento de un fallo de
tutela, que es el argumento planteado por la parte actora, sino que
desarrolló la obligación de acatar el precedente de la Corte
Constitucional.

29. También se hará referencia al defecto fáctico por no valorar los
informes rendidos dentro del asunto de cara al Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional y la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV. Dentro
de este defecto se entenderá incorporado lo relativo a la trasgresión al
debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena
fe (violación directa de la Constitución), en virtud de la similitud de
argumentos entre los 2 defectos.

2.3. Fijación de la controversia

30. Determinar, una vez verificada la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en el trámite del
incidente de desacato, si el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir los Autos de 16 de febrero,
22 de febrero, 29 de abril y 3 de mayo de 2024, en los incidentes de
desacato de tutela No. 05001-33-33-013-2023-00336-00/01, incurrieron en 1)
un desconocimiento del precedente, concretamente de la Sentencia SU-
34 de 2018 de la Corte Constitucional, relacionado con la modulación del

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fallo y la inaplicación de sanciones frente al pago de la indemnización
administrativa por parte de la UARIV, y/o 2) un defecto fáctico por,
presuntamente, no valorar adecuadamente los informe rendidos por la
UARIV dentro del asunto, en contraste con lo dispuesto en el Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional y la Resolución No. 1049 de 2019 de la
UARIV.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato

31. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que, para que la acción de tutela fuera procedente cuando se estaba
ante decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se
requería la superación de los siguientes requisitos: (1) que se acreditaran los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de
una de las causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada
en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la
acción de tutela era improcedente si se interponía antes de finalizado el
trámite, y (3) que los argumentos del promotor de la acción de tutela
debían ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente
de desacato.

32. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque (1)
se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, ya que: No existe recurso idóneo y eficaz
que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo
un plazo razonable entre las fechas de notificación de las providencias
enjuiciadas (16/2/2411, 22/2/2412, 29/4/2413 y 3/5/2414) y la de interposición
de la presente acción de tutela (17/5/24). No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relaciona con unos autos dictados en un incidente
de desacato de tutela. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación del derecho al debido proceso, con ocasión de unas
decisiones proferidas en el marco de un incidente de desacato de tutela,
respecto de las cuales se cuestiona el desconocimiento del precedente y
la valoración de elementos de juicio al momento de sancionar y mantener
la sanción impuesta.

11 El mensaje de datos fue enviado el 16 de febrero de 2024

12 El mensaje de datos fue enviado el 23 de febrero de 2024

13 El mensaje de datos fue enviado el 29 de abril de 2024

14 El mensaje de datos fue enviado el 3 de mayo de 2024.

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Decisión: Concede amparo
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33. (2) Las providencias enjuiciadas (Autos de 16 de febrero, 22 de
febrero, 29 de abril y 3 de mayo de 2024) se encuentran ejecutoriadas, ya
que el mensaje de datos se envió el mismo día o al día siguiente al que se
profirieron. Además, (3) la Sala evidenció que los argumentos de la
accionante fueron consistentes con los planteados en el trámite del
incidente de desacato, en el que solicitó la inaplicación de la sanción que
le fue impuesta.

2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de defectos fundamentales
alegada

34. En el presente asunto se accederá a la solicitud de amparo, por las
razones que a continuación se exponen.

35. De acuerdo con lo establecido por la parte actora, se observa que
la tutela presentada buscó dejar sin efectos los Autos mediante los que se
sancionó y confirmó la sanción por desacato, respecto de la cual, a su vez,
solicitó su inaplicación, en consideración a que, en su entender, se
desconoció la Sentencia SU-34 de 2018 de la Corte Constitucional y no se
tuvo en cuenta que, de conformidad con el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV y los informes
rendidos por la UARIV, existe un procedimiento administrativo que se debe
seguir para el pago de indemnizaciones administrativas, lo cual no permitía
fijar una fecha exacta de pago o asignar un turno.

36. Al respecto, es importante mencionar que, como se indicó líneas
atrás, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-34 de 2018, se
pronunció respecto de la procedencia de las acciones de tutela
presentadas en contra de las providencias proferidas en incidentes de
desacato. Además, se refirió a las sanciones por desacato impuestas por
temas relacionados con el pago de indemnizaciones administrativas.

37. La mencionada Corporación recordó que existe un estado de cosas
inconstitucional, ante la vulneración masiva de los derechos de las víctimas
de desplazamiento forzado, y que se debía tomar en consideración la
imposibilidad de la UARIV de efectuar los pagos de indemnizaciones en el
escaso término concedido en las sentencias de tutela.

38. En ese orden, indicó que las autoridades judiciales deberían
contemplar la situación que ha venido afrontando la UARIV para cumplir
con la obligación de reparar integralmente a todas las víctimas del
conflicto y, con base en esa perspectiva, entender la imposibilidad de
ejecutar de manera inmediata los fallos de tutela que imponen órdenes de
pago de reparaciones, aspecto que, además escapaba de la capacidad

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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funcional de la persona encargada de cumplir lo dispuesto en el fallo de
tutela.

39. Por lo anterior, consideró que era posible modular la orden de pago
inmediato dada en las sentencias, habida cuenta de que las
circunstancias jurídicas y fácticas evidenciaban con suficiencia que el
mismo no era viable.

40. Respecto del asunto bajo estudio, se evidenció que la orden de
tutela de la que se predicó su falta de cumplimiento consistía en que la
UARIV debía otorgar una respuesta a la señora Mora Betancur, en la que
se le informara fecha aproximada en la cual se le haría efectivo el pago
de la indemnización administrativa que le fue reconocida.

41. En el marco de los incidentes de desacato propuestos por la señora
Mora Betancur, se sancionó a Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de
directora de reparaciones de la UARIV, tras considerar que no había
cumplido la orden referida, por no haber dado una fecha aproximada
para el pago de la indemnización administrativa.

42. La señora Alfaro Yara radicó informes15, en el marco del incidente de
desacato, a través de los cuales explicó que sí brindo una respuesta y que
en esta informó que no era posible otorgar una fecha aproximada o
asignar un turno de pago, ya que eso dependía de la aplicación del MTP
que se realizaba para cada vigencia o de la acreditación de alguno de
los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, contenidos en
los artículos 4 de la Resolución No. 1049 de 2019 y 1 de la Resolución No.
582 de 2021, para priorizar la entrega. En ese orden, comunicó que, tras
aplicar el MTP, encontró que la señora Mora Betancur no cumplió con el
puntaje ni con los requisitos para ser priorizada en la vigencia 2023.

43. Lo expuesto permite evidenciar que se configuró el desconocimiento
de la Sentencia SU-34 de 2018, pues pese a que la señora Alfaro Yara, en el
trámite del incidente de desacato, demostró que realizó acciones
tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, no era viable el
cumplimiento del mismo, toda vez que, ante la existencia de un
procedimiento para el pago de la indemnización administrativa, dispuesto
en la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV16, era necesario agotar el

15 El 13, 19 y 23 febrero de 2024 y el 23 y 30 de abril de 2024. [ver antecedentes, párrafos 9, 11, 13, 15 y 17 de esta

providencia].
16 La cual fue proferida en acatamiento de lo dispuesto en el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

Concretamente, sobre la entrega de la indemnización administrativa, el artículo 14 de dicha resolución dispuso
(se trascribe) “Artículo 14. Fase de Entrega de la indemnización. En el caso que proceda el reconocimiento de la
indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida de
indemnización, atendiendo a la disponibilidad presupuesta! de la Unidad para las Víctimas.
En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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mismo con el fin de determinar, para cada vigencia, las víctimas que
cumplían con los criterios de priorización y de esa manera otorgarles el
pago.

44. En consecuencia, no es posible, como lo ordenaron el Juzgado 13
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, que la
UARIV proporcione una fecha aproximada, toda vez que eso implicaría
desconocer el mencionado procedimiento y, además, desconocer el
principio de igualdad de las demás víctimas, quienes también se
encuentran a la espera de recibir su indemnización administrativa.

45. Por ello, lo que debió estudiarse fue la posibilidad de modular los
efectos del fallo proferido y, de esa manera, adoptar una decisión acorde
con los postulados de la Corte Constitucional en este tipo de asuntos, en
los que, en virtud de las complejas condiciones para reconocer la
indemnización administrativa que tienen todas las víctimas, se declaró un
estado de cosas inconstitucional.

46. Por lo anterior, la Sala encontró que, como lo alegó la parte
demandante, se desconoció la Sentencia SU-34 de 2018 y, además, se
incurrió en el defecto fáctico alegado, por no tenerse en cuenta
elementos de juicio importantes como la Resolución No. 1049 de 2019 de la
UARIV y los informes rendidos por la UARIV, respecto de las actuaciones
adelantadas y los motivos que impedían el cumplimiento del fallo de
tutela.

47. En consecuencia, la Sala accederá a la solicitud de amparo
presentada por Sandra Viviana Alfaro Yara y dejará sin efectos los Autos de
16 febrero y 29 de abril de 2024 en los que el Juzgado 13 Administrativo de
Medellín resolvió sancionar a Sandra Viviana Alfaro Yara y los Autos de 22
de febrero y 3 de mayo de 2024, en los que el Tribunal Administrativo de
Antioquia resolvió el grado de consulta y confirmó las sanciones impuestas
en virtud de los 2 incidentes de desacato. Así las cosas, se ordenará que se
rehaga la actuación con el fin de tomar en consideración los aspectos

de la medida se hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tránsito entre vigencias presupuestales
no se modificará el orden o la colocación de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionarán
en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnización y
ordenan su pago.
En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnización, el orden de priorización para
la entrega de la medida de indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de
priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal,
luego de entregar la medida en los términos del inciso primero del presente artículo.
En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas comunicará a la
víctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de
indemnización.
Parágrafo: La Unidad para las Víctimas podrá entregar prioritariamente una segunda indemnización a las
víctimas que hayan sufrido más de un hecho victimizante, siempre y cuando se trate de una solicitud prioritaria y
exista disponibilidad presupuestal. Para las solicitudes generales, la entrega de una segunda indemnización por
otro hecho, estará sujeta a que se haya entregado la medida a todas las víctimas al menos una vez. “

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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aquí advertidos y proferir una nueva decisión en el marco de los incidentes
de desacato referidos.

2.6. Conclusión

48. Tras encontrar acreditada la configuración de los defectos de
desconocimiento del precedente y fáctico y, con ello, la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, la Sala dejará
sin efectos los Autos de 16 febrero y 29 de abril de 2024 del Juzgado 13
Administrativo de Medellín y los de 22 de febrero y 3 de mayo de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia. Además, ordenará al Juzgado 13
Administrativo de Medellín que rehaga la actuación, en los términos
advertidos.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Sandra Viviana
Alfaro Yara, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los Autos proferidos el 16 febrero y 29 de
abril de 2024 por el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y de 22 de
febrero y 3 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro de los incidentes de desacato de la acción de tutela No. 05001-33-
33-013-2023-00336-00/01 y, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado 13
Administrativo de Medellín que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera nuevas decisiones en el marco
de los incidentes de desacato, en la cual atienda lo dispuesto en la
presente sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin17.

17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02474-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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