Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02477-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02477-00
Demandante: Julián Ricardo Valencia Montoya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02477-00
Demandante: JULIÁN RICARDO VALENCIA MONTOYA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Temas: Acceso a expediente en el aplicativo SAMAI
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Julián Ricardo Valencia Montoya contra
el Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de mayo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, Julián Ricardo Valencia
Montoya, en nombre propio, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la información pública.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la restricción de
acceso al expediente virtual del proceso con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-
00 en el aplicativo SAMAI por parte del Tribunal Administrativo de Caldas.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Tutélense mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la información pública.
2. Ordénese al Tribunal Administrativo de Caldas otorgar sin límite temporal acceso al expediente virtual
del proceso bajo radicado 17001-23-33-000-2024-00044-00.
3. Ordénese al Consejo Superior de la Judicatura como propietario y administrador del sistema SAMAl
adoptar medidas para que este tipo de violaciones al acceso a la información pública no se sigan
presentando.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 15 de mayo de 2024, el actor solicitó, a través del aplicativo SAMAI, acceso al
expediente virtual del proceso con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-00, que es
de conocimiento del Tribunal Administrativo de Caldas. En ese proceso el demandante
no funge como parte o interviniente.
Dice el señor Valencia Montoya, que la solicitud fue presentada con la intención de
conocer el debate judicial surtido en el proceso y porque al consultar el expediente en el
aplicativo SAMAI la mayoría de las piezas procesales, incluida la sentencia, se
encontraban bajo reserva.
El Tribunal Administrativo de Caldas negó el acceso hasta tanto el señor Julián Ricardo
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Valencia Montoya acreditara ser parte procesal, o haber sido designado como apoderado
judicial dentro del proceso.
4. Fundamentos de la acción
La parte actora adujo que la restricción de acceso para consultar el expediente virtual
con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-00 en el aplicativo SAMAI, trasgrede los
artículos 231 y 292 de la Constitución Política, el artículo 43 de la Ley Estatutaria 1712 de
2014 y el artículo 1234 del Código General del Proceso.
A juicio del actor los expedientes judiciales tramitados ante la jurisdicción contencioso
administrativo son de carácter público porque involucran entidades estatales y, por lo
tanto, deben estar revestidos de especial publicidad.
Manifestó el actor que no es la primera vez que le niegan el acceso a expedientes que
se encuentran bajo reserva.
Argumentó que las reservas son excepcionales y de carácter legal y constitucional, por
ello, considera que las restricciones para consultar los expedientes judiciales en el
aplicativo SAMAI no deben ser la regla general.
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.
1 Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
2 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
3 Artículo 4o. Concepto Del Derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona
puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos
obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán
limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios
de una sociedad democrática.
El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información
pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que
a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos
obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de
documentos electrónicos auténticos.
4 Artículo 123. Examen De Los Expedientes. Los expedientes solo podrán ser examinados:
1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que
sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los asuntos en que aquellos intervengan.
2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán examinar el
expediente una vez se haya notificado a la parte demandada.
3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén actuando, para lo de su cargo.
4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.
5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de investigación científica.
6. Por los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen.
Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, estos solo
podrán examinar el expediente después de surtida la notificación.
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En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 de mayo de
2024.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas, sustanciador de proceso con
radicado 17001-23-33-000-2024-00044-00, pidió que se rechazara por improcedente la
solicitud de amparo y, de manera subsidiaria, ser desvinculado del trámite constitucional.
Informó que en ese proceso fue dictada sentencia el 18 de abril de 2024, por lo cual,
cualquier actuación respecto a la revisión del expediente electrónico es de competencia
de la secretaría de esa corporación. Que la solicitud del actor fue presentada con
posterioridad a la sentencia y, por eso, solicitó un informe a la secretaría sobre el trámite
adelantado para dar respuesta al señor Julián Ricardo Valencia Montoya.
Que la secretaría informó que, en efecto, el actor había radicado la petición de acceso al
expediente, pero para conceder el acceso era necesario verificar que el solicitante
apareciera asociado al expediente como sujeto procesal.
Señaló que corresponde al servidor judicial a cargo del proceso ordinario verificar los
documentos aportados con la solicitud y determinar si es procedente autorizar el acceso
al expediente. Que una vez se verifica si el solicitante es parte o interviniente, lo
procedente es crear un usuario como sujeto procesal del proceso, de lo contrario, el
sistema no permite conceder el acceso al expediente en SAMAI, y en ambos casos se
le envía un correo en el que se le informa al solicitante si se le concedió la autorización
o no.
Que para el caso del actor, la secretaria verificó que no era parte, sujeto procesal o que
mediara alguna dependencia judicial, por lo que le indicaron que debía acreditar la
calidad en la cual pretendía acceder al proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 123 del CGP.
Por lo anterior, manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas no ha incurrido en
vulneración a los derechos fundamentales del actor, porque el acceso a los expedientes
judiciales está sujeto al diseño del aplicativo SAMAI, que no es de su resorte.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura solicitó se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva y se desvinculara a esa corporación de la acción de
tutela.
Adujo que es el órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial, que ejerce
funciones netamente administrativas de acuerdo con la Constitución, la Ley 270 de 1996
y la sentencia C-265 de 1993 dictada por la Corte Constitucional.
Que el aplicativo SAMAI nació como una propuesta de gestión procesal, que fue
implementado en el Consejo de Estado por la pandemia causada por el COVID-19, que
posteriormente se aplicó en toda la jurisdicción contenciosa administrativa.
Que la administración de la información y los permisos de acceso a los expedientes recae
sobre los despachos judiciales, por lo que, en el caso del actor, carece de legitimación
en la causa por pasiva, de acuerdo con la sentencia T-1613 de 2000 y, porque no es el
llamado a responder o cumplir las órdenes que se expidan para amparar los derechos
fundamentales del señor Julián Ricardo Valencia Montoya.
7. Memorial intervención del actor
El 13 de junio de 2024, el actor presentó memorial en el que informó que, el Tribunal
Administrativo de Caldas le otorgó acceso al expediente virtual del proceso con radicado
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nº 17001-23-33-000-2024-00044-00. Que solicitó acceso a otros expedientes a través de
Samai, pero en uno solo le fue concedido. Que, incluso, pidió acceso a otro expediente
tramitado por Tribunal Administrativo de Caldas, sin embargo, la autoridad judicial se lo
negó.
Por último, señaló que con la anterior información pretende poner en consideración las
conductas desplegadas por varias autoridades judiciales con relación al acceso a los
expedientes judiciales cargados en el aplicativo Samai.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional5 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el Consejo Superior de la Judicatura afirmó que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no profirió el Acuerdo PCSJA24-12151 de 28
de febrero de 2024 y tampoco tiene incidencia en este asunto constitucional porque la
administración de la información y los permisos de acceso a los expedientes recae sobre
los despachos judiciales y no sobre esa autoridad.
La Sala no accederá a lo solicitado el Consejo Superior de la Judicatura en razón a que
conforme a lo previsto en el artículo 2° del Acuerdo PCSJA23-12068 del 15 de mayo de
20236, el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de definir y adoptar el
esquema de coordinación y colaboración armónica con cada corporación, para la
administración, gestión, evolución funcional y técnica del sistema de información SAMAI,
por ende, en el evento en que se accediera a las pretensiones de la tutela relacionadas
con permitir el acceso sin restricción a todos expedientes, intervendría en el cumplimiento
de las órdenes de tutela.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Julián
Ricardo Valencia Montoya contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Tribunal
Administrativo de Caldas por no permitirle el acceso al expediente virtual del proceso con
radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-00 en el aplicativo Samai y para que se
adopten medidas tendientes a la no restricción del acceso a los expedientes en Samai.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a
la pretensión de ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas que permita el acceso al
expediente con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-00 en el aplicativo SAMAI y
declarará improcedente la pretensión de ordenar al Consejo Superior de la Judicatura
que adopte medidas para que no se restringa el acceso a los expedientes en el
mencionado aplicativo porque el demandante no explicó el interés que le asiste para
acceder a todos los expedientes en Samai y por lo tanto, esa situación no puede derivar
en la afectación a derechos fundamentales.
5 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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“Por el cual se dispone el uso obligatorio del aplicativo SAMAI en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
como solución de transición tecnológica dentro del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial”
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.
3. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: “Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes”.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 7. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
4. Análisis el caso concreto
Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad del
demandante se centra en que el Tribunal Administrativo de Caldas no le permitió el
acceso al expediente virtual del proceso con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-
00 en el aplicativo SAMAI.
Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el mismo actor en memorial
del 13 de junio de 2024, la autoridad judicial demandada ya le concedió el acceso al
mencionado expediente.
Lo anterior quiere decir que el Tribunal Administrativo de Caldas cumplió con el
requerimiento de la parte actora durante el trámite de la acción de tutela. Por lo tanto,
carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del juez
de tutela, en los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 8
Por otro lado, el actor pidió que se ordenara «al Consejo Superior de la Judicatura como
propietario y administrador del sistema SAMAl adoptar medidas para que este tipo de violaciones
al acceso a la información pública no se sigan presentando» porque, según dijo, los procesos
tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativo son de carácter público puesto
que siempre está involucrada una entidad estatal.
Para resolver sobre ese punto la Sala debe señalar que esa pretensión no hace alusión
a una situación concreta de violación de derechos fundamentales ni el demandante
señala el interés que le asiste en la totalidad de los expedientes cargados a Samai por
lo que, de esa situación no puede inferirse la afectación a derechos fundamentales.
Sin embargo, para la Sala, corresponde a la autoridad judicial a cargo del proceso, en
cada caso particular, verificar si el accionante cumple o no con los presupuestos para
7 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
8 Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada
la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por
el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada
ha resultado incumplida o tardía.
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consultar los expedientes pues el acceso a ellos en el aplicativo Samai está sujeto a lo
previsto en el artículo 123 del CGP, que dispone:
ARTÍCULO 123. EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES. Los expedientes solo podrán ser examinados:
1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general y por
escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los asuntos en que
aquellos intervengan.
2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán
examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada.
3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén actuando, para lo de su cargo.
4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.
5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de investigación científica.
6. Por los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente acreditados, en los casos donde
actúen.
Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su
apoderado, estos solo podrán examinar el expediente después de surtida la notificación.
Además, la aplicación de esas reglas debe hacerse de manera sistemática con lo
ordenado en los artículos 31 y 32 de Decreto 196 de 1971, que disponen:
ARTÍCULO 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en
universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título
respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en
los siguientes asuntos:
a) En la instrucción criminal y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera
o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda, los de circuito y, en ambas instancias,
en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero;
b) De oficio, como apoderado o defensor en los procesos penales en general, salvo para sustentar el
recurso de casación y,
c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.
ARTÍCULO 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el
artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la
fecha de su caducidad.
Para este efecto, elevará solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio, acompañada
de certificación expedida por la correspondiente Universidad, en que conste que ha cursado y aprobado
los estudios reglamentarios de derecho.
Es decir, que las personas que han terminado y aprobado los estudios reglamentarios
de derecho en universidad oficialmente reconocida y cuentan con licencia temporal, solo
pueden ejercer la profesión en asuntos de instrucción criminal, procesos penales, civiles,
laborales y policivos, con sus correspondientes restricciones.
Sumado a lo anterior, a efectos de conceder acceso a expedientes a abogados que no
intervienen en calidad de apoderado de alguna de las partes procesales o sujetos
intervinientes en los procesos, la autoridad a cargo del expediente, también deberá tener
en consideración los documentos o piezas procesales sujetos a reserva.
Las anteriores razones son suficientes para declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado con relación a la pretensión de ordenar al Tribunal Administrativo de
Caldas que le permita el acceso al expediente con radicado nº 17001-23-33-000-2024-
00044-00 en el aplicativo SAMAI y para declarar improcedente la pretensión de ordenar
al Consejo Superior de la Judicatura que adopte medidas para que no se restringa de
manera general el acceso a los expedientes en el aplicativo SAMAI.
Finalmente, la Sala precisa que no tendrá en consideración el argumento presentado por
el demandante en el escrito del 13 de junio de 2024 relacionado con que pidió acceso a
otro expediente tramitado por Tribunal Administrativo de Caldas, y la autoridad judicial
se lo negó porque no hizo parte de los argumentos planteados en el escrito de tutela y
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02477-00
Demandante: Julián Ricardo Valencia Montoya
esa situación podría afectar el derecho de defensa y contradicción de las autoridades
demandadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo
expuesto en la providencia.
2. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la pretensión de
ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas que permitiera al actor el acceso al
expediente con radicado nº 17001-23-33-000-2024-00044-00 en el aplicativo SAMAI, por
las razones expuestas en esta providencia.
3. Declarar improcedente la pretensión del actor de ordenar al Consejo Superior de la
Judicatura que adopte medidas para que no se restringa el acceso a todos los
expedientes en el aplicativo SAMAI.
4. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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