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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02501-01

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02501-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de 4 de julio de 2024, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02501-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

5 de septiembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02501-01
Demandante: NELSON DANIEL CADENA NOVOA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE NEGÓ LA CONDENA EN COSTAS EN UN PROCESO
DE REPETICIÓN. SE CONFIRMA LA DECISIÓN QUE
DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales con ocasión del fallo que revocó la condena en costas y las agencias
en derecho, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución. La Sala confirmará decisión que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia de 4
de julio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“Primero. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
señor Nelson Daniel Cadena Novoa, al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 17 de mayo de 2024, el señor Nelson Daniel Cadena Novoa promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad
y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02501-01
Demandante: Nelson Daniel Cadena Novoa
Acción de tutela – Impugnación fallo

“PRIMERA: Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ ha
vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de mi
representado, con la expedición de la sentencia de 9 de noviembre de 2023 por
la Sala de Decisión no. 2 dentro del expediente identificado con código único
nacional de radicación de procesos 15001333301120160008000.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor NELSON
DANIEL CADENA NOVOA.

TERCERA: Como consecuencia del amparo de los derechos de mi
representado, se deje sin efectos la parte final del numeral primero (en lo
referente a la revocación de los numerales 2.o y 3.o de la sentencia de primera
instancia) y el numeral segundo de la sentencia de 9 de noviembre de 2023,
proferida por la Sala de Decisión n.o 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá
dentro del expediente identificado con CUNRP 15001333301120160008001.

CUARTA: Se ordene a la Sala de Decisión n.o 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá que profiera una nueva sentencia dentro del expediente
15001333301120160008001, en la que se tenga en cuenta el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011; el artículo.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) La ESE Hospital Regional de Moniquirá fue condenada al pago de una indemnización
por la muerte de la señora Andrea Eliana Mora Forero, ocurrida el 7 de mayo de 2005.

2) Por lo anterior, la ESE presentó demanda en ejercicio del medio de control de
repetición en contra del gerente de la época de los hechos, Miguel Antonio Buitrago Neira,
así como también en contra de los médicos Edwin Ulloa Hurtado, Nelson Daniel Cadena
Novoa y Miguel Ángel Paiba López, por cuanto la condena se originó como consecuencia
de la falla en la prestación del servicio médico que estos prestaron a la paciente.

3) El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja1 profirió sentencia el 18
de diciembre de 2019, en la cual negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se
encontraba demostrada la ocurrencia de los elementos para declarar la responsabilidad

1
Proceso con radicación no. 15001-33-33-011-2016-00080-00/01.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02501-01
Demandante: Nelson Daniel Cadena Novoa
Acción de tutela – Impugnación fallo

de los demandados; de igual manera, condenó en costas a la ESE y fijó por concepto de
agencias en derecho la suma del 1% del valor de la condena.

4) La demandante apeló la decisión, en consideración a que estaba plenamente
acreditado que los demandados no emplearon la diligencia y cuidado necesarios para la
realización de los procedimientos médicos requeridos por la paciente.

5) Por su parte, el señor Nelson Daniel Cadena Novoa pidió que se revocara la condena
en costas y se concediera un monto más alto como agencias en derecho, por cuanto el
proceso había durado en primera instancia tres años, seis meses y cinco días, término
en el cual se realizaron varias audiencias.

6) Los recursos fueron desatados por el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia
del 9 de noviembre de 20232 en la cual confirmó lo dispuesto en el numeral primero de la
decisión de primera instancia y revocó la condena en costas, en atención a que era
procedente aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
porque se trataba de una demanda de repetición.

3. El fundamento de la vulneración

El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad con ocasión del fallo
proferido el 9 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que el tribunal aplicó de manera irrazonable el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, puesto que esa disposición de ninguna manera limita
la imposición de costas en los procesos de repetición, tal como lo ha explicado la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 3 de agosto de 2020 3.

El tribunal debió aplicar los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, según los cuales debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso.

2
Decisión que fue notificada por correo electrónico el 15 de noviembre de 2023.
3
Proceso con radicación no. 25000-23-36-000-2016-00080-01.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-02501-01
Demandante: Nelson Daniel Cadena Novoa
Acción de tutela – Impugnación fallo

Por su parte, frente al desconocimiento del precedente judicial señaló que el tribunal
ignoró por completo las posturas definidas por esa Corporación en varias de sus
decisiones anteriores4, en las cuales se condenó en costas a la parte vencida en el medio
de control de repetición.

Finalmente, afirmó que también se vulneró de manera directa el artículo 13 de la
Constitución, pues, a los demandados de los procesos citados sí se les reconoció en su
favor la condena en costas, mientras que en el presente asunto se les negó ese derecho.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 27 de mayo de 2024 la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Boyacá, a la ESE Hospital Regional de Moniquirá y a los
señores Miguel Antonio Buitrago Neira, Edwin Ulloa Hurtado y Miguel Ángel Paiba López,
para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 4 de julio
de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

Sostuvo que la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino meramente
legal, en la medida que el demandante cuestionó la manera en la que el tribunal aplicó la
excepción prevista en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 e inaplicó los numerales 1
y 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, para concluir que el medio de control
de repetición era de interés público y, por ende, no había lugar a imponer costas
procesales ni fijar agencias en derecho.

De igual manera, indicó que los argumentos expuestos en el mecanismo constitucional
coinciden en su gran mayoría con el sustento del recurso de apelación que el demandante
interpuso en contra de la sentencia de primera instancia.

4
Sentencias del 13 de diciembre de 2019, proceso con radicación 11001-03-26-000-2013-00063-00, del 3
de agosto de 2020, proceso con radicación 25000-23-36-000-2013-00218-01 y del 3 de diciembre de 2020,
proceso con radicación no. 11001-03-26-000-2015-00056-00.

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Demandante: Nelson Daniel Cadena Novoa
Acción de tutela – Impugnación fallo

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, sin
embargo, no esbozó argumentos que la sustentaran, la cual fue concedida en auto del
12 de agosto de 2024.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-02501-01
Demandante: Nelson Daniel Cadena Novoa
Acción de tutela – Impugnación fallo

del fallo proferido el 9 de noviembre de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que aquí se expondrán:

1) El demandante sostuvo que el tribunal aplicó de manera irrazonable el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, puesto que esa disposición de ninguna manera limitaba la
imposición de costas en los procesos de repetición, tal como se resolvió en fallos
anteriores, por lo cual era procedente que se reconocieran en su favor.

2) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite de la segunda instancia del
proceso ordinario, con miras a obtener que se reconozcan en favor del demandante las
costas y agencias en derecho.

3) En efecto, en la sentencia del 9 de noviembre de 2023 el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la decisión que negó las pretensiones y revocó la condena en costas
procesales y las agencias en derecho en atención a que se debía aplicar la excepción
contemplada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, pues se trataba de una demanda
de repetición frente a la cual no operaba ese reconocimiento, así

“Por intermedio de su apoderado, el señor Nelson Daniel Cadena Novoa
pidió en su recurso de apelación se revoque el numeral tercero de la
sentencia de primera instancia que fijó las agencias en derecho, al
considerar que el a quo pudiendo determinar un monto de hasta el 20% de
las pretensiones, decidió simplemente conceder un 1%, sin tener en
cuenta que el proceso duró en primera instancia 3 años, 6 meses y 5 días,
tuvo varias audiencias y se analizó además de todo este expediente, el proceso
15000233200020050275900 que fue adjuntado en calidad de prueba.

Solicitó se conceda un monto más alto por concepto de agencias en
derecho en primera instancia y hacer una distribución más equitativa de

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acuerdo con los esfuerzos procesales de las partes para llegar al resultado
favorable obtenido.

El artículo 188 del CPACA establece que “Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil” (Resaltado fuera de texto original).

(…).

Además, este medio de control se erige como el instrumento idóneo para
garantizar los principios de moralidad administrativa y eficiencia de la
función pública cuando el Estado ha incurrido en erogaciones que no se
sustentan en la realización efectiva de sus fines sino en una conducta dolosa o
gravemente culposa de un representante suyo que generó un daño antijurídico.

No hay, entonces, lugar a vacilaciones sobre el interés público que
fundamenta a la acción de repetición y por ende el juez al momento de
definir el caso que se sometió a su conocimiento, debe aplicar la
excepción a la regla general contemplada en el artículo 188 del CPACA y
no condenar en costas.

Si bien esta Sala únicamente consideraba esta excepción cuando el
Estado resulta condenado, lo cierto es que la norma no establece
diferencias, y de forma general se refiere a los procesos en los que se
ventile un interés público, razón por la cual y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 103 del CPACA no habrá condena en costas y agencias en
derecho en esta instancia, y, además, por la misma razón, se revocarán las
impuestas por el a quo.”. (negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)

4) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en el
trámite de la segunda instancia del proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a que
se decretaran en su favor las costas y agencias en derecho.

5) En tal sentido, la controversia propuesta por la parte demandante gira en torno a la
forma como, a su juicio, la autoridad judicial debía interpretar y aplicar el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues considera que esa norma de ninguna manera prohíbe la
condena en costas en el medio de control de repetición ejercido en contra de particulares,
tal como ya lo había resuelto el tribunal en asuntos anteriores.

6) Así entonces, si bien el demandante invocó la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad, lo cierto es que es una reiteración de los
argumentos que fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia del 9 de
noviembre de 2023, en la que se indicó que no había lugar al reconocimiento de las

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costas procesales, por cuanto se trataba del medio de control de repetición, frente al cual
operaba la excepción del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

7) Además, la discusión propuesta se circunscribe a aspectos de mera legalidad sobre
las normas que rigen la condena en costas y, en definitiva, atañe a repercusiones de
contenido meramente económico, porque lo pretendido por el actor es que se ordena a
la ESE pagar los gastos y expensas en los que incurrieron los demandados en el proceso
ordinario, discusiones que no trascienden al plano constitucional ni se relacionan con una
afectación directa de derechos fundamentales.

8) La decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá de no imponer costas reflejó un claro
ejercicio de la independencia y autonomía judicial, principios fundamentales del sistema
judicial a partir del cual los jueces tienen la libertad de interpretar y aplicar las leyes de
acuerdo con su criterio profesional y la evidencia presentada en un determinado caso y
no se evidencia una actuación arbitraria o caprichosa que justifique la intervención del
juez constitucional.

9) En consecuencia, se encuentra acreditado que la acción de la referencia no reviste
relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate económico
que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de 4 de julio de 2024, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

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3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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