Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02503-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02503-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02503-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02503-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de julio de 2024
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02503-00
Demandante: OMAR ALEJANDRO ALVARADO BEDOYA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela de fondo. Mora judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, en consonancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Omar Alejandro Alvarado Bedoya en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que le
sea protegido su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró
lesionado por cuanto a la fecha de interposición de esta demanda, la autoridad
judicial accionada no ha decidido el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de Isagen S.A. E.S.P contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander del 6 de junio de 2022, dentro del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos 68001-23-33-000-2019-00308-
01.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora reclamó:
«Primera.: Ordenar al despacho de la Honorable Magistrada NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN - sección primera del Consejo de Estado decidir sobre el
recurso de apelación en su integridad sobre la sentencia bajo radicado 2019-
00308-00, emitida en la fecha 06 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Santander bajo la ponencia de la Magistrada Solange Blanco Villamizar.
Segunda.: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, iniciar proceso de
vigilancia judicial para el despacho de la Magistrada NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN, Sección Primera del Consejo de Estado, por omisión decisoria en el
proceso referenciado».1
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
Del escrito de tutela y de la revisión del expediente se extraen los siguientes
hechos que, a juicio de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar dentro del presente asunto.
Manifestó el accionante que el 6 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de
Santander profirió sentencia de primera instancia dentro del medio de control
para la protección de derechos e intereses colectivos en contra de Isagen S.-A.
E.S.P., radicado con el número 68001-23-33-000-2019-00308-01, por graves
afectaciones al corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja en los sectores
conocidos como “Capitancitos – Puente La Paz”.
Señaló que el 13 de junio de 2022, el apoderado de Isagen S.A. E.S.P.
presentó recurso de apelación contra dicha sentencia, solicitando la aplicación
del efecto suspensivo de la decisión de primera instancia, trámite que fue
concedido en un principio mediante auto de 18 de julio de 2022. Además, indicó
que, si bien el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción solicitó denegar
la petición en efecto suspensivo esta decisión por parte del tribunal no tuvo
modificación alguna.
Adujo que, el 26 de agosto de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió el recurso de apelación presentado señalando que, dicho recurso no
debió concederse con efectos suspensivos, sino que debió concederse en el
efecto devolutivo, decisión que fue notificada a las partes, incluyendo a
1
Transcripción del original con posibles errores
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
magistrada del Tribunal Administrativo de Santander que la profirió.
1.4. Sustento de la vulneración
En criterio de la parte accionante, la autoridad accionada ha desbordado los
plazos razonables para cometer con sus obligaciones por cuanto estima que ha
habido falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes por parte del
funcionario judicial constituyendo una afectación permanente al debido proceso
y a la administración de justicia, aún más tratándose de derechos colectivos.
Señaló que se han dejado pasar más de veinte (20) meses desde que la
magistrada del Tribunal Administrativo de Santander concedió la apelación
vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad en la
administración de justicia, como consecuencia de una dilación injustificada
dentro del actuar judicial.
Indicó que, durante ese término el suscrito ha radicado 4 memoriales de
impulso procesal con respecto al estado del proceso, los cuales tampoco fueron
atendidos por el despacho accionado, razón por la cual se evidencian todos los
elementos que componen la mora judicial injustificada descritos en la sentencia
T-230 de 2013.
1.5. Trámite
Mediante auto del 22 de mayo de 2024, se inadmitió la acción de tutela por
cuanto el accionante manifestó actuar además de en nombre propio, en
representación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja y la Federación Nacional de Comerciantes
FENALCO, razón por la cual se le concedió un término de tres (3) días a fin de
que anexara los poderes respectivos.
El 4 de junio de 2024 se admitió la demanda de tutela en consideración a que el
accionante aclaró que, si bien en el medio de control para la protección de
derechos e intereses colectivos actuaron como actores populares además de él,
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja y a la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, la
tutela la interponía en nombre propio.
Por lo anterior, se ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección
Primera del Consejo de Estado así como también el Tribunal Administrativo de
Santander, a Isagen S.A. E.S.P, al Instituto de Estudios Anticorrupción, Ruta del
Cacao SAS, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Consorcio BBY, a la
Cámara de Comercio De Bucaramanga, a la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, a la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, a la
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
Asociación Nacional de Industriales y a todas las demás partes e intervinientes
en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
radicado bajo el número 68001-23-33-000-2019- 00308-01, como terceros con
interés en las resultas del proceso en atención al interés que les asiste en las
resultas de este proceso.
Encontrándose para resolver la acción de tutela, se observó que no fue
vinculado el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, razón por la cual se ordenó
mediante auto por Secretaría su vinculación en atención al interés que le asiste
en las resultas del proceso.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Primera. Mediante comunicación remitida
el 12 de junio de 2024, la consejera Nubia Margoth Peña Garzón, señaló que
expediente con radicado 68001-23-33-000-2019-00308-01 ingreso a su
despacho por reparto en segunda instancia el 24 de agosto de 2022 y el 26 de
ese mismo mes y año se admitió el recurso de apelación interpuesto y que se
adecuó el efecto en que se concedió la alzada, siendo procedente el devolutivo
y no el suspensivo.
Indicó que, mediante auto de 30 de septiembre de 2022 se denegó la solicitud
presentada por el apoderado de Isagen S.A. E.S.P en la cual requería la adición
al auto admisorio y se le indicara en que eventos se concede el efecto
devolutivo.
Estando el proceso para fallo, mediante auto de 13 de agosto de 2023 requirió
al Tribunal Administrativo de Santander para que remitiera la totalidad del
expediente, habida cuenta de que el mismo no obraba de manera completa en
el aplicativo de SAMAI. Dicho requerimiento lo efectuó la Secretaría General al
tribunal el 25 agosto de 2023 y lo reiteró los días 4 y 12 de septiembre de 2023
hasta que el 14 de ese mismo mes y año el a quo atendió lo solicitado.
Señaló que el expediente ingresó finalmente el 16 de septiembre de 2023 para
proferir sentencia de segunda instancia cuyo proyecto se encuentra registrado
para su estudio en sala, encontrándose en turno número 3 para fallo de
acciones populares por lo que resulta evidente que el proceso judicial ha sido
tramitado sin dilación o demora alguna o injustificada teniendo en cuenta la
congestión judicial que padece la Corporación y particularmente la Sección
Primera ya que actualmente tiene a su cargo más de 4.500 expedientes en
trámite.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
1.6.2. Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Mediante auto remitido el 13 de
junio de 2024 por parte de la representante legal de la entidad, manifestó que el
Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS) no es el encargado de atender
la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ya que
funge como parte procesal e interesada en el trámite de segunda instancia.
Indicó que en lo que corresponde a la mora judicial se deberá determinar si esta
resulta injustificada o si está justificada en atención a la carga laboral de la sala
accionada ya que de otra forma resultaría vulneratorio al derecho de igualdad
de las demás personas que, esperan un pronunciamiento de la administración
de justicia.
De otra parte, mediante comunicación remitida el 24 de junio de 2024 el INVIAS
remitió informe de tutela y temas diversos para concluir que nos encontramos
frente a una tardanza en la resolución de una acción popular y consideró que se
debe ordenar que se falle sin mayor dilación la acción popular.
1.6.3. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. El representante legal de
dicha agencia expreso que en ningún momento ha sido sujeto activo de
vulneración de derechos fundamentales y que, por el contrario, ha realizado
todas las gestiones y trámites necesarios para poder avalar los derechos
fundamentales y garantías procesales y constitucionales de los particulares y /o
administrados, siempre en la búsqueda de la garantía del interés general y
debido proceso en los contratos de concesión que administra.
Solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional pues no es sujeto
activo en la violación de los derechos señalados por el accionante máxime
cuando aún se encuentra en la Sección Primera del Consejo de Estado un
recurso que espera que sea resuelto con arreglo a la ley
1.6.4. Consorcio BBY. Mediante comunicación enviada por el representante
legal señaló que la providencia de primera instanciase ordenó la conformación
de un comité para la verificación del cumplimiento de dicho fallo, en la cual se
excluyó al Consorcio BBY, razón por la cual considera que se configuró falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Por tal motivo solicitó se desvincule al Consorcio BBY de la presente acción de
tutela.
1.6.5. Tribunal Administrativo de Santander. Remitió la totalidad del
expediente solicitado y además allegó diversas actuaciones relacionadas con el
expediente 68001- 23-33-000-2019-00308-00
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
Los demás vinculados pese a ser notificados en debida forma guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela, interpuesta por el
señor Omar Alejandro Alvarado Bedoya de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación
2.2. Cuestión previa
La Agencia Nacional de Infraestructura. ANI y el Consorcio BBY solicitaron su
desvinculación del presente trámite, por considerar el primero que no es sujeto
activo en la violación de los derechos señalados y el segundo por cuanto
considera se configuró falta de legitimación en la causa por pasiva.
Ambas peticiones serán negadas debido a que dichas entidades fueron
vinculadas en este trámite en calidad de terceros, por cuanto presentan interés
en las resultas del proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, en el caso concreto se presenta
vulneración al derecho fundamental al debido proceso por parte de la Sección
Primera del Consejo de Estado, al no haber proferido fallo de segunda instancia
al recurso de reposición instaurado dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos instaurada por el señor Alvarado Bedoya y otros
en contra de Isagen S.A. E.S.P.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la mora
judicial justificada, y (ii) el análisis del caso concreto.
2.4 De la mora judicial justificada.
Para la Corte Constitucional2 y para esta Sección3 no todos los incumplimientos
en los términos para el ejercicio de la administración de justicia son violatorios
de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta mora judicial, y al
2 Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004.
3 Expediente 1100103150020140170701 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
analizar el plazo se observe que este no es razonable y la demora es
injustificada.
En tales términos, la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en aquellos casos
en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos4.
Conforme a lo anterior, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando5:
a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial;
b) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o
c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando6:
a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente,
b) cuando se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el análisis
sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta
de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento, y,
c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso.
A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:
2.5 Caso concreto
La parte actora consideró que se desconoció su derecho fundamental al debido
proceso ante la presunta demora por parte de la Sección Primera del Consejo
de Estado en resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
4 Sentencia T - 1019 de 2010.
5 Sentencia T - 803 de 2012.
6 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
Isagen S.A. E.S.P contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 6 de junio de 2022, dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos.
Por su parte la autoridad judicial accionada se opuso a la prosperidad de lo
solicitado en la acción de amparo, al considerar que no ha vulnerado ni puesto
en riesgo derecho alguno de la parte accionante por cuanto el proceso judicial
ha sido tramitado sin dilación o demora alguna o injustificada teniendo en
cuenta la congestión judicial que padece la Corporación y particularmente la
Sección Primera ya que actualmente tiene a su cargo más de 4.500
expedientes en trámite.
.
Así mismo, puso de presente que el proyecto se encuentra registrado para su
estudio en sala, encontrándose en turno número 3 para fallo de acciones
populares.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación
injustificada que configura la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el
cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la
autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora
obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.
En ese orden de ideas, esta sección encuentra que no ha habido dilación
alguna por parte de la Sección Primera, del Consejo de Estado y que la
presunta demora se entiende justificada, pues se demostró que en el despacho
donde se encuentra el proceso del accionante tiene una gran carga laboral,
asimismo, se reitera que dicho proceso se encuentra para fallo en el turno
número 3 de acciones populares. Cabe indicar que la congestión que presenta
la rama judicial es un hecho notorio que, si bien es un obstáculo para el
funcionamiento oportuno del servicio de administración de justicia, lo cierto es
que es un problema estructural que se escapa de las manos de los funcionarios
judiciales.
Por lo tanto, se negará el amparo solicitado por el accionante contra la Sección
Primera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Omar Alejandro Alvarado Bedoya
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2024-02503-00
III: FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Consorcio BBY de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: Deniégase el amparo solicitado por el señor Omar Alejandro
Alvarado Bedoya, contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.