Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02515-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02515-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02515-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02515-01
Accionante: Gabriela Otilia Ríos Chica
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa –
Tercera instancia.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 12 de junio de 2024, por la Sección Tercera – Subsección B
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 20 de mayo de 2024, la señora Gabriela Otilia Ríos Chica interpuso acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia
de 5 de octubre de 20232 dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 3 que promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó la corrección de la hoja de servicios del causante de su
pensión, agente Ovidio de Jesús Zuleta Ospina.
2.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 27 de mayo de 2022 negó
las pretensiones. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B mediante fallo de 5 de octubre de 2023.
3.
Respecto a las alegadas inconsistencias relativas al tiempo de servicio militar
obligatorio que el señor Zuleta Ospina prestó en el Ejército Nacional, estimó que el
1 Invocó sus derechos fundamentales a la vida, dignidad, mínimo vital, salud, integridad personal, igualdad y
seguridad social.
2 Notificada el 23 de noviembre de 2023 y proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
B en segunda instancia.
3 Radicado número 05001-23-33-000-2018-00153-02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02515-01
Accionante: Gabriela Otilia Ríos Chica
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
documento oficial - hoja de servicios- es más específico y concreto que las
certificaciones allegadas por la demandante, ya que refiere interrupciones e
información que los demás documentos no indican. Por otra parte, frente a la
inclusión de tiempos dobles en la hoja de servicios, precisó que la demandante no
probó cuáles fueron los decretos por medio de los cuales el gobierno les reconoció
a los miembros de las fuerzas armadas el tiempo doble por haber prestado sus
servicios en Estado de sitio -entre ellos al causante-, ni probó que aquel prestó
efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso alegado. Finalmente, en
relación con el reconocimiento de los 3 meses de alta, arguyó que los beneficiarios
del causante no tenían derecho al reconocimiento de la sustitución pensional ni a
esa alta, toda vez que aquel prestó sus servicios por menos de 15 años.
4.
En el escrito de tutela, la parte accionante indicó que la autoridad judicial
accionada incurrió en los siguientes defectos:
5.
Defecto procedimental absoluto, al apartarse por completo de la aplicación
correcta de la norma sustancial que regula las prestaciones sociales por muerte,
específicamente, el Decreto 2063 de 1984 artículos 120 (literal C) y 127, debido a
que motivó la negación del derecho en el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, que
no había nacido a la vida jurídica para la época de causación del derecho pensional.
6.
Defecto fáctico, por darle un valor errado a las pruebas allegadas al plenario.
Expuso que no se tuvo en cuenta los documentos aportados, concretamente, las 2
certificaciones del Ejército Nacional, documentos idóneos que evidencian que el
tiempo que figura en la hoja de servicio, en relación con la prestación del servicio
militar obligatorio, no es real y fue reducido.
7.
Explicó que en la hoja de servicios faltan: (i) 7 meses servidos al Ejército Nacional
como soldado regular, lo cual se comprueba con las certificaciones antes aludidas;
(ii) los 3 meses de alta, tiempo legal reconocido a quienes fallecen en actividad en
razón al servicio prestado para entidades públicas y; (iii) el tiempo doble por prestar
el servicio militar en Estado de sitio. Tiempo que al sumarlo asciende a 15 años, 2
meses y 9 días, el cual es suficiente para adquirir la pensión de sobreviviente, según
el artículo 120 literal C del Decreto 2063 de 1984.
8.
Arguyó que la accionada sin ningún reparo afirmó que la hoja de servicios era el
documento idóneo porque probaba los extremos temporales de la relación laboral,
sin detenerse a analizar los reparos que se hacían a la misma, debido a que se probó
con las certificaciones expedidas por el Ejército Nacional, que fue manipulado el
tiempo que el causante prestó servicio militar.
9.
Por otra parte, respecto del tiempo doble, adujo que lo había probado y cumplido
con las exigencias jurisprudenciales con las cuales el Consejo de Estado los ha
reconocido, tales como: (i) el Decreto 250 de 1971, que declaró turbado y en Estado
de sitio al país; así como (ii) el Decreto 2725 de 1973, con el cual se levantó aquel
y se declaró restablecido el orden público; (iii) el acta del consejo de ministros 095,
con el cual se dio viabilidad para el reconocimiento de tiempos dobles al personal de
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
la fuerza pública, ratificado todo lo anterior con el Decreto 1386 de 1974 en sus
artículos 1 y 2.
10.
Defecto material o sustantivo, por cuanto la decisión fue motivada con base en
el artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, el cual no estaba vigente para la fecha en
que ocurrieron los hechos del fallecimiento del señor Ovidio De Jesús Zuleta Ospina;
por lo que el fallador debió aplicar íntegramente el Decreto 2063 de 1984.
11.
Error inducido, toda vez que la demandada indujo a error al operador jurídico,
debido a que sostuvo que la hoja de servicio era correcta, a pesar de estar
demostrado que no era cierto; incurriendo en fraude procesal, falsedad ideológica en
documento público o privado.
12.
Decisión sin motivación, porque no es cierto que no se probó el derecho, ni que
no estuvo pendiente de todas las etapas procesales, debido a que su participación
fue oportuna, lo cual puede verificarse en el expediente digital.
13.
Desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que no se incluyeron
en la hoja de servicios los meses de prestación del servicio militar obligatorio, los 3
meses de alta y el tiempo doble acreditado y probado en debida forma.
14.
Manifestó que ese tiempo doble lo ha reconocido la jurisdicción contenciosa
administrativa en innumerables providencias, pero más aún la propia Policía
Nacional, como es el caso de la señora Martha Nelly Ceballos (expediente 7510780,
sentencia del 29 de octubre de 1980).
15.
Hizo alusión a las sentencias del 3 de marzo de 2015 (rad. 05001-23-33-000-2012-
00772-01), y del 24 de agosto de 2017 (rad. 41-001-23-33-000-2013-00216-01),
proferidas por el Consejo de Estado, así como a las dictadas por la Corte
Constitucional (T-525 de 2017, T-026 de 2017 y T-527 de 2017), las cuales consideró
que se asemejaban a su caso.
16.
Violación directa a la Constitución, por desconocer que tiene derecho a la
pensión de sobreviviente. Además, porque sin justificación alguna la Policía Nacional
cercenó los tiempos reales, quitándole 7 meses al servicio militar obligatorio, los 3
meses de alta, y el tiempo doble por prestar el servicio en estado de sitio.
B. Sentencia de primera instancia
17.
En fallo de 12 de junio de 2024, la Sección Tercera – Subsección B del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo. Adujo que el asunto no cumplía con el
requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que la parte actora
pretendida convertir esta solicitud de amparo en una tercera instancia.
18.
Explicó que los fundamentos que soportaron la acción de tutela se dirigieron de
manera exclusiva a discutir argumentos que ya fueron planteados en la apelación
que presentó la actora en el proceso ordinario, los cuales ya fueron debatidos y
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
decididos en el trámite procesal correspondiente. Es decir, que los defectos son una
insistencia de los reproches expuestos en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, según los cuales la decisión cuestionada se interpretó
indebidamente las normas del Decreto 2063 de 1984 sobre el reconocimiento de los
tiempos dobles para miembros de la Fuerza Pública que prestaron su servicio
durante las declaratorias de Estado de sitio y conmoción interior, y en la falta de
valoración de las pruebas que demostraban esas declaratorias por parte del
Gobierno Nacional.
C. La impugnación
19.
La parte accionante sostuvo que el fallo no tiene sentido, debido a que la acción
de tutela no se instauró para la modificación de la hoja de servicios, sino por la
omisión de valorar las certificaciones del Ejército Nacional, entidad que realmente
conoce el tiempo laborado.
20.
Agregó que inexplicablemente el fallo se despachó desfavorablemente por
carencia de relevancia constitucional, cuando la actora lo determinó claramente.
Adujo que es preocupante que se afirme que no es un asunto importante los actos
delictivos en los que se incurre por la reiteración de la negación de sus derechos.
21.
Arguyó que conoce su caso con precisión, y de acuerdo con los planteamientos
que se han hecho, solo está pidiendo la aplicación íntegra del Decreto 2063 de 1984,
norma que ampara sus derechos por el fallecimiento de su esposo. Citó un aparte
de una sentencia del Consejo de Estado, identificándola como S0328-2014-15.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Análisis del caso concreto
22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. Análisis del caso concreto
23.
Lo primero por precisar es que si bien la parte actora le endilga siete defectos a la
providencia, todos van dirigidos a cuestionar unas situaciones puntuales, de las
cuales reiteró su inconformismo en la impugnación, y se enmarcan en las siguientes
causales específicas de procedencia: (i) defecto sustantivo 5 , debido a que la
accionada se apartó por completo de la correcta aplicación de la norma sustancial
que resultaba pertinente, a saber, el Decreto 2063 de 1984 artículos 120 (literal C) y
127; (ii) defecto fáctico6, por cuanto no se tuvo en cuenta las 2 certificaciones del
Ejército Nacional, que prueban que el tiempo que figura en la hoja de servicio, en
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Dicho argumento también lo trajo a colación en el defecto procedimental absoluto y en el fáctico.
6 Dicho argumento también lo trajo a colación en el desconocimiento del precedente judicial y en la violación
directa a la Constitución Política.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
relación con la prestación del servicio militar obligatorio no es real y fue recortado y;
(iii) desconocimiento del precedente judicial, al dejar de lado sentencias donde
se han analizados casos análogos al suyo. Como se expondrá ninguno supera el
presupuesto de relevancia constitucional, como lo indicó el a quo.
24.
Respecto a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la Sala
encuentra que los mismos carecen de una carga argumentativa suficiente, que
revelen la configuración de una afectación de rango constitucional.
25.
En lo que se refiere al primero, la accionante se limita a indicar que la norma
aplicable es el Decreto 2063 de 1984 artículos 120 (literal C) y 127, y no el artículo
101 del Decreto 1213 de 1990, porque esta última disposición no había nacido a la
vida jurídica para la época en que se causó el derecho pensional. No obstante, no
explica el motivo por el cual la aplicación de una u otra norma cambia la decisión
objeto de reproche, es decir, si su incidencia es de tal grado que el uso de una de
ellas causa un grave perjuicio a la demandante.
26.
Sumado a ello, tampoco expone si la decisión acusada se fundamenta en una
norma que perdió vigencia, si el contenido de la disposición no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso, la interpretación desconoce sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance o, se interpreta la norma sin tener
en cuenta otras disposiciones normativas aplicables.
27.
Además de ello, de la lectura del fallo acusado, se tiene que el único párrafo en el
que se hace relación al artículo 101 del Decreto 1213 de 1990, no corresponde con
lo dictado en esa norma, sino con lo determinado en el artículo 103 del Decreto 2063
de 1984. Por lo que pudo tratarse de un error de transcripción, sin incidencia alguna,
pues, al resolver el asunto, la accionada explicó que en el caso, los beneficiarios del
causante no tenían derecho al reconocimiento de la sustitución pensional y, por tanto
a los tres meses de alta para la formación del expediente de prestaciones sociales,
en los términos del artículo 103 del Decreto 2063 de 1984, toda vez que el causante
prestó sus servicios por 14 años, 4 meses y 9 días, y aquel beneficio sólo se da al
personal que tuviera derecho al reconocimiento de la asignación de retiro por haber
laborado más de 15 años.
28.
En ese sentido, para esta Sala de Subsección es claro que la accionante no
expuso cuál es la incidencia de aplicar una u otra norma en la decisión objeto de
reproche y, de la lectura del fallo de 5 de octubre de 2023, tampoco se advierte una
errada aplicación normativa, sino que, por el contrario, se le dio en concreto
aplicación al Decreto 2063 de 1984, tal como lo solicitaba la actora. La simple
referencia a la norma en cuestión, no evidencia que la misma haya sido la que
determinó la ratio decidendi de la providencia.
29.
Por otra parte, frente al desconocimiento del precedente, se lee del escrito de
tutela e impugnación que la parte actora trae a colación una serie de sentencias
proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como un
expediente administrativo de la Policía Nacional, casos que considera análogos al
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suyo y que no fueron tenidos en cuenta por la accionada. No obstante, no esboza en
ninguno de sus escritos algún tipo de argumento tendiente a explicar el motivo por el
cual esos casos guardan similitud fáctica con el suyo, ni identifica la correspondencia
de los problemas jurídicos, ni la ratio decidendi de los conflictos presuntamente
desconocidos al analizar su asunto.
30.
Ahora, en relación con el defecto fáctico, la parte actora es enfática en su
impugnación en indicar que la acción de tutela la instaura por la omisión de los
documentos idóneos que aportó al proceso, mediante los cuales probó que el
causante prestó servicio militar obligatorio como soldado regular por un período
superior al reconocido por la Policía Nacional en la hoja de servicios, por tanto, la
misma es errada y fue manipulada. De acuerdo a ello, la Sala centrará su atención
en ese punto, respecto del cual se debe decir de inmediato que es evidente la
intención de convertir esta acción en una tercera instancia al proceso ordinario.
31.
Se observa que, en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 27 de
mayo de 2022, la demandante, entre otras cosas, también alegó que aportó
certificaciones donde consta el tiempo de servicio militar obligatorio del causante, el
cual es diferente al registrado en la hoja de servicios. Insiste que esta última es un
documento espurio y manipulado, donde no se registraron los 7 meses y 6 días de
servicio militar obligatorio activo, los 3 meses de alta y, el tiempo doble por prestar
servicio en Estado de sitio.
32.
En el proveído acusado, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
B, resolvió el tema antes aludido, junto con cada uno de los demás reparos
esbozados por la parte actora en su recurso de apelación, dividiendo en análisis del
caso en 3 subtemas: (i) inconsistencias respecto al tiempo prestado por servicio
militar obligatorio; (ii) corrección de la hoja de servicios con los tiempos dobles y; (iii)
reconocimiento de los tres meses de alta.
33.
Para el asunto que nos concierne, el cual es el primer subtema desarrollado por
la accionada; se puede ver que la autoridad judicial indicó que, si bien en las
certificaciones aludidas por la demandante existían evidentes incongruencias con el
contenido de la hoja de servicios 2100 de 28 de mayo de 1987, aquellas hacían
referencia únicamente a los extremos de la vinculación del tiempo servido por el
causante Zuleta Ospina, cuando prestó el servicio militar obligatorio, pero el
documento oficial, esto es la hoja de servicios, refería además unas interrupciones
que las demás documentales no traían, lo que justificaba el período dejado de
valorar, siendo de recibo lo que consta en tal documento, por ser más específico y
concreto.
34.
En ese sentido, concluyó que no es del caso ordenar corrección alguna por las
supuestas incongruencias, dado que para la Sala lo manifestado en la hoja de
servicios 2100 de 28 de mayo de 1987 es más preciso, pues además de consagrar
las fechas de inicio y terminación de la prestación del servicio militar obligatorio, tenía
las distintas novedades ocurridas durante ese lapso.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
35.
Por lo anterior, es claro que no existió una omisión del estudio de los certificados
aludidos por la accionante, ni un análisis arbitrario, grosero o contrario a derecho;
simplemente, la autoridad judicial accionada en aplicación del principio de la libre
valoración judicial consideró que la hoja de servicios ostentaba un mayor valor
probatorio debido a su exactitud y contenido, haciendo un claro paralelo con las
certificaciones traídas al proceso por la parte demandante. Por ende, antes de
configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso.
36.
Ahora, para que no quede un ápice de duda sobre la tercera instancia en la que
pretende convertir la accionante esta solicitud de amparo, el tema de la corrección
de la hoja de servicios con la inclusión de los tiempos dobles por prestar el servicio
militar y los 3 meses de alta, asuntos señalados en el escrito de tutela, pero no el de
impugnación, también fueron temas objeto del recurso de apelación contra la
decisión ordinaria de primera instancia y resueltos en los subtemas dos y tres del
fallo cuestionado.
37.
En relación con los tiempos dobles, la accionada expuso que esta Corporación se
ha pronunciado sobre casos similares, disponiendo que para el reconocimiento de
los tiempos dobles se debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes
requisitos: (i) declaratoria de Estado de sitio por turbación del orden público, hasta el
decreto que levante la medida; (ii) concepto previo del Consejo de Ministros y; (iii)
decreto del Gobierno reconociendo expresamente a determinados agentes,
suboficiales, etc. Además, se deben señalar las zonas en que opera este beneficio
o en su defecto que se indique que opera para todo el territorio nacional, y demostrar
que el interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona durante el lapso
alegado.
38.
Sin embargo, concluyó que, en el caso analizado, no aparecían relacionados los
decretos donde se demuestre por parte del gobierno que se otorgaron esos tiempos
dobles a los miembros de la Policía Nacional, entre ellos el causante, ni se probó
que el interesado prestó efectivamente los servicios en cada zona en que operó el
beneficio durante el lapso alegado.
39.
Finalmente, frente al reconocimiento de los 3 meses de alta, sostuvo que
solamente el personal que tenga derecho al reconocimiento de la asignación de
retiro, por haber laborado más de 15 años, se le otorgan los 3 meses de alta para
efecto de la elaboración del expediente pensional. Por ende, con base en esa
normativa, los beneficiarios del señor Zuleta Ospina no tenían derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que prestó sus servicios por 14
años, 4 meses y 9 días y, por tanto, tampoco al reconocimiento y pago de los tres
meses de alta para la formación del expediente de prestaciones sociales.
40.
En consonancia con lo anterior, esta Sala estima que las presuntas deficiencias
alegadas respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02515-01
Accionante: Gabriela Otilia Ríos Chica
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial.
41.
En los términos precedentes, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de primera
instancia.
42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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