Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02529-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02529-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02529-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de junio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02529-00 (4069)
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02529-00 (4069)
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Temas: Causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, “a) Cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación del debido proceso y b) Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención”
Sentencia de única instancia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve la acción
especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) contra la sentencia de 13 de julio 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1. Síntesis de los hechos
La señora Luz Marina Arias Garzón nació el 20 de noviembre de 1958, prestó sus
servicios como docente en el municipio de Neiva (Huila) desde el 21 de enero de
1976 hasta el 31 de diciembre de 2008 y adquirió el estatus pensional el 20 de
noviembre de 2008 -cuando cumplió 50 años de edad-, por lo que el 9 de diciembre
de 2008 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia2.
La extinta Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal- mediante Resolución UGM
013745 de 14 de octubre de 20113, accedió al reconocimiento y pago de la pensión
gracia a favor de la señora Luz Marina Arias Garzón, efectiva a partir de 20 de
noviembre de 2008 en cuantía de $1.791.137, liquidada “con el 75% del promedio
de lo devengado en el año anterior al de adquisición del [e]status pensional,
incluyendo la asignación básica, prima de navidad y prima de vacaciones”.
1
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado no. 41001-23-33-000-2016-00362-01 (2119-
21). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
2
Por medio de la Resolución no. 0792 de 15 de julio de 2011, CAJANAL declaró la pérdida total del expediente
administrativo con radicado no. 59448/2008, correspondiente a la señora Luz Marina Arias Garzon y ordenó su
reconstrucción.
3
Expedida en cumplimiento del fallo de tutela de 2 de diciembre de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Neiva que amparó el derecho fundamental de petición de la accionante respecto de la solicitud
de 9 de diciembre de 2008. Radicado no. 41001-31-03-003-2010-00315-00.
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Por medio de la Resolución RDP 004227 de 7 de febrero de 2014, la UGPP negó la
reliquidación de la pensión gracia bajo el argumento de que “se reconoció la
prestación económica a la fecha en que adquirió el derecho, esto es para el 20 de
noviembre de 2008, con efectividad a la misma fecha en que adquirió el estatus de
pensionado, entonces, no hay pérdida de poder adquisitivo”.
El 22 de abril de 2016, la señora Luz Marina Arias Garzón solicitó a la UGPP la
indexación de la primera mesada de la pensión gracia, a la que no accedió por
medio de la Resolución RDP 35258 de 21 de septiembre de 2016, “al no observarse
pérdida del poder adquisitivo de la pensión”.
El 4 de agosto de 2016, la señora Arias Garzón presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con la
pretensión de que “se declare la nulidad del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo que se generó al omitir resolver la petición de indexación de
la primera mesada pensional, solicitada el 22 de abril de 2016”. A título de
restablecimiento del derecho solicitó la indexación de la primera mesada pensional
a partir de la fecha en que se consolidó el derecho pensional -20 de noviembre de
2008- y solicitó que las sumas resultantes fueran debidamente indexadas desde
que se hicieron exigibles hasta el respectivo pago.
En primera instancia, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila en sentencia de 16 de febrero de 2021 accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, ordenó a la UGPP actualizar la primera mesada
pensional de la demandante a partir del 20 de noviembre de 2008.
En la etapa de saneamiento se advirtió que para la fecha en que se radicó la
demanda (3 de agosto de 2016) la administración no se había pronunciado sobre la
petición de indexación, dando lugar a la configuración del acto ficto enjuiciado, sin
embargo, antes que se notificara el auto admisorio de la demanda (17 de noviembre
de 2016) la UGPP expidió la Resolución RDP 035258 de 21 de septiembre de 2016
que negó la solicitud de indexación. Sin embargo, “al no existir prueba de que se
hubiese notificado en legal forma, el acto resulta ineficaz”. Agregó que “de contera,
no se podía exigir a la actora que interpusiera los recursos en sede administrativa
(reposición y/o apelación), ni que cuestionara su legalidad a través del presente
medio. Pero para no desconocer su existencia, dicha resolución se entiende como
el acto expreso cuya legalidad se discute”.
Así las cosas, el litigio se fijó con el fin de “establecer la legalidad de la Resolución
RDP 035258 del 21 de septiembre de 2016 (…), en consecuencia, precisar sí a la
señora Luz Marina Arias Garzón le asiste el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional gracia que le fuera reconocida por la extinta Cajanal a través de
la Resolución UGM 013745 del 14 de octubre de 2011 (a partir del 20 de noviembre
de 2008); en tal virtud, sí el retroactivo de dicha prestación debió cancelarse
conforme la indexación procurada”.
En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encontró demostrado
que la demandante nació el 20 de noviembre de 1958 y adquirió el estatus pensional
el 20 de noviembre de 2008 -cuando cumplió 50 años de edad-, no obstante, la
pensión gracia fue reconocida por CAJANAL mediante Resolución UGM 13745 de
14 de octubre de 2011, en cuantía de $1.791.137, tomando para su liquidación el
75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
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pensional, es decir, el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2007 y el
20 de noviembre de 2008.
Señaló que el 22 de abril de 2016, la demandante solicitó a la UGPP que se indexara
la primera mesada pensional, petición que fue negada por la UGPP a través de la
Resolución RDP 35258 de 21 de septiembre de 2016. Y agregó que el Consejo de
Estado ha señalado que “la indexación de la primera mesada pensional es el
mecanismo adecuado para revalorizar las obligaciones pensionales, con el ánimo
de traer a valor presente las sumas que, por el transcurso del tiempo han perdido el
poder adquisitivo”, y que conforme a la sentencia SU-637 de 2016 de la Corte
Constitucional, dicha actualización se debe hacer “a partir del retiro del servicio,
hasta que se efectúe el reconocimiento pensional”.
Teniendo en cuenta dicho precedente judicial y en razón a que la demandante
consolidó su estatus pensional el 20 de noviembre de 2008 y obtuvo el
reconocimiento pensional hasta el 14 de octubre de 2011 a través de la Resolución
UGM 13745, era procedente ordenar la indexación de la primera mesada pensional.
En virtud de lo anterior, el Tribunal declaró la nulidad de la Resolución RDP 035258
de 21 de septiembre de 2016 y, en consecuencia, ordenó a la UGPP actualizar la
primera mesada pensional de la demandante a partir del 20 de noviembre de 2008,
pagar las mesadas causadas con posterioridad al 22 de abril de 2013, por efectos
de la prescripción trienal, e indicó que “posteriormente, se establecerá la diferencia
resultante entre lo que pagó la entidad como consecuencia del reconocimiento
pensional y lo que debe cancelar en cumplimiento de esta sentencia. De dichas
sumas se descontará el valor de los aportes sobre los cuales no haya efectuado la
deducción legal y que por ley le corresponda hacer a la pensionada, los cuales serán
indexados”.
Las partes interpusieron recurso de apelación. La UGPP afirmó que los actos
demandados se ajustaban a derecho y se expidieron según las normas que regulan
el régimen pensional. Agregó que la sentencia de primera instancia no efectuó un
estudio juicioso de las pruebas aportadas, de las cuales se podía advertir que la
demandante no tenía derecho a la indexación, dado que la prestación fue
reconocida a partir del 20 de noviembre de 2008 fecha en que adquirió el estatus,
luego, no había lugar a la indexación de la primera mesada. Por su parte, la
demandante Luz Marina Arias Garzón solicitó que se confirmara la sentencia
proferida por el a quo.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 13 de julio de 2023, confirmó el fallo de primera instancia, con sustento en los
siguientes argumentos:
En primer lugar, adujo que la indexación es el mecanismo que permite a los
pensionados no recibir mesadas devaluadas en razón del atraso en el
reconocimiento pensional a cargo de las entidades de pensiones, por lo que “se
debe liquidar y pagar, de forma indexada, todo el retroactivo pensional, ya que
resulta indispensable para efectivizar su pago actualizar las sumas adeudadas para
cada mesada”.
Por otra parte, indicó que conforme a la Resolución UGM 13745 de 14 de octubre
del 2011, la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para adquirir el
derecho a la pensión gracia el 20 de noviembre de 2008, por lo que a partir de esa
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fecha tenía derecho a que se le reconociera y pagara dicha prestación, no obstante,
la pensión fue reconocida en el mes de octubre del 2011, “en cumplimiento de la
orden judicial proferida, en sede de tutela, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Neiva”.
Expresó que en la citada resolución la extinta Cajanal reconoció la pensión gracia a
favor de la señora Luz Marina Arias Garzón en cuantía del 75% de lo devengado en
el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, que
el monto de la pensión se fijó a partir de las sumas percibidas entre el 21 de
noviembre de 2007 y el 20 de noviembre de 2008, lo que dio como resultado una
mesada pensional de $1.791.137 para el 20 de noviembre de 2008, no obstante su
reconocimiento se dio hasta el 14 de octubre de 2011.
Indicó que en el referido acto administrativo se evidenció que no se reconoció la
indexación de las mesadas pensionales anteriores a su reconocimiento pese a que
se causaron desde el 20 de noviembre de 2008, en tanto el IBL de la pensión se
obtuvo con base en los emolumentos devengados entre el 21 de noviembre de 2007
y el 20 de noviembre de 2008, sin tomar ese monto y traerlo a valor presente al
momento del reconocimiento.
Destacó que aunque las mesadas fueron reajustadas anualmente desde el 2008,
se pagaron sin indexación alguna en el mes de diciembre de 2011, y señaló que “en
esa misma línea, del desprendible de pago que también fue aportado al proceso se
advierte que no existió corrección monetaria alguna, en tanto el valor liquidado, sin
indexar, fue el mismo valor consignado en la cuenta bancaria de la accionante”.
Por último, aseveró que la mesada pensional reconocida a la demandante no se
encontraba ajustada a la fecha del reconocimiento -14 de octubre de 2011- ni para
el momento en que la empezó a disfrutar -diciembre de 2011-, por lo que conforme
lo determinó el juzgador de primera instancia se debía ordenar a la UGPP realizar
la indexación de las mesadas pensionales generadas desde el 20 de noviembre de
2008 -fecha en que adquirió el derecho pensional-, dado que para el momento en
que la demandante pudo materializar el disfrute de la pensión gracia, ya se
encontraba desvalorizada por la pérdida del valor adquisitivo.
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Argumentos que sustentan las causales de revisión invocadas
La UGPP, por conducto de apoderada judicial, interpuso demanda en la que formuló
“acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública” contra la sentencia de 13 de julio 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
fundamento en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por considerar que el reconocimiento de la indexación de la pensión
gracia se obtuvo con violación al debido proceso y la cuantía excede lo debido de
acuerdo con la ley aplicable, lo que, a su juicio, transgrede los artículos 48 y 53 de
la Constitución Política, 14 de la Ley 100 de 1993, 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969.
Con el fin de sustentar la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
recurrente hizo referencia al alcance jurisprudencial que ha precisado sobre la
indexación de la primera mesada pensional como derecho fundamental, para lo cual
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mencionó los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, así como el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993 relativo al reajuste de las pensiones, a la sentencia SU-168 de
2017 de la Corte Constitucional que precisa las subreglas sobre ese particular y a
las sentencias de tutela de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 3 de abril
de 20174, 19 de enero de 20175 y 30 de julio de 20146, que negaron la indexación
solicitada, para concluir que “es claro que al pensionado debe garantizársele la
capacidad adquisitiva respecto de los factores salariales que se tuvieron en cuenta
para su liquidación, teniendo correspondencia lo devengado con la liquidación de la
pensión, pero de igual forma debe estar demostrado que medió un periodo en que
tal valor se vio afectado por los cambios inflacionarios de la moneda, para tener
derecho a la indexación de la primera mesada”.
La entidad recurrente señaló que comparte esa postura, pero reprocha que se haya
cobijado a la señora Luz Marina Arias Garzón “con la figura de la indexación de la
primera mesada pensional sin reunir los requisitos básicos para su aplicación”, a
quien le fue reconocida y se ordenó el pago de una pensión gracia “efectiva a partir
del 20 de noviembre de 2008, fecha en que se consolidó el estatus pensional con el
cumplimiento de los requisitos de tiempo (20 años de servicio) y edad (50 años),
momento para el cual se encontraba activo en el servicio oficial docente”.
Indicó que no se realizó ningún análisis de la indexación de la primera mesada ni
de la actualización del IPC realizada por la UGPP, “pues como se logra evidenciar
el monto reconocido a partir del 2008 fue actualizado año a año con el IPC
respectivo, hasta la fecha del pago en el 2011”, para lo cual presentó una proyección
del ingreso desde el año 2007 con el ajuste anualizado, que al ser comparada con
el histórico de pagos de FOPEP se encuentra correctamente realizada.
Señala que el yerro en el que incurrió la sentencia recurrida recae en “dar por
probado que se presenta una pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda,
causada por la inflación que sufren los bienes y servicios con el transcurso del
tiempo, en la prestación reconocida a la señora Luz Marina Arias Garzón, cuando
es claro que nunca las mesadas de la pensión otorgada se han visto afectadas por
el fenómeno inflacionario, pues los momentos relativos a la adquisición del estatus
pensional, reconocimiento, pago y reliquidaciones han sido siempre confluyentes”.
Como sustento argumentativo de la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la recurrente afirmó que la pensión gracia reconocida a la señora Luz
Marina Arias Garzón se ajustó año a año con el IPC, por lo que la mesada no se vio
afectada por la pérdida del poder adquisitivo. En consecuencia, indicó que no tiene
derecho al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, como
erradamente lo estableció el fallo recurrido.
Sostuvo que la decisión cuestionada ordenó una prerrogativa prestacional contraria
a derecho “con una clara violación al debido proceso y creando erradamente una
situación jurídica a favor de la señora LUZ MARINA ARIAS GARZÓN y en
detrimento del erario, el que soporta una carga prestacional sin fundamento legal,
con grave afectación del interés general”.
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Exp. 11001-03-15-000-2017-00262-00.
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Exp. 11001-03-15-000-2016-03328-00.
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Exp. 11001-03-15-000-2014-01045-00.
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También reprochó que la decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que confirmó la del a quo, en la que se dispuso que “la suma
insoluta o dejada de pagar, una vez efectuados los descuentos de rigor, será objeto
de ajuste siguiendo las preceptivas del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…), orden que afirma fue
cumplida por la entidad, sin embargo, precisa que no se encuentra ajustada a
derecho “por cuanto, pese a aplicarse la prescripción, se está generando un doble
pago de la indexación pensional de la mesada durante el periodo comprendido del
2008 al 2011, toda vez que no se tuvo en cuenta la actualización del IPC realizada
por la UGPP y se confundieron los intereses moratorios del artículo 192 del CPACA
con la indexación del artículo 187 ibídem, además de ordenar actualizar el monto
de la pensión, ordena indexar las diferencias nuevamente”.
Con todo, sostuvo que para el momento en el que se reconoció el pago de la pensión
gracia a la señora Arias Garzón se encontraba activa, “por lo cual desaparece toda
posibilidad de que en la pensión reconocida se haya generado una pérdida del
poder adquisitivo, de manera que el actuar de la (…) UGPP, siempre fue ajustado
a derecho sin que se haya vulnerado algún derecho”.
En relación con la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la entidad
recurrente manifestó que se acredita porque la doble indexación ordenada (de la
primera mesada pensional y del pago de las diferencias que resulten de esa
indexación), supone una doble indexación que se traduce en un doble pago
“generando una cuantía a la cual no tiene derecho, excediendo lo debido, decisión
que resulta ser ilegal constituyendo un pago de lo no debido”, de conformidad con
lo previsto en el artículo 2313 del Código Civil.
Así las cosas, consideró pertinente que el juez de la revisión ordene la devolución
de las sumas de dinero pagadas, lo que afirma encuentra respaldo en la sentencia
C-258 de 2013, en la que se indica “que al existir un reconocimiento y pago de una
asignación pensional sin soporte legal ni constitucional, como la que nos ocupa,
esta constituye una forma de abuso del derecho, el cual se puede presentar de
diversas maneras (…)”. Agregó que para la existencia de la figura de abuso del
derecho no es necesario que exista una conducta necesariamente culposa o dolosa,
“sino que es suficiente con que se produzca un resultado desproporcionado al
ordenamiento jurídico”.
En definitiva, indicó que la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión
contradice el ordenamiento jurídico, en razón a que en sede administrativa se liquidó
de manera acertada la prestación económica con los factores salariales
devengados por la causante, a lo que agregó que “entre la fecha de causación del
derecho y la efectividad del pago de la pensión el aquí demandado (sic) no acreditó
el retiro del servicio oficial, luego entonces no se predica uno de los requisitos
indispensables para que proceda el pago de la indexación”.
2.2. Pretensiones
La parte recurrente formula las siguientes:
“PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el 13 de julio de 2023, por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, que
confirmó la sentencia proferida el 16 de febrero de 2021, por el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Cuarta de Decisión, dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado No.
41001233300020160036200, promovido por la señora LUZ MARINA ARIAS GARZÓN,
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, que
accedió al reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional de la
señora LUZ MARINA ARIAS GARZON y además ordenó indexar el pago de las
diferencias que resultaran de dicha indexación, creando así una doble indexación, lo que
traduce en un doble pago.
SEGUNDO: Declarar que la pensión de jubilación reconocida a la señora LUZ MARINA
ARIAS GARZON, se ha indexado de manera correcta con el IPC por parte de la UGPP
durante el periodo comprendido entre 2008 a 2011.
TERCERO: Declarar que la orden judicial aquí deprecada constituye una decisión
irregular en tanto ordena el doble pago del reajuste pensional toda vez que no se tuvo
en cuenta la actualización del IPC realizada por la UGPP y se confundieron los intereses
moratorios del artículo 192 del CPACA con la indexación del artículo 187 ibídem, además
de ordenar actualizar el monto de la pensión, por lo que ordena indexar las diferencias
nuevamente.
CUARTO: Declarar que la señora LUZ MARINA ARIAS GARZON debe efectuar la
devolución de las sumas pagadas en exceso en virtud del acto de reconocimiento de la
doble indexación de la primera mesada pensional debidamente indexadas, al no haber
lugar al pago de valor alguno en virtud de tal prestación”.
3. Trámite procesal
Por auto de 16 de octubre de 20247, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, dispuso que se notificara a la señora Luz Marina Arias
Garzón, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Mediante oficios no. 278871, 278872, 278873, 278874 y 278875 de 21 de octubre
de 2024, la Secretaría General de esta Corporación efectuó la notificación de la
referida providencia.
Por medio de auto de 10 de febrero de 20258, i) se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por la parte recurrente y por la señora Luz Marina Arias
Garzón ii) se ofició al Tribunal Administrativo del Huila para que allegara copia
digitalizada del expediente que contiene las actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 41001-23-33-000-2016-00362-01, el
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cual se allegó de manera oportuna .
4. Intervenciones
4.1. Concepto de la Procuraduría General de la Nación
La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado en concepto no. 302
de 30 de octubre de 2024, solicitó que se declare infundada la acción especial de
revisión interpuesta por la UGPP10.
7
SAMAI CE, índice 00007.
8
SAMAI CE, índice 00021.
9
SAMAI CE, índice 00028. 37RECIBEPRUEBAS_MEMORIAL_41001233300020160036(zip).
10
SAMAI CE, índice 00012.
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En primer lugar, luego de aludir a la oportunidad en la presentación de la demanda
dentro del término de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la sentencia
recurrida, se refirió a la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión
como un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales en firme
cuya procedencia está circunscrita a las causales taxativamente previstas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 2003.
Destacó que la acción especial de revisión iniciada por la UGPP tiene una
naturaleza especial, en tanto (i) tiene por finalidad controvertir las sentencias o
conciliaciones que reconoce la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y (ii) está
limitada la legitimación en la causa por activa porque se requiere de un solicitante
calificado, “que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario
o de la conciliación”, y destacó que el Gobierno Nacional por medio del artículo 6
del Decreto 5021 de 2009 delegó en la ahora recurrente la función de adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
En segundo término, indicó que las causales establecidas para la procedencia de la
acción especial de revisión tienen como propósito reducir el déficit fiscal, hacer
posible el sistema pensional y realizable en términos económicos, lo que no supone
una reapertura del debate jurídico, fáctico y probatorio que es propio de las
instancias judiciales ordinarias.
En tercer lugar, con apoyo en jurisprudencia de esta Corporación adujo que el
alcance que se ha precisado de la causal a) que alude a que el reconocimiento se
haya obtenido con violación del debido proceso, no supone, por regla general, que
se puedan alegar los fundamentos propios del litigio, sino que es necesario exponer
las razones por las cuales la sentencia recurrida desconoció el derecho al debido
proceso que comprende por lo menos tres elementos: (i) el derecho a ser juzgado
por juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las
formas de cada juicio o procedimiento y (iii) las garantías de audiencia y defensa.
En relación con la causal b), también con sustento en la jurisprudencia contencioso-
administrativa, señaló que la acción especial de revisión es restringida a la
declaratoria y liquidación del derecho pensional con el fin de evitar que se convierta
en una tercera instancia del proceso ordinario.
En cuarto término, se refirió al alcance que se le ha dado a la indexación de la
primera mesada pensional en la jurisprudencia constitucional, para lo cual se apoyó
en la sentencia SU-637 de 2016, en la que, dice, “ha precisado que la actualización
monetaria de la primera mesada tiene por finalidad evitar la disminución del poder
adquisitivo de las pensiones con ocasión del tiempo”, lo que ha permitido
materializar la fórmula del Estado social de derecho, el in dubio pro operario y los
derechos a la igualdad y a la dignidad humana.
Por último, respecto de las causales de revisión invocadas por la UGPP sostuvo
que no se sustentaron con suficiencia, en tanto no se establece en qué consistió la
violación del debido proceso ni indica cómo fue que se excedió la cuantía del
derecho reconocido, lo que supone retomar asuntos propios del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho “en donde insiste que no es procedente que se
ordene indexar la primera mesada por pensión gracia reconocida”. Agregó que el
reconocimiento pensional se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, en
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concreto, la Ley 114 de 1993, “cumpliéndose a cabalidad con los requisitos allí
exigidos para la pensión gracia y atendiendo el material probatorio aportado y
practicado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al no
presentarse la primera causal la consecuencia frente a la que nos ocupa conlleva
no materializarse”.
4.2. Escrito de la señora Luz Marina Arias Garzón
Por conducto de apoderado judicial, la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se opuso a las pretensiones de la acción especial de
revisión, bajo el argumento de que la entidad recurrente convirtió este mecanismo
en un nuevo debate respecto de las pretensiones invocadas en ese trámite judicial,
cuestionamientos que no están permitidos en este medio excepcional por
disposición expresa de la ley.
Luego de referirse a los fundamentos en los que se sustentaron las decisiones
dictadas en el proceso ordinario que accedió al reconocimiento y pago de la
indexación de la primera mesada pensional con sustento en el marco constitucional,
afirmó que “en casos como el presente la indexación no es solo una decisión
ajustada a la ley, sino un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del
juez tiene al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra
expresamente la Carta en su artículo 230, en armonía con aquellos preceptos de la
constitución que, como atrás se dijo, le asignan a las autoridades la función de
asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la dignidad
humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo”.
Sostuvo que las causales de revisión invocadas por la UGPP no se configuran, por
cuanto la decisión de acceder a la indexación de la primera mesada de la pensión
gracia no se obtuvo con violación del debido proceso -causal a)-, por el contrario,
afirma que su defendida en el proceso ordinario tenía derecho a que se trajera a
valor presente el monto de la prestación económica que se consolidó el 20 de
noviembre de 2008 hasta que fue reconocida y pagada. Agregó que tampoco se
excedió de lo debido la cuantía del derecho pensional y destacó que las decisiones
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho hacen tránsito a
cosa juzgada formal y material.
Finalmente, propuso las excepciones de (i) cosa juzgada, (ii) inexistencia de causa
y falta de derecho, abuso del derecho, (iii) “excepción de orden superior violación al
principio de legalidad a los preceptos constitucionales como al precedente
jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional”; (iv) “excepción
de inexistencia del daño antijurídico” y (v) “excepción genérica o innominada”.
4.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
de 13 de julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
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Consejo de Estado, conforme con lo dispuesto en los artículos 249 11 y 107 inciso
cuarto12 de la Ley 1437 de 2011 y 29 del Acuerdo no. 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado (reglamento interno)13.
2. Cuestión preliminar
La señora Luz Marina Arias Garzón en el escrito de contestación del recurso
extraordinario de revisión propuso las excepciones de (i) cosa juzgada, (ii)
inexistencia de causa y falta de derecho, abuso del derecho, (iii) “excepción de
orden superior violación al principio de legalidad a los preceptos constitucionales
como al precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte
Constitucional”; (iv) “excepción de inexistencia del daño antijurídico” y (v) “excepción
genérica o innominada”.
El artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 69 de la Ley 2080
de 2021, prevé que dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión no se
podrán proponer excepciones previas, restricción que resulta coherente con la
naturaleza especial y autónoma de dicho mecanismo excepcional, respecto del cual
la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que constituye un proceso nuevo
y distinto de aquel en el que se profirió la sentencia cuya invalidación se pretende,
“el cual cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan
dentro del debido proceso”14. Por ello, este medio excepcional debe sujetarse
exclusivamente a las reglas previstas en los artículos 248 y siguientes del CPACA,
sin que resulte procedente incorporar actuaciones o mecanismos procesales
distintos de los expresamente autorizados por el legislador.
En ese contexto, las manifestaciones efectuadas por la interviniente bajo la
denominación de “excepciones” se rechazarán por improcedentes, por cuanto no
encuentran sustento normativo procesal.
3. Oportunidad en la interposición del recurso
El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- dispone que en
los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial, o dentro del término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio.
11
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de
Estado conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
12
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
13
Artículo 29. Competencia de las Salas Especiales de Decisión. Las Salas Especiales de Decisión decidirán
los siguientes asuntos de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones
del Consejo de Estado (…).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 12 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15000-2013-02110-00, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, providencia de 14 de marzo de 2018, expediente 76001-33-31-702-2010-00320-01 (58358), M.P.
María Adriana Marín.
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En el asunto bajo examen, el 21 de mayo de 2024 la UGPP presentó la acción
especial de revisión contra la sentencia de 13 de julio 2023 dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual fue notificada
el 11 de agosto de la misma anualidad, por lo que la decisión recurrida quedó
ejecutoriada el 18 de agosto de 2023.
En razón a que la demanda fue presentada el 21 de mayo de 2024, es dable concluir
que se interpuso dentro del término señalado en la precitada disposición.
4. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 13 de julio 2023 dictada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 41001-23-33-000-2016-
00362-01, incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 -a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación del debido proceso y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención- y, en consecuencia,
si debe infirmarse la mencionada decisión.
5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA)15,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad “permite volver a estudiar determinadas sentencias
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad
de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley”16.
Para su formulación debe hacerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar
poder y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará
las que pretenda hacer valer.
De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
15
En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señaló:
“Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la ley 167 de 1941. Los capítulos XVII
(Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los reconocimientos), no son recursos y se
limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y procedimientos que allí mismo se mencionan. En cambio
el nuevo C.C.A, creó la figura especial del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2015, radicado no. 2003-
01589-01.
11
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circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez17.
Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación independiente
del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como una acción o
medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el cumplimiento
de los requisitos precisados en el artículo 252 del CPACA, los cuales deben ser
observados para su admisibilidad y procedencia18.
6. Alcance de las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece el mecanismo de revisión de
reconocimiento de sumas periódicas de las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten un reconocimiento que imponga al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, cuya competencia se asigna al Consejo de
Estado. De igual manera, procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
Esa disposición agrega que la revisión se tramitará por el procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión y podrá solicitarse por las causales
generales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y, además, (i) cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
La revisión de las prestaciones periódicas que comprometen recursos de naturaleza
pública, por las causales antes referidas, constituye una herramienta para afrontar
los graves casos de corrupción porque contribuye a frenar el detrimento del tesoro
público generado por el reconocimiento o reliquidación irregular de pensiones de
cualquier naturaleza, por medio de la revocación de las prestaciones irregularmente
otorgadas o la reliquidación de las reconocidas en exceso19.
El objeto principal de la acción especial de revisión prevista en la Ley 797 de 2003
es proteger el patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del
sistema pensional, mediante el mecanismo de examinar judicialmente la legalidad
de las prestaciones reconocidas, cuando se configure alguna de las causales del
17
Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, radicado no. 2019-
00450-00 (REV).
18
Consejo de Estado, radicado no. 11001-03-15-000-2017-02078-01, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero,
14 de agosto de 2014.
19
Exposición de motivos de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 contenida en la Gaceta del Congreso
350 del 23 de agosto de 2003.
12
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para ese propósito, el juez del recurso podrá
infirmar la sentencia20.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha considerado que las causales de revisión
de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto
debido de acuerdo con la ley, constituyen un mecanismo para la defensa de los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social, y una
garantía al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional previsto en el
artículo 48 de la Constitución Política21.
Ahora bien, en lo relacionado con el recurso extraordinario de revisión se reitera
que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, se trata de un
mecanismo judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional,
que posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la
cosa juzgada ante el hallazgo de incurrir en una causal de revisión, que permite
infirmarlas por la demostración inequívoca de ser decisiones injustas.
Por otra parte, se debe precisar que si bien la acción especial de revisión procede
por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 y que se tramita por el
procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, la jurisprudencia
de la Corporación ha precisado que es equiparable a ese medio de impugnación
extraordinario, en tanto conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, “no se trata de una tercera instancia que admita
reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b)”22.
En ese orden de ideas, la acción especial de revisión por las causales previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, parte de i) la revisión de las sentencias
ejecutoriadas, así como otro tipo de providencias que tenga como efecto el
reconocimiento de una prestación periódica y de los autos que terminan de manera
anormal un proceso, aquellos actos que son la consecuencia de un acuerdo de
voluntades (transacción, conciliación entre otros), para corregir anomalías; ii) la
puede ejercer el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general
de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan
23
el reconocimiento de pensiones , iii) se rige por el procedimiento previsto en la Ley
20
Sentencia C-835 de 2003.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de
agosto de 2017, radicado no. 11001-03-15-000-2016-02022-00, de 16 de octubre de 2008, radicado no. 11001-
03-15-000-2014-01658-00 y de 5 de febrero de 2019, radicado no. 11001-03-15-000-2018-01884-00. Postura
reiterada por la Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia de 5 de junio de 2023, radicado no. 11001-03-
15-000-2021-06622-00.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-25-000-
2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de
17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 y sentencia de 25 de noviembre de 2021, expediente 2018-
00963-00.
23
En la sentencia SU-627 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo: “7.23. Ahora, frente a la legitimación para
interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución
no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la
Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema
pensional a velar por su buen funcionamiento financiero”.
13
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1437 de 2011 -CPACA- para el recurso extraordinario de revisión y iv) procede
únicamente por las causales previstas en la ley24.
Ahora bien respecto de la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando “el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso”, es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con las garantías que lo componen, tales como: (i) el derecho
al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las
formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales
dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa y (iii) con las garantías
de audiencia y defensa que incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a
un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.
En lo que atañe con la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando la mesada pensional se hubiere reconocido en cuantía
superior a lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención que le era aplicable
al beneficiario, esta Corporación25 ha indicado que se erige como una herramienta
legal útil, cuyo propósito es fortalecer el principio de la moralidad administrativa 26 y
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso,
afectando los principios que orientan el Sistema General de Pensiones 27, en
especial, los de solidaridad y equilibrio financiero.
Por último, se ha considerado que este mecanismo no se puede utilizar para
extender o reabrir el debate probatorio, sino que está limitado a revisar el valor de
las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley. Es decir, no es una
tercera instancia, pues se limita a revisar aspectos concernientes al reconocimiento
del derecho y a su liquidación cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o por un mayor valor28.
7. Estudio y solución del caso concreto
7.1. Argumentos en los que se sustentó la sentencia objeto de revisión
La sentencia objeto de revisión de 13 de julio de 2023 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió la controversia relativa a
si la señora Luz Marina Arias Garzón tenía derecho a la indexación de la primera
mesada de la pensión gracia reconocida mediante Resolución UGM 13745 de 2011.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 3 de junio de 2021, radicado no. 11001-
03-25-000-2018-01681-00, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas y de 8 de octubre de 2020, radicado no.
11001-03-25-000-2017-00530-00, C.P.: William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia de 6 de febrero de 2025, radicado no. 11001-03-25-000-2018-01448-00, C.P.: Juan
Enrique Bedoya Escobar.
25
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 01 de agosto de 2017, radicado no.
11001-03-15-000-2016-02022-00, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
26
Artículos 209 de la CP, 3 del CPACA y 3 de la Ley 489 de 1998.
27
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad
y progresión racional.
28
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de mayo de 2021, radicado no. 2020-
04801-00.
14
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Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
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Luego de referirse a los artículos 48 y 53 de la Constitución Política señaló que la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, aunque
no existe norma expresa que regule la indexación de la mesada pensional, su
reconocimiento resulta procedente bajo criterios de justicia y equidad. Lo anterior,
bajo el entendido de que el trabajador no está llamado a asumir la pérdida del poder
adquisitivo derivada de la inflación, especialmente cuando dicha situación obedece
al reconocimiento tardío de los derechos prestacionales por circunstancias ajenas
a su voluntad.
Asimismo, se refirió al desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en materia de indexación, y a partir de esos pronunciamientos
concluyó que la indexación constituye un método destinado a contrarrestar los
efectos de la inflación y preservar el poder adquisitivo de las sumas de dinero
mediante su actualización a valor presente, en aplicación de los principios de justicia
y equidad.
Con fundamento en el marco jurídico expuesto, se ocupó de resolver el caso
concreto, para lo cual, a partir del material probatorio allegado al proceso, tuvo por
probados como hechos relevantes para resolver esta acción especial de revisión,
(i) que por medio de la Resolución UGM 13745 de 14 de octubre de 2011, la extinta
Cajanal -hoy UGPP-, le reconoció a la señora Luz Marina Arias Garzón una pensión
gracia en cuantía de $1.791.137, efectiva a partir del 20 de noviembre de 2008; (ii)
que el 22 de abril de 2016, la demandante solicitó a la UGPP ordenar la liquidación
de la indexación de la primera mesada del 20 de noviembre de 2008 hasta que se
realizara el pago por parte de la entidad; (iii) que la UGPP a través de la Resolución
35258 de 21 de septiembre de 2016, negó la indexación solicitada bajo el argumento
de que la pensión fue reconocida a partir del momento en que se configuró el
derecho.
Adicionalmente, se debe destacar que en el trámite judicial de segunda instancia, el
despacho del magistrado sustanciador profirió auto para mejor proveer el 16 de
febrero de 2023 mediante el cual requirió a la UGPP para que remitiera “copia de la
liquidación efectuada sobre el retroactivo de la pensión gracia que le fue concedida
a la señora Luz Marina Arias Garzón en Resolución UGM 13745 del 14 de octubre
de 2011”. Mediante escrito de 29 de mayo de 2023, la entidad allegó la liquidación
correspondiente al período comprendido entre el 20 de noviembre de 2008 y el 31
de diciembre de 2011, junto con la constancia de consignación realizada en
diciembre de 2011, y también aportó copia del desprendible de pago
correspondiente al mes de diciembre de 2011.
Con sustento en lo anterior, la sentencia objeto de revisión concluyó que la señora
Luz Marina Arias Garzón cumplió con la totalidad de requisitos para adquirir el
derecho a la pensión gracia el 20 de noviembre de 2008, fecha a partir de la cual
tenía derecho al pago de la mesada pensional, sin embargo, la prestación fue
reconocida por Cajanal -en cumplimento de una orden judicial proferida en sede de
tutela- en octubre de 2011 en cuantía del 75% de lo devengado en el año
inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional (noviembre de 2007 y
noviembre de 2008), lo que dio como resultado una mesada en cuantía de
$1.791.137, para el 20 de noviembre el año 2008.
Destacó que al realizar el análisis del acto administrativo demandado encontró que
“no reconoció la indexación de las mesadas anteriores al reconocimiento pensional,
a pesar de que se causaron desde el 20 de noviembre del 2008, pues se obtuvo el
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ingreso base de liquidación de la pensión gracia con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es,
entre el 21 de noviembre del 2007 y el 20 de noviembre del 2008, sin tomar ese
monto y traerlo a valor presente”.
Tal afirmación se sustentó en la liquidación detallada aportada por la UGPP, en la
que se advierte que, aunque las mesadas pensionales fueron reajustadas
anualmente desde el 2008, se pagaron sin indexación alguna en el mes de
diciembre de 2011. Asimismo, evidenció que del desprendible de pago aportado al
proceso ordinario se observó que no existió corrección monetaria alguna, en tanto
el valor liquidado, sin indexar, fue el mismo que le consignaron en la cuenta bancaria
de la demandante.
Así las cosas, concluyó que “la mesada otorgada a la señora Luz Marina Arias
Garzón no se encontraba ajustada a la fecha de reconocimiento del derecho ni para
el momento en que la empezó a disfrutar; en consecuencia, tal como lo determinó
el Tribunal Administrativo del Huila en la sentencia de primera instancia, se impone
el deber de la UGPP de realizar la indexación de las mesadas pensionales
generadas desde el 20 de noviembre del 2008, fecha de adquisición del derecho,
debido a que para el momento en que la demandante pudo materializar el disfrute
de su pensión gracia, ya se encontraba desvalorizada por la pérdida del valor
adquisitivo”.
En esa medida, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
7.2. Las causales de revisión invocadas por la UGPP no se configuran
Esta Sala Especial de Decisión observa que no se configuran las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las razones que se
exponen a continuación.
La UGPP afirma que la causal del literal a) se encuentra acreditada, porque, a su
juicio, el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional se obtuvo con
violación al debido proceso, en tanto la pensión gracia reconocida a la señora Luz
Marina Arias Garzón se actualizó anualmente conforme con el IPC, de manera que
la mesada no se vio afectada por la pérdida del poder adquisitivo. En consecuencia,
no tenía derecho al reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional, como lo estableció el fallo recurrido.
Al respecto, la Sala comienza por precisar, como se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, que la acción especial de revisión no es un mecanismo
de defensa judicial instituido para dar continuidad a las discusiones resueltas por el
juez natural del asunto, es decir, no puede acudirse a ella a la manera de una
instancia adicional. De allí que para que se configure la precitada causal, la
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado los contornos para que se entienda
que el reconocimiento se obtuvo con violación al debido proceso, lo cual no fue
propuesto en esos términos por la UGPP.
En el proceso ordinario se demostró que la demandante cumplió con los requisitos
necesarios para el reconocimiento de la pensión gracia el 20 de noviembre de 2008
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(20 años de servicio y 50 años de edad), fecha a partir de la cual tenía derecho al
reconocimiento y pago de la mesada pensional, no obstante, la misma fue
reconocida mediante Resolución UGM 013745 del 14 de octubre de 2011.
Conforme a la Resolución UMG 013745 la pensión gracia fue reconocida a la señora
Luz Marina Arias Garzón con base en el 75 % de lo devengado durante el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es, entre
el 21 de noviembre de 2007 y el 20 de noviembre de 2008. En la decisión objeto de
revisión se indicó que para determinar el valor de la prestación al momento del
reconocimiento no se aplicó fórmula alguna de actualización que permitiera llevar a
valor de 2011 los ingresos tenidos en cuenta para la liquidación.
Así las cosas, consideró que la entidad estaba obligada a establecer el ingreso base
de liquidación de la prestación preservando su poder adquisitivo, lo que no encontró
acreditado, por cuanto del análisis del acto administrativo cuestionado evidenció
que si bien los factores salariales que se tuvieron en cuenta para liquidar la pensión
gracia de la demandante fueron los devengados entre noviembre de 2007 y
noviembre de 2008, el reconocimiento se hizo 2 años, 10 meses y 24 días después
de acreditar los requisitos para tener derecho a la pensión (14 de octubre de 2011),
lo que generó una devaluación en su IBL29.
En la decisión proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado se concluyó que la indexación de la primera mesada pensional de la actora
resultaba procedente porque la pensión fue reconocida y liquidada con montos
empobrecidos por el tiempo transcurrido entre la adquisición del estatus y el
reconocimiento pensional más de dos años después, análisis que no es dable
reabrir a través de este medio de impugnación extraordinario. La sentencia
reprochada precisó que la indexación de la primera mesada pensional no opera
únicamente cuando el retiro del servicio antecede a la adquisición del estatus
pensional, sino también cuando el reconocimiento de la prestación se produce de
manera tardía.
En ese orden de ideas, el propósito de la UGPP es dar continuidad a la discusión
relativa a si la señora Luz Marina Arias Garzón tiene derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, asunto que fue abordado con suficiencia en el proceso
ordinario, a lo que se agrega que la sola mención de la supuesta afectación del
debido proceso en el reconocimiento no es suficiente para efectuar el estudio de
fondo, sino que se requiere que el alegato se construya a partir de los parámetros
que ha precisado la jurisprudencia contencioso administrativa, es decir, que se
comprometa alguna de las garantías de ese derecho de naturaleza constitucional.
Por consiguiente, se declarará infundada la acción especial de revisión respecto de
la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ahora al analizar la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, referida
a que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, la
cual sustenta la entidad recurrente en el hecho de que la sentencia censurada,
29
La UGPP confunde la indexación de la primera mesada pensional con el reajuste legal de la prestación. La
indexación implicaba actualizar el ingreso que percibía la demandante en 2008 al valor correspondiente a la
fecha del reconocimiento pensional en 2011, lo que según afirmó la sentencia objetada no ocurrió, pues
únicamente se aplicó el reajuste previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, tal como fue reconocido por
la misma entidad.
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además del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional,
ordenó la indexación de las diferencias percibidas resultantes, se debe precisar que
la indexación de la primera mesada pensional y la actualización de los valores
dejados de percibir responden a finalidades distintas dentro del régimen
prestacional y, por ende, pueden coexistir siempre que no recaigan sobre los
mismos valores.
La Corte Constitucional también ha señalado que en materia pensional los términos
de reajuste e indexación de las mesadas pensionales tienen un significado diferente.
Para ello, señaló que “la diferencia entre una y otra radica en que, la indexación
busca atacar los efectos de la inflación y permitir que el valor de la pensión en el
momento en que se adquirió con relación al momento en que se reconoce,
efectivamente tenga la misma capacidad adquisitiva; mientras que el reajuste es
determinado por la ley para incrementar o aumentar el valor o precio de la mesada
por razones distintas a la inflación, como es la de presentar diferencias con los
aumentos del salario mínimo legal mensual vigente”30.
En efecto, la indexación de la primera mesada tiene como propósito garantizar que
el valor inicial de la pensión conserve su poder adquisitivo real entre la fecha en que
el beneficiario adquirió el derecho y aquella en que comenzó a disfrutarlo
efectivamente. La actualización busca corregir el efecto inflacionario generado por
la diferencia temporal entre el reconocimiento y el pago, dicha garantía tiene
fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de la pensión31.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que la pensión debe liquidarse
conforme al valor actualizado de los salarios y factores que sirvieron de base para
su reconocimiento, evitando que el pensionado inicie con una mesada
desvalorizada32. Por su parte, la indexación de los valores dejados de percibir se
aplica a las mesadas que, una vez reconocido el derecho pensional, no fueron
pagadas oportunamente.
Luego, resultaba jurídicamente procedente ordenar la indexación de la primera
mesada pensional desde la fecha de adquisición del derecho pensional hasta el
inicio de su disfrute efectivo, y la indexación de los valores dejados de percibir desde
el momento en que se causaron las mesadas y hasta el pago efectivo de las
mismas, tal como se dispuso en la sentencia censurada. Esa interpretación asegura
la plena vigencia del principio constitucional de integralidad del derecho pensional.
Así las cosas, no se acreditó el supuesto fáctico de la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto no se acreditó que la indexación de
la primera mesada pensional y de la diferencia de los valores dejados de percibir,
en los términos fijados en la sentencia de 13 de julio de 2023, haya implicado un
reconocimiento superior al legalmente debido.
En ese orden de ideas, la Sala declarará infundada la acción especial de revisión
promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
30
Corte Constitucional, sentencia T-255 de 2013.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-1073 de 2012.
32
Corte Constitucional, sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y T-098 de 2005.
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, por cuanto la sentencia
de 13 de julio 2023 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado no incurrió en las causales invocadas.
8. Condena en costas
Según el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la
demanda-, se condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare
infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.
En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las
costas están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho, y
de acuerdo con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su
imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación”.
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente conforme al
referido artículo 365-8 del mismo estatuto. Por otra parte, se condenará en costas
a la entidad recurrente en el componente de agencias en derecho en favor de la
señora Luz Marina Arias Garzón.
Por consiguiente, en atención a lo previsto en el artículo 366-4 del Código General
del Proceso, para su fijación se atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la
tarifa de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, se
tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable y proporcional tasar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a favor de la señora Luz Marina
Arias Garzón, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Rechazar por improcedentes las excepciones propuestas por la señora
Luz Marina Arias Garzón, quien actúa por intermedio de apoderado judicial.
Segundo.- Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP contra la sentencia de 13 de julio 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
aquí expuestas.
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Tercero.- Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP al pago de costas por
concepto de agencias en derecho a favor de la señora Luz Marina Arias Garzón,
por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.
Cuarto.- Por Secretaría General de esta Corporación, desglosar del presente
proceso el memorial que obra en el índice 000026 de Samai, allegado a través de
la ventanilla virtual, dirigido al recurso extraordinario de revisión radicado num.
11001-03-25-000-2019-00808-00 (5921-2019), demandado Lucy del Socorro
Guzmán Cano, con el fin de que se remita a ese trámite judicial.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA LUIS EDUARDO MESA NIEVES
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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