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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02547-00

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02547-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el señor Juan David Hernández Montalvo, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. NOTIFÍCAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02547-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-02547-001
Demandante : Juan David Hernández Montalvo.
Demandado : Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla - Atlántico, Juzgado Primero (1°) Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla
y Juzgado Primero (1°) Penal Municipal con Funciones Mixtas
de Soledad (Atlántico).
Vinculados : Daniela Alexandra Mantilla Barrera y Alejandro Gabriel Ojeda
Cáliz2
Tema : Traslado de un cargo
Derechos : Trabajo y al mínimo vital.
presuntamente
vulnerados
Decisión : Declara improcedente

Procede la Sala a decidir la acción de tutela formulada por Juan David Hernández
Montalvo, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla - Atlántico, Juzgado
Primero (1°) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y
Juzgado Primero (1°) Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad (Atlántico).

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el
tutelante frente a la situación objeto de censura, luego se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
Vinculados como terceros interesados por disposición del auto del 20 de junio del 2024.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

1.2 La demanda de tutela

El accionante, quien actúa a nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital
presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional
de la Judicatura del Atlántico, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, Juzgado Primero (1°)
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla y Juzgado Primero
(1°) Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad (Atlántico).

Por consiguiente, requirió que “[…] se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA que adopte las medidas necesarias para mi traslado del cargo que vengo
ejerciendo como oficial mayor en el Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla al Juzgado 001 Penal Municipal con funciones
mixtas de Soledad” y subsidiariamente, que “[…] se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE LA RAMA JUDICIAL BARRANQUILLA-ATLÁNTICO al pago de los salarios,
retroactivos, cesantías, vacaciones, primas y en general, cualquier emolumento
económico que se me adeudaré hasta el momento de mi desvinculación, en el menor
tiempo posible”.

1.3 Hechos3

En síntesis, la parte activa señaló que fue nombrado en provisionalidad como oficial
mayor en el Juzgado 01 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, mediante la Resolución No. 001 del 25 de enero del 2024, nombramiento
que se dio como consecuencia de la creación de dicho cargo, por cuenta del acuerdo
PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 20234.

Manifestó que, a pesar de lo anterior, tuvo que remitir un derecho de petición en conjunto
con otros oficiales mayores debido a que no fueron incluidos en la nómina del mes de
febrero del 2024, y que obtuvo respuesta el 5 de marzo del 2024 y fue incluido en nómina
desde ese momento.

Arguyó que, el 8 de abril del 2024, “[…] previo requerimiento de la Unidad de Desarrollo

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 1.
4
Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a nivel nacional
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura contenido en el oficio
UDAEO24-570 del 12 de marzo de 2024, informé y acredité al Consejo Superior de la
Judicatura mi condición de sujeto de especial protección constitucional por pertenecer a
una etnia indígena y ser víctima del conflicto armado.”.

Posterior a ello, el 16 de mayo del 2024 fue publicado el Acuerdo PCSJA24-12179 de
20245, que en su artículo 3.6 dispuso trasladar, con carácter permanente, a partir de mayo
de 2024 el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador Municipal del Juzgado 001 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla al Juzgado 001 Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Soledad; en dicho acto, se indicó que los cargos en
propiedad debían ser ocupados por quienes se encontraban nombrados en los mismos
antes del traslado, pero no indicó nada sobre las personas que ocupaban los cargos en
provisionalidad.

Por último, expuso que tiene una hija menor de edad con dependencia económica, que
él es indígena de la etnia Kankuamo y que no posee ingresos distintos a los de su trabajo,
por lo que solicitó al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad las
indicaciones para iniciar sus labores como oficial mayor, pero no obtuvo respuesta por
parte de ese despacho judicial.

1.4 Argumentos de la tutela

Para justificar el derecho al trabajo, indicó que los servidores judiciales nombrados en
provisionalidad tienen una estabilidad laboral restringida, dado que para que sean
efectivamente desvinculados del cargo, el acto que a ello obligue debe estar debidamente
motivado, para lo cual indicó que “[e]l artículo 53 de la Constitución Política dispone que
la “estabilidad en el empleo” o estabilidad laboral es un derecho fundamental del
trabajador y un principio mínimo de la relación laboral. La Corte Constitucional ha definido
la estabilidad laboral como un “derecho jurídico de resistencia al despido”. Que, en
términos generales, exige que la desvinculación del trabajador se efectúe de acuerdo con
las condiciones y requisitos previstos en la Constitución, la ley y el reglamento”.

Luego esgrimió que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos
garantías para quienes, como él, gozarían de estabilidad relativa o intermedia, pues si

5
Por medio del cual se adoptan unas medidas de supresión, traslado y creación de cargos de empleados, con carácter permanente
en la Jurisdicción Ordinaria y se adoptan otras disposiciones.
3

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Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

bien no disfruta de todas las prerrogativas de quien se encuentra nombrado en propiedad
en un cargo público, al menos se le deben respetar los siguientes elementos:

“Garantía de legalidad y legitimidad del retiro. Esta garantía exige que la desvinculación se
efectúe por (i) las “causales objetivas” previstas en la Constitución y en la ley, o bien (ii) para
proveer el cargo que ocupan “con una persona que haya superado satisfactoriamente el
respectivo concurso de méritos”.

Garantía de debido proceso y motivación suficiente. Esta garantía exige al nominador exponer
de forma clara, expresa y razonada las causales objetivas que justifican el retiro del servicio.
Esta garantía limita la discrecionalidad del nominador y diferencia la estabilidad laboral relativa
de los servidores que ocupan cargos en provisionalidad de aquella de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción (estabilidad laboral precaria).”

Frente al derecho al mínimo vital solo declaró que, con la actuación acusada, se le
impedía tener acceso a los recursos suficientes para su subsistencia digna y con el fin de
vivir una “vida libre del temor y de las cargas de la miseria”6; por último, argumentó que
al hacer parte de la población indígena, es sujeto de especial protección, dado que “[l]os
indígenas son sujetos de especial protección constitucional dado a que tradicionalmente
han sido un grupo humano discriminado, se ha establecido que merecen esta
connotación para evitar la continua vulneración a sus derechos y la garantía de la
igualdad material que estipula la Constitución Política” y que “[e]s importante sobre este
punto destacar que La Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009 estableció que
el pueblo Indígena Kankuamo está en peligro de ser exterminado cultural y físicamente
por el conflicto armado, siendo víctima de gravísimas violaciones de sus derechos
fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo
cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas,
convirtiendo al pueblo indígena Kankuamo en victima colectiva del conflicto armado
interno en Colombia”.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 24 de mayo
del 20247, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al
Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, el Juzgado Primero (1°) Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Barranquilla y el Juzgado Primero (1°) Penal

6
Es una cita directa de la Sentencia de la Corte Constitucional, de radicado C 492 del 2015.
7
Expediente digital en SAMAI, índice 5.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Municipal con Funciones Mixtas de Soledad (Atlántico) como accionados y, mediante
Auto del 18 de junio del 2024 se vinculó al trámite a Daniela Alexandra Mantilla Barrera
y a Alejandro Gabriel Ojeda Cáliz, como terceros interesados.

2.1 Contestaciones de la acción

2.1.1 Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial8. Solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva de su parte, dado
que, es la Dirección Ejecutiva Seccional la encargada de resolver la solicitud elevada por
el accionante, por lo que no podría pronunciarse de fondo en esta solicitud de amparo.

2.1.2 Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad9.
Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, y que en todo caso no se
cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que “cuenta el actor, con otros medios de
defensa – acciones de nulidad - para exigir al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, modifique o varie (sic) el acuerdo PCSJA24-12179 de fecha 14 de mayo
de 2024, en lo que concierne al articulo (sic) 8° del mismo, que concreta solo la
continuación de los cargos trasladados por quienes ostentan derechos de carrera y (ii),
la petición subsidiaria del pago de salarios y demás emolumentos por el tiempo laborado
hasta su desvinculación por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA
JUDICIAL BARRANQUILLA-ATLÁNTICO, también se escapa de la órbita de protección
del amparo constitucional, al tratarse de un asunto netamente económico, el cual, (sic)
podrá el actor, acudir de manera directa ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACION JUDICIAL DEL ATLÁNTICO, y solicitar lo que en derecho le
corresponda, con el cumplimiento de los requisitos de ley”.

2.1.3 Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura10. Contestó la acción de tutela requiriendo que se declare la improcedencia
de la presente acción constitucional, dado que la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para obtener la protección deprecada, pero subsidiariamente pidió que se
nieguen las pretensiones dado que su actuar consistió en ajustar las plantas de personal

8
Por conducto de Ronald Jeffersson Gómez Díaz, Abogado de la División Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.
9
Por conducto de Eduardo Enrique Rumbo Borré, Juez Primero Penal Municipal de Soledad – Atlántico, visible en el expediente
digital en SAMAI, índice 10.
10
Por conducto de Clara Milena Higuera Guío, Directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura, visible en el expediente digital en SAMAI, índice 12, PDF 2.
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

de acuerdo con las necesidades del servicio y dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales.

Narró que su actuación dentro del caso concreto no es violatoria de los derechos del
accionante, “la medida adoptada en el numeral 6 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA24-
12179 de 2024, consistente en el traslado del cargo de oficial mayor o sustanciador
municipal del Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad, no fue
una decisión arbitraria e ilegal, sino que la misma obedeció a criterios objetivos y técnicos,
ajustando la estructura a las necesidades y así poder atender de manera más eficiente
las necesidades del servicio en otras dependencias de la Rama Judicial para mejorar el
servicio y la racionalización del talento humano en la Rama Judicial”.

Indicó que la decisión de trasladar el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla al Juzgado 001 Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Soledad, “[…] no fue una decisión arbitraria e ilegal,
sino que la misma obedeció a criterios objetivos y técnicos […]”. Frente a la
desvinculación del señor Juan David Hernández, indicó que el Acuerdo PCSJA24-12179
de 2024 no lo desvinculó de su cargo, tampoco lo ha retirado del servicio, porque el
traslado de cargo no está contemplado como una causal de tal evento y que tampoco
tienen la facultad de ser nominadores del accionante.

2.1.4 Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantía de
Barranquilla11. Presentó un informe sobre los hechos que le constan, donde comunicó
que “[…] [e]l doctor JUAN DAVID HERNÁNDEZ MONTALVO, estuvo ejerciendo las
funciones del cargo asignado en el despacho que represento, desde el día de su posesión
hasta el viernes 17 de mayo de 2024, debido a que, el pasado 16 de mayo de 2024, […]
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, expidió el acuerdo PCSJA24-12179 del
14 de mayo de 2024, que en el artículo 3, trasladó con carácter permanente, a partir del
20 de mayo de 2024, unos cargos de empleados, entre ellos, el de Oficial Mayor o
sustanciador municipal del JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN
DE CONTROL DE GARANTÍA DE BARRANQUILLA (desempeñado por el doctor
Hernández Montalvo), al JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIONES MIXTAS DE
SOLEDAD.”, pero por lo demás desconoce la situación administrativa del accionante.

11
Por conducto de Hernando Luis Amaris Esquivia, Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantía de Barranquilla
– Atlántico, visible en el expediente digital en SAMAI, índice 13.
6

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2.1.5 Daniela Alexandra Mantilla Barrera12. Realizó un informe sobre los hechos del
caso concreto, resaltó que se está ocupando el cargo de Oficial Mayor que fue trasladado
desde el Juzgado Penal de Barranquilla, manifestó que en su concepto, el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad actuó conforme a la Ley;
terminó por manifestar que viene de estar nombrada en un cargo de carrera en ese mismo
despacho judicial, que ha sido calificada con un puntaje de 96 sobre 100 y que cumple
los requisitos formales para ocupar el cargo trasladado.

2.1.6 Juan David Hernández Montalvo13. Remitió un memorial en el cual puso de
manifiesto que se mantenía en cuanto sus afirmaciones referentes a que no le han sido
asignadas funciones por cuenta del Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas
de Soledad, de modo que el 7 de junio del 2024 remitió un correo ante ese despacho
judicial informando que aún no ha sido desvinculado de la Rama Judicial, adicionalmente,
refirió que el 26 de junio del 2024 la Rama Judicial realizó el pago de los salarios y
prestaciones sociales, pero él no recibió salario alguno, frente a ello manifestó que se le
ha vulnerado su derecho al mínimo vital debido a que no puede litigar, firmar contratos
de prestación de servicios o ser nombrado en otra entidad pública como servidor público,
debido a que aún se encuentra vinculado con esta institución, lo que lo lesiona a él y a
su hija menor de edad, quien ha sido diagnosticada con autismo y necesita terapias y
seguimiento.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2 Problema jurídico

En este proceso judicial se debe determinar si la acción de tutela del asunto cumple los
requisitos de prodedibilidad, de ser así, se deberá estudiar si las accionadas han

12
Memorial visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
13
Memorial radicado el 27 de junio del 2024, visible en el expediente digital en SAMAI, índice 26.
7

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vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo y/o debido proceso del
accionante, al trasladarse el cargo de oficial mayor o sustanciador, que desempeñaba
desde su creación en provisionalidad en el Juzgado Primero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Barranquilla, al Juzgado Primero Municipal con Funciones
Mixtas de Soledad.

3.3 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de ideas, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada,
se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla
el constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común.14

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas
en el ordenamiento jurídico para el caso específico.15 Esto porque la tutela no es un

14
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
15
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las

8

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mecanismo alternativo que remplace los procesos judiciales o que permita adoptar
decisiones paralelas a las del funcionario que está conociendo de un determinado asunto
radicado bajo su competencia.16

En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:

“(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse
el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el
constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”.17

No obstante, aun existiendo un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un
perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.18

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado.19

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que si la
tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
16
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
17
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
18
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
19
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
9

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ordinario, es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:

“(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”20.

3.5 Acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto

Ha sido amplía la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde señala que, para
controvertir actos administrativos de contenido particular y concreto, por regla general, la
tutela es improcedente, pues las divergencias suscitadas entorno a ellos, corresponde
dirimirlas a la jurisdicción contenciosa administrativa. A pesar de ello, ha estimado la
Corte la procedencia excepcional, dependiendo del contenido de los mismos,
determinando si implica una vulneración evidente de los derechos fundamentales o la
amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal entidad que sea urgente la
protección.

3.6 El debido proceso

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

El debido proceso ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos21, la Declaración Universal de
Derechos Humanos22, la Convención Americana sobre Derechos Humanos23 y la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre24.

20
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
21
Artículo 14-1
22
Artículo 8..
23
Artículo 8 Garantías Judiciales
24
Artículo XVIII
10

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Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.25

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que despliega una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
estatales y el acceso a la administración de justicia, por lo que su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia

25
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11

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tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto

De conformidad con lo indicado por la jurisprudencia constitucional, lo primero que debe
analizarse en cualquier acción de tutela son los requisitos generales de procedibilidad 26,
estos son: legitimación en la causa y subsidiariedad; frente a ellos se tiene que (i) el señor
Juan David Hernández Montalvo se encuentra legitimado por activa dado que es la
persona sobre la cual recae la vulneración alegada, así mismo las entidades accionadas
en efecto están involucradas directamente con la situación fáctica del caso en estudio,
por lo que están legitimados por pasiva para acudir ante este proceso. Frente al requisito
(ii) de subsidiariedad, estima la Sala que, dadas las pretensiones de esta acción, como
lo es asegurar el traslado del actor junto con el cargo que venía desempeñando en el
Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla al
Juzgado 001 Penal Municipal con funciones mixtas de Soledad; así como se garantice el
pago de sus derechos salariales hasta que sea efectivamente desvinculado; lo cierto es
que, en este caso, el actor puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa
en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto tácito
de desvinculación, lo que permitiría afirmar que esta acción no cumple con el requisito de
subsidiariedad como se pasa a exponer.

3.7.1 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de
tutela.

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse
de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se
pretenda evitar que se cause de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional27 y ante la

26
Al respecto se puede consultar la sentencia T 113 del 2021 de la Corte Constitucional.
27
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
12

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Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien
requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, “[…] [haya] agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable”.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela es improcedente
cuando el accionante aún cuenta con otro medio de defensa ordinario para garantizar la
defensa de sus intereses judiciales, de manera que, la falta de diligencia del demandante
entendida como la renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa previstos en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la
improcedencia de la acción constitucional frente al caso particular28.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, la acción de tutela, no resulta
procedente si el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos,
sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el
amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede
de manera transitoria.

En el caso bajo estudio, se tiene que el accionante establece el centro de su
argumentación en que fue desvinculado de facto por el titular del Juzgado 1° Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Soledad (Atlántico), pues en su escrito de tutela, fue
enfático en referirse a que su situación obedecía a una desvinculación arbitraria por
cuenta de ese operador judicial29, esto es que tácitamente, al designar en el cargo que
ocupada a otro profesional, se expresó la voluntad del Estado extinguiendo su situación
jurídica.

De acuerdo con los hechos expuestos por los intervinientes y de conformidad con los
documentos anexados al presente trámite constitucional, se tiene que los siguientes
hechos relevantes30 están debidamente probados:

28
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
29
Argumentos presentes en los folios 5 y 6 del escrito de tutela.
30
Cuando la Sala se refiere a hechos jurídicamente relevantes, infiere no solo la sucesión fáctica tal y cual como se desarrollan en la
materialidad, sino a aquellos que de acuerdo con el caso de estudio generan consecuencias jurídicas necesarias ya sea para
comprender el objeto de estudio o para resolver la situación problemática expuesta, esta anotación se realiza porque si bien en el
expediente se allegaron una serie de documentos relacionados con la inclusión en nómina del accionante en enero, no ha sido objeto
de debate dicha situación en este mecanismo, por lo que no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

i. Por medio del Acuerdo PCSJA23-1212431, del 19 de diciembre del 2023, se
crearon distintos cargos a nivel nacional, entre ellos se creó el de Oficial Mayor
Municipal para el Juzgado 001 Penal Municipal de Barranquilla.

ii. Mediante la Resolución No. UDAER24-6, del 11 de enero del 202432, se cambió
la denominación al Juzgado 001 Penal Municipal de Barranquilla al de Juzgado
001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

iii. El 25 de enero del 2024, el señor Juan David Hernández Montalvo fue nombrado
como Oficial Mayor o Sustanciador Municipal en provisionalidad mediante la
Resolución No. 00133, tomando posesión del cargo el mismo día.

iv. El 26 de febrero del 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico
aclaró mediante la Circular CSJATC24-2734 que la medida de creación de cargos
para los juzgados de Barranquilla iba dirigida, en este caso, para el Juzgado 001
Penal Municipal con Función de Control Garantías de esa ciudad.

v. A través de un correo electrónico del 8 de abril del 2024 35, el señor Hernández
Montalvo le informó a su superior inmediato que era sujeto de especial protección
por ser integrante de la etnia Kankuamo, allegando las constancias del caso.

vi. El Acuerdo PCSJA24-12179 de 202436, ordenó el traslado del cargo de oficial
mayor o sustanciador municipal del Juzgado 001 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Barranquilla al Juzgado 001 Penal Municipal con
Funciones Mixtas de Soledad; así:

“Artículo 3. Traslado de unos cargos de empleados en la Jurisdicción Ordinaria.
Trasladar, con carácter permanente, a partir del 20 de mayo de 2024, los cargos de
empleados que a continuación se relacionan:

[…]

31
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 3, Folio 8.
32
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 3, Folio 141.
33
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2, Folio 1.
34
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 3, Folio 106.
35
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2, Folio 75.
36
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 3, Folio 5.
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

[…]

Parágrafo Segundo. Los cargos de oficial mayor o sustanciador municipal de los
Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de garantías de Barranquilla,
Juzgado 007 AÑO XXXI- VOLUMEN XXXI – Ordinaria No. 29 5 Penal Municipal con
Función de Control de garantías de Barranquilla y Juzgado 010 Penal Municipal con
Función de Control de garantías de Barranquilla que se trasladan, serán los creados
en los numerales 1, 5, y 7 del literal c del artículo 22 del Acuerdo PCSJA23-12124 de
2023.

[…]

Artículo 8. Los traslados de los cargos previstos en este Acuerdo, que se encuentren
provistos en propiedad, continuarán siendo ocupados por quienes ostentan derechos
de carrera conservando el régimen salarial y prestacional que les rige actualmente.
Los consejos seccionales de la judicatura realizarán la respectiva actualización en el
registro seccional de escalafón.”

vii. El 20 de mayo del 2024, el accionante mediante un correo electrónico,37 solicitó
al Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad, que se le
indicaran las acciones a adelantar para continuar con el cargo que venía
desempeñando en Barranquilla, debido al traslado al municipio de Soledad.

viii. Mediante la Resolución No. 003 del 21 de mayo del 202438, el Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones Mixtas de Soledad nombró en provisionalidad en
el cargo de oficial mayor o sustanciador municipal a la empleada Daniela
Alexandra Mantilla Barrera.

Se tiene entonces que, conforme a lo que refirió el señor Hernández Montalvo, el cargo
de oficial mayor municipal que venía desempeñando desde el 25 de enero de 2024, en
provisionalidad, en el Juzgado 1 Penal con Función de Control de Garantías de
Barranquilla, fue trasladado al Juzgado 001 Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Soledad; el cual fue ordenado mediante el Acuerdo PCSJA24-12179 del 14 de mayo de
2024, acto que en su artículo 3° señaló trasladar, con carácter permanente, a partir del
20 de mayo de 2024, entre otros, el cargo ya relacionado39.

Asimismo, como lo informó la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura en su respuesta, dicho traslado fue realizado de acuerdo con
criterios técnicos40 que buscan optimizar los recursos asignados a la Rama Judicial de

37
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11, PDF 6
38
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11, PDF 5
39
Por otra parte, en el parágrafo segundo se indicó que los juzgados que “Parágrafo Segundo. Los cargos de oficial mayor o
sustanciador municipal de los Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de garantías de Barranquilla, […] que se trasladan,
serán los creados en los numerales 1, 5, y 7 del literal c del artículo 22 del Acuerdo PCSJA23-12124 de 2023”.
40
Criterios visibles en la respuesta allegada al despacho y referida en el acápite de intervenciones, igualmente se puede evidenciar
en la parte considerativa del Acuerdo PCSJA24-12179 del 14 de mayo de 2024, pero la decisión de aplicar la medida sobre los
juzgados concretos se debió a que ellos fueron los despachos judiciales con menor promedio de egresos efectivos.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

acuerdo con las necesidades propias de la administración de justicia; traslado que se
realizó el 20 de mayo del 2024, día en que el accionante remitió correo electrónico
poniéndose a disposición del despacho judicial al que fue trasladado, para que le fuesen
asignadas las funciones que desarrollaría, pero no obtuvo respuesta. No obstante, al día
siguiente el titular del despacho beneficiario del traslado del cargo, nombró en
provisionalidad a la señora Daniela Alexandra Mantilla Barrera, sin hacer mención alguna
a la situación administrativa de quien se encontraba nombrado en provisionalidad en el
cargo objeto de traslado.

Es esa la actuación que el accionante manifiesta ha violentado sus derechos
fundamentales, pues su cargo fue trasladado y aun considerando que el Juez 1° Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Soledad nombró a otra persona en el mismo cargo,
él no ha sido desvinculado efectivamente de la Rama Judicial, situación que no es cierta,
toda vez que en este caso se ha generado un acto administrativo tácito, es decir, no hay
una manifestación expresa de la administración frente a su desvinculación, pero al
haberse nombrado a Daniela Alexandra Mantilla Barrera en dicho empleo, se entiende
con claridad que no pueden concurrir dos personas nombradas en un mismo cargo en el
despacho, lo que de suyo genera la desvinculación del accionante.

En razón a todo ello, y a que dichos actos tácitos pueden ser objeto de control, el deber
del actor en este caso es acudir a la justicia de lo contencioso administrativo para que
sea el juez ordinario, en ejercicio del marco competencial, quien defina la situación
jurídica del señor Hernández Montalvo, pues hasta tanto no agote los mecanismos
judiciales previstos para la defensa de su derecho, no puede acudir a la acción de tutela
como acción principal, toda vez que eso viola la residualidad propia de esta acción
constitucional. Por lo que no existe mérito para estudiar de fondo la acción que nos
ocupa, toda vez que el accionante no cumplió con la carga mínima de haber agotado
todos los mecanismos a su disposición, como ya se ha indicado.

Por último, Juan David Hernández manifestó ser sujeto de especial protección por hacer
parte de la etnia Kankuamo, quienes en distintos pronunciamientos de la Corte
Constitucional41 han sido considerados como sujetos de especial protección, resalta la
Sala que, esa condición se da en razón a actuaciones u omisiones que los afecten como
etnia, es decir, relacionados con la permanencia de sus usos, costumbres o cosmovisión;

41
Corte Constitucional, sentencias T-172-19 y SU 121-22; autos A 004-09 y A 351-19 entre otros.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-02547-00
Demandante: Juan David Hernández Montalvo
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros

también frente a acciones relacionadas con el conflicto armado colombiano o su posición
vulnerable frente a conglomerados empresariales y la explotación de recursos naturales,
situaciones que no acontecen en este caso por lo que no se le tendrá al accionante como
sujeto de especial protección por esta razón.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no superó
el requisito de subsidiariedad, la presente solicitud de amparo constitucional será
declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el señor Juan
David Hernández Montalvo, por las razones anotadas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO. NOTIFÍCAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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