RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02550-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02550-01

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02550-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR parcialmente la providencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo solicitado, y en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puntualmente en relación con la solicitud de cambio de horario de la actora. SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la providencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en cuanto negó el amparo solicitado, y en su lugar TUTELAR el derecho a la salud de la actora. En consecuencia, se dispone: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración judicial de Bucaramanga que en el término de treinta (30) días desde la notificación de esta providencia, realice las actividades administrativas para garantizar el acceso al micrófono externo recomendado por el médico ocupacional. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga que en el término de cinco (5) días desde la notificación de esta providencia informe con precisión a la actora en qué momento se aplicará la batería de riesgo psicosocial. TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la providencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo de Estado, especialmente los ordinales segundo y tercero. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02550-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02550-01

Accionante: ANDREA CAROLINA SANABRIA GALÁN

Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A SALUD
DE SERVIDORA JUDICIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. La actora es jueza quince penal municipal con función de control de garantías de
la ciudad de Bucaramanga, nombrada en propiedad en julio de 2018. Cuenta con
diagnóstico de asma y rinitis crónica, los cuales estaban “controlados y se
exacerbaron” desde su radicación en la ciudad de Bucaramanga, recibiendo
tratamiento de las especialidades de Alergología y Neumología. Refiere una serie
de diagnósticos en la laringe, los cuales han implicado anotaciones en su historia
clínica. Adicionalmente indica que, desde el año 2021, fue diagnosticada con
trastorno mixto de ansiedad y depresión, incluso con ansiedad paroxística
episódica-trastorno de pánico-episodio depresivo moderado, “con recomendaciones
consistentes según historia clínica del 12 de abril y 10 de mayo de 2024 en NO
LABORAR EN HORARIOS NOCTURNOS, NO JORNADAS EXTENDIDAS, NO
SOBRECARGA DE TRABAJO.”1

2. Igualmente, refiere que el médico especialista en psiquiatría ordenó con destino
al empleador la aplicación de una batería de riesgo psicosocial intra y extra laboral
y estudio del puesto de trabajo.

3. Relata otro abanico amplio de recomendaciones por parte de especialistas de
medicina laboral de la E.P.S Sanitas, entre ellos (i) Se sugiere mantener horario
laboral sin exceder el tiempo estipulado en contrato; (ii) Evitar asignación de
funciones que impliquen alta carga atencional e inmediatez en las respuestas; (iii)
No asignar labores en horario nocturno; (iv) Puede realizar actividades que no

1
Folio 2 del escrito de tutela, Índice Samai 1.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

requieran utilización de la voz mayor al 50% de la jornada de manera continua, (v)
evitar un sobreesfuerzo vocal, utilización de micrófono. Por su parte el médico
ocupacional de la IPS salud Vital sugirió recomendaciones similares. Esto a su vez
reiterado por el médico laboral el 16 de enero de 2024.

4. En virtud de lo dispuesto por el médico ocupacional en relación con la necesidad
de uso de micrófono, la actora elevó una petición en ese sentido ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, autoridad que dio respuesta en los
siguientes términos: “En relación al asunto, me permito comentarles que lo que
corresponde a su requerimiento, de momento, según indica el almacén, la seccional
no tiene a disposición este elemento solicitado, ni ha sido asignado presupuesto
para compras de tecnología debido a indicaciones del nivel central”.

5. Adicionalmente, señala que todas estas recomendaciones médicas de los
especialistas han sido puestas en conocimiento de las dependencias competentes.
Puntualmente, asuntos laborales y salud ocupacional-seccional Bucaramanga.
Indica que las recomendaciones no han sido tenidas en cuenta por las entidades
accionadas:

“A la fecha no he recibido respuesta alguna con relación a dicha solicitud,
encontrando exclusivamente que el 8 de marzo de 2024 la COORDINACIÓN DEL
CENTRO DE SERVICIOS SPA BUCARAMANGA para ese momento indicó que
estaría a la espera “de las determinaciones adoptadas por parte de la Dirección y el
Consejo Seccional de la Judicatura dentro del proceso que se le adelanta en el
COPASST por su situación de salud personal”, denegando de manera expresa la
aplicación de las recomendaciones señalando “mientras tanto el reparto y lo que
atañe a este Centro de Servicios Judiciales continuará de manera normal tal cual se
determinó por parte del Comité de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
el pasado 22 de febrero de 2024.”

6. Afirma que se ve forzada a trabajar en las condiciones actuales hasta que su
estado de salud se lo permite, por el impacto económico que lógicamente generan
las incapacidades para el sostenimiento de su núcleo familiar. Por lo anterior solicitó
tutelar sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, integridad personal y
trabajo en condiciones dignas, y en consecuencia se ordene a las autoridades
accionadas procedan a garantizar el cumplimiento a las recomendaciones laborales
y ocupacionales expedidas desde el 16 de enero y 26 de febrero de 2024 reiteradas
recientemente por los médicos tratantes, y las que a futuro se emitan. En esa
medida, también solicitó suministrar micrófono técnicamente adecuado para el uso
de la voz, y sistema de amplificación adecuado para la realización de audiencias, a
la asignación de instalaciones de Despacho en condiciones idóneas y óptimas para
el cumplimiento de las mismas, y la aplicación de batería de riesgo psicosocial intra
y extralaboral y estudio puesto de trabajo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Contestación de la acción de tutela

7. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga2 indicó que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno pues, en relación a los requerimientos
realizados por parte de la accionante se le ofrecieron una serie de alternativas para
el desarrollo de sus funciones, como la Coordinación del Centro de Servicios del
Sistema Penal Acusatorio que realizara solicitud de traslado a otro despacho
Judicial. Así mismo, se informó que mediante la Resolución CSJSAR24-333 del 29
de mayo de 2024, esa Corporación dispuso que el turno del 28 al 29 de mayo de
2024, 11 al 14 de junio 2024 y 24 al 28 de junio de 2024 asignado a la actora se
realice en el horario de 10:00 AM a 6:00 PM.

8. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
precisó que la mayoría de las “recomendaciones” dadas a la accionante escapan
de la órbita funcional de esa Dirección Seccional, pues algunas competen a su
autoridad nominadora como la concesión de permisos y la reasignación de
funciones; otras competen al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander,
como la asignación de horarios y turnos de garantías, y la gran mayoría competen
acatar a la misma funcionaría, comoquiera que refieren a hábitos y estilo de vida.
Respecto a la visita al lugar de trabajo para realizar examen al mismo, se informó
que, el 2 de diciembre de 2022, se llevó a cabo una inspección de las condiciones
al puesto de trabajo de la funcionaria, de donde se observa iluminación, temperatura
y ambiente adecuado sin contaminación auditiva, y se recomienda higiene de
postura y pausas activas.

9. Adujo que, conforme los exámenes médico-ocupacionales la actora puede
continuar ejerciendo su labor junto con una serie de recomendaciones de las cuales
la entidad está informada. De igual manera, indica que, el día 16 de enero del 2023,
fue allegado al área de Asuntos Laborales, por parte del Departamento de Medicina
Laboral- Regional Bucaramanga de la EPS SANITAS, en donde se comunica que,
a raíz de los procesos de auditorías internos de la entidad se conceptúa el reintegro
a la vida laboral de la accionante con una serie de recomendaciones médicas para
cumplimento intra y extra laboral por el período de seis meses. Finalizó su
intervención, diciendo:

“(…) respecto de la “utilización de micrófono”, debe indicarse que es competencia
de esta Seccional brindar todas las herramientas tecnológicas a los funcionarios y
empleados judiciales para el correcto desempeño de sus funciones, es por tal razón,
que me permito informar que la funcionaria Andrea Carolina Sanabria Galán cuenta
en su inventario con dos equipos de cómputo, uno de escritorio marca HP y un
portátil marca ACER, los cuales cuentan con todas las especificaciones técnicas
adecuadas para garantizar la utilización de micrófono incorporado durante las
diligencias en que se requiera el mismo, como lo manifestó el Ingeniero de Sistemas
del Grupo de Mantenimiento y Soporte tecnológico, mediante correo electrónico del
28 de mayo del presente año, así mismo se adjuntan las fichas técnicas de los
citados equipos de cómputo”.

2
Índice samai No. 017.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

10. El Centro de Servicios judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de
Bucaramanga3 informó que llevó el caso de la actora al comité del Centro de
Servicios el concepto de medicina laboral, en donde se puso de conocimiento el
proceso que se le adelanta en el COPASST por su situación de salud personal,
concluyendo que se trata de un asunto de la Dirección Seccional y del Consejo
Seccional de la Judicatura tomar las medidas pertinentes.

11. La ARL Positiva4 sostuvo que el empleador de la accionante nunca ha reportado
a la actora como beneficiaria del régimen de protección de seguridad en el trabajo.
Afirmó que: “Teniendo en cuenta que en nuestro sistema de información no se
evidencia reporte de algún evento perteneciente a la señora ANDREA CAROLINA
SANABRIA GALAN, es posible establecer que las recomendaciones a las que hace
referencia en la tutela no fueron expedidas por POSITIVA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A., por lo cual no es viable para esta administradora garantizar el
cumplimiento a las recomendaciones laborales y ocupacionales expedidas.”

12. Finalmente, la presidencia del Tribunal Superior de Bucaramanga 5 argumentó
que, una vez la actora informó de las recomendaciones de medicina laboral y
medicina ocupacional, se dispuso a oficiar a la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de esa ciudad, el 16 de febrero de 2024. Insistió en que, el
Tribunal siempre ha procurado cumplir con la gestión pertinente dentro de sus
competencias a través de Presidencia, en razón a ello se le concedió teletrabajo,
permisos para citas médicas, exámenes etc. Y a través de la sala de gobierno a lo
largo de los años 2023 y 2024 se le ha concedido a la Dra. Andrea Carolina Sanabria
Galán diferentes licencias de incapacidad por enfermedad y prórrogas peticionadas.

Sentencia de primera instancia

13. En providencia de 4 de julio de 2024, la Sección Cuarta de esta Corporación
negó las pretensiones de la acción de tutela e instó al Tribunal Superior de
Bucaramanga para que, con apoyo de la dirección ejecutiva seccional de
administración Judicial de esa capital determinen la viabilidad de la adopción de las
recomendaciones médico-laborales con que cuenta la accionante. Asimismo, instó
a la actora para que continúe con el trámite de calificación de origen de la
enfermedad.

14. Consideró que las recomendaciones médico-laborales han sido atendidas por
las autoridades accionadas, pues se han otorgado los permisos para asistir a las
citas con los especialistas, se han reconocido las licencias por salud, se ajustó su
turno de trabajo para que se produzca dentro de las horas del día, evitando el trabajo
nocturno y que no supere las ocho horas de trabajo diario. A través de la Resolución
CSJSAR21-333 de 27 de mayo de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander autorizó el cambio del horario laboral de la juez 15 penal municipal con

3
Índice samai No. 059.
4
Índice samai No. 016
5
Índice samai No. 10.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

funciones de control de garantías de Bucaramanga, en el sentido de indicar que
corresponde a la jornada comprendida entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m.

15. En criterio del fallador de primera instancia, se evidencia que se han adelantado
actuaciones orientadas a atender las recomendaciones médicas emitidas a favor de
la accionante, y el análisis técnico de los equipos que emplea en sus actividades
jurisdiccionales y la asistencia psicosocial que recibe.

16. Concluyó que no se constata incumplimiento por parte del empleador de la
obligación señalada en el artículo 2.2.4.6.825 del Decreto 1072 de 2015, ni de los
objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial,
el de obtener «la protección y promoción de la salud de los trabajadores», pues se
implementaron medidas encaminadas a salvaguardar la salud de la demandante y
asegurar que el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales no incide de manera
negativa en ella. En todo caso, el juez de tutela de primera instancia instó al Tribunal
para que, en común acuerdo con la demandante y las demás instancias
relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones médico-laborales
construyeran acuerdos que permitieran, por un lado, que la servidora judicial cuente
con condiciones para la mejoría de su salud, y por el otro para la adecuada
prestación del servicio de administración de justicia. También se instó a la
demandante para que continúe con el trámite de calificación de origen de la
enfermedad a efectos de que pueda adoptar acciones tendientes al reconocimiento
de una pensión de invalidez o reubicación laboral.

Impugnación

17. Dentro del término legal, la actora presentó impugnación contra el fallo y señaló
que la providencia de primera instancia incurrió en omisiones relevantes que hacen
necesario que sea revocada, y en su lugar amparen sus derechos constitucionales.
Por un lado, indicó que las medidas de ajuste de su horario de trabajo no benefician
su salud y el tratamiento que le ha sido prescrito, pues en realidad aumentan sus
horas de labor. Si bien se ajustó su horario de atención al público, esa determinación
por parte de las autoridades accionadas es improvisada y no atiende a su situación
de salud. Estima que el cambio de horario es apresurado y no el resultado del
estudio juicioso de su condición física.

18. Por otro lado, reprocha que la providencia impugnada admite que las
autoridades accionadas han incurrido en acciones omisivas y poco consideradas
con su situación de salud, pero se abstiene de ordenar el amparo constitucional
solicitado. Indicó en el recurso que la providencia no hizo consideraciones sobre la
ARL, sobre el hecho que las instalaciones en las que funciona el juzgado son
precarias, y que el nuevo horario de trabajo implica una nueva sobrecarga de trabajo
que le impide atender las citas médicas. Asimismo, reprochó que el juez de tutela
de primera instancia no examinó todo el expediente y el material probatorio que
acompaña la tutela, pues en su criterio de las recomendaciones de los médicos
tratantes se impone la necesidad de que el Tribunal Superior de Bucaramanga y el
Consejo Seccional de Santander accedan a sus solicitudes de atender su situación

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

concreta de salud. Echó de menos un estudio más detallado de los documentos
allegados al expediente de tutela. Indicó en el recurso:

“Esto por cuanto el nuevo turno conllevó una variación abrupta de mis condiciones
labores y rutinas de vida y de trabajo, desmejorándolas sin sustento lógico para ello,
EXPOSICIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO evidenciados, sin espacio de tiempo
para almorzar durante toda la semana, sujetos al reparto o asignación de audiencias
en cualquier momento, en la mitad de dos turnos para apoyar los mismos dado la
dinámica del reparto - sobrecarga de trabajo-, la realización de todas las audiencias
que implican INMEDIATEZ, EL USO DE LA VOZ MAYOR AL 50% DEL TIEMPO DE
LA JORNADA DE MANERA CONTINUA e impide REALIZAR PAUSAS DE
RECUPERACIÓN, la extensión del horario del turno más del término de las 8 horas
e incluso compromete el horario nocturno puesto que se continúa haciendo reparto
hasta las 5:00 p.m. según el reglamento del Centro de Servicios SPA Bucaramanga,
y sin espacio para asistir a citas, terapias o consultas programadas, entre otras
problemáticas evidenciadas.”

19. Denunció que, no se tuvo en cuenta que las entidades accionadas han incurrido
en renuencia en cumplir las recomendaciones laborales, motivo por el cual, se hace
necesario realizar ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO Y BATERIA DE RIESGO
a efectos precisamente de dar continuidad al proceso y para que se adopten las
medidas necesarias en su caso. Reprocha que un ingeniero que no es experto en
sonido, conceptuó indicando que la actora cuenta con las herramientas necesarias
para el desarrollo de sus actividades, puntualmente el desarrollo de las audiencias
judiciales en su condición de juez de control de garantías. Insistió en que requiere
un micrófono que atienda directamente su situación diferenciada conforme la
prescripción médica. Precisó que, los profesionales de la salud han prescrito en su
historia clínica: “Paciente que experimenta un grado de incapacidad vocal GRAVE
en los aspectos Funcional, Físico y Emocional que interfieren con su calidad de vida
a nivel laboral y social, se recomiendan ajustes laborales para el uso de la voz de
manera urgente”. Adujo que los especialistas recomendaron “REPOSO VOCAL
OBLIGATORIO con reducción de la carga vocal urgente mediante ajustes
ocupacionales”, y el uso de un micrófono externo al computador, así como la
revisión de las condiciones ambientales del área de trabajo. Censuró que:

“El uso del micrófono integrado al computador, es el asignado desde hace varios
años a la suscrita sin que hubiese representado por sí solo un impacto positivo en
mi condición de salud, de ahí la especificación por parte del médico laboral que con
esa evidencia señaló la necesidad de contar con dicho dispositivo como herramienta
para mitigar la sintomatología, la cual junto al reposo a través de ajustes
ocupacionales permitirán mi recuperación”.

20. Reiteró que, “en este caso no se está cuestionando ni solicitando la realización
de pausas activas, sino el cumplimiento de las recomendaciones laborales
concretas y específicas otorgadas por los médicos tratantes y que se encuentran
vigentes, determinantes para lograr mi recuperación”. Recuerda que su médico
tratante de especialidad psiquiatría sugiere “EVALUAR LA POSIBILIDAD DE
LABORAR EN TURNO DE 6 AM A 2 PM.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

21. Recordó que sus médicos tratantes han “considerado” la necesidad y pertinencia
de realizar el estudio técnico, de PUESTO DE TRABAJO Y BATERÍA DE RIESGO
PSICOSOCIAL y/o PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN SOCIOLABORAL a
efectos de dar continuidad a su caso, sin embargo, los accionados de manera
arbitraria e injustificada se han negado a ello, aspecto frente al cual no se hizo
ningún análisis o estudio en el fallo de tutela, desconociendo que dichos elementos
son trascendentales para dar aplicación a las restricciones o recomendaciones
laborales, pues de esa manera se podrá establecer técnicamente de acuerdo a su
condición de salud los términos en que puedo cumplir las funciones del cargo. Por
lo anterior, insistió en que su situación de salud ha empeorado y que es necesaria
la intervención del juez constitucional. Solicitó en consecuencia, revocar el fallo de
instancia, y ordenar a las entidades accionadas “procedan a dar cumplimiento a las
recomendaciones laborales y ocupacionales expedidas desde el 16 de enero y 26
de febrero de 2024 reiteradas recientemente por los médicos tratantes”,
específicamente brindar instrumentos técnicos para el cuidado de la voz, práctica
de higiene alimentaria, del sueño, mental, y evitar la exposición a los alérgenos.

Consideraciones
Competencia

22. Esta Subsección es competente para conocer, en instancia de impugnación, de
esta acción de tutela conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

23. En primer lugar, la subsección debe resolver si la acción de tutela es procedente
en el caso concreto. En segundo lugar debe establecer si las entidades accionadas
incurrieron en vulneración a los derechos fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas, y al trabajo de la actora, al no implementar las
recomendaciones proferidas por el médico tratante, el profesional de medicina
laboral y ocupacional y la fonoaudióloga, respecto de los ajustes que se deben
realizar en las condiciones de trabajo de la accionante.

24. Para lo anterior la subsección; (i) examinará la procedencia formal de la acción
de tutela en el caso concreto; (ii) posteriormente reiterará el precedente
constitucional sobre la necesidad de aplicar los estándares de ajustes razonables
en la esfera del trabajo y (iii) las obligaciones legales de los empleadores en relación
con las recomendaciones de los médicos laborales en el contexto del sistema de
seguridad social, puntualmente los riesgos en salud durante el trabajo. (iv) Con base
en estas indicaciones resolverá el caso concreto.

Examen de la procedibilidad formal de la acción de tutela

25. La jurisprudencia constitucional ha indicado que, antes de examinar el fondo de
un asunto sometido a su competencia, el juez de tutela debe examinar si se

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

satisfacen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva,
subsidiariedad e inmediatez.

26. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa6 puesto que la
actora es la titular de los derechos a la salud, trabajo en condiciones dignas y vida,
presuntamente vulnerados por las conductas omisivas de las entidades accionadas.
Además, en punto al examen de la legitimación en la causa por pasiva, esta
subsección encuentra que el Tribunal de Distrito Judicial de Bucaramanga es la
entidad nominadora de la actora y en esa medida, conforme la ley 270 de 1997,
artículo 131, tiene obligaciones legales respecto a la situación laboral de la actora.
En idéntica situación se encuentran el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y la Dirección Seccional de la Administración de Justicia, autoridades que
conforme el artículo 101 y 103 de la Ley 270 de 1996 deben administrar los bienes
y recursos destinados para el funcionamiento de la rama judicial y establecer los
turnos para que los jueces con funciones de control de garantías ejerzan su
competencia. El comité paritario de seguridad social y salud en el trabajo y el centro
de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Bucaramanga son espacios
de articulación de trabajo en la rama judicial y en consecuencia tienen intereses en
las eventuales órdenes que llegaren a proferirse en esta providencia.

27. Finalmente la ARL Positiva se encuentra en la misma situación que las últimas
dos entidades, pues pueden verse afectadas por las decisiones que lleguen a
adoptarse en la providencia, en razón a que sus competencias legales implican la
atención de dificultades de salud durante el ejercicio de la función jurisdiccional de
la actora.

28. En punto al examen del requisito de inmediatez, esta Corporación concluye que
se satisface pues la actora denuncia omisiones en la adopción de determinaciones
administrativas que presuntamente afectan el desarrollo de sus funciones. La
omisión que reprocha la accionante se extiende en el tiempo y por esa vía es actual
y cierta la supuesta vulneración y amenaza de sus derechos. Se concluye que se
encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.

29. Por último, respecto al requisito de subsidiariedad, la sala determina que, en el
caso concreto no existe otro procedimiento judicial7 que tenga la finalidad de atender
la petición de protección de la actora. Específicamente la dirigida a que se
implementen las recomendaciones de los médicos laborales y ocupacionales, así
como su médico tratante. Podría considerarse que la Ley 1122 de 2007, modificada
por la ley 1949 de 2019 concedió funciones jurisdiccionales a la superintendencia
nacional de salud para, con facultades judiciales, atender peticiones dirigidas a
resolver inconvenientes sobre acceso y garantía al derecho a la salud. Sin embargo,
las facultades previstas en el artículo 41 de la mencionada ley solo se refiere a

6
Art. 10 del decreto 2591 de 1991
7
El artículo 6 del decreto 2591 de 1991 prescribe que un actor en tutela debe agotar todos los
mecanismos de defensa judicial existentes.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

temáticas puntuales8, entre las cuales no se incluye la solicitud de implementación
de recomendaciones de medicina laboral.

Ajustes razonables en la esfera del trabajo

30. En su escrito de impugnación, la actora recuerda que conforme a la
jurisprudencia constitucional, la discapacidad es socialmente construida. Esto en
atención a que, como lo muestran instrumentos internacionales y las propias
decisiones constitucionales, la discapacidad es percibida como una carencia o
déficit de una persona, sin percatarse que, la misma es una exigencia social a partir
de valores de rendimiento o productividad9. En el mismo sentido se ha explicado
que una sociedad que valora positivamente la eficiencia, la agilidad en la
terminación de procedimientos de diversa índole, la fluidez en las comunicaciones,
en la locomoción, etc., concluirá que personas con dificultades para satisfacer
dichos valores carecen de atributos que los hace estar en situación de discapacidad.
Sin embargo, la jurisprudencia mencionada, señala que esta carencia no es esencial
u ontológica, sino socialmente construida. Siguiendo el precedente constitucional se
reitera10:

“Como lo ha indicado en otras providencias11, la discapacidad es socialmente
construida, en tanto se ha entendido que, no se trata de una deficiencia o carencia
ontológica de las personas, sino de la manera en la que las instituciones sociales
jerarquizan a los individuos en virtud del rendimiento, eficiencia, o sanidad de los
sentidos. Así, existe una persona en condición de discapacidad, en atención a que,

8
“a) Cobertura de los servicios, tecnologías en salud o procedimientos incluidos en el Plan de
Beneficios en Salud (Plan Obligatorio de Salud), cuando su negativa por parte de las Entidades
Promotoras de Salud o entidades que se les asimilen ponga en riesgo o amenace la salud del
usuario, consultando la Constitución Política y las normas que regulen la materia.// b)
Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado en los siguientes casos://
1. Por concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una Institución Prestadora de
Servicios de Salud (IPS) que no tenga contrato con la respectiva Entidad Promotora de Salud (EPS)
o entidades que se le asimilen.// 2. Cuando el usuario haya sido expresamente autorizado por la
Entidad Promotora de Salud (EPS) o entidades que se le asimilen para una atención específica.// 3.
En los eventos de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la
Entidad Promotora de Salud o entidades que se le asimilen para cubrir las obligaciones para con sus
usuarios.// c) Conflictos derivados de la multiafiliación dentro del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y de este con los regímenes exceptuados.// d) Conflictos relacionados con la libre
elección de entidades aseguradoras, con la libre elección de Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud dentro de la red conformada por la entidad aseguradora; y conflictos relacionados con la
movilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.// e) Conflictos entre las
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y/o entidades que se le asimilen y sus usuarios
por la garantía de la prestación de los servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios,
con excepción de aquellos expresamente excluidos de la financiación con recursos públicos
asignados a la salud.// f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre
entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
9
Se sigue, C-025 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) T-115 de 2022 (M.P. Karena
Caselles), T-257 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
10
En la T-340 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz) se explica: “En resumen, la discapacidad va más
allá de un problema de salud individual y no se traduce en una desventaja. En efecto, es la situación
que rodea a la persona y la falta de oportunidades lo que genera tal condición. Por tanto, la
discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de
las cuales son creadas por el contexto social”
11
Corte Constitucional, Sentencia, C-025 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) C-149 de 2018
(M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

la sociedad valora el rendimiento personal, la eficacia y la productividad, si estos no
fueran los valores hegemónicos, en esa medida, una persona que no responda a
ellos no estaría en una condición de déficit o carencia.”

31. A título de ejemplo se puede indicar que, una sociedad en la que la arquitectura
privilegia la locomoción de personas que se desplazan caminando, socialmente
construye deficiencias de locomoción de personas que se desplazan utilizando sillas
de ruedas o bastones. En esa medida, la discapacidad es construida por la
arquitectura. Se puede imaginar una sociedad que valore más el desplazamiento
fluido de personas que se movilizan en sillas de ruedas, y por ejemplo la arquitectura
urbana se adecúa a ello, y por esa vía la carencia de una persona en silla de ruedas
desaparece.

32. Debido a que la discapacidad es socialmente construida, y no pasa por una
carencia ontológica de las personas, la misma es temporal. Volviendo sobre el
ejemplo de la arquitectura urbana, si las construcciones de calles y espacios
públicos se diseñan atendiendo las necesidades de personas que se movilizan
utilizando bastones, muletas o sillas de ruedas, la supuesta discapacidad se supera.
En consecuencia, la legislación nacional e internacional sobre la materia parten de
la premisa que la discapacidad puede llegar a ser temporal, no solo por la
superación de situaciones médicas, sino especial y protagonicamente por la
implementación de ajustes razonables que corrigen las barreras y obstáculos que
la sociedad construye respecto de personas que son equivocadamente
patologizadas.

33. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año
2006, indica que, una persona con discapacidad incluye a aquellas que, “tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 2) y que en todo
caso, los Estados parte del instrumento tienen la obligación de realizar ajustes
razonables para garantizar la igualdad de derechos de las personas en condición
de discapacidad. Estos ajustes razonables se entienden como “las modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.

34. A nivel nacional, los mandatos de promoción y protección a favor de la población
en situación de discapacidad o con movilidad reducida también han sido objeto de
desarrollo por parte del legislador, entre las que se destaca la Ley Estatutaria 1618
de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. La mencionada
disposición prescribe que “Personas con y/o en situación de discapacidad” son
aquellas “personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

35. Con base en lo anterior, la jurisprudencia constitucional12 ha entendido que una
persona que vive un diagnóstico médico relacionado con “deficiencias físicas o
mentales” y que el mismo se extiende en el tiempo, y constituye una barrera para el
ejercicio en condiciones de igualdad de derechos constitucionales es una persona
que vive una discapacidad, y en consecuencia se activa una serie de garantías
constitucionales de rango constitucional y estatutario, todas dirigidas a garantizar el
ejercicio en igualitario de sus derechos.

36. La norma estatutaria también señala que, las barreras de acceso son aquellos
obstáculos que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad. Estas pueden ser, entre otras, comunicacionales, puntualmente
aquellas que se presentan como un obstáculo que impide o dificulta, en condiciones
de igualdad, el proceso comunicativo de las personas con discapacidad (art. 2 Num.
8). Adicional a ello, la norma estatutaria prescribe que, todas las entidades estatales
deberán incorporar en sus planes de desarrollo, sectoriales e institucionales, una
política pública de discapacidad con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad. El artículo 5 Numeral 4 impone la
obligación de:

“Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios
destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las
personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social,
y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.”

37. Existe una obligación estatutaria directamente dirigida a que los planes
sectoriales de desarrollo de las entidades públicas incluyan presupuesto para
implementar ajustes razonables en beneficio del derecho a la igualdad de las
personas con discapacidad.

Normatividad sobre recomendaciones de médicos laborales y ocupacionales.

38. La Ley 1562 de 2012 regula el sistema general de riesgos laborales. La
mencionada normatividad indica que, la salud ocupacional es la “disciplina que trata
de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” Su objetivo es “anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud
en el trabajo”.

12
T-340 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), además T-425 de 2022 (M.P. Hernán Correa
Cardozo).

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

39. A nivel reglamentario, el capítulo 6 del decreto reglamentario 1072 de 2015
reglamenta el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El artículo
2.2.4.6.3. reiteró que la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que
trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en
el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental
y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Por su parte, el artículo
2.2.4.6.8, en su numeral 8° indica que el empleador tiene el deber de “adoptar
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e
instalaciones.” En la misma vía, el empleador tiene el deber de implementar y
desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

40. Se observa que todos los empleadores tienen la obligación de implementar
decisiones dirigidas a prevenir la consolidación de riesgos y consumación de
peligros de riesgos laborales. Para ello, la medicina ocupacional tiene un papel
importante en la prevención de fuentes de peligro y afectación de la salud mental y
física de los trabajadores y trabajadoras.

Caso concreto

41. Descendiendo al caso concreto, se observa que la actora es una servidora
judicial que, al menos desde el año 2022 ha sido diagnosticada con varias
patologías que, según lo manifiesta afecta el desarrollo de sus funciones judiciales.
Entre ellas se encuentran diagnósticos de médicos especialistas en psiquiatría y
profesionales en fonoaudiología. Como parte de esos diagnósticos, a título de
“recomendaciones” se ha sugerido a la actora, entre otras cosas, trabajar en horas
diurnas, no afectar las horas de sueño, realizar actividades de descanso, y se le han
prescrito tratamientos farmacológicos. Asimismo, se ha indicado que la actora tiene
una afectación grave en su voz. Por lo anterior, al menos temporalmente y en un
mediano plazo, la Sala concluye que la actora vive una discapacidad en los términos
de la Ley 1618 de 2013.

42. Consecuencia de lo anterior, en criterio de esta Corporación, los hechos del
escrito de impugnación deben ser examinados a la luz de estos parámetros
constitucionales e internacionales. En su escrito de impugnación la actora
manifiesta que el cambio del horario de trabajo se produjo como resultado de que
inició el medio constitucional de amparo. Y que el mismo fue improvisado y no
atiende verdaderamente su situación laboral. En efecto, mediante acuerdo No. 163
de 29 de mayo de 2024, se produjo la asignación de un horario de trabajo de 10:00
a.m. a 6:00 p.m. Este horario de atención de audiencias públicas, en criterio de la
actora, no le permite un descanso adecuado a la hora del almuerzo, pues exige que

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

se atiendan requerimientos judiciales permanentemente, motivo por el cual estima
más conveniente el horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

43. Examinado el escrito de impugnación se verifica que mediante acuerdo
CSJAA24-205 de 11 de julio de 2024, es decir después de proferida la decisión de
tutela de primera instancia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
modificó el acuerdo y se determinó que el horario de atención de diligencias
judiciales del juzgado 15 penal municipal con función de control de garantías de
Bucaramanga es de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. desde el 15 de julio de 2024 hasta el 18
de diciembre de 2024. En el mencionado acuerdo, el consejo seccional indica que,
el horario fue definido consensuadamente entre dicha autoridad y los titulares de los
juzgados 15 y 16 penales municipales: “en la que manifiestan su disposición de
laborar en un turno fijo entre semana para el Juzgado 15 Penal de Garantías, de 6
A.M. a 2 P.M., y otro turno fijo entre semana para el Juzgado 16 Penal de Garantías
de 2 P.M. a 10 P.M”13.

44. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que se trató de una decisión
totalmente independiente del Tribunal, sin intervención alguna del juez
constitucional. En esa medida, conforme el artículo 6 del decreto 2591 de 1991,
corresponde revocar el fallo de primera instancia y declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, como quiera que la parte accionada garantizó la
protección del derecho constitucional invocado en los términos pretendidos por la
parte actora14.

45. Por otro lado, debe indicarse que en los documentos allegados por la actora en
la sede de segunda instancia se evidencia que, en recomendación médica de 31 de
mayo de 2024, suscrita por la fonoaudióloga especialista se indica que, la actora
“experimenta un grado de incapacidad vocal grave, en los aspectos funcional, físico
y emocional que interfieren con su calidad de vida a nivel laboral y social, se
recomiendan ajustes laborales para el uso de la voz de manera urgente”15. Este
ajuste fue indicado como un micrófono externo de unas específicas condiciones
técnicas descritas en las recomendaciones de medicina ocupacional. En criterio de
esta subsección es de recibo el argumento de la parte actora conforme al cual, la
posición de la dirección seccional de la administración de justicia de Bucaramanga
carece de fundamento cuando, con base en el criterio de un ingeniero de sistema
se indica que, el micrófono interno del equipo de computador puede atender la
específica situación de la condición de la voz de la actora.

13
Índice samai 248 anexo al escrito de impugnación.
14
“5.1.10. El hecho superado, por el contrario, es el evento en que, al momento de emitir el fallo de
tutela, el juez constata que el obrar de la entidad accionada eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del tutelante, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada y, por tanto, se superó la
afectación” Cfr. SU-333 de 2020.
15
Folio 3 del documento de 31 de mayo de 2024, suscrito por la Dra. Jenith Karen Paredes González.
Índice samai 217, anexo al escrito de impugnación.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

46. En efecto, conforme al precedente constitucional16, y según la normatividad
nacional e internacional, las autoridades estatales tienen la obligación constitucional
de realizar ajustes razonables para atender momentos de la vida de las personas
en las que el índice de rendimiento laboral disminuye como consecuencia de
afecciones temporales de salud. Estos ajustes razonables son modificaciones o
adaptaciones necesarias y adecuadas y que no imponen una carga
desproporcionada a las autoridades y que en todo caso, permiten el ejercicio de
derechos constitucionales. En criterio de esta sala, que el micrófono interno del
computador de dotación de la actora funcione técnicamente de manera adecuada,
no es un argumento lo suficientemente robusto para revertir la recomendación
médica dirigida a que se haga el ajuste razonable de facilitar un micrófono externo.
Esto, en especial a la delicada situación de la voz de la actora.

47. En consecuencia, se revocará parcialmente la decisión de primera instancia,
con el fin de tutelar el derecho a la salud y al trabajo de la actora, y se ordenará que
como ajuste razonable la dirección seccional de administración judicial de
Santander, en el término de treinta (30) días desde la notificación de esta sentencia,
entregue como parte del inventario adscrito a la actora un micrófono externo que
satisfaga las necesidades recomendadas por el médico especialista, y el mismo se
instale en sus equipos de computación, especialmente en el que o en los que utilice
para el desarrollo de las audiencias públicas de su competencia.

48. El último aspecto en el que la actora presenta reparos se refiere a la aplicación
de la batería de atención psicosocial, la cual se solicita su aplicación, pero la
Dirección seccional de administración judicial de Bucaramanga informa que debe
esperar. En criterio de esta subsección, más allá de si en años anteriores la actora
diligenció la mencionada encuesta, eso no es argumento suficiente para que no se
haya aplicado este instrumento en el momento en que se requiere con mayor
intensidad. En esa medida, la respuesta de la entidad accionada conforme a la cual:

“(…) me permito informar que de la petición de aplicación de la batería de riesgo
psicosocial y de la realización del Análisis de Puesto de Trabajo (APT) realizada por
la Dra. Andrea Carolina Sanabria, se dio traslado a nivel central para el análisis y
apoyo a la Seccional para dar respuesta a la servidora judicial; toda vez que las dos
actividades solicitadas se realizan con apoyo de proveedores designados desde la
Coordinación Nacional de SG-SST. Frente a la consulta elevada por la Seccional, la
médico que brinda apoyo a nivel central y que tiene la custodia de la información de
los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en la entidad,
informa: "revisando las bases de datos de los servidores que diligenciaron la batería
de riesgo psicosocial durante los años 2021 – 2022 – 2023, no encuentro registro
de la servidora. Por lo anterior, se le debe recordar que este diligenciamiento se
hace de manera voluntaria y dirigida a toda la población ya que es un instrumento
de medición general más no individual del riesgo psicosocial, por lo que debe
esperar a la aplicación en esta vigencia." De acuerdo a lo anterior, se informa por
parte de la suscrita a la servidora judicial, que anualmente la entidad viene aplicando

16
T-340 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), además T-425 de 2022 (M.P. Hernán Correa
Cardozo) y T-115 de 2021 (M.P. Karena Caselles Hernández).

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

la batería de riesgo psicosocial y que la misma es ampliamente socializada a través
de los canales institucionales, extendiendo la invitación a estar atenta cuando la
entidad haga la socialización de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial para
la vigencia 2024”.17

49. La Dirección Seccional le informó a la actora que, resulta fundada su petición de
aplicar la batería de riesgo psicosocial, tal como lo recomendó el médico laboral y
de salud ocupacional, esto pues se trata de un instrumento de prevención de riesgos
laborales y de refinamiento de la atención diferenciada a los servidores judiciales.
Sin embargo, en la respuesta, la dirección seccional reprocha que en años pasados
la actora no diligenció el instrumento y en el año que corre aun no se ha iniciado la
convocatoria para que las servidoras y los servidores judiciales aporten información
al instrumento. En consecuencia, explícitamente indica que “debe esperar”, sin
atender a la especial situación de la peticionaria, y sin ofrecer información sobre
cuánto tiempo se extenderá la espera. Una respuesta en la que hubiera señalado,
aproximadamente, el momento en que se espera aplicar dicho instrumento de
medición, y especialmente una respuesta que no responsabilice a la solicitante,
habría sido un camino adecuado para tender caminos de comunicación entre las
partes.

50. Se reprocha de la respuesta de la Dirección Seccional que carece de aplicación
de enfoques diferenciales, puntualmente uno que atienda a la condición médica de
la actora y que, por esa vía, de manera preventiva y asertiva hubiera ofrecido
información concreta sobre el momento de aplicación de la batería de riesgo
psicosocial, superando la simple petición de espera. A juicio de esta Sala esta
respuesta no atiende la especial situación de la actora y a su condición médica,
razón por la cual, se concluye que corresponde ordenar que a la dirección seccional
accionada que, en el término de cinco días desde la notificación de la providencia,
informe adecuadamente en qué momento se realizará la aplicación de esta batería
de riesgo psicosocial.

51. En lo demás, en criterio de esta Subsección la decisión de primera instancia es
correcta en atención a que verificó que las entidades accionadas han desplegado
actividades administrativas dirigidas a atender las solicitudes de la actora para la
implementación de las recomendaciones de medicina especializada, ocupacional y
laboral. Esto se verifica en la adopción de decisiones que, como ya se indicó, se
relacionan con el ajuste de su horario de trabajo, la concesión del teletrabajo, el
reconocimiento de las licencias de incapacidad y de los permisos necesarios para
atender las citas médicas con especialistas, entre otras. No es menester adoptar,
por tanto, medidas adicionales de protección tendientes a la constatación de un
posible estado de invalidez de la actora, pues a pesar de las dificultades laborales
planteadas en la demanda, las mismas no le cercenan la posibilidad de ejercer la
facultad de administración de justicia, ni tampoco las pretensiones de la demanda
están encaminadas a tal fin.

17
Transcrito en comunicado de 29 de mayo de 2024, suscrito por el presidente del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander. Índice Samai 101 anexo al escrito de impugnación.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la providencia de 4 de julio de 2024, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo solicitado,
y en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
puntualmente en relación con la solicitud de cambio de horario de la actora.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la providencia de 4 de julio de 2024, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en cuanto negó el amparo solicitado,
y en su lugar TUTELAR el derecho a la salud de la actora. En consecuencia, se
dispone:

ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración judicial de Bucaramanga que
en el término de treinta (30) días desde la notificación de esta providencia, realice
las actividades administrativas para garantizar el acceso al micrófono externo
recomendado por el médico ocupacional.

ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
que en el término de cinco (5) días desde la notificación de esta providencia informe
con precisión a la actora en qué momento se aplicará la batería de riesgo
psicosocial.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la providencia de 4 de julio de 2024,
proferida por la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo
de Estado, especialmente los ordinales segundo y tercero.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02550-01
Accionante: Andrea Carolina Sanabria Galán
Accionado: Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.