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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02557-01

Fecha
31 de julio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02557-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la 12 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01 Demandante: Carmen Elisa Caro Triana solicitud de tutela presentada por Carmen Elisa Caro Triana, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02557-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento de sustitución pensional pese a existir
sociedad conyugal liquidada, al no acreditarse los cinco años de
convivencia anteriores al fallecimiento

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Carmen Elisa Caro Triana, en contra
de la sentencia proferida el 17 de junio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Carmen Elisa Caro Triana promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerado con ocasión de la
sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho con radicado 11001-3342-046- 2021-00053-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Esperanza Cruz de Moreno, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

Protección Social2, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
por medio de los cuales se le negó la sustitución pensional en calidad de cónyuge
supérstite.

ii) El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 25 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó la convivencia dentro de los cinco años anteriores al
deceso del causante. En contra de esta decisión Esperanza Cruz de Moreno
interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia del 11 de abril de 2024 revocó la decisión del a quo, en su lugar, declaró
la nulidad de las resoluciones enjuiciadas y ordenó a la UGPP el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional, en calidad de cónyuge supérstite, en cuantía del
59.45% de la totalidad de la prestación y, en consecuencia, reajustar la prestación
de Carmen Elisa Caro Triana al 40.55%.

iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo, por desconocimiento del artículo 19 de la Ley 797 de
2003, toda vez que la UGPP no podía suspender el acto administrativo de
reconocimiento pensional por razones diferentes a las establecidas en el artículo 19
de la Ley 797 de 2003, en razón a que no se inició proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 03714 del 9 de marzo
que ordenó «provisionalmente un traspaso y pago de la pensión» de jubilación del
causante, y la Resolución 22734 del 9 de octubre de 2000 por la cual se «reconoció
en forma definitiva la pensión de sobreviviente», las cuales se encuentran en firme.

Se incurrió en una contradicción, ya que en el fallo existieron asuntos opuestos y
excluyentes, puesto que no estudió asuntos como que no fue demandado el acto
por medio del cual se materializó un reconocimiento pensional, el cual goza de
presunción de legalidad, sin que pueda ser desconocido ni revocado por el ente
previsional.

Asimismo, incurrió en desconocimiento de su propio precedente judicial3, respecto
a que la UGPP no puede suspender el acto administrativo de reconocimiento
pensional y ello solo procede cuando una sentencia judicial desvirtúe el contenido
del acto; así como de la jurisprudencia del Consejo de Estado4, respecto al requisito

2 En adelante UGPP
3 Al respecto citó la sentencia SC3-2003-2345 del 11 de marzo de 2020, MP José Élver Muñoz

Barrera, demandante: Carmen Elisa Caro Triana contra la UGPP. Vinculada: Esperanza Cruz de
Moreno
4 Al respecto citó las sentencias del: i) 16 de septiembre de 2021, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter,

rad. 25000-23-25-000-2005-09821-02(3627-17), Actor: Sara Yaquelín Fernández Riveros,
Demandado: UGPP y Helya María Lara de Ospina; ii) 21 de enero de 2021, C.P. Dr. William
Hernández Gómez, rad. 73001-2333-000-2015-00165-01(5095-18), Actor: Deissy Pinzón Ospina,
Demandado: Departamento del Tolima, Fondo Territorial De Pensiones; iii) 30 de enero de 2020,
C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 13001233300020140002801, Actora: Nelly Cecilia
Mejía Rodríguez, Demandado: Universidad de Cartagena; iv) 15 de septiembre de 2016, C.P. William

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Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

de la convivencia y vida en común durante los últimos 5 años anteriores a la muerte
del pensionado, para el cónyuge sobreviviente con sociedad conyugal liquidada,
pues, le dio validez al argumento de que la liquidación fue simulada en virtud de un
accidente de tránsito.

El fallo creo una situación de indefensión, en la medida en que contra este no
proceden recursos, así como un conflicto para la UGPP y la Contraloría General, ya
que se reconoció la existencia de dos órdenes de reconocimiento y pago, pese a
que la disponibilidad presupuestal es para pagar una sola obligación.

Se vulneró el principio de congruencia y consonancia de la apelación, puesto que
acogieron las propuestas de inexistencia jurídica de las Resoluciones 03714 del 9
de marzo y 22734 del 9 de octubre de 2000.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 5.1.- Se revoque el fallo de 11 de abril de 2024, notificado el 16 de abril de 2024,
del H. Tribunal Administrativo De Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
por las razones expuestas.

5.2.- Se ordene que el acto administrativo del reconocimiento pensional a la suscrita
accionante se encuentra en firme, no ha sido revocado, no ha sido demandado ante la
Autoridad Jurisdiccional y no se ha declarado judicialmente su nulidad, que comprende:

La resolución No. 3714 de 09 de marzo de 2000 que ordenó provisionalmente un
traspaso y pago de la pensión de jubilación en virtud del artículo 3 de la ley 44 de 1980.
En razón a que “…(..).. el Señor RAÚL MORENO SALGADO, el 13 de abril de 1999,
presentó ante esta Entidad memorial declarando como beneficiario para el traspaso de
su pensión a su compañera permanente CARO TRIANA CARMEN ELISA y a sus hijos
menores …” {pág. 359 al 362 del archivo 52allegaexpediente10mayo2023} La resolución
No. 22734 de 09 de octubre de 2000 por la cual se reconoce una pensión de
sobrevivientes y ordenó: “Reconocer pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, con
ocasión del fallecimiento el(la) señor(a) MORENO SALGADO RAÚL, ya identificado(a),
a favor del(a) Señor(a) CARO TRIANA CARMEN ELISA, ya identificado(a) en calidad de
compañera permanente, efectiva a partir del 03 de noviembre de 1999 en cuantía de
…(..)” {pág. 493 al 497 del archivo 52allegaexpediente10mayo2023} […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá5 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

Hernández Gómez, rad. 25000-23-42-000-2013-04442-01(1076-15), Actor: María Carlina Sierra de
Zapata, Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica.
5 Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado

«9RECIBE PRUEBAS_OneDrive_1_2752024zi(.zip) NroActua 9»

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Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

1.2.2. Esperanza Cruz de Moreno6 solicitó se declarara la improcedencia de la
petición de amparo, toda vez que no satisface los requisitos generales de
procedibilidad, específicamente el de la relevancia constitucional, pues, su
verdadera intención es convertir la tutela en una instancia adicional del proceso
contencioso.

Desde el 2014 ha reclamado su cuota parte de la pensión en calidad de cónyuge
supérstite, razón por la cual, inició proceso laboral, el cual le correspondió al
Juzgado Noveno Laboral de Cali, donde se le otorgó el 52,06% de la sustitución
pensional, lo cual fue confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali,
en sentencia del 18 de noviembre de 2018.

Carmen Elisa Caro Triana, en calidad de compañera permanente y vinculada al
proceso, solicitó la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción y
competencia, y la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Cali;
respecto de lo cual, el tribunal superior decretó de nulidad de todo lo actuado.

Ahora, la demandante pretende dejar sin efectos la sentencia con insinuación que
se indujo extraprocesalmente al ad quem para fallar a su favor, cuando ante
cualquier presunta irregularidad procesal su abogado tuvo la oportunidad de
advertirla, sin embargo, guardó silencio.

1.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B7 solicitó se negaran las pretensiones de la petición de amparo, toda
vez que la verdadera intención de la demandante es efectuar un nuevo debate
probatorio, cuando el hecho de que la pensión se le haya disminuido no significa
que la valoración haya sido incorrecta.

Indicó que la demanda fue instaurada por Esperanza Cruz de Moreno en su calidad
de cónyuge de Raúl Moreno Salgado, donde solicitó la nulidad de las resoluciones
del 2014, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, es claro que iba a demandar los actos que vulneraran sus
propios derechos, y no los de los demás.

Carmen Elisa Caro Triana fue vinculada al proceso ordinario, en el que se le permitió
actuar activamente en el proceso, en tanto se discutió el derecho que le asistía de
continuar percibiendo la sustitución pensional, cuya defensa fundamentó en el
requisito de convivencia durante los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante, así como en liquidación de la sociedad conyugal de este y su pareja; sin
embargo, en el caso bajo análisis tales presupuestos no afectaban el derecho de la
demandante, en calidad de esposa durante 22 años.

6 Ver índice 13 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado
«20_MemorialWeb_ContestacionTutela(.pdf) NroActua 13»
7
Ver índice 14 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado
«22RECIBE MEMORIAL_Memorial_CONTESTATUTELACARMEN(.pdf) NroActua 14»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

Respecto a este escenario, recordó que la Corte Constitucional ha precisado las
reglas para el reconocimiento de la sustitución pensional cuando existe cónyuge y
compañero permanente, esto, de cara con el estudio del material probatorio permitió
concluir que a las dos le asistía el derecho al reconocimiento prestacional.

Tampoco es cierto que se le haya generado una irregularidad a la UGPP a efectos
del pagó, pues, en la sentencia se le indicaron los parámetros para tener en cuenta
al momento de pagar, así como los porcentajes y fechas, del cual se estableció que
a la cónyuge supérstite le correspondía el 59.45%, mientras que a la compañera
permanente el 40.55%.

1.2.4. La UGPP8 solicitó se declarara la improcedencia al no cumplir con el requisito
de la subsidiariedad, o en su defecto, se negara el amparo pretendido ante la
inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

La tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar prestaciones económicas,
menos cuando no se probó la existencia de un perjuicio irremediable, así como
tampoco se incurrió en el defecto sustantivo ni en el desconocimiento del
precedente alegado.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 17 de junio
de 2024 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad, específicamente, el de
subsidiariedad, toda vez que las pretensiones pudieron ser dilucidadas mediante el
recurso extraordinario de revisión, de acuerdo a las causales descritas en los
numerales 5, 7 y 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

1.4. Escrito de impugnación10

Carmen Elisa Caro Triana impugnó la decisión del a quo en tanto no se realizó un
estudio de fondo al respecto, pues, contrario a lo allí considerado, las causales de
revisión contenidas en los numerales 5, 7 y 8 del artículo 250 del CPACA no son
procedentes, en razón a que, si procedió el recurso de apelación y no se trató de un
reconocimiento pensional, además, en la sentencia de tutela SC3-2003-2345 del 11
de marzo de 2020 no existió cosa juzgada, al tratarse de una acción constitucional.

Advirtió que Esperanza Cruz no reunía los requisitos para solicitar la pensión de
sobrevivientes del causante, toda vez que su sociedad conyugal fue liquidada, sin
que existiera algún tipo de vinculación económica. Punto respecto del cual, reiteró

8 Ver índice 15 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado
«35RECIBE MEMORIAL_RV_ACCIONDETUTELANo1(.zip) NroActua 15»
9 Ver índice 19 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado

«40Sentencia_3320240255700VFpdf(.pdf) NroActua 19»
10 Ver índice 26 de Samai en el expediente 11001031500020240255700. Archivo denominado

«48RECIBE MEMORIAL_IMPUGNATUTELACARMENE(.pdf) NroActua 26»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

el desconocimiento del precedente judicial existente en lo que, a la cesación de los
efectos patrimoniales, una vez se liquida la sociedad conyugal.

Finalmente, insistió en el respeto por los derechos adquiridos, en razón a que los
actos administrativos por medio de los cuales le reconocieron la pensión de
sobrevivientes gozan de presunción de legalidad, por lo que solo se podían dejar
sin efectos de cumplirse lo establecido en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 o de
ser demandados, lo cual no ocurrió.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,17 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.18

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de la subsidiariedad?

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia19, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

Carmen Elisa Caro Triana acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 11 de abril
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por medio de la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, le
reconoció el pago de la sustitución pensional, en calidad de cónyuge supérstite, a
Esperanza Cruz de Moreno en cuantía del 59.45%, pese a que la sociedad conyugal
con el causante ya estaba liquidada para el momento de su deceso.

En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte actora deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201120, que señalan:

Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.

19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003
20 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. [..:]

En concordancia con lo expuesto por el a quo en sede de tutela, es pertinente
recordar que esta Subsección21 ha reiterado los elementos estructurales de la
causal séptima del artículo 250 del C.P.A.C.A. de la siguiente manera:

«[…] El numeral séptimo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo regula la causal del recurso extraordinario de revisión
por “7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida (…)”.

Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los
elementos estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del
artículo 250 del CPACA, a saber:

(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o
se reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las
cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución,
y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto
al carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente
a pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan
dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos
posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación,
factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.

(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder
o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por
la norma pueden resumirse así:

a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien
no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por
cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera
su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. [..:]»

Asimismo, respecto a la falta de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia, en providencia del 13 de octubre de 2020 la Sala 14 Especial de Decisión

21 C.P. César Palomino Cortés. Providencia del 4 de marzo de 2021, expediente 20130122300, actor:

María Nelly Díaz Álvarez

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

del Consejo de Estado, dentro del radicado 2019-00119-00, con ponencia del
consejero Alberto Montaña Plata, consideró:

«[…] Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo ha desarrollado su contenido bajo los siguientes términos:

“(…) nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Motivo este que también se desprende del artículo 29 constitucional, cuya violación
puede originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la transgresión, se repite, se
presente directamente en el fallo, como cuando no existe coherencia entre la parte
motiva y la resolutiva, por ejemplo.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los
siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170],
exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en
el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se
incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”22

En concordancia, la falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de
nulidad de la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado.
Es importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.

[…]

En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso23. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna
estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado sea protuberante24, a tal punto que, no exista justificación objetiva
y relacionada con las materias medulares del proceso. […]»

En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo contencioso-
administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de
subsidiariedad, la Corte Constitucional, en sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo lo
siguiente:

22 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia

de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
23 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo
57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y
finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano.
Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil,
penal y laboral– y la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al
principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado
a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte
acorde con el ordenamiento jurídico”[37].

5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que
busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un
nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.

[…]

5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo
de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que
posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan
puntualmente las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de
la decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial
expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que
las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la
validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión” [41].

5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre
la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]

5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»

De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la sentencia
del 11 de abril de 2024, hoy acusada, fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y contra esta no procede recurso
alguno; además, como causales de procedencia del recurso extraordinario de
revisión, de acuerdo con los motivos en que la parte actora sustentó los defectos
alegados, se evidencia que confluyen los elementos estructurales para que proceda
el estudio por la causal quinta y séptima del artículo 250 del C.P.A.C.A. que versan
sobre la nulidad por falta de congruencia y la aptitud legal para acceder o perder el
derecho de gozar de la prestación periódica reconocida.

Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

Es por ello que, frente al puntual reproche de la demandante de no haberse
realizado un estudio de fondo por parte del a quo constitucional, se tiene que tal
circunstancia tiene sustento en el hecho que la solicitud de tutela no superó el
requisito de procedencia general de la subsidiariedad, como ya se explicó.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo presentada por Carmen Elisa Caro Triana, en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02557-01
Demandante: Carmen Elisa Caro Triana

solicitud de tutela presentada por Carmen Elisa Caro Triana, en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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