RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02560-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02560-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02560-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Lucila González, por la inobservancia de los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02560-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: ANA LUCILA GONZÁLEZ MORALES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / SUBSIDIARIEDAD –
Respecto de los cargos relacionados con la incongruencia del fallo objeto de tutela,
procede el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal de nulidad originada en la
sentencia. / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga
argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como
instancia adicional del proceso de origen.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ana Lucila González
Morales contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 21 de mayo de 20241, la señora Ana Lucila González Morales, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias proferidas
por esas autoridades judiciales en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-05338-00. Formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad jurídica, al mínimo vital y a la no regresividad en materia de
derechos económicos, sociales y pensionales «seguridad social»

1Se advierte que, el 7 de junio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDA: ORDENAR a los operadores judiciales accionados que
profieran una nueva decisión al interior del proceso ordinario, en la que se
adopte una valoración de fondo al caso puesto de presente y se determine
que la aplicación del tope de manera retroactiva de 20 salarios mínimos es
una decisión arbitraria y contraria a mis derechos fundamentales y a los
principios constitucionales.

Así mismo, que se ordene la reinstauración del cálculo de mi pensión
conforme a la última decisión judicial favorable que no fue impugnada,
donde se determinaba la pensión basada en el 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios, incluyendo
todas las primas y emolumentos reconocidos, respetando así mis derechos
adquiridos o, en su defecto, que se limite la decisión a lo expresamente
pretendido por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en
aras que no se vulnere el principio de congruencia.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones se ordene la
devolución de los dineros que a la fecha me hayan sido descontados.

CUARTA: ADOPTAR medidas de protección para prevenir futuras
reducciones arbitrarias en mi pensión, de manera que se asegure que
cualquier cambio en el cálculo de mi pensión se realice bajo estricto
cumplimiento de la ley y respetando mis derechos fundamentales.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

La señora Ana Lucila González Morales disfruta de una pensión de jubilación
reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social, ahora Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, bajo el amparo del régimen especial previsto en el
Decreto 546 de 1971, en razón a que prestó sus servicios por más de 20 años en
la Procuraduría General de la Nación.

Inconforme con la liquidación de la mesada, la accionante ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se decidió a su favor por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia confirmada el 2 de
junio de 2007 por el Consejo de Estado. En consecuencia, CAJANAL EICE, con
Resolución 2983 del 3 de diciembre de 2007, reliquidó la pensión de la señora
González Morales, a partir del 1º de marzo de 2001, con el 75% de la asignación
mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicios,
incluyendo la totalidad de las primas y demás emolumentos reconocidos.

Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de lesividad, la UGPP demandó varios de los actos
administrativos mediante los cuales se reconoció y reliquidó la pensión de

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

jubilación de la accionante, por considerar que la mesada excedía los 20 s.m.l.m.v.
establecidos como tope en la Ley 100 de 1993.

Mediante sentencia del 23 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, como consecuencia, declaró la nulidad de las
resoluciones acusadas y ajustó la mesada al tope «supuestamente» previsto en la
ley, pero no ordenó la devolución de los valores que se habían pagado a la actora
presuntamente «en exceso». Apelada la decisión, la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado la confirmó, a través de sentencia del 22 de
junio de 2023.

El 17 de julio de 2023, la señora González Morales solicitó la adición y/o
aclaración de la sentencia, la cual se resolvió en providencia del 2 de noviembre
de 2023.

1.3. Argumentos de la tutela

La señora Ana Lucila González Morales señaló que la acción incoada cumple con
los requisitos generales de procedencia contra una providencia judicial, en
especial el de inmediatez, considerando que la sentencia de segunda instancia
quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2024.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos:

Violación directa de la Constitución (debido proceso). Las sentencias
censuradas desconocieron el principio de congruencia, toda vez que las
autoridades judiciales determinaron la cuantía de la pensión, por fuera de lo
solicitado por la UGPP en la demanda, dado que limitaron el monto de la
prestación al tope de 20 s.m.l.m.v., lo que no pidió la entidad demandante.

Defecto fáctico. No se tuvieron en cuenta los pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia, según los cuales el derecho pensional se consolida en la
fecha en que se reconoce, por lo que, para el caso de la accionante, se debió dar
aplicación del tope de los 25 s.m.l.m.v., de conformidad con lo señalado en el
artículo 18 de la Ley 797 de 2003 y al Acto Legislativo 01 de 2005.

Defecto sustantivo. Se desconoció el principio de cosa juzgada establecido en el
artículo 303 del C.G.P., dado que el derecho pensional de la señora González
Morales ya se había definido en sentencias anteriores, bajo la égida de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Asimismo, sostuvo que las providencias censuradas no consideraron el principio
de no regresividad, ni el impacto negativo sobre el mínimo vital y la seguridad
jurídica de la pensionada.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 28 de mayo de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como accionados. En calidad de
tercero con interés, se dispuso la vinculación del director general de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

Igualmente, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

2.1. La magistrada ponente de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, intervino
oportunamente para solicitar que se estudie de fondo la acción ejercida por la
señora Ana Lucila González Morales.

Afirmó que, en todo caso, se atiene a las consideraciones expuestas en la
sentencia censurada, dado que de allí se colige que no se vulneró derecho alguno
en cabeza de la accionante.

2.2. La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP señaló que la tutela
es improcedente porque las sentencias censuradas no desconocen derecho
fundamental alguno; además, la señora Ana Lucila González Morales no
demostró la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
urgente del juez de tutela.

Agregó que el litigio propuesto por la accionante ya se ventiló en un proceso
ordinario anterior, en el que se respetó el principio de la doble instancia y, por
consiguiente, es claro que busca reabrir el debate y convertir la acción de tutela
en una instancia adicional, motivo por el cual solicita que se declare la
improcedencia, más aún si se tiene en cuenta que el derecho reclamado es una
prestación económica.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Asimismo, señaló que la señora González Morales en la actualidad percibe una
mesada pensional que asciende a $18.206.326,73 y se encuentra afiliada al
sistema de salud, con lo que se desvirtúa cualquier vulneración a los derechos
invocados, en especial al mínimo vital y a la seguridad social.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad. Sólo en el evento de que se reúnan
estas exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos2.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización

2 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se

destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales.

2.2. El requisito general de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, la Sala advierte que la acción de tutela promovida por la señora
González Morales satisface el requisito de inmediatez5, habida consideración de
que, luego de notificada la sentencia de segunda instancia 6 , aquella solicitó
adición y/o aclaración, que se negó por la autoridad judicial accionada con auto del
2 de noviembre de 2023, notificado el 7 de diciembre siguiente, por lo que la
providencia tan solo quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2024. Y si la acción se
radicó el 21 de mayo de 2024, ello significa que se ejerció oportunamente. A
continuación, se verificará el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional.

La señora Ana Lucila González Morales manifestó su desacuerdo con la decisión
proferida por la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, e
incluso identificó como causales específicas de procedibilidad los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución; sin embargo, como se
anticipó, la Sala advierte el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En efecto, aunque la parte actora adujo que las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el principio de congruencia,
porque supuestamente establecieron el monto de su mesada pensional en 20
s.m.l.mv., sin que la UGPP lo hubiera solicitado así en las pretensiones de la
demanda, conviene recordar que esta Corporación ha establecido que cuando se
acusa una sentencia de decidir aspectos ajenos al debate judicial y,
particularmente, de que en la alzada el superior resolvió temas que no fueron
propuestas por la apelante, estamos frente a un típico escenario de verificación de
congruencia de la sentencia, en la medida en que, si lo que se afirma es que se
decidió sobre elementos diferentes a los que demarcaron el thema decidendum,
se estaría en presencia de una providencia extra petita.

5
La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla
general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente». Para esta Subsección, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión
que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de
uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala también ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los casos que se
hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de
aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y
cuando no sean abiertamente improcedentes.
Ver, entre muchas otras, la sentencia del 1º de marzo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-
00257-00, demandante: Huxley Reyes Molina y otro.
6 Sentencia del 22 de junio de 2023, notificada el 12 de julio de 2023.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De manera que, si en criterio de la accionante hubo exceso en el ejercicio de la
competencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
resolver la alzada sobre elementos que no fueron apelados, nos encontramos en
el terreno de la congruencia, por ende, para discutir el desconocimiento de esta
máxima cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo
2487 de la Ley 1437 de 2011, específicamente bajo la causal de «nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», que incluye el vicio por incongruencia, según lo ha definido esta
Corporación8.

Adicionalmente, en cuanto a la idoneidad y eficacia del recurso extraordinario de
revisión, la Corte Constitucional, en sentencia SU-659 de 2015, señaló:

La Sala Plena ha expuesto que este mecanismo judicial, prima facie, es un
espacio de protección de derechos fundamentales; su finalidad es revertir
decisiones que hacen tránsito a cosa juzgadas al vulnerar la justicia material;
así como eventos en los que nuevos hechos evidencian que una providencia
se tomó a partir de evidencia ilegal.
[…]
La Corte ha sostenido que para concluir que el mecanismo ordinario es
idóneo y eficaz, el actor debe estar en la capacidad de encuadrar el defecto
que considera tiene la sentencia dentro de alguna de las causales taxativas
establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no puede
considerarse improcedente la tutela.

Tratándose del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción
contenciosa administrativa, la Corte ha apuntado que cuando una decisión de
un juez administrativo, potencialmente vulnera no solo el debido proceso, sino
otros derechos, y estos tienen el carácter de fundamental, el recurso de
revisión pierde eficacia e idoneidad. Esto lo ha desarrollado a propósito del
proceso de nulidad electoral. En él, un juez administrativo puede,
eventualmente vulnerar el derecho al debido proceso. Hasta este momento, el
recurso de revisión es procedente. Sin embargo, cuando implica, además la
restricción del ejercicio de un derecho político (elegir y ser elegido a cargos
públicos), u otros fundamentales, el recurso extraordinario pierde idoneidad.

Concluye que el recurso será eficaz cuando: i) la única violación alegada sea
el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no
tienen carácter fundamental, o ii) cuando el derecho fundamental cuya
protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral
dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión
evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna
el derecho9 (se destaca).

Bajo ese entendimiento, no hay duda de que los reparos atribuidos a la
incongruencia de la sentencia -fallo extra petita- no pueden ser examinados por el
juez de tutela y, en consecuencia, en este aspecto puntual, la tutela debe

7 «Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos».
8 Ver, entre muchas otras, la sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-

2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 M.P. Alberto Rojas Ríos.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

declararse improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues,
como se sabe, este mecanismo especial de protección de derechos
fundamentales procede siempre que la parte no disponga de otro instrumento
judicial idóneo, salvo que se alegue y acredite la existencia de un perjuicio
irremediable, circunstancia que, vale decir, no ocurre en el presente caso.

Con todo, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se cumpla
con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que
resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se
sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales. Y lo cierto es que no explicó con suficiencia (i) por qué las
autoridades judiciales incurrieron en la vulneración alegada; (ii) por qué en este
caso en particular les estaba vedado ejercer su competencia como jueces
ordinarios y señalar, en concreto, las consecuencias de la declaración de nulidad
de los actos acusados, o (iii) por qué, en tratándose de un asunto laboral, no
podían proferir una decisión «extra petita» -si es que así lo hicieron, como lo
afirma la tutelante-.

Esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el actor no puede
conformarse con identificar de manera escueta alguna de las causales específicas
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario
que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de
un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se
sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado
de la acción de tutela contra las providencias judiciales10.

De otra parte, la Sala advierte que la presente tutela también incumple el requisito
de relevancia constitucional, en relación con los defectos sustantivo y fáctico
alegados, toda vez que la accionante pretende convertir este valioso mecanismo
de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela la referencia,
la señora Ana Lucila González Morales planteó que los regímenes especiales,
como del que es beneficiaria (Decreto 546 de 1971) no contemplan topes
pensiones, y que, en todo caso, como su derecho se consolidó el 21 de junio de
2007, fecha de expedición de la sentencia que lo reconoció, la norma aplicable es

10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-

00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, que establece un tope máximo de 25
s.m.l.m.v., y no la Ley 100 de 1993, que limita las mesadas a 20 s.m.l.m.v.

Asimismo, sostuvo que en su caso existía cosa juzgada, dado que la controversia
sobre el reconocimiento de su derecho pensional se zanjó por los jueces
ordinarios: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado,
mediante sentencias fechadas el 4 de agosto de 2005 y el 21 de junio de 2007,
respectivamente.

Pues bien, en la sentencia objeto de censura, proferida el 23 de enero de 2019 por
la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dicha Corporación analizó con detenimiento el régimen pensional especial
aplicable a la señora González Morales, y concluyó que las pensiones amparadas
por el Decreto 546 de 1971 no se encuentran excluidas de los topes señalados por
el legislador, y que, por tanto, a la mesada de la accionante debía aplicársele un
límite de 20 s.m.l.m.v., en virtud de lo previsto en el Decreto 314 de 1994,
expedido con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993,
legislación durante la cual consolidó su derecho (estatus de pensionada). Así
descartó la aplicación del tope de 25 s.m.l.m.v. para el caso concreto.

Contra la anterior decisión, la señora Ana Lucila González Morales interpuso
recurso de apelación, basada en razones que posteriormente reprodujo y amplió
en el escrito de tutela, ante la decisión del Tribunal demandado de desestimarlo.
Verbigracia, se advierte que en la alzada básicamente se insistió en que, en su
sentir, los regímenes especiales de pensión no establecen tope o límite a dicha
prestación y, en todo caso, de proceder este limitante debe ser de 25 s.m.l.m.v.,
en virtud de lo señalado en la Ley 797 de 2003. Aunado a ello, adujo que en su
caso operó la cosa juzgada, dado que, en proceso anterior con identidad de
causa, objeto y partes, se discutió la misma controversia, a la que se puso fin con
sentencias del 4 de agosto de 2005 y del 21 de junio de 2007.

Al resolver el recurso, en providencia del 22 de junio de 2023, la Sección
Segunda, Subsección B, de esta Corporación señaló:

Uno de los argumentos de inconformidad esgrimidos por la apelante
consistió en que “los actos acusados fueron expedidos con ocasión de un
procedimiento administrativo y judicial anterior ya resuelto, por lo que se
incurrió en cosa juzgada”, al invocar que ya su situación pensional fue
resuelta y definida por esta jurisdicción mediante las sentencias del 4 de
agosto de 2005 y del 21 de junio de 2007, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y por esta Corporación respectivamente.

Esta Sala de subsección no comparte la anterior discrepancia, como quiera
que no se está ante la misma causa petendi la que en su oportunidad fue

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

analizada en los procesos que dieron lugar a las citadas providencias
judiciales con la que ocupa la presente atención, por cuanto en aquellos
procesos se analizó y definió el ingreso base de liquidación de la mesada
pensional de la señora Ana González, al ordenar que fuera con el 75% de la
asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios en
virtud del Decreto 546 de 1971, mientras que en el presente proceso judicial
no está en entredicho este aspecto sino que la cuestión litigiosa estriba en
definir si dicha pensión está sometida o no a un límite máximo.

Por tanto, en vista de que no se reúnen las exigencias del artículo 303 del
Código General del Proceso aplicable por remisión a esta jurisdicción, no
hay razón jurídica para acceder al acaecimiento de la cosa juzgada invocada
por la apelante.

Ahora bien, el fondo de la discusión y que es motivo de inconformidad por la
apelante, que fue esgrimido a lo largo de la actuación administrativa y
judicial, es pregonar que al haber sido pensionada en vigencia el Decreto
546 de 1971, en virtud del principio de inescindibilidad de la Ley, estaba
excluida su mesada pensional de tope alguno y que no se le podía ni
siquiera imponer el de las legislaciones generales.

La Sala no comparte este argumento de inconformidad, como quiera que a
lo largo del recuento normativo y jurisprudencial relacionado en los acápites
anteriores de esta providencia, quedó evidenciado que el ánimo del
legislador y el aporte jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como el
de esta corporación, no ha sido otro que el de admitir mas no exonerar de
tope la cuantía de la mesada pensional de los servidores públicos, al tener
como criterio orientador de principio de solidaridad del Sistema de Seguridad
Social en Pensiones.

Otro de los argumentos de controversia planteados por la apelante, es que
al fallarse la presente controversia la Sala tenga en cuenta las
consideraciones esgrimidas en el precedente jurisprudencial consignado en
la sentencia de unificación del 12 de septiembre de 2014, al establecer
que el límite máximo de 25 s.m.m.l.v., en el caso de las pensiones
gobernadas por regímenes de transición distintos al de la Ley 4ª de 1992,
como el establecido en el Decreto 546 de 1971, debía aplicarse respetando
la fecha de vigencia de la norma constitucional, es decir, a las pensiones
causadas a partir del 31 de julio de 2010, por lo que en sentir de la
demandada, su pensión estaba exonerada de tope.

La Sala respeta pero no comparte la anterior interpretación efectuada por la
impugnante, como quiera que para la fecha en que radicó la apelación el 11
de febrero de 2019 (…)

Siendo así para el caso particular que concita la atención de la Sala, no
cabe duda alguna en el sentido de que la pensión reconocida a la señora
Ana Lucila González Morales al amparo del Decreto Ley 546 de 1971, no
estaba excluida de tope pensional cuyo soporte normativo se encuentra en
las leyes generales vigentes al momento en que se causó el derecho
pensional.

De acuerdo con los antecedentes administrativos, se encontró acreditado
que a la demandada se le reconoció la pensión de jubilación por haber
consolidado su derecho pensional al cumplir 50 años de edad y 20 de
servicio a la rama judicial y el Ministerio Público, mediante Resolución N°
0016565 del 29 de diciembre de 1999, pero su estatus pensional lo adquirió
el 27 de abril de 1997, mientras que se retiró del servicio a partir del 1° de
marzo de 2001. (…)

Ante este acontecer fáctico a la luz de la legislación y jurisprudencia
analizada en esta providencia, la pensión de la demandada estaba sometida
al tope pensional de 20 s.m.m.l.v. como en forma acertada lo ordenó la
providencia de primera instancia, por lo que no es posible acceder al
argumento de apelación según el cual pidió y sólo en gracia de discusión,
que en aplicación del principio de favorabilidad le fuera aplicado el

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

incremento del tope pensional de 25 s.m.m.l.v. fijado en el artículo 18 de la
Ley 797 de 2003 y posteriormente por el Acto Legislativo 01 de 2005.

La Sala no acoge la anterior interpretación, por cuanto dicha legislación no
le puede ser aplicable a la señora Ana Lucila González Morales, como
quiera que no hay duda que el derecho pensional se adquirió con
anterioridad a la expedición de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales”.

Por manera tal que no es posible la aplicación de las previsiones de la esta
legislación, menos aún las del acto legislativo 01 de 2005 para el caso de la
pensión, que ya le había sido reconocida a la demandada con varios años
de anterioridad –en 1999 cuando se le reconoció la pensión y en el 2001
cuando se retiró del servicio-, en todo caso hechos acontecidos antes de la
vigencia de estas legislaciones.

Aunado a lo anterior no es compartido el argumento de la apelante según el
cual, si bien es cierto su pensión le fue reconocida en el año 1999 (en
vigencia de la Ley 100 de 1993), apenas se le vino a definir el límite
pensional en el año 2007 (en las providencias falladas por esta jurisdicción
en los años 2005 y 2007), estando en vigencia ya la Ley 797 de 2003 y el
acto legislativo del año 2005, como quiera que no se puede confundir la
fecha en que adquirió el derecho pensional –decisiva para la imposición del
tope pensional-, con la fecha del reajuste o reliquidación pensional asunto
que concierne a la interesada. Por tanto, no es plausible extender los
efectos de una legislación que desde ningún punto de vista puede cobijar a
la demandada. (…)

Asimismo, en la sentencia de segunda instancia la autoridad judicial accionada se
refirió concretamente a la vulneración de los principios de solidaridad y
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, descartando su desconocimiento.
Aunado a lo anterior, de la revisión del material probatorio arrimado se advierte
que la accionante, en calidad de demandada en el proceso ordinario, dado que se
trató de una lesividad iniciada por la UGPP contra sus propios actos, solicitó
adición y/o aclaración de la sentencia proferida por el ad quem, alegando
argumentos similares a los expuestos tanto en la alzada, como en la tutela que
ahora nos ocupa, toda vez que nuevamente refirió la ocurrencia del fenómeno de
la cosa juzgada y la exoneración de su pensión de cualquier tope o, en su defecto,
la aplicación del límite de 25 s.m.l.m.v., conforme a la Ley 797 de 2003 y el Acto
Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta la fecha de consolidación del derecho.

Al resolver tal solicitud, mediante auto del 2 de noviembre de 2023, la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado nuevamente se pronunció sobre
dichos argumentos, así:

Es que la controversia tanto en sede administrativa, como en la judicial
ahora reiterada mediante la presente solicitud de adición de fallo, radica
en que la señora Ana Lucila pregona en su favor que al haber adquirido
su derecho pensional en vigencia del Decreto Ley 546 de 1971, su
prestación no estaba sometida a tope pensional lo cual en principio es
cierto, pero se le advirtió que en virtud del cambio normativo y del aporte
jurisprudencial, no se conciben pensiones sin límite de cuantía. De allí

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

que, en el presente caso, la pensión de jubilación de la demandada,
estaba sometida al marco legal fijado por el parágrafo 3° del artículo 18
de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2° del Decreto 314 de 1994 que fijaron
el tope pensional en veinte (20) s.m.l.m.v.

Fue por demás explicita la providencia del pasado 22 de junio, en
determinar que no era posible -contrario al querer de la señora González
Morales- extender los efectos de la Ley 797 de 2003 y del Acto
Legislativo 01 de 2005 que aumentaron el tope pensional a veinticinco
(25) s.m.l.m.v., por cuanto según la copiosa prueba documental ella
adquirió su estatus pensional el 27 de abril de 1997,de allí que no le
podía ser aplicable una legislación que ni siquiera había sido expedida
aunado a que estaba en vigencia para dicho momento, la Ley 100 de
1993 y su decreto reglamentario 314 de 1994.
(…)

En lo que atañe a la equivocada consideración según la cual los actos
administrativos acusados fueron expedidos con ocasión de un
procedimiento administrativo y judicial anterior ya resuelto, por lo que se
incurrió en transgresión del principio de cosa juzgada, al invocar que ya
su situación pensional había sido resuelta y definida por esta jurisdicción
mediante las sentencias del 4 de agosto de 2005 y del 21 de junio de
2007, en la citada providencia del 22 de junio de 2003, de forma explícita
no se acogió, por las siguientes consideraciones: (…)

De tal manera que es errado predicar la configuración del principio de
cosa juzgada, por cuanto los pronunciamientos de los años 2005 y 2007
efectuados por esta misma jurisdicción recayeron sobre el monto o
ingreso base de liquidación de la mesada pensional, mientras que los
cuestionados en los actos administrativos demandados corresponden a la
reliquidación pensional en lo atinente al tope pensional al no cobijarle el
de 25 sino el de 20 s.m.l.m.v., por tanto, no se está ante la misma causa
petendi.

Es pues por la anterior razón, que no se acoge la solicitud de adición de
fallo, “bajo el entendido de que se está ante la misma causa petendi,
porque no solo se definió el ingreso base de liquidación de la mesada
pensional en virtud del Decreto 546 de 1971, sino también, el tope o
límite máximo al momento en que se materializó su (sic) derecho en sí
con fundamento en esta normativa”, como quiera que en la citada
sentencia del 22 de junio de 2023 como ya se advirtió, en ningún
momento se omitió pronunciar sobre este extremo litigioso distinto es que
no sea acogido por la demandada, de allí que no amerita la adición por
medio de sentencia complementaria.

De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación, la solicitud de adición y/o aclaración, y las propuestas en la solicitud de
amparo, se evidencia que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados
para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por las autoridades
judiciales, consistente en que, desde la óptica particular de la parte accionante,
sobre el asunto objeto de debate, operó el fenómeno de la cosa juzgada y que, en
todo caso, se debieron negar las pretensiones de la UGPP y exonerar la pensión
de la demandante de cualquier tope pensional o, en su defecto, aplicar solamente
el límite de 25 s.m.l.m.v.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a las
decisiones censuradas resultan razonables y no merecen reproche alguno desde
el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que por ese motivo las autoridades judiciales accionadas
hubieran incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional,
mucho menos si se trata de un asunto que culminó ante un órgano de cierre, caso
en el cual los requisitos de procedencia de la acción de tutela se tornan más
rigurosos, en el sentido de que se debe acreditar que la decisión contraríe
abiertamente un postulado constitucional o que se desconozca la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en la que se hubiera dado alcance a algún derecho
fundamental, circunstancias que en este caso no se presentan.

Es más, en la sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte Constitucional
insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir que
este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los procesos o
el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha
providencia, se resaltó que el estudio de este requisito se torna más estricto
cuando se discuten decisiones de una alta corte:

[…] Según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales11. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria
o violatoria de derechos fundamentales12.

En suma, como la solicitud de amparo no satisface los requisitos generales de
subsidiariedad y de relevancia constitucional, se declarará improcedente.

11 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios

en los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta
constitucional; (ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está
orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de
aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público
cuando se cumplen determinadas condiciones».
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02560-00
Demandante: Ana Lucila González Morales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Ana Lucila González, por la inobservancia de los requisitos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional, de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.