Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02561-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02561-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02561-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02561-01
Accionante: Pablo Segundo Romero Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02561-01
Accionante: Pablo Segundo Romero Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema. Acción de tutela.
Subtema 1. Tutela contra providencia judicial.
Subtema 2. Requisitos de procedibilidad. Suficiencia en la carga argumentativa. Relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó Pablo Segundo Romero Martínez en
contra de la sentencia de tutela proferida el 18 de junio de 2024 por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Pablo Segundo Romero Martínez presentó escrito de tutela en el que solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad1, que
consideró vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre con ocasión de las sentencia del 25 de junio de
2021 y 11 de abril de 2024,dictadas en su orden respectivamente, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
número 70001-33-33-0002-2020-00143-00/01.
1.2. Hechos, argumentos y pretensiones de tutela
1.2.1. El señor Pablo Segundo Romero Martínez afirmó que la oficina de tránsito del
municipio de Sincelejo de forma errada dio por surtida la etapa de notificación de
los actos administrativos que lo declararon contraventor y lo sancionaron por la
comisión de infracciones de tránsito. Agregó que, la referida entidad llevó a cabo la
audiencia prevista en la Ley 769 de 2002, sin el debido cumplimiento del trámite
procesal y sin tener en cuenta la suspensión de términos administrativos y judiciales
con ocasión del COVID-19.
1.2.1.1. En ese orden, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Sincelejo y la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Sincelejo, con la pretensión de obtener la
nulidad de los actos administrativos mencionados y a título de restablecimiento del
1 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 2 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 50976472274D6C5D C9ADD41E50F8F14C 87F38034541A5104
A271869A751733F8.
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derecho, el archivo de las sanciones de tránsito y el retiro de la información en el
SIMIT y el RUNT.
El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Sincelejo que, mediante sentencia del 25 de junio de 20212, estimó que las
notificaciones se llevaron a cabo en debida forma, no obstante, declaró la nulidad
de la Resolución número 10281 del 20 de abril de 2020 por considerar que aquella,
fue dictada en el marco de una audiencia pública contravencional de tránsito a la
que no podía asistir el demandante dadas las restricciones generadas por el COVID-
19 y porque la entidad demandada no hizo uso de las herramientas tecnológicas
para garantiza la comparecencia del interesado a la diligencia.
En suma, concluyó que fue vulnerado el derecho al debido proceso del demandante,
por lo que, no estaba obligado a cancelar la multa impuesta, ni debía ser suspendida
su licencia y que, además, debía eliminarse cualquier información relacionada con
el asunto, en las plataformas del SIMIT y el RUNT.
1.2.1.2. El municipio de Sincelejo interpuso recurso de apelación en el que sostuvo
que realizó la debida notificación de la orden de comparendo y que el interesado no
compareció dentro del término establecido en los artículos 135 y 136 de la Ley 769
de 2002, por lo que, en el trámite no fueron vulnerados sus derechos
fundamentales3. El señor Romero Martínez por su parte, también apeló la decisión
y cuestionó el no haber declarado la nulidad de los demás actos administrativos que
tampoco fueron notificados4.
Los recursos le correspondió desatarlos al Tribunal Administrativo de Sucre que, en
sentencia del 11 de abril de 20245, revocó la decisión apelada y en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión estimó que no
fue vulnerado el derecho al debido proceso ya que fue la parte demandante quien,
pese a la debida notificación del comparendo, no solicitó el aplazamiento, la
reprogramación o la realización virtual de la audiencia y luego con base en un
supuesto error en el trámite de notificación, justificó su inasistencia.
1.2.2. El accionante adujo que las autoridades judiciales de primera y segunda
instancia incurrieron en los defectos sustantivo y fáctico en tanto, tuvieron por
notificados los actos administrativos acusados aun cuando el trámite se llevó a cabo
en una dirección errada, por lo que, no fueron debidamente aplicados los artículos
66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.
También afirmó que la audiencia del 20 de abril de 2020 fue realizada sin el
cumplimiento del requisito de notificación, por lo que, no fue aplicada la Ley 769 de
2002 y que, además, para esa fecha estaban suspendidos los términos judiciales
con ocasión de las disposiciones dictadas por el COVID-19.
2 Páginas 265 a 291 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en
el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado DBE4B0AB14031FCD FB81625FE4E9F505
8D88BF76268E484F 50E1C35043C542D1.
3 Páginas 292 a 300 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en
el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado DBE4B0AB14031FCD FB81625FE4E9F505
8D88BF76268E484F 50E1C35043C542D1.
4 Páginas 301 a 308 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en
el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado DBE4B0AB14031FCD FB81625FE4E9F505
8D88BF76268E484F 50E1C35043C542D1.
5 Páginas 340 a 363 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en
el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado DBE4B0AB14031FCD FB81625FE4E9F505
8D88BF76268E484F 50E1C35043C542D1.
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Agregó que, no asistió a la audiencia porque no tenía conocimiento de ella, dado
que no le fue notificada la fecha en que se llevaría a cabo, por lo que, tampoco podía
solicitar su aplazamiento.
1.2.3. El señor Pablo Segundo Romero Martínez solicitó al juez constitucional el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, dejar sin
efectos la sentencia del 11 de abril de 2024 y ordenar al Tribunal Administrativo de
Sucre dictar una decisión en la que se “CONCEDAN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA y se declare la nulidad de los actos demandados, así como el
consecuente restablecimiento de mis derechos”6.
1.3. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones
1.3.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto
del 24 de mayo de 20247, admitió la acción, vinculó al municipio de Sincelejo y a la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Sincelejo como terceros con interés, ordenó
notificar a las partes y vinculados, decretó como pruebas los documentos anexos al
escrito de tutela y solicitó copia digital del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 70001-33-33-002-2020-00143-
00/01.
1.3.2. Surtidas las notificaciones, el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
remitió copia digital del proceso solicitado8, pero no se pronunció respecto del caso
concreto. El Tribunal Administrativo de Sucre, el Municipio de Sincelejo y la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Sincelejo guardaron silencio.
1.4. Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 18
de junio de 20249, declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que
no superaba el requisito de relevancia constitucional.
Como fundamento de su decisión resaltó que, el accionante no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para determinar los motivos por los que consideró que el
asunto tenía transcendencia constitucional, pues aun cuando enunció la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo, solo se limitó a cuestionar
aspectos que había reclamado en el proceso ordinario, pero no explicó cómo fueron
transgredidos sus derechos con las decisiones objetadas.
En ese sentido indicó que las pretensiones del accionante estaban encaminadas a
revivir un asunto que ya había sido resuelto por el juez del proceso ordinario, por lo
que, la tutela resultaba improcedente en cuanto, el actor solo expuso una
inconformidad con la decisión dictada por el juez de la causa, sin que su dicho
6 Página 14 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital
de primera instancia, identificado con certificado 50976472274D6C5D C9ADD41E50F8F14C
87F38034541A5104 A271869A751733F8. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y
énfasis forman parte del texto original.
7 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela, en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado
con certificado 700AF0C4B00A46C2 E8101204FECFB793 E87FA5B0D29306F3 CF088255EA94B99B.
8 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 13 del
aplicativo SAMAI, identificados con certificados 8DB1224AEA78196D EC075E6C62FF5360
0C536BD4795274A3 ED256692D587F604 y A5D3974848372B64 B63C483DEB620601
81E87DC9D4DF8C69 A9C4870B4683A0F7.
9 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 16 del aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 9526E7E7AA0788F8 1D2CA14B9AC34094 924B9585EE36B530
018D8300F52DE6D6.
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expusiera con claridad un asunto de relevancia constitucional que impusiera la
intervención del juez constitucional.
1.5. Impugnación
La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que manifestó su
inconformidad con la decisión del 18 de junio de 202410 y reiteró textualmente los
argumentos planteados en el escrito de tutela, relacionados con los defectos
sustantivo y fáctico11. De otro lado, restó importancia al fallo que hubiere de
proferirse en sede de tutela de segunda instancia en la medida que, según su dicho,
de un lado, la suspensión de la licencia de conducción que fue ordenada en los
actos administrativos acusados en el proceso ordinario, cumplió su término en abril
de 2022 y de otro, porque suscribió un acuerdo para el pago de los comparendos.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general12 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la
accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de las garantías constitucionales que afirma son
vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del proceso que estuvo a
cargo la autoridad cuestionada.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Tribunal
Administrativo de Sucre es la autoridad a quien se le atribuyó la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante en relación la decisión objeto de tutela.
10 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela, en el índice 16 del aplicativo SAMAI, identificado
con certificado 9526E7E7AA0788F8 1D2CA14B9AC34094 924B9585EE36B530 018D8300F52DE6D6.
11 Archivo electrónico ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 01A3BAD3F2CE8233 127C194D43D30D86 53C5C311070C35A3
2121E016B018B742.
12 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier
acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en
los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los
fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute
tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi)
que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de
manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos
de tutela.
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Es preciso aclarar que aun cuando los cuestionamientos del accionante van
dirigidos en contra de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió, sin embargo, el estudio de la solicitud
de amparo incoada se efectuará respecto de la sentencia de segunda instancia del
11 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por ser esta
decisión la que dio fin a la controversia en concordancia con el requisito de
inmediatez.
2.2.3. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199113, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su
despliegue argumentativo, sin embargo, en las acciones de tutela contra
providencias judiciales, exigen una carga argumentativa más sólida, pues de
prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el
auto cuya revisión se pretende en sede de tutela.
Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.
En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los argumentos
de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las que el
cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria14, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto15. Así, son
improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido
ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya expuestas en este,
13 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del
accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber impuesto otra acción por los
mismos hechos y derechos.
14 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional
inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
15 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia;
b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para
proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de
engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
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toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la función del juez de
tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que
se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración
de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad17; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales18.
2.4.1. Pablo Segundo Romero Martínez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, pues consideró que el Tribunal
Administrativo de Sucre en la sentencia objeto de tutela, incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico al dar por acreditada la notificación de los actos administrativos
que fueron acusados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en
consecuencia, la realización de la audiencia del 20 de abril de 2020 sin su presencia,
pese a las falencias en el trámite de notificación, que, a su juicio no debió llevarse
a cabo.
Explicó que la notificación de los actos administrativos fue realizada a una dirección
errada, por lo que, a su juicio, se desconoció el contenido de los artículos 66, 67 y
68 del CPACA, y 136 de la Ley 769 de 2002, ya que la audiencia no debió llevarse
a cabo, por un lado, porque al no ser notificado no podía realizarse en su ausencia,
y de otro, porque los términos judiciales estaban suspendidos con ocasión de la
pandemia de COVID-19.
De lo expuesto, la Sala encuentra que el presente asunto carece de una explicación
suficiente y razonada de los hechos en que se funda el amparo deprecado, ya que
conforme a lo narrado en los escritos de tutela y de impugnación19, la parte
accionante se limitó a reiterar cuestionamientos que planteó en el proceso ordinario
y que, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez del
proceso resolvió de conformidad con los hechos, pruebas y normas aplicables al
asunto concreto para concluir que no se demostró la indebida notificación y en
consecuencia los actos demandados no se tornaron ilegales.
Lo anterior, en la medida en que la Corte Constitucional ha definido de un lado, que
la configuración de un defecto sustantivo (o material) 20 se presenta, “(i) Cuando
16 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610
de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T 931
de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
18
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
19 Apartados 1.2.2. y 1.5.
20 En las sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010, T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de
2007, la Corte Constitucional se ha referido al defecto sustantivo en el siguiente sentido:
“(i)Cuando la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que (i) no es
pertinente, (ii) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, (iii) es inexistente, (iv) ha sido declarada contraria
a la Constitución, (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta
adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(ii). Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no
se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o el operador judicial hace una
aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem-
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión
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la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que
… (v) “a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no
resulta adecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de estudio …” o “(ii).
Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o el operador judicial hace una aplicación inaceptable de la norma al
interpretarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una
decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada,
sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial” y, de otro lado, respecto del defecto fáctico que este, se concreta
en la precisa indicación de la dimensión positiva y/o negativa en que se manifestó
el defecto en la providencia. Esto es, referirse (i) a las circunstancias en las que se
valoran pruebas vulnerando reglas legales y principios constitucionales; o (ii) a las
omisiones en la valoración probatoria que pueden resultar determinantes para el
caso. Dicha omisión debe ser arbitraria, irracional y/o caprichosa
Ahora bien, de la lectura de la sentencia cuestionada la Sala pudo verificar que el
asunto ordinario fue promovido con la finalidad que se declarara la nulidad de las
Resoluciones número 012040 del 1 de noviembre de 201921, 002358 del 6 de marzo
de 202022 y 010281 del 20 de abril de la misma anualidad23 y en consecuencia, que
se ordenara a la entidad demandada archivar las sanciones y, retirar toda la
información referente a los comparendos y la suspensión de la licencia de tránsito,
de las plataformas del SIMIT y RUNT. Lo anterior, con base en que no le fueron
notificados los comparendos que sustentaron los referidos actos administrativos.
Al respecto, el Tribunal le correspondió desatar el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada en el que, cuestionó la decisión del a quo de declarar la
nulidad de la Resolución número 010281 del 20 de abril de 2020 por considerar que
en el trámite administrativo el interesado fue debidamente notificado a la dirección
que estaba registrada en el RUNT por lo que, no era viable sustentar la nulidad del
acto administrativo en razón a que, el interesado no tenía posibilidad de asistir por
restricciones de movilidad, dado que, en ese sentido fue debidamente notificado de
la actuación y en contraste, no solicitó el aplazamiento de la audiencia ni justificó su
inasistencia.
Así, la autoridad judicial cuestionada expuso que de conformidad con las pruebas
allegadas al expediente, el trámite de notificación de los comparendos que fueron
objeto de pronunciamiento en las resoluciones, cumplieron con lo dispuesto en el
judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la
juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.
(iii). Cuando no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes. (iv) Cuando
la disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución. (v) Cuando un
poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición.
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso. (vii) Cuando el operador judicial con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación afecta derechos fundamentales. (viii) Cuando se desconoce el precedente judicial
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la
jurisprudencia.”
21 Audiencia de Comparendo No. 7000100000021220888 del 24 de abril de 2019 mediante la que, se declaró
al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor y lo sancionó con la suma de $416.060.
22 Audiencia de Comparendo No. 7000100000023758585 del 20 de junio de 2020 mediante la que, se declaró
al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor y reincidente con sanción de $416.060 y suspensión de
la licencia de tránsito por 12 meses.
23 Audiencia de Comparendo No. 70001000000002586843 del 22 de octubre de 2019 mediante la que, se
declaró al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor por la comisión de infracción de que trata el
articulo 13 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la ley 1283 de 2010, código de infracción CO,
notificado el 22 de octubre de 2019, contraventor reincidente y fue suspendida la licencia de tránsito por el
término de 24 meses
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artículo 135 de la Ley 769 de 200224, lo que permitió tenerlos por notificados, por lo
que, el interesado tenía la obligación de hacerse parte de los procesos
contravencionales con el fin de pagar o debatir su responsabilidad en la audiencia
pública en concordancia con el artículo 13625 de la misma norma, sin que su
actuación omisiva tuviere como consecuencia la vulneración de su derecho a la
defensa y contradicción.
Respecto de la resolución del 20 de abril del 2020, la referida autoridad judicial
indicó que, en el proceso quedó acreditado que la demandada mediante oficio
número STTM-0-700- 5030-10-2019- de octubre del 2019, citó a comparecer al
señor Romero Martínez a la diligencia de notificación personal del comparendo
número 70001000000025486843 de fecha 22 de ese mismo mes y anualidad, y
que tal diligencia fue notificada a la dirección registrada en el RUNT, por lo que, fue
garantizado el debido trámite para que el interesado asistiera al proceso
convencional que finalizó con la Resolución número 010281 del 20 de abril del 2020.
Así, el Tribunal luego de realizar el análisis de las limitaciones de movilidad con
ocasión de los decretos expedidos por el COVID-1926, concluyó que aquel no
disfrutaba de la potestad de ejercer el derecho de locomoción en la fecha en la que
se llevó a cabo la audiencia de 20 de abril de 2020, no obstante, expuso que, dado
que estaba acreditada la debida notificación del comparendo, en el expediente no
obraba prueba alguna que el interesado hubiere realizado conductas tendientes a
garantizar sus derechos o justificar su inasistencia, tales como, solicitar el
aplazamiento, reprogramación o realización virtual de la referida audiencia por
circunstancias de fuerza mayor dada la coyuntura del momento y tampoco justificó
su inasistencia con posterioridad, pese a que el día siguiente a la diligencia estaba
habilitado para desplazarse.
La Sala, contrario a lo que afirmó el tutelante, estima que, el sustento normativo de
la decisión, es decir, lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Ley 769 de 2002,
así como el estudio del acervo probatorio, estuvo acorde con los cuestionamientos
planteados en el escrito de apelación del proceso ordinario, esto es, la notificación
de los comparendos que fueron base de las Resoluciones número 012040 del 1 de
noviembre de 201927, 002358 del 6 de marzo de 202028 y especialmente de la
radicación 010281 del 20 de abril de la misma anualidad29 y que el interesado no
24 “ARTÍCULO 135. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010. (…) La
orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor
se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente
con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.(…)”.
25 “ARTÍCULO 136. REDUCCIÓN DE LA MULTA. <Artículo, salvo sus parágrafos, modificado por el artículo 205
del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez surtida Ia orden de comparendo, si el inculpado
acepta Ia comisión de Ia infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa: (…)
3. Si aceptada Ia infracción, ésta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar
el cien por ciento (100%) del valor de Ia multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza Ia comisión de Ia infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública
para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.
Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a Ia notificación del comparendo, Ia autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida Ia
presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia
pública y notificándose en estrados.
En Ia misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si
fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de Ia sanción prevista en Ia ley.(…)”.
26 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 491 del 28de marzo de 2020 y 0219 de 2020 artículo 4.
27 Audiencia de Comparendo No. 7000100000021220888 del 24 de abril de 2019 mediante la que, se declaró
al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor y lo sancionó con la suma de $416.060.
28 Audiencia de Comparendo No. 7000100000023758585 del 20 de junio de 2020 mediante la que, se declaró
al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor y reincidente con sanción de $416.060 y suspensión de
la licencia de tránsito por 12 meses.
29 Audiencia de Comparendo No. 70001000000002586843 del 22 de octubre de 2019 mediante la que, se
declaró al señor Pablo Segundo Romero Martínez contraventor por la comisión de infracción de que trata el
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demostró que la dirección a la que fueron remitidos no era la suya, por lo que,
dentro del proceso no quedó acreditado que definitivamente no conoció la sanción
ni el contenido de todos y cada uno de los comparendos a fin de asistir o solicitar
aplazamiento de las audiencias en las que fueron dictados cada uno de los actos
administrativos referidos.
Así, la solicitud se torna improcedente, no solo por la insuficiencia en los hechos y
argumentos que la sustentan, sino porque, el accionante se limitó a enunciar
disposiciones legales que a su juicio no tuvo en cuenta el juez al emitir la decisión,
a fin de obtener un nuevo estudio del caso y en consecuencia, la nulidad de todos
los actos administrativos referidos en el proceso ordinario, pero no explicó de que
forma la autoridad cuestionada incurrió en una posible indebida aplicación de las
normas para resolver su caso, ni tampoco refirió cuáles medios de prueba se
dejaron sin valor y, por qué consideró que la valoración probatoria efectuada resultó
errada. En ese orden, sus cuestionamientos solo se refieren a una inconformidad
con la decisión dictada por el Tribunal, por lo que, la falta de fundamentación impide
que el juez emita el juicio constitucional propuesto a la decisión cuestionada, pues
ello implicaría efectuar un estudio y análisis de la totalidad del proceso ordinario, es
decir, convertiría la acción en una tercera instancia.
Aunado a lo anterior, de las pruebas allegadas al expediente así como de la lectura
de la decisión objeto de tutela, también fue posible verificar que el accionante no
alegó de conclusión en la oportunidad procesal pertinente, de tal forma que sus
inconformidades fueran consideradas por el juez natural de la causa para dictar la
decisión que resolvió el recurso de apelación30, y en ese sentido es importante
referir, tal y como la Corte Constitucional lo ha consignado en distintos
pronunciamientos, que el juicio que realiza el juez de tutela cuando revisa una
providencia judicial, es de validez y no de corrección 31, lo que se opone a que se
use indebidamente como una instancia para la discusión de asuntos de índole
probatoria o de interpretación normativa, de manera tal que prime la interpretación
que el accionante le da a su derecho y obtenga una mejor solución a su caso,
desconociendo la estructura de la administración de justicia y los principios de
independencia y autonomía judicial.
En suma, lo hasta aquí expuesto, impide que el juez de tutela realice un examen de
fondo por incumplimiento de los requisitos generales de relevancia constitucional y
explicación suficiente de los hechos y argumentos de la solicitud de amparo.
Así las cosas, la acción de tutela incoada por Pablo Segundo Romero Martínez en
contra de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre resulta
improcedente por incumplimiento de los presupuestos generales de relevancia
constitucional y carga argumentativa.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 18 de junio de 2024, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
notificado el 22 de octubre de 2019, contraventor reincidente y fue suspendida la licencia de tránsito por el
término de 24 meses
30 Página 355, numeral “5.TRÁMITE ANTE SEGUNDA INSTANCIA” del archivo electrónico que contiene la
sentencia objeto de tutela, entre otros documentos, ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI en el expediente
digital, identificado con certificado DBE4B0AB14031FCD FB81625FE4E9F505 8D88BF76268E484F
50E1C35043C542D1.
31 Corte Constitucional, sentencia T-689 de 2013.
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Accionante: Pablo Segundo Romero Martínez
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en las
consideraciones de este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
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