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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02562-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02562-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el numeral 1.º de la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en cuanto a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela frente a los defectos sustantivo y fáctico, al no acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Segundo. Declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia en cuanto al defecto fáctico, ya que no cumple con el criterio de subsidiaridad. Tercero. Modificar el numeral 2.º de la referida decisión, el cual quedará así: 2. Negar las pretensiones de las acciones de tutela interpuestas por la RNEC y el CNE, en lo atinente a la configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02562-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

4 de septiembre de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02562 01 - Acumulado
11001 03 15 000 2024 03031 00
Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02562 01 - Acumulado
11001 03 15 000 2024 03031 00
Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional
Electoral
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Responsabilidad del Estado derivado del proceso electoral.
Defectos: sustantivo, factico y por desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por las entidades accionantes contra la
sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

1. Antecedentes

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
por un lado, la Registraduría Nacional del Servicio Civil,1 y, por el otro, el Consejo
Nacional Electoral (CNE), ambos por conducto de sus apoderados judiciales,
promovieron demandas en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, respectivamente, los cuales consideraron vulnerados

1 Expediente 11001 03 15 000 2024 02562 01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02562 01 - Acumulado
11001 03 15 000 2024 03031 00
Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

con la sentencia del 19 de octubre de 2023, emitida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que confirmó el fallo del 30 de junio de 2015, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del
medio de control de reparación directa 25000 23 26 000 2011 01208 01 (57.342).

Como consecuencia de lo anterior, las accionantes pidieron dejar sin efectos las
mencionadas providencias y, en su lugar, i) la Registraduría solicitó ser exonerada de
responsabilidad con relación a las pretensiones incoadas por el señor Guillermo
Alfonso Jaramillo Martínez, y ii) el CNE deprecó expedir una nueva decisión que se
acompase al precedente judicial horizontal fijado el 20 de junio de 2023, emitido por el
Consejo de Estado bajo el radicado 25000 23 36 000 2015 01917 02 (59531), con
ponencia de la magistrada María Adriana Marín.

1.1.2. Los hechos

De los procesos acumulados se extraen los siguientes hechos comunes:

i) El 12 de marzo de 2006, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez participó
en las elecciones como candidato del partido político Polo Democrático Alternativo al
Senado de la República, para el período constitucional 2006-2010.

ii) El 5 de junio de 2006, por medio de la Resolución 915, el CNE declaró la elección
de los senadores de la República por circunscripción ordinaria nacional para los años
2006-2010. En dicho acto administrativo no se tuvo como elegido al señor Jaramillo
Martínez.

iii) Los señores Óscar Hernández Ara y Ernesto Urbano Varón presentaron
demanda de nulidad electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
la que solicitaron la nulidad de la mencionada Resolución 915 del 5 de junio de 2006.

iv) El 6 de julio de 2009, la Sección Quinta del Consejo de Estado expidió sentencia
en la que declaró la nulidad del acto administrativo acusado, con fundamento en que
se acreditaron varias irregularidades, tales como: suplantación de electores, errores
de jurados de votación y escrutadores no corregidos por las comisiones, así como
también, tachaduras y enmendaduras en los formularios y la inhabilidad de una de las

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02562 01 - Acumulado
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Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

senadoras electas, que conllevaron a la mutación de las curules asignadas a los
partidos políticos en la elección del Senado de la República, circunstancias que
condujeron a la modificación de la cifra repartidora y de las curules inicialmente
asignadas.

Por ende, en dicha oportunidad se ordenó realizar un nuevo escrutinio y, una vez
finalizado este, hacer una nueva declaratoria de los senadores de la República para el
aludido lapso.

v) El 23 de septiembre de 2009, y como resultado del nuevo escrutinio que se realizó
en audiencia pública, resultaron electos los señores Guillermo Alfonso Jaramillo
Martínez y Miguel Jesús Arenas Prada.

vi) El 25 de septiembre de 2009, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez se
posesionó como Senador de la República, con efectos fiscales a partir de dicha fecha
y hasta el 19 de julio de 2010.

vii) Por todo lo anterior, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez interpuso
demanda de reparación directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral, a través de la cual solicitó que se les declarara solidaria y
patrimonialmente responsables por los daños causados como consecuencia directa
de la decisión adoptada en la Resolución 915 del 5 de junio de 2006, mediante la cual
se declaró la elección de senadores de la República por la circunscripción ordinaria
Nacional para el período constitucional 2006-2010, sin incluirlo como electo.

A título de perjuicios materiales, pidió el reconocimiento de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos que le correspondían como senador de la República
para el interregno de 2006 a 2010, desde el 20 de julio de 2006 y no desde el momento
de la posesión en el cargo, que ocurrió el 25 de septiembre de 2009.

viii) El 30 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo en Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia de primera
instancia, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

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Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

En consecuencia, declaró responsables solidariamente a las entidades accionadas por
los perjuicios causados al señor Jaramillo Martínez y las condenó solidariamente al
pago, por lucro cesante, de $ 814.725.405,67, debido a los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el 20 de julio de 2006, fecha en que debió resultar
electo, al 25 de septiembre de 2009, día en el que finalmente tomó posesión en el
cargo.

ix) El 19 de octubre de 2023, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado confirmó la decisión de primera instancia y actualizó el monto de la condena a
$ 1.287.266.140,95.

1.1.3. Los defectos invocados

1.1.3.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil consideró que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en los defectos: material o sustantivo, fáctico y
por desconocimiento del precedente judicial, debido a los siguientes argumentos:

1.1.3.1.1. Defecto sustantivo: En primer lugar, este se deriva en cuanto a que el
Consejo de Estado, al confirmar la condena impuesta en primera instancia a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, realizó una interpretación que se escapa a
toda razonabilidad con respecto a las competencias meramente logísticas de dicha
entidad dentro del proceso electoral, desconociendo que no existe obligación de esta
última para inmiscuirse en situaciones de competencia de los jurados de votación y de
los escrutadores, tal como lo establece el artículo 142 del Decreto 2241 de 1986.

Además, se incurrió en error de interpretación del mencionado Decreto 2241 de 1986,
ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confundió las funciones de la
Registraduría y del CNE, y no revisó las concernientes a los jurados de votación, por
lo que no debió condenar a la primera conforme a lo establecido en el artículo 9.º
ibidem, en concordancia con la Sentencia C-230A de 2008, proferida por la Corte
Constitucional, ya que allí solo se establecen las funciones «meramente» logísticas del
ente registrador, «lo que incluso reconoce el mismo Tribunal en líneas posteriores de
la sentencia emitida cuando manifiesta que la legitimidad de las elecciones recae sobre
la idoneidad de los escrutinios de los votos de las mesas realizadas en primera

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instancia por los jurados de votación y posteriormente por las comisiones
escrutadoras, así como la Comisión Escrutadora Nacional, siendo una función
inherente del Consejo Nacional Electoral, lo referente a los escrutinios de carácter
nacional del proceso electoral».2

Por su parte, expuso que si bien es cierto el Decreto 111 de 1996, en su artículo 11,
prevé la existencia de un solo presupuesto, no se puede desconocer que cada entidad
tiene su propia iniciativa y estimación financiera, por lo que se debe respetar la
apreciación de gastos que cada una requiera, lo que permite evidenciar el yerro en que
incurre la sentencia recurrida al confirmar en segunda instancia una condena que fue
impuesta, entre otras, bajo el argumento presupuestal y partiendo de la inexistencia
de independencia financiera, atribuyendo el pago de esta a cargo de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Al respecto, precisó que en las referidas disposiciones mencionadas no se advierte
que en ellas se deje en cabeza de la Registraduría la competencia de resolver o
verificar situaciones electorales de fondo, como la validez del voto, la verificación de la
suplantación de electores, errores de los jurados de votación, errores de escrutinio no
corregidos por las comisiones escrutadores, tachadura y enmendaduras en los
formularios, entre otras; por lo que el tribunal no tuvo en cuenta las funciones
meramente «secretariales» en el marco del proceso de escrutinios, tal como lo
disponen los artículos 26 (numerales 2 y 6), 33 (numeral 7), 48 (numeral 8), 181 y 182
del Código Electoral.

En segundo lugar, la entidad indicó que el referido defectos sustantivo también se
presentó por el desconocimiento de las normas aplicables al caso concreto, entre ellas,
i) los artículos 265 y 266 de la Constitución Política, que establecen las competencias
tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría; ii) el Decreto 1010 de
2000, por medio del cual se prevé la organización interna de la Registraduría Nacional
del Estado Civil; y iii) el Decreto 2241 de 1986, —Código Electoral— en lo atinente al
capítulo II sobre jurados de votación.

2 Página 26 de la demanda de tutela interpuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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1.1.3.1.2. Defecto fáctico: Se materializó en el sub lite toda vez que se valoró
indebidamente la sentencia del 6 de julio de 2009, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la Resolución 915 del 5 de junio de 2006,
ya que no se tuvo en cuenta que quien impetró la demanda de nulidad electoral allí
resuelta fueron personas diferentes al señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.
Además, acató los términos en los que se decretó la nulidad electoral.

1.1.3.1.3. Defecto por desconocimiento del precedente: Las autoridades
judiciales demandadas no tuvieron la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por
la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23
36 000 2015 01917 02 (59531), en la que se fijaron reglas para decidir asuntos
litigiosos cuyo origen obedece a una sentencia de anulación de contenido electoral.

Sobre el particular, indicó que esas subreglas precisan que i) el derecho de acceso a
un cargo de elección popular está sujeto al agotamiento del proceso administrativo
electoral y su control por vía judicial mediante el proceso de nulidad electoral; ii) tanto
el proceso administrativo electoral como el contencioso electoral buscan concretar o
materializar el principio democrático y la voluntad popular expresada en las urnas. De
ahí que, durante estos trámites y mientras no se haya declarado la elección de un
candidato, no es posible afirmar que este tiene un derecho adquirido de ocupar una
curul o a percibir los salarios con los demás emolumentos propios del cargo, pues solo
le asiste una mera expectativa; iii) no se puede predicar la existencia de un daño cierto,
concreto y personal indemnizable durante el lapso en que se surtió el proceso
administrativo y el contencioso electoral, pues no demostró tener un derecho adquirido
de acceder a la curul desde el inicio del período constitucional.

1.1.3.2. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral adujo que las sentencias
tutelas incurrieron en el defecto por desconocimiento del precedente horizontal,
fijado en la precitada sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, mencionada en el numeral 1.1.3.1.3.,
ut supra.

1.2. Actuación procesal

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Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

El 28 de mayo de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la parte
demandante, a los magistrados que conforman la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo en Descongestión de Cundinamarca. Adicionalmente, se vinculó al
señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez como tercero interesado, y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.

A su turno, denegó la solicitud de medida provisional deprecada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, porque los argumentos expuestos se limitaban a un aspecto
de carácter económico que, por sí solo, no evidenciaba la vulneración de los derechos
fundamentales.

Por su parte, el 21 de junio de 2024, se acumuló a la presente acción de tutela el
expediente 11001 03 15 000 2024 0303100, en el que obra como demandante el
Consejo Nacional Electoral.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

El a quo informó que la sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso
de reparación directa con radicado 25000 23 26 000 2011 01208 01, fue expedida por
la Sala en Descongestión, la cual desapareció con la creación de la Subsección C de
carácter permanente de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015. En
consecuencia, dijo que no le era posible emitir reparo alguno frente a las
consideraciones que motivaron esa decisión.

1.3.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

La corporación judicial accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
tutela de la referencia, bajo los siguientes argumentos:

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Demandantes: Registraduría Nacional del Estado Civil,
Consejo Nacional Electoral

i) La acción presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil es
improcedente, porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
pues lo pretendido por la actora es usar la tutela como una tercera instancia para
reabrir el litigio ya concluido en el trámite del proceso ordinario.

ii) La sentencia controvertida valoró las pruebas aportadas al expediente y, de
conformidad con lo previsto en los numerales 10 y 11 del artículo 6 del Decreto 1010
de 2000, estableció que existieron irregularidades en el proceso electoral que eran
imputables tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Registraduría. Por ende, se
estimó que las anomalías presentadas, entre ellas, los fraudes y la suplantación de
electores son responsabilidad exclusiva de las entidades tutelantes.

iii) Debido a lo anterior, precisó que las anormalidades mencionadas privaron al
señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez de la declaración y posesión oportunas
como senador de la República para el período 2006-2010, precisamente, porque estas
incidieron directamente en el número de curules asignadas a los partidos políticos, por
lo cual fue necesario un nuevo escrutinio.

iv) El medio de control de reparación directa es procedente e idóneo para obtener la
compensación por los perjuicios sufridos.

v) El amparo solicitado por el Consejo Nacional Electoral resulta manifiestamente
infundado, comoquiera que la sentencia del 20 de junio de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado el 20 de junio de 2023, en el
expediente con radicación número 25000 23 36 000 2015 01917 02, con la que se
sustenta el presunto desconocimiento del precedente horizontal, no es aplicable al
asunto objeto de debate, porque no compartían los mismos supuestos fácticos y
jurídicos, ya que, en dicho caso, la parte actora adquirió la condición de «[s]enadora
de la República como consecuencia de la destitución del candidato que la superaba
en la lista, es decir, que solo adquirió tal condición ante la ausencia del candidato
inicialmente electo (…)».

1.3.3. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez

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El tercero vinculado solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones incoadas,
por los siguientes motivos:

i) Las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en violación del derecho
al debido proceso de la Registraduría, dado que las razones de su defensa, tanto en
primera instancia como en el recurso de apelación fueron debidamente desestimadas
por la autoridad judicial tutelada. De modo que, lo pretendido es usar la acción de tutela
como una instancia adicional para reabrir la litis.

ii) El 2 de mayo de 2024, presentó ante la referida entidad solicitud de cumplimiento
de la sentencia y, en consecuencia, se profirió la Resolución 4439 de 9 de mayo de
2024, por la cual ordenó el gasto y pago la condena impuesta.

iii) En cuanto a la solicitud de amparo interpuesta por el Consejo Nacional Electoral,
no existe vulneración del derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente
horizontal, porque la Sección Tercera del Consejo de Estado no ha proferido sentencia
de unificación sobre el tema. Luego, no existe un criterio único de obligatoria
observancia entre las subsecciones del Consejo de Estado.

iv) La sentencia cuestionada reiteró la posición uniforme de las subsecciones que
integran la Sección Tercera del Consejo, según la cual el demandante primero debe
acudir a la acción pública de nulidad electoral, para que, con fundamento en una
declaratoria de nulidad, pueda incoar la acción de reparación directa.

v) Por último, explicó que la sentencia del 20 de junio de 2023 no tiene los mismos
supuestos fácticos que el caso en estudio ya que, en aquel asunto, se concluyó que
no se dio el daño antijurídico porque la demandante no probó que tenía el derecho a
ser elegida, sino que apenas tenía una mera expectativa, mientras que en el presente
asunto se demostró la estructuración del daño antijurídico, que se configuró por
imposibilidad que tuvo el señor Jaramillo Martínez de posesionarse como senador
desde el inicio del período constitucional, es decir, existía un derecho adquirido a ser
declarado electo como senador, lo cual demostró, como consta en el expediente del
proceso administrativo electoral.

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1.3.4. Sentencia impugnada

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de julio de 2024,
con ponencia del magistrado Milton Chaves García, por un lado, declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
respecto a los defectos sustantivo y fáctico, al no superar el requisito general de
relevancia constitucional, y, por el otro lado, negó las pretensiones deprecadas por el
Consejo Nacional Electoral y la citada Registraduría en lo atinente a la configuración
del desconocimiento del precedente. Para lo anterior, estimó lo siguiente:

i) En cuanto a la falta de relevancia constitucional, los defectos sustantivo y fáctico
se circunscribieron a la insistencia de los argumentos propuestos en el trámite del
proceso de reparación directa. Dicho de otra manera, la Registraduría propuso la
misma discusión jurídica e iguales fundamentos esbozados tanto en la contestación
de la demanda y en el recurso de apelación, encaminados a declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva y la exoneración de responsabilidad por los hechos
imputados por el señor entonces demandante, los cuales ya se resolvieron en el
proceso judicial ordinario.

ii) En lo que tiene que ver con el defecto fáctico, el juez constitucional de primer
grado consideró que el argumento que los sustenta constituye un nuevo yerro que no
se alegó en el proceso ordinario, lo cual impide desatarlo en sede de tutela.

iii) Sobre el desconocimiento del precedente, estimó que la sentencia
presuntamente desconocida, esta es, la emitida el 20 de junio de 2023 por la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el radicado 25000 23 36 000 2015
01917 02 (59531), no fue proferida por la misma subsección ni versa sobre hechos
similares a los alegados por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

1.4. Impugnación
1.4.1. Consejo Nacional Electoral

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El aludido ente, por conducto de su apoderado, impugnó la decisión de primera
instancia, bajo las siguientes premisas:

i) Se insiste en el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia emitida
el 20 de junio de 2023 por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado,
bajo el radicado 25000 23 36 000 2015 01917 02 (59531), ya que esta «estableció
reglas innegociables para decidir asuntos litigiosos cuyo origen obedezcan a una
sentencia de anulación de contenido electoral».

ii) Al no protegerse su derecho al debido proceso por violación del mencionado
precedente judicial, se está desconociendo que los accionados, para apartarse de las
reglas fijadas en la pluricitada sentencia, debieron «i) referir el balance judicial vigente
(regla de transparencia); ii) ofrecer un argumento suficiente y adecuado para el
abandono o cambio de la norma jurisprudencial (regla de cambio); y iii) explicar que su
propuesta desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores (regla de
suficiencia en jurisprudencia constitucional)»; Tal como lo dispuso y ordenó nuestra
Corte Constitucional en sentencia de unificación: SU-228 de 2021.

iii) No es procedente el argumento de negar el amparo deprecado porque la
sentencia en mención no fue emitida por la misma subsección y que la decisión
accionada se emitió bajo el principio de autonomía judicial, dado que «con base en lo
manifestado por la Corte Constitucional los operadores judiciales pudieron
apartarse de las reglas jurisprudenciales vigentes, sin embargo, les exigía para
tal que, se deben referir al balance judicial vigente, además de ofrecer un
argumento suficiente y adecuado para el abandono o inaplicación de la norma y,
explicar que su propuesta desarrolla de mejor manera los principios. Hecho que
no ocurrió en las providencias judiciales tuteladas y que no fue objeto de análisis por
su Despacho en este escenario, por lo que pedimos sea revisado en sede de
impugnación».

1.4.2. Registraduría Nacional del Servicio Civil

La entidad, por conducto de su apoderado, impugnó la sentencia de primer grado y
solicitó su revocatoria, bajo los siguientes argumentos:

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i) La Sección Cuarta no debió basar su decisión de declarar la falta de relevancia
constitucional con fundamento en la sentencia del 5 de agosto de 2014,3 sino conforme
a las Sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional y la
sentencia del 29 de septiembre de 2022,4 de la Sección Quinta esta colegiatura.
ii) Aun cuando los argumentos que se utilizaron en sede de tutela por parte de la
entidad fueron alegados en las dos instancias del proceso de reparación directa, ni el
Tribunal Contencioso Administrativo ni el Consejo de Estado constataron la violación
a los derechos fundamentales, pues se limitaron a argumentar de forma genérica que
la Registraduría al hacer parte de la organización electoral debía velar por las garantías
en el proceso electoral y evitar que se generara el daño antijurídico al señor Guillermo
Alfonso Jaramillo consistente en no haber sido declarado electo como senador de la
República en el período 2006-2010, sin observar que la entidad no tenía tampoco la
potestad de intervenir y realizar los correctivos que manifestó el juez contencioso.

iii) A su vez, se presentó también una negación del derecho a la administración de
justicia, en tanto la Sección Cuarta, al revisar el amparo impetrado, se contradijo al
mencionar que no se podían alegar los mismos argumentos suscitados en sede de
reparación directa y que, igualmente, tampoco había lugar a exponer nuevos
fundamentos ante el juez contencioso, por lo cual, se restringe a esta entidad su
derecho a la resolución de la controversia propuesta dada la forma en que se abordó
la cuestión y la falta de fundamentación por parte del Consejo de Estado de las razones
por las que considera que la Registraduría pretende usar la tutela como una instancia
adicional, toda vez que, se itera, se limitó a indicar que el caso no tiene relevancia
constitucional porque presuntamente se quiere reabrir una discusión legal, situación
que no se acompasa con la realidad.

iii) De igual modo, hizo una análisis de las funciones y la naturaleza tanto del Consejo
Nacional Electoral y la mencionada Registraduría, y concluyó que para la época en la
que ocurrió la elección del Congreso del período 2006 – 2010, ni el Consejo Nacional
Electoral ni mucho menos la Registraduría Nacional del Estado Civil tenían la facultad
de revisar presuntos registros apócrifos o falsedades en documentos electorales ni

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge

Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de

2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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examinar las inhabilidades y compatibilidades de los candidatos a elección popular;
por cuanto estas facultades solo se concedieron al CNE, mediante el Acto Legislativo 1
de 2009; y la RNEC en ningún momento ha adquirido tales facultades.
iii) Por último, reiteró los argumentos que sustentó en el escrito introductorio sobre
los defectos sustantivo y fáctico.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20195, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Cuarta de esta colegiatura.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir las sentencias del 19 de octubre de 2023 y
del 30 de julio de 2015, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en especial, el de relevancia constitucional.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si las referidas providencias
incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente,
alegados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
Electoral.

5Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492

de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

2.4.1. El 9 de noviembre de 2011, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por
intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa en contra de la Nación (Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral), con el fin de que fueran declaradas solidaria y
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados como consecuencia
directa de la Resolución 915 del 5 de junio de 2006, mediante la cual se declaró la
elección de los senadores de la República por la circunscripción ordinaria nacional
para el período constitucional 2006-2010, y no lo declaró como electo.

Como consecuencia de lo anterior, pidió condenar a las mencionadas autoridades a
indemnizarlo por los daños materiales y morales causados con el referido acto
administrativo, correspondientes a los salarios y emolumentos que no percibió como
senador, al no haber sido declarado electo, desde el 20 de julio hasta el 25 de
septiembre de 2009, fecha última en la que tomó posesión de la aludida dignidad.

2.4.2. El 5 de julio de 2013, la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto
de apoderada judicial, contestó la demanda referenciada, y propuso las excepciones
de caducidad, culpa exclusiva de terceros y de falta de legitimación en la causa por
pasiva. Sobre este última, la entidad indicó, entre otros, los argumentos que se
transcriben a continuación:

La Constitución, en su artículo 265 le endilga al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
entre otras, la función de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos y de sus representantes legales, directivos y candidatos a fin de
garantizar el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden.

Descendiendo al tema de los comicios propiamente dichos, se tiene que la
Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano independiente con funciones
disímiles a los del Consejo Nacional Electoral, el cual, conforme al artículo 265 de
la Constitución Política de Colombia goza de autonomía administrativa y
presupuestal, así pues, en gracia de discusión, aunque no se vislumbra razón
alguna que haga próspera la demanda, en caso que así ocurriere, sería del rubro

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de Sentencias y Conciliaciones del Consejo Nacional Electoral de donde se
tendrían que cancelar las erogaciones correspondientes.

Prosiguiendo, se lee en el numeral 3 del artículo 265 en comento, que es el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL quien conoce y decide los recursos que se
interpongan contra decisiones que los delegados del propio CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL hayan tomado sobre escrutinios generales, casos en los cuales
también hace la declaratoria de la elección y expide las credenciales del caso.

[…]

En cuanto a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nuestra Constitución,
en su artículo 266 estipula que el Registrador Nacional del Estado Civil, a
diferencia de los miembros del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, es escogido por las
altas Cortes, a través del sistema de concurso de méritos y ejerce, funciones
diferentes, al respecto hay que decir que no tiene entre sus facultades decretar
como elegido a tal o cual candidato, sino tan sólo la de organizar los comicios, y
el vocablo organizar tiene como sinónimos, las palabras preparar, disponer, dirigir,
instalar, coordinar, lo que quiere decir que la Entidad que represento no es quien
tiene la facultad de declarar como elegido a cierto candidato, de ahí, que se va
configurando el hecho de que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL no es
la legitimada en esta demanda pues los Actos anulados por la acción electoral no
fueron proferidos por mi prohijada.

[…]

De igual modo, hizo alusión al papel que desempeñan los partidos políticos, los
jurados de votación y las comisiones escrutadores en el marco del proceso electoral,
los cuales, «son ajenos a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL».

2.4.3. El 30 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Descongestión
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró no probadas las excepciones
propuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y, en su lugar, estimó la
responsabilidad solidaria del Consejo Nacional Electoral y la mencionada
Registraduría por los perjuicios causados al señor Guillermo Alfonso Jaramillo
Martínez. Para tal efecto, y en lo que interesa a la presente acción de tutela, el a quo
concluyó lo siguiente:

[…]
Por su parte, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL no protegió el derecho
al sufragio, ni otorgó plenas garantías para el desarrollo del proceso electoral, no
garantizó el principio de transparencia que debe regir el proceso de votación, pues
estando dentro de sus funciones la parte logística del proceso electoral no vigiló
adecuadamente el actuar de los funcionarios y demás intervinientes en el proceso,
fallando en el reconocimiento de la identidad del ciudadano que depositaba su
voto, en su función de verificar si quien se acercaba a ejercer el derecho al voto

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estaba habilitado para ello y en determinar el número de ciudadanos que podían
sufragar en cada mesa, aspectos que vinieron a incidir directamente en el total de
las votaciones obtenidas y el daño antijurídico causado al actor.
Ahora, como el proceso electoral no está a cargo solamente de una de las
demandadas sino de ambas, resulta incuestionable que cada una de las entidades
tuvo participación en el desarrollo de las elecciones y ambas omitieron sus
deberes respecto de la vigilancia del proceso electoral y se permitió la ruptura del
proceso electoral mediante prácticas indebidas que hicieron que se causara un
resultado falseado que finalmente condujo a nulidad de registros electorales de
los votos y nulidad de la elección.
Las irregularidades presentadas en el proceso electoral confluyeron a que el
resultado no fuera la real voluntad del electorado, lo cual repercutió en que a través
de la acción de nulidad electoral se tuviera que recalcular los guarismos de los
partidos y movimientos políticos mediante el sistema de "afectación ponderada y
distribución porcentual".
Así las cosas, se concluye que el daño antijurídico es imputable a las demandadas
y ocurrió por la falla en sus obligaciones de vigilancia y control y en su deber
principal de garantizar que los resultados que se logren reflejan la voluntad del
electorado.

2.4.4. Inconforme con la decisión, la apoderada de la Registraduría Nacional del
Estado Civil interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que el fallo de
primer grado incurrió en «DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO POR INDEBIDA APLICACIÓN DE
LA LEY - FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA»,8 bajo el entendido, grosso

modo, de que no se tuvieron en cuenta las normas que establecen las funciones de la
Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de los testigos electorales, jurados de
votación, entre otros, y el trámite electoral previsto en el Código Electoral, lo cual
desconoció que dicha entidad «no cuenta votos, ni le otorga validez a los mismos, ni
los anula, como lo quiere hacer ver el operador judicial de primera instancia» ni podía
ejercer como policía de cada uno de los votantes.

2.4.5. El 19 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, confirmó el fallo de primer
grado del 30 de julio de 2015; no obstante, modificó el numeral cuarto de dicha
providencia para disponer que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil debían pagar solidariamente, por concepto de perjuicios
materiales, la suma de $ 1.287.266.144,95. Al respecto, el ad quem concluyó lo
siguiente:

8 Páginas 1 y 3 del recurso de apelación interpuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil contra la
sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

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[…]

3) Advierte la Sala que en atención a lo dispuesto los numerales 10 y 11 del
artículo 6 del Decreto 1010 de 6 de junio de 2000 la Registraduría Nacional del
Estado Civil asumió entre otras funciones, las de “[p]roteger el ejercicio del
derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos (…)” y [d]irigir y
organizar el proceso electoral”, que se encontraron incumplidas con la
acreditación de los cargos de nulidad que la Sección Quinta de esta Corporación
encontró probados, los cuales se refieren a la ausencia de identificación de la
mesa de votación, no coincidencia entre los nombres de los titulares y las cédulas
registradas y, a la no correspondencia de las cédulas inscritas en las mesas con
los titulares de las mismas, aspectos que corresponden al manejo de la
información y bases de datos de los ciudadanos cuya competencia es privativa de
esta entidad estatal, en ese sentido, es claro que la causa de la nulidad de la
Resolución no. 915 de 2006 y el daño si resultan imputables a la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

4) A su turno, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 265 de la
Constitución Política de Colombia, a cargo del Consejo Nacional Electoral se
atribuyó la función de “[e]jercer la suprema inspección y vigilancia de la
organización electoral”.

5) En el presente asunto, contrario a lo señalado en los recursos de apelación
formulados por las entidades demandadas, de la valoración conjunta del escrito
contentivo de la demanda, de la sentencia de 6 de julio de 2009 la Sección Quinta
de esta Corporación que declaró la nulidad de la Resolución no. (sic) 915 de 2006,
de la audiencia pública a través de la cual se realizó un nuevo escrutinio y de los
elementos probatorios que conforman el expediente, resulta imperioso concluir,
sin hesitación, que el daño es imputable al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, pues, las irregularidades, fraudes,
suplantación de electores y demás situaciones evidenciadas son del exclusivo
resorte, responsabilidad y verificación de las entidades demandadas.

En ese sentido, la Sala encuentra demostrada la imputación puesto que, tal como
lo determinó la Sección Quinta de esta Corporación, durante el proceso de
escrutinio se concretaron varias irregularidades que conllevaron a un resultado
que condujo a la privación de la declaración oportuna y debida de la elección y
consecuencial posesión del actor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez como
[s]enador de la República para el periodo 2006-2010, para el que fue declarado
electo y finalmente solo hasta el 25 de septiembre de 2009 fue concretado.

Por lo anterior, se impone confirmar la sentencia objeto de apelación y actualizar
el onto de la condena impuesta en primera instancia.

[…]

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el sub lite

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a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?: Sí, en la medida en que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo
Nacional Electoral.

De igual forma, se acredita tal presupuesto, ya que, si prosperan los argumentos
expuestos por los accionantes, eso demostraría la conculcación de los derechos
fundamentales referidos.

Por consiguiente, se revocará el numeral 1.º de la sentencia del 11 de julio de 2024,
proferida por la Sección Cuarta de esta colegiatura y, de encontrarse satisfechas las
demás exigencias de procedencia, se analizarán los defectos sustantivo y fáctico
invocados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

b) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez? Sí, comoquiera que
la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable, que no supera los 6
meses después de la ejecutoria de la sentencia del 19 de octubre de 2023, emitida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que confirmó el fallo del 30 de
junio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa 25000 23 26
000 2011 01208 01 (57.342).
c) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
del medio de control de reparación directa que dio origen a las sentencias objeto
de la tutela de la referencia? Sí, habida cuenta de que la sentencia de segunda
instancia se emitió por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Conjuntamente, no se evidencia que los argumentos esbozados se enmarquen en
alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o
de unificación de jurisprudencia.

d) Por otro lado, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.

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e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite ordinario de reparación directa.

2.5.2. Solución de los defectos específicos

2.5.2.1. Defecto material o sustantivo

En primer lugar, para la Registraduría Nacional del Estado Civil este yerro, grosso
modo, se deriva en cuanto a que el Consejo de Estado interpretó erróneamente los
artículos 9, 26 (numerales 2 y 6), 33 (numeral 7), 48 (numeral 8), 142, 181 y 182 del
Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano), pues no tuvo en cuenta la
inexistencia de la obligación de esta para inmiscuirse en situaciones de competencia
de los jurados de votación y de los escrutadores, o de resolver o verificar situaciones
electorales de fondo, como la validez del voto, la verificación de la suplantación de
electores, errores de los jurados de votación, errores de escrutinio no corregidos por
las comisiones escrutadores, tachadura y enmendaduras en los formularios, entre
otras.

Además, porque se confundieron las funciones meramente logísticas y secretariales
que le asisten a la Registraduría, las cuales difieren a las que le atañen al Consejo
Nacional Electoral, sumado a que si bien es cierto el Decreto 111 de 1996, en su
artículo 11, prevé la existencia de un solo presupuesto, no se puede excluir que cada
entidad tiene su propia iniciativa y estimación financiera, por lo que se debe respetar
la apreciación de gastos que cada una requiera.

En segundo lugar, la entidad registradora indicó que el referido defectos sustantivo
también se presentó por el desconocimiento de las normas aplicables al caso concreto,
entre ellas, i) los artículos 265 y 266 de la Constitución Política, que establecen las
competencias tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría; ii) el
Decreto 1010 de 2000, por medio del cual se prevé la organización interna de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; y iii) el Decreto 2241 de 1986, —Código
Electoral— en lo atinente al capítulo II sobre jurados de votación.

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Bajo este contexto, y tomando en consideración los hechos probados en el trámite de
la referencia (numerales 2.4.3., 2.4.4., y 2.4.5., ut supra), para la Subsección no se
materializa el precitado defecto especial, por los siguientes motivos:

Por una parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en la sentencia del 30 de junio de 2015, accedió a las pretensiones de
la demanda de reparación directa interpuesta por el señor Jaramillo Martínez con base
en los artículos 120 y 265 —modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de
2009— de la Constitución Política; 4, 10, 11, 12, 13 y 15 del Decreto 1010 de 2000; y
80, 81, 82, 83 y 85 del Código Electoral Colombiano (Decreto 2241 de 1986) para
explicar la manera en que se engranan tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil
como el CNE para adelantar el proceso electoral. Sobre este punto, el a quo estimó lo
siguiente:

[…]

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales transcritas, se aprecia
como (sic) en el proceso electoral se articulan CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL y REGISTADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para que desde
el punto de vista de sus funciones se desarrolle con garantías el ejercicio de los
derechos electorales y la participación democrática, buscando que las votaciones
sean la auténtica expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que
los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector
expresada en las urnas.

[…]

Así mismo, tuvo en cuenta la Sentencia C-230A de 2008 de la Corte Constitucional,
para arribar a la conclusión de que la Registraduría cumple sus funciones antes y
durante las elecciones, mientras que el Consejo Nacional Electoral las lleva a cabo
posteriormente; empero, no pueden catalogarse como funciones totalmente
independientes, sino complementarias, ya que uno de los puntos en común recae en
las atribuciones de inspección y vigilancia en el curso del proceso electoral.

Pues bien, en la referida sentencia de constitucionalidad, que a su vez fue citada por
el tribunal accionado, la Corte estableció lo siguiente:

En lo atinente al proceso electoral el Consejo tiene unas competencias y a la
Registraduría le corresponden otras, pues mientras que la organización de las
elecciones, la logística para su celebración y la celebración misma atañen a la

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Consejo Nacional Electoral
Registraduría Nacional del Estado Civil, la solución de las controversias referentes
a los escrutinios generales y a los resultados electorales. Junto con la declaratoria
de elección y la expedición de las credenciales son funciones asignadas al
Consejo Nacional Electoral.

Como se observa, las funciones correspondientes a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral son complementarias, aunque
separadas, lo cual Indica que cada órgano hace lo que le atañe y que ninguna de
las funciones que se les han asignado da margen para la Interferencia o
intervención de alguno de ellos en los asuntos confiados al otro.

Así pues, la inspección y vigilancia que la Constitución encomienda al Consejo
Nacional Electoral no significa desplazamiento o sustitución de la Registraduría en
las facultades que se la han discernido, pero ello no significa que, como pretenden
los demandantes, la no injerencia se logre a costa de que el Consejo circunscriba
el ejercicio de la inspección y vigilancia al exclusivo ámbito de sus atribuciones y
de que, correlativamente, a la Registraduría se le reconozcan facultades de
inspección y vigilancia respecto de sus funciones.

Y es que la Constitución ha radicado la inspección y vigilancia en cabeza del
Consejo Nacional Electoral, la ha calificado de suprema, ha señalado que se
ejerce sobre la organización electoral en su conjunto y, aún (sic) cuando a la vez,
ha diseñado un modelo de organización electoral integrado por dos órganos
autónomos, es menester puntualizar que tal autonomía no excluye la
coordinación entre ambos y que justamente, uno de los puntos de común
referencia de las funciones que ejercen la Registraduría y el Consejo es la
suprema inspección y vigilancia que el Consejo ejerce sobre el conjunto de
la organización electoral.

(Negritas fuera del texto original)

Por otra parte, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, al confirmar
la decisión de primer grado, basó su decisión en los numerales 10 y 11 del artículo 5.º
del Decreto 1010 de 2000,9 así como en la sentencia de nulidad electoral del 6 de julio
de 2009, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad
de la Resolución 915 del 5 de junio de 2006, la cual originó la acción de reparación
directa tantas veces mencionada, y determinó que las funciones de a) proteger el
ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos y b)
organizar el proceso electoral, se incumplieron por parte de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, lo cual acreditó que le fuera imputado el daño incoado por el señor
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

9 «Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las

funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones». […] «Artículo 5°. Funciones. Son funciones de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes: (…) 10. Proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar
plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que ningún partido o grupo político
pueda derivar ventaja sobre los demás. 11. Dirigir y organizar el proceso electoral y demás mecanismos de
participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.»

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Así las cosas, para esta Subsección es claro que los órganos judiciales demandados
a través de la acción de tutela profirieron las decisiones acusadas de manera
justificada y ampliamente argumentada, tanto legal como jurisprudencialmente, lo cual
permite discernir que estas no fueron arbitrarias ni absurdas como lo da a entender la
entidad accionante, sumado a que no se evidencia una interpretación normativa
desproporcionada a la realidad jurídica, pues los jueces de instancia, en virtud de su
autonomía judicial y conforme al principio de iura novit curia, decidieron el caso
concreto.

Por último, es de aclarar que por el hecho de que la interpretación judicial no esté
acorde con la posición intelectual de las partes en litigio, no conlleva a que se vulneren
sus derechos fundamentales. En consecuencia, el defecto sustantivo endilgado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil no prospera.

2.5.2.2. Defecto fáctico

La Registraduría indicó que se materializó el aludido yerro, toda vez que se valoró
indebidamente la referida sentencia del 6 de julio de 2009, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ya que no se tuvo en cuenta que quien impetró la
demanda de nulidad electoral allí resuelta fueron personas diferentes al señor
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Además, porque ni el tribunal ni esta corporación
acataron los términos en los que se decretó la nulidad electoral.

Sin embargo, para la Sala no hay lugar a resolver de fondo este reparo, ya que no
satisface el requisito de subsidiaridad, puesto que los argumentos que lo sustentan no
se alegaron en el trámite de la reparación directa, por lo que no puede el juez
constitucional entrar a fungir como un togado de instancia, y decidir puntos nuevos que
atañen netamente al debate jurídico ordinario.

2.5.2.3. Defecto por desconocimiento del precedente

La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando se
desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos problemas

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jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.10

Los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando estas
constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas:
«(i) debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede
omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales
considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».11

Dicho esto, en el presente caso, se tiene que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil argumentaron que las autoridades judiciales
demandadas no tuvieron en cuenta que, en la sentencia del 20 de junio de 2023,
proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, bajo el
radicado 25000 23 36 000 2015 01917 02 (59531), estableció reglas para decidir
asuntos litigiosos cuyo origen obedece a una sentencia de anulación de contenido
electoral.

Sin embargo, tal como lo advirtió la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo
impugnado, en la Sentencia T-446 de 2013, la Corte Constitucional estableció lo
siguiente sobre el desconocimiento del precedente:

4.7 Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre
precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura
orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su

10 Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras.
11 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011.

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contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia12. En
este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez
–individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus
propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden
apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones
superiores, particularmente por las altas cortes.13

4.8 En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho
a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia
en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente
fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de
adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos
propios de la evolución del derecho. 14

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al
precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho
han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”15 (requisito de transparencia); y
(ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que
significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino
que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido,
correcto o suficiente para resolver el caso nuevo16 (requisito de suficiencia).
Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende
protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la
autonomía e independencia de los operadores judiciales.17

[…] (Se resalta)

12 Sobre precedente vertical y horizontal, se pueden consultar las sentencias T-441 de 2010 y T-014 de 2009.
13 Sentencia T-918 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Al respecto en la sentencia T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil la Corte señaló que “en la medida en que

la Constitución Política (C.P. arts. 228 y 230) les reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía
funcional, el principio de igualdad, en materia judicial, no puede interpretarse de manera absoluta, so pena de
petrificar el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, impedir que las normas se ajusten a los cambios sociales,
políticos y económicos que les dotan de pleno contenido y significación.”.
15 Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El

ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello
garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica
que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera
intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de
seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido ratio
decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen.”
16 Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-

330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.
17 Sentencia T-918 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre este punto, por ejemplo, en la sentencia T-330

de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto, esta Corporación precisó: “en suma, prima facie, los funcionarios judiciales
están vinculados por la obligación de aplicar el precedente sentado por los órganos encargados de unificar
jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del mismo en ejercicio de la autonomía judicial, pesa sobre los
mismos una carga de argumentación más estricta. Es decir deben demostrar de manera adecuada y suficiente las
razones por las cuales se apartan.” Así mismo, en la sentencia T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte
concluyó: “[S]i en la interpretación y aplicación de la ley se dota a la norma jurídica de contenido y significación, es
obvio que las autoridades judiciales no pueden desconocer o inaplicar un precedente en un caso determinado, a
menos que exista un principio de razón suficiente que justifique dicho cambio de criterio (precedente horizontal) o
resulte admisible un tratamiento desigual a partir de la diversidad de circunstancias o supuestos fácticos sometidos
a conocimiento y decisión del juez (precedente vertical).”

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De acuerdo con los apartes jurisprudenciales transcritos, en lo que tienen que ver con
el precedente horizontal, es claro que el juez, ya sea unipersonal o colegiado, no puede
apartarse de sus propias tesis que ha adoptado con anterioridad en un caso con
similares o iguales supuestos fácticos y jurídicos, salvo que lo haga debidamente
razonado.

Así las cosas, en el presente asunto, una vez revisada la sentencia del 20 de junio de
2023, invocada como desconocida, la Sala estima que si bien es cierto, también fue
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que la referida
providencia fue expedida por la Subsección A de dicha colegiatura, mientras que el
fallo objeto de tutela lo emitió la Subsección B.

Sobre este punto, conviene precisar que la Sección Tercera del Consejo de Estado
está compuesta por tres subsecciones, cada una con tres magistrados, quienes gozan
de autonomía judicial para ejercer su función, salvo las limitaciones establecidas por
la jurisprudencia y la ley; empero, solo están obligados a acatar los procedentes
horizontales, siempre y cuando hayan sido suscritos por la misma subsección o el caso
se acompase con una sentencia de unificación proferida por la sala de sección o la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por consiguiente, en el asunto sub lite no se acredita el desconocimiento del
precedente endilgado por los apoderados de las entidades accionantes, ya que i) no
fueron emitidas por una misma subsección; y ii) no corresponde a una sentencia de
unificación, en los términos de los artículos 270 y 271 del CPACA.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos, la Sala i) revocará el numeral primero de la sentencia
del 11 de julio de 2024, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, frente
la declaratoria de falta de relevancia constitucional de los defectos sustantivo y fáctico;
ii) declarará improcedente por falta de subsidiaridad el defecto fáctico; y iii) modificará
el numeral segundo. En su lugar, negará el amparo deprecado por las entidades
accionantes, ya que no se demostraron los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente invocados por las accionantes.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el numeral 1.º de la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado en cuanto a la declaratoria de improcedencia
de la acción de tutela frente a los defectos sustantivo y fáctico, al no acreditarse el
requisito de relevancia constitucional.

Segundo. Declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia en
cuanto al defecto fáctico, ya que no cumple con el criterio de subsidiaridad.

Tercero. Modificar el numeral 2.º de la referida decisión, el cual quedará así:
2. Negar las pretensiones de las acciones de tutela interpuestas por la RNEC y el
CNE, en lo atinente a la configuración de los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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