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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02564-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02564-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción interpuesta por la señora Paula Andrea Castaño Palacio, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02564-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02564-00
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y otro.

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.

Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La señora Paula Andrea Castaño Palacio, por conducto de apoderado judicial,
radicó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el coordinador de Área Jurídica
Proyecto UNCSJ – Concurso de Jueces y Magistrados Convocatoria 27 Rama
Judicial y la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, por la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El 26 de marzo de 2024, la señora Paula Andrea Castaño radicó derecho de
petición ante las entidades accionadas, con el fin de que le proporcionaran copia
integra del cuadernillo de preguntas y respuestas correspondientes al examen
que presentó en su condición de concursante de la convocatoria 27, o la
transcripción literal del enunciado de las claves de respuesta correspondiente a
los siguientes ítems:

• Preguntas de aptitudes: 6, 9, 10, 11, 25, 28, 34 y 43.
• Pregunta de conocimientos: 58, 59, 62, 63, 65, 78, 84, 98, 102, 114,
116.

A la fecha de radicación de la presente tutela, la parte accionante no había
obtenido respuesta alguna.

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Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02564-00
Accionante: Paula Andrea Castaño Palacio

2.2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se declare que la Directora de la Unidad de Carrera, y la Universidad
Nacional de Colombia (Rectoría y Coordinador del Área Jurídica Proyecto
UNCSJ Concurso Jueces y Magistrados Convocatoria 27 Rama Judicial)
han vulnerado el derecho fundamental de petición de mi poderdante.

2. Reconocido lo anterior y como consecuencia natural de dicha omisión, se
ordene a las entidades accionadas, a dar respuesta, clara, congruente,
concreta y de fondo conforme lo establecen la normatividad y la
jurisprudencia colombianas al derecho de petición radicado el día 26 de
marzo de 2024 en el canal electrónico por ellos dispuesto».

2.3. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 27 de mayo
de 2024. En este se ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Unidad de Administración de la Carrera Judicial, la
Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y su Coordinación Área Jurídica
Proyecto UNCSJ Concurso Jueces y Magistrados Convocatoria 27 Rama Judicial
y como tercero interesado en el resultado del proceso al Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Bogotá.

2.3.1 La Universidad Nacional de Colombia relató el proceso para el diseño, la
estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas de
conocimientos, competencias y/o aptitudes, en el marco del concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria
27).

Asimismo, informó que, a la fecha de presentación del presente informe ya había
brindado respuesta de forma, clara, completa y de fondo a través del Oficio
CONV27DP-6005 del 4 de junio de 2024, por medio del cual atendió todos los
reparos formulados por la accionante.

Adicional a ello, manifestó que el 16 de enero de 2023 fue expedida la Resolución
CJR23-0041, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
presentados contra la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, que
publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo del Circuito
de la Rama Judicial y se resolvieron las mismas inquietudes de la señora Paula
Andrea Castaño Palacio y que relaciona actualmente en el escrito de tutela

En ese orden de ideas, sostuvo que no ha vulnerado ningún derecho de la
accionante ni se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y se presenta
el fenómeno de hecho superado por carencia actual de objeto.

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2.3.2 La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura expuso que dio respuesta a la petición formulada por la señora
Castaño Palacio, la cual fue notificada a las direcciones electrónicas
pcastanp@cendoj.ramajudicial.gov.co y paulaenvigado@gmail.com, por lo que
solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

2.3.2 El Juzgado 26 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá indicó que
no ha vulnerado el derecho fundamental de petición invocado por la accionante
y sostuvo que en el Despacho actualmente se adelanta el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-026-2024-00134-00, en
el que coinciden las partes involucradas en la presente acción constitucional, el
cual se ha tramitado conforme al cauce procesal, en el que se habrán de adoptar
las decisiones que en derecho correspondan.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición de la
señora Paula Andrea Castaño Palacio.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del derecho fundamental de petición

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es

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de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración
de su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.

En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:

«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (…)»1. (Resaltado
original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si

1 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido2.

Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.

Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.

Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se
responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:

«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de
no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».

3.4.1 Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto

La señora Paula Andrea Castaño Palacio interpuso la acción de tutela con el fin
de obtener la protección de su derecho fundamental de petición por la presunta
omisión de respuesta a la petición que radicó el 26 de marzo de 2024, con el fin
de obtener la copia íntegra de su cuadernillo de preguntas y respuestas de la
convocatoria 27.

Ahora bien, una vez verificados los informes y las pruebas allegadas al proceso,
se advierte que en correo remitido a la accionante el 4 de junio del presente año,
se adjuntó el Oficio CNV27DP-6005, a través del cual se le indicó a la señora
Paula Andrea Castaño Palacio, lo siguiente:

2 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de

julio de 2006.

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«(…) En primera medida es necesario reiterar lo manifestado en el oficio de
respuesta con radicado CONV27DP-5460 del 21 de abril de 2023 en el cual
se le indicó que todos los cuestionamientos planteados por la solicitante
fueron efectivamente resueltos a través de la Resolución CJR23-0041 y sus
anexos, la cual se emitió para resolver los recursos de reposición y
ampliación presentados contra la Resolución CJR22-0351. En igual sentido,
se informó lo siguiente:

“En ese orden de ideas, se precisa que con la marcación en la fila
correspondiente a su cédula, del Anexo 1, se le dio respuesta de manera
particular identificando en debida forma los reparos realizados en su recurso
de reposición y en la ampliación de este, cuyos temas fueron desarrollados
de manera clara, completa y de fondo en la parte motiva de la Resolución
CJR23-0041 de 16 de enero de 2023.”

De manera adicional, en cuanto a la solicitud de copias y/o transcripción
literal del examen en su totalidad o en parte, se recuerda que al interior del
escrito de ampliación al recurso de reposición la peticionaria expresó su
desacuerdo respecto de los lineamientos y el protocolo desarrollado durante
la etapa de exhibición del material de la prueba y que tenían que ver con la
copia textual o
reproducción de esta. Frente a ello, la citada resolución expresó que:

“(…)

De conformidad con lo anterior, los criterios para adelantar la jornada de
exhibición, siguiendo los parámetros señalados por el juez de tutela dentro
de un marco razonable, corresponde fijarlos a la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, la cual garantizó con las medidas adoptadas, el
acceso al cuadernillo; hoja de respuestas; claves de respuesta; número de
aciertos; en fin, la información necesaria para que pudieran sustentar los
recursos, cuando hubiera lugar a ello, respecto de cada concursante en la
jornada programada en el cronograma de la convocatoria 27, para el 30 de
octubre del año en curso.

Así las cosas, la jornada de exhibición se realizó acogiendo los lineamientos
de la providencia del Consejo de Estado, por lo que no es factible la
reproducción con uso de medios tecnológicos o digitales, o entrega física del
material, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo
164 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la
cual no contempla ninguna excepción. (subraya fuera de texto original)

De este modo, se proporcionó a los aspirantes que requirieron el acceso a
la documentación de la prueba, la oportunidad de consultar personalmente
la información, en condiciones que posibilitaran salvaguardar la cadena de
custodia, al no permitir una disposición ilimitada de la información allí
contenida, garantizando la conservación de la reserva frente a terceros, en
un ámbito de igualdad, lo que hizo necesario imponer ciertas restricciones
tales como impedir la reproducción del contenido de los documentos, es así

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que para tomar nota de los aspectos que consideraran relevantes se
suministraron hojas en blanco y en el término razonable para la respectiva
revisión(…)».

Conforme con lo anterior, se advierte que a la parte accionante ya le fue resuelta
de forma clara y precisa la solicitud que radicó el 26 de marzo de 2024, con el fin
de obtener la copia íntegra de su cuadernillo de preguntas y respuestas de la
convocatoria 27, por lo que hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, pues la circunstancia que reportaba la conculcación del derecho
ha desaparecido, por lo que las medidas que podría adoptar el juez de tutela
carecerían de efecto.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado
y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»6.

En conclusión, en el presente asunto se configura una situación en la cual el
amparo constitucional sería ineficaz, razón por la que esta Sala de Subsección
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
promovida por la señora Paula Andrea Castaño Palacio.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de
la acción interpuesta por la señora Paula Andrea Castaño Palacio, por lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase
el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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