Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02568-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de junio de 2024
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02568-00
Accionantes: Néstor Segunda Primera Ramírez
Accionados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Temas: Acción de tutela contra decisiones disciplinarias en las que se sancionó al
accionante con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
término de un mes.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Néstor Segunda
Primera Ramírez en contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar
y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la expedición de las
providencias del 26 de julio de 2021 y del 6 de septiembre de 2023,
respectivamente, en el proceso disciplinario con radicado 20001-11-02-000-2018-
00628-00/1.
ANTECEDENTES
El señor Néstor Segunda Primera Ramírez promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, en conexión con los principios de seguridad jurídica
y cosa juzgada, los cuales considera vulnerados por las autoridades accionadas.
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HECHOS
Narró el actor que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició investigación
disciplinaria en su contra, con base en una queja anónima porque en su condición
de titular del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Valledupar, concedió licencia no remunerada a la señora Luz Marina
Arévalo Caviedes, a pesar de que ella estaba haciendo uso de esa misma licencia
desde el 1 de enero de 2011.
Que el 19 de octubre de 2018 la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar ordenó la indagación preliminar y la
práctica de pruebas; el 17 de febrero de 2019 dio apertura a la investigación
disciplinaria en su contra y el 18 de septiembre de ese año presentó versión libre.
Que el 10 de julio de 2020 se declaró cerrada la investigación; el 19 de octubre de
esa anualidad se formularon cargos en su contra y el 27 de ese mes y año fue
notificado personalmente mediante correo electrónico.
Que, adelantadas las demás etapas, el 26 de julio de 2021 la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Cesar lo declaró responsable de la incursión en la falta
establecida en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, enlazada con el
parágrafo del artículo 142 ejusdem, al tenor de lo previsto en el artículo 196 de la
Ley 734 de 2002, ilicitud considerada grave realizada a título de dolo, y lo sancionó
con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de un
mes.
Que interpuso recurso de apelación oportunamente, entre otros aspectos, porque
estimó que su actuar fue atípico para la conducta endilgada y el 6 de septiembre de
2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera
instancia.
Considera que las autoridades mencionadas incurrieron en un defecto sustantivo
por el desconocimiento del precedente jurisprudencial, concretamente, de la
sentencia del 14 de julio de 2021, radicado 18001-110-20-00-2016-00782-01, en la
que se analizó si el inculpado cometió una falta disciplinaria por conceder una
licencia no remunerada sin que la beneficiaria se hubiera reintegrado al cargo de
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carrera que ostentaba y se determinó que no era posible endilgarle responsabilidad
por haber efectuado una interpretación garantista de una norma, con mayor razón
cuando no existía una exegesis del legislador ni de la Corte Constitucional o del
Consejo de Estado sobre la materia, regla que, a su juicio, debió aplicarse en su
caso.
Que aquellas también incurrieron en ese defecto por indebida interpretación del
parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, pues en el caso la tipicidad fue
construida con fundamento en aquella, pese a que únicamente define los términos
del otorgamiento de la licencia no remunerada, pero no especifica que la concesión
de esta conlleve la necesidad de que el empleado beneficiario deba reintegrarse al
cargo de carrera que ostenta para acceder a una nueva licencia no remunerada,
como lo concluyeron las autoridades accionadas.
Que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pasó por alto que, en materia
disciplinaria, a diferencia de lo que ocurre en penal, el fallador cuenta con un mayor
margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad
de comportamientos que pugnan con los propósitos de la función pública y del
régimen disciplinario.
Que luego de analizar la norma referida, válidamente interpretó que podía conceder
a la empleada judicial una nueva licencia no remunerada, ante la inexistencia de un
precedente judicial que lo impidiera y de una norma en la que se estableciera esa
obligación de reintegro al cargo de carrera.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia del 6 de septiembre de
2023 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso
disciplinario en el que fue sancionado y, en consecuencia, ordenarle que, en el
término máximo de diez días siguientes a la notificación de la providencia, emita
una decisión de reemplazo en la que aplique la regla fijada en la sentencia del 14
de julio de 2021, radicado 18001-110-20-00-2016-00780-01, y se efectúe una
interpretación al parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996 que garantice su
derecho al in dubio pro disciplinado y se le absuelva de todas responsabilidad
disciplinaria.
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ACTUACIÓN PROCESAL
La acción fue admitida el 23 de mayo de 2024, mediante proveído, en el que se
ordenó notificar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como accionados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de la magistrada de
la providencia cuestionada, afirmó que no se supera el requisito de inmediatez,
puesto que la decisión se aprobó el 6 de septiembre de 2023 y la tutela fue
instaurada el 22 de mayo de 2024, esto es, transcurridos casi 8 meses, sin que se
hayan expuesto razones válidas para esa tardanza. Agregó que aun si se tuviera
como punto de partida la comunicación librada el 21 de noviembre de 2023 para
notificar la decisión tampoco se superaría esa exigencia, con mayor razón porque
ya se cumplió el término de la sanción impuesta que inició el 11 de enero de 2024.
Refirió que tampoco se cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues lo
pretendido es revivir la discusión disciplinaria como si se tratara de una tercera
instancia e imponer la interpretación que hace el actor de la norma con base en un
pronunciamiento que no fue alegado al interior del proceso sancionatorio, pese a
que contó con todas las garantías procesales que le asistían.
Expuso que tampoco se configuró el defecto invocado, dado que la sentencia
señalada no constituye precedente, en la medida en que no se trata de una decisión
de constitucionalidad ni de unificación y se profirió en sus inicios, esto es, cuando
apenas empezaba su labor como órgano de cierre de la jurisdicción en el 2021, y
con base en las particularidades del caso y de las pruebas específicas. Añadió que
en ese caso el estudio estuvo delimitado por los argumentos planteados en el
recurso de apelación del allí disciplinable, especialmente, el relacionado con la
existencia de un concepto de la Rama, según el cual no era necesario que un
funcionario se reintegrara a su cargo vacante para volver a gozar de una nueva
licencia no remunerada, lo que generó que la ratio decidendi fuera distinta a la hoy
censurada.
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Adujo que en ningún momento del proceso disciplinario el ahora accionante planteó
que debía darse una nueva interpretación del parágrafo del artículo 142 de la Ley
270 de 1996 que garantizara su derecho de in dubio pro disciplinado.
Sostuvo que la decisión se motivó debidamente, estuvo precedida del debate
respectivo y de las garantías procesales disciplinarias, y el juicio de convicción allí
realizado fue consecuencia de una valoración conjunta, razonada e integral de las
pruebas existentes, por lo que solicitó declarar improcedente la acción o,
subsidiariamente, denegar el amparo solicitado.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a través del magistrado
sustanciador de la providencia de primera instancia discutida en esta sede, señaló
que la acción carece del requisito de inmediatez, en la medida que se formuló más
de seis meses después de la sentencia proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
Manifestó que no se configura ninguna de las causales específicas de procedibilidad
de la tutela para discutir providencias judiciales porque efectuó una motivación
razonable con fundamento en el ordenamiento jurídico, sin vulneración del debido
proceso o del derecho de defensa, por lo que pidió decidir desfavorablemente las
pretensiones de la parte accionante o declarar improcedente el amparo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
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“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, el accionante considera que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Cesar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrieron en un defecto
sustantivo por dos razones: 1) el desconocimiento de la sentencia del 14 de julio de
2021, proferida en el proceso con radicado 18001-110-20-00-2016-00782-01, en la
que se analizó un caso similar al suyo y se determinó que no era posible endilgarle
responsabilidad al disciplinable por haber efectuado una interpretación garantista
de una norma, con mayor razón ante la ausencia de una exegesis del legislador ni
de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado sobre la materia, y 2) la indebida
interpretación del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, pues en el caso
la tipicidad fue construida con fundamento en aquella, pese a que únicamente define
los términos del otorgamiento de la licencia no remunerada, pero no especifica que
dicho otorgamiento conlleve la necesidad de que el empleado beneficiario deba
reintegrarse al cargo de carrera que ostenta para acceder a una nueva licencia no
remunerada, como lo concluyeron las autoridades accionadas.
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A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedibilidad que habilitan el estudio de las providencias
discutidas y, de ser así, si se configura algún defecto conforme a los cargos
planteados. Sobre este aspecto se aclara que el estudio se efectuará a la luz del
defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente judicial, por ser los que
mejor se adecúan a los razonamientos expuestos por el actor.
La Sala encuentra satisfechas las exigencias generales de procedencia de la
presente acción de tutela para discutir la sentencias censuradas en esta sede
únicamente en relación con el defecto sustantivo relacionado con la interpretación
del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, pues: 1) el asunto a resolver
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección; 2) el actor utilizó los mecanismos
judiciales con los que contaba; 3) la acción se instauró dentro del término
establecido como prudencial, contado desde la fecha de notificación de la decisión
de segunda instancia, realizada mediante mensaje de datos el 21 de noviembre de
2023, en los términos del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, y teniendo en cuenta
que la tutela se formuló el 22 de mayo de 2024; 4) no se está invocando una
irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa exigencia; 5) el
solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito de subsidiariedad respecto al
desconocimiento del precedente judicial invocado, en tanto el accionante no agotó
los mecanismos judiciales que tenía a su disposición antes de acudir a esta acción
constitucional para alegar la existencia de un antecedente de un caso similar al suyo
e intentar lograr la protección de los derechos que estima conculcados con
fundamento en ese razonamiento.
En efecto, revisada la actuación adelantada en el proceso disciplinario, esta Sala
denota que en el recurso de apelación interpuesto por el señor Néstor Segunda
Primera Ramírez en contra de la decisión sancionatoria de primera instancia aquel
no expuso el argumento referido, a pesar de que en ella se concluyó que incurrió en
la falta disciplinaria por violación del deber señalado en el numeral 1 del artículo 153
de la Ley 270 de 1996, por inobservar el parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de
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1996.
En dicha oportunidad procesal el hoy accionante se circunscribió a enfatizar en la
proscripción de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, conforme a la
Sentencia T-316/19 de la Corte Constitucional; la atipicidad de la conducta
endilgada; la imposibilidad de atribuirle hechos anteriores a la expedición de la
Resolución del 28 de diciembre de 2016; la inexistencia de la necesidad de que la
empleada se posesionara en el cargo de carrera, pues bastaba su sola presencia
para asumirlo; los efectos fiscales de la licencia concedida; la presunción de buena
fe y de confianza legítima respecto de la persona a la que se le otorgó aquella; la
primacía del derecho sustancial sobre el formal; la no afectación del sistema de
carrera y de la administración de justicia y el apartamiento de dos conceptos
emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior permite evidenciar que el disciplinable no expuso su disenso con la
decisión adoptada con sustento en el antecedente mencionado en esta sede, esto
es, en la sentencia del 14 de julio de 2021, proferida en el proceso con radicado
18001-110-20-00-2016-00782-01, por lo cual la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no se pronunció sobre ese particular en los términos pretendidos ahora por
el accionante, es decir, frente a la interpretación que allí se hizo sobre el parágrafo
del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, sin que resulte posible examinar ese
planteamiento en esta sede, pues ello equivaldría a invadir la órbita de competencia
de esa autoridad en el estudio del caso.
En esa medida, se concluye que frente al desconocimiento del precedente judicial
no se supera la exigencia de subsidiariedad, por lo cual se declarará la
improcedencia de la acción frente a ese aspecto.
En cuanto a la exegesis del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996
realizada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, esta
Subsección advierte que aquella analizó la norma en cuestión y evidenció que en
ella se estableció el término con el que cuentan los empleados para hacer uso de
una licencia no remunerada, pero no se dijo nada sobre la posibilidad de prórroga,
lo que conllevaba forzosamente a concluir en el caso que la empleada debía
posesionarse en el cargo que ocupaba en carrera; exegesis que realizó de forma
gramatical y frente a la cual precisó que el intérprete no puede distinguir cuando no
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lo hace el legislador, en atención al artículo 27 del Código Civil, aplicable al asunto
por el principio de integración normativa.
En ese entendido, aquella aclaró que no podía darle un alcance a la norma distinto
al allí plasmado, ante la ausencia de algún tipo de confusión para el operador
jurídico.
Así las cosas, esta Sala no observa que haya existido una interpretación irracional
o arbitraria del parágrafo del artículo 142 de la Ley 270 de 1996, sino que el análisis
normativo atendió a su tenor y se efectuó conforme a los principios de autonomía e
independencia, por lo que no puede ser objeto de reproche por este juez
constitucional.
Debe recordarse que a través de la acción de tutela no puede pretenderse imponer
a la autoridad judicial accionada la exegesis que se estima es la adecuada cuando
el estudio normativo estuvo debidamente sustentado y razonado, pues este
mecanismo no está instituido como un juicio de corrección, sino de validez, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional3.
Por consiguiente, se declarará improcedente la acción en relación con el
desconocimiento del precedente judicial y se negará el amparo solicitado respecto
al defecto sustantivo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción en relación con el desconocimiento del
precedente judicial y negar el amparo solicitado respecto al defecto sustantivo
invocado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3 Ver, entre otras, la Sentencia T-022/19.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Ausente en comisión)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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