Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02570-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02570-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02570-00
Demandante: Wilson Javier Quiñones Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02570-00
Demandante: WILSON JAVIER QUIÑONES CARVAJAL
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Derechos de petición, honra, debido proceso y dignidad humana
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilson Javier Quiñones Carvajal
contra la Presidencia de la República y otros.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de mayo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y actuando en nombre
propio, Wilson Javier Quiñones Carvajal pidió la protección de sus derechos
fundamentales de petición, honra, debido proceso y dignidad humana.
A juicio de la parte actora, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la supuesta omisión de las autoridades accionadas (i) de sancionar a las
empresas que presuntamente lo reportaron en las centrales de riesgo y (ii) de adoptar
medidas orientadas a evitar supuestos hechos de corrupción en la Superintendencia de
Industria y Comercio.
2. Pretensiones
El demandante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se le ordene al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA GUSTAVO PETRO URREGO,
que ordene una investigación exhaustiva a la SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
SEGUNDO: Que la superintendente de industria y Comercio, sancione con [...] 2000 SMMLV a las
casas de cobranza [que lo reportaron como moroso en las centrales de riesgo financiero].
TERCERO: Que se le ordene [al] MINISTERIO PÚBLICO, en cabeza de Margarita Cabello Blanco[,]
que investigue penal y disciplinariamente a la SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO por actos de corrupción y la falta del ART 35 del código
disciplinario.
CUARTO: Que se vincule de manera oficiosa a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, [para que
indague] c[ó]mo las entidades PROSPERANDO, FC RISK MEF ORIGMEFIA FLM, SOLVENTA,
ACREE CONTACTO ORIG SERFINAN, BANINCA, RED INSTANTIC MOVISTAR Y CLARO SERV
1 Índice 1 de Samai.
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MOV obtuvieron mi información, ya que es una información sensible y que solamente me compete a
mi como colombiano y porque estas casas de cobranza me violaron mi dignidad humana […].
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en estas diligencias, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
El 8 de febrero de 2024 el accionante pidió a la Superintendencia de Industria y
Comercio adelantar actuaciones sancionatorias contra las empresas «Prosperando, FC
Risk Mef Origmefia Flm, Solventa, Acree Contacto Orig Serfinan, Baninca, Red Instantic
Movistar y Claro Serv Mov», toda vez que en sus bases de datos se registran sus
obligaciones crediticias, pese a que no tiene vínculo alguno con ellas.
El 5 de abril de 2024 el demandante solicitó al presidente de la República que, como
máxima autoridad administrativa del país, indagara sobre las presuntas irregularidades
acaecidas en la Superintendencia de Industria y Comercio, concernientes a «reportes
negativos de unas casas de cobranzas que no cono[ce]», frente a las cuales ese ente estatal
no había adelantado actuación alguna.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El demandante afirmó que la inactividad de las autoridades accionadas frente a las
presuntas irregularidades presentadas en el manejo de su información crediticia por
parte de empresas privadas, vulnera sus garantías superiores, lo que además,
involucra presuntos actos de corrupción al interior de la Superintendencia de Industria
y Comercio, que deben ser abordados por las autoridades accionadas en aras de
salvaguardar los principios de moralidad, eficiencia y eficacia.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de mayo de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la procuradora
general de la Nación y a la superintendente de industria y comercio, y vinculó como
terceros interesados a la Fiscalía General de la Nación y a los representantes legales
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperando y de las sociedades Risk &
Solutions Group Ltda., Solventa Colombia SAS, Baninca SAS, Red Suelva Instantic
SAS, Colombia Telecomunicaciones SA ESP BIC (Movistar) y Comunicación Celular
SA - Comcel SA (Claro).
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 29 de mayo de 20242.
6. Intervenciones
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República afirmó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones de la tutela
están orientadas a que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias sobre el
presunto indebido manejo de su información financiera, lo que le compete a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. Además, las
Superintendencias de Industria y Comercio y Financiera son las encargadas de decidir
2 Índice 8 de Samai.
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las controversias relacionadas con los datos crediticios de las personas, trámites en
los que no interviene el señor presidente de la República.
Que una vez revisado el sistema de gestión documental, se observó que el
demandante formuló una petición a la entidad3, concerniente a los hechos expuestos
en el escrito de tutela, la cual fue remitida a la Superintendencia de Industria y
Comercio, «entidad legalmente facultada para conocer del tema expuesto en la misiva», a
través del oficio OFI24-00072618/GFPU 13150001 de 17 de abril de 2024, lo que le
fue comunicado al demandante, con oficio OFI24-00072612/GFPU 13150001 de 17 de
abril de 2024, de la misma fecha, circunstancia de la que, dice, no ha vulnerado el
derecho fundamental de petición del accionante.
La Procuraduría General de la Nación pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo porque la solicitud relacionada con presuntas irregularidades en el
manejo de datos, fue enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio por medio
de Oficio TC 2024-81 de 2 de mayo del año en curso, de lo que informó al peticionario
el 3 de los mismos mes y año, mediante correo electrónico, situación de la que se
infiere que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de él.
La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que la Ley 1266 de 2008 le
otorgó facultades de control y verificación del manejo de datos personales, por lo que
la persona que se sienta afectada en la materia puede acudir ante la entidad y
denunciar ello, tal como lo hizo el tutelante, quien el 8 de febrero de 2024 pidió su
intervención, sin embargo, se inhibió para conocer del asunto, a través de auto 45996
de 26 de abril de 2024, dado que «no se aportan elementos de juicio a partir de los cuales
pueda concluirse la comisión de una acción disciplinariamente reprochable».
Que en dicho acto administrativo se dijo que «no hace tránsito a cosa juzgada, por lo que
si en el futuro se aportan elementos que ameriten el inicio de la acción disciplinaria de acuerdo
con los requisitos descritos, se procederá de conformidad», lo que permite inferir que el
tutelante tiene la posibilidad de iniciar nuevamente ese trámite. En virtud de lo anterior,
considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del demandante, por lo
que debe denegarse el amparo deprecado.
La empresa Baninca SAS afirmó que el accionante ya había promovido otras tutelas
por los mismos hechos y pretensiones; a una de ellas se le asignó el número de
radicación 73001-31-10-005-2023-00342-00 y fue declarada improcedente el 9 de
octubre de 2023 por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué. Otra acción de amparo
fue la 73001-31-87-008-2023-00042-00, resuelta el 22 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué4.
La sociedad Colombia Telecomunicaciones SA ESP BIC (Movistar) señaló que el
demandante no le ha presentado alguna reclamación y al consultar «las centrales de
riesgo» evidenció que allí no reposa algún reporte negativo efectuado por la empresa.
Que la tutela resulta improcedente, dado que el ordenamiento jurídico prevé otros
instrumentos como «peticiones, quejas, reclamos y los recursos que en vía gubernativa
pueden presentar los usuarios y suscriptores, y a través de los cuales pueden perseguir la
protección de sus derechos, incluso de aquellos considerados como fundamentales», de
acuerdo con la Resolución 5111 de 2021, expedida por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
3 No determina la fecha.
4 Omite indicar en qué sentido.
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La compañía Red Suelva Instantic SAS afirmó que le suministra el servicio de
telefonía básica al accionante, pero no le ha formulado petición alguna, de ahí que la
tutela resulte improcedente frente a ella por no colmar la exigencia de subsidiariedad,
ya que la solicitud es un requisito de procedibilidad del amparo, conforme lo señala el
artículo 42 (numeral 6) del Decreto 2591 de 1991 y la Corte Constitucional5.
La empresa Risk & Solutions Group Ltda. dijo que si bien el actor le ha remitido
peticiones6, las ha resuelto de manera oportuna, en el sentido de indicarle que como
no tiene con él vínculo comercial o laboral alguno, no ha enviado información de él a
los centrales de riesgo.
La sociedad Solventa Colombia SAS señaló que su objeto se relaciona con el
otorgamiento de créditos de manera digital y no ha afectado garantía superior alguna
del tutelante, pues si bien le formuló una petición concerniente con un reporte que hizo
en las centrales de riesgo, fue respondida oportunamente, para indicarle que la Ley
1481 de 2011 la facultaba para ello, circunstancia que, dicho sea de paso, impide
acceder a la pretensión de sancionarla con 2000 smlmv.
Que la tutela de la referencia no satisface la exigencia de subsidiariedad, dado que el
sistema normativo señala otros instrumentos para que la controversia sea decidida 7 y
el actor no expuso argumentos de los que se logre inferir un perjuicio irremediable.
Comunicación Celular SA - Comcel SA (Claro) aseveró que el demandante se
encuentra en mora en el pago de la obligación 1.08070426 por valor de $1.274.574, lo
que motivó el reporte realizado en las centrales de riesgo crediticio, y aunque también
tenía pendiente la obligación 8.22280542, por $189.557, se suprimió el registro, porque
la sufragó.
Sostuvo que la petición del 18 de diciembre de 2023, relacionada con eliminar los reportes
por supuestamente haber sido suplantado al momento de adquirir los compromisos
crediticios, fue respondida el 4 de enero de 2024 en el sentido de señalarle que debía
presentarse a una de las sucursales «de Claro» para que se validaran las huellas digitales
que reposan en los respectivos documentos, pero no se tiene reportes de que ello hubiera
acontecido.
Que en el asunto constitucional de la referencia ocurre una carencia actual de objeto
por hecho superado, dado que ha realizado « la actualización de los reportes en las
centrales de riesgo crediticio y la emisión de una respuesta a la solicitud». Asimismo, la tutela
deviene en improcedente, porque no satisface el requisito de subsidiariedad e
inmediatez, pues cuenta con otro medio de defensa judicial8 y ha pasado un lapso
considerable desde que «se efectuó el reporte».
La Fiscalía General de la Nación, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperando y
la empresa Colombia Telecomunicaciones SA ESP BIC (Movistar) guardaron silencio,
pese a que les fue notificado el auto admisorio de este asunto constitucional.
5 sentencias T-997 de 2005 y T-421 de 2009.
6 No las identifica.
7 Omite señalar cuáles.
8 No determina cuál.
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II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
1.1 Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional9 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que sus
funciones no están relacionadas con las pretensiones del tutelante. No obstante, este
argumento no es de recibo, porque la controversia también concierne a la presunta
vulneración del derecho de petición del actor, ya que presuntamente no contestó la
solicitud que le formuló el 5 de abril de 2024, de manera que sí tiene incidencia en las
resultas de este trámite constitucional, lo que impide desvincularlo.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Wilson
Javier Quiñones Carvajal para ordenarles (i) al presidente de la República que disponga
«una investigación exhaustiva» en la Superintendencia de Industria y Comercio, (ii) a la
superintendente de Industria y Comercio que sancione con 2000 smlmv a las empresas
que presuntamente reportaron al demandante en las centrales de riesgo crediticio; (iii)
a la procuradora general de la nación que investigue a la superintendente de Industria
y Comercio; y (iv) a la Fiscalía General de la Nación que indague «como las mencionadas
compañías obtuvieron su información».
Asimismo, es menester determinar si el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio vulneraron el derecho
fundamental de petición del accionante.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia (i) por
temeridad, en cuanto a las pretensiones de que se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio que multe con 2000 smlmv a las sociedades que presuntamente
reportaron al actor en las centrales de riesgo y se le ordene a la Fiscalía General de la
Nación que indague cómo las correspondientes empresas obtuvieron su información
crediticia; y (ii) por no cumplir el requisito de subsidiaridad, frente a las súplicas de que
se investigue penal y disciplinariamente a la superintendente de industria y comercio.
Asimismo, se denegará el amparo deprecado en lo que respecta al derecho
fundamental de petición.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la actuación temeraria, (ii) la
subsidiariedad, (iii) el derecho de petición y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
9 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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3. La actuación temeraria
El artículo 3810 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También
señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional11, que a la letra
dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural,
ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica
a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres
(3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional
tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de
excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio
del derecho de acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración de
la justicia».
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, «busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad
pública»12.
10 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones
a que haya lugar.
11 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
12 Sentencia T-507 de 2011.
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4. Subsidiariedad.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
Eso quiere decir que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la
naturaleza excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales.
La acción de tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable13. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la
5. Derecho de petición.
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no
favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de
competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no
significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
Por su parte el artículo 1414 de la Ley 1437 de 2011 fijó los términos para resolver las
distintas modalidades de peticiones, así:
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
14 La Ley 1755 de 2015 reguló el Derecho Fundamental de Petición y sustituyo un título del CPACA, que comprendió
el artículo 14.
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administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
6. Análisis del caso concreto
6.1 Temeridad
La Sala advierte que en el sub examine está demostrado que el actor promovió
previamente las acciones de tutela que a continuación se detallan:
(i) Acción de tutela 73001-31-10-005-2023-00342-00
Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Prosperando Cooperativa de Ahorro Crédito,
Risk & Solutions Group Ltda., Solventa Colombia SAS, Baninca SAS, Comunicación
Celular SA - Comcel SA (Claro), «Transunión Cifin y Datacrédito expérian».
Pretensiones: Ordenarle (i) a la Superintendencia de Industria y Comercio que le
impusiera una sanción de 2000 smlmv a las empresas accionadas, por reportarlo en
las centrales de riesgo; (ii) a la Fiscalía General de la Nación que investigue cómo esas
sociedades «obtuvieron y sustrajeron [su] información» crediticia; y (iii) a la Procuraduría
General de la Nación que «sea garante de [sus] derechos».
Decisión: El 9 de octubre de 2023 el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué « negó por
improcedente» la tutela, porque los reportes en las centrales de riesgos son muy
antiguos y el sistema normativo prevé otros instrumentos para obtener lo pretendido.
(ii) Acción de tutela 73001-31-87-008-2023-00042-00
Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, Prosperando Cooperativa de Ahorro Crédito,
Solventa Colombia SAS, Baninca SAS y Comunicación Celular SA - Comcel SA (Claro).
Pretensiones: El tutelante pidió ordenar (i) a la Superintendencia de Industria y
Comercio que cumpla sus funciones sancionatorias frente a las compañías que
presuntamente lo reportaron a las centrales de riesgo; (ii) a la Fiscalía General de la
Nación que indague cómo las empresas demandadas obtuvieron su información
crediticia, y (iii) disponer que la Procuraduría General de la Nación garantice sus
derechos.
Decisiones: El 22 de noviembre de 2023 el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué «neg[ó] por improcedente» la acción, comoquiera que se
configuró el fenómeno de la temeridad, dado que entre esa tutela y la 73001-31-10-005-
2023-00342-00 había similitud de hechos, partes y pretensiones. Allí exhortó al
demandante a que «se abstenga de presentar acciones de tutela por los mismos hechos y
pretensiones».
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La anterior determinación fue confirmada el 19 de enero de 2024 por el Tribunal Superior
de Ibagué, Sala Penal.
Ahora bien, en la acción de tutela de la referencia la Sala constata que el actor pide
que se ordene (i) al presidente de la República que investigue a la superintendente de
industria y comercio, (ii) que esta le imponga una multa de 2000 smlmv a las
sociedades que presuntamente lo reportaron en las centrales de riesgo, (iii) a la
procuradora general de la Nación que «investigue penal y disciplinariamente» a la
superintendente de industria y comercio, y (iv) a la Fiscalía General de la Nación que
indague cómo las respectivas sociedades obtuvieron su información crediticia.
Sobre la segunda y cuarta pretensión, la Sala constata que la tutela comportan
temeridad, dado que esas súplicas fueron formuladas por el accionante tanto en la
tutela 73001-31-10-005-2023-00342-00 como en la 73001-31-87-008-2023-00042-00,
pues allí el accionante pidió que la Superintendencia de Industria y Comercio
sancionara pecuniariamente a las sociedades que presuntamente lo reportaron en las
centrales de riesgo y que la Fiscalía General de la Nación indagara cómo las
compañías accedieron a su información crediticia.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo por
temeridad en lo concerniente a esas mencionadas pretensiones.
6.2 La subsidiariedad frente las demás pretensiones
En cuanto a las pretensiones del tutelante de se ordene al presidente de la República
que investigue la supuesta corrupción que acontece en la Superintendencia de
Industria y Comercio y, a la Procuraduría General de la Nación que «investigue penal y
disciplinariamente», la Sala constata que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiaridad, comoquiera que el ordenamiento jurídico prevé otros instrumentos para
que se inicien las correspondientes diligencias penales y disciplinarias contra la regente
de la mencionada Superintendencia.
Para que el tutelante obtenga una investigación penal contra la superintendente de
industria y comercio, cuenta con la posibilidad de promover una denuncia contra ella,
de conformidad con los artículos 6715 y 6916 de la Ley 906 de 2004, para lo cual debe
cumplir los requisitos previstos en ese compendio normativo.
En lo que respecta a la investigación disciplinaria a la que alude el demandante, la Sala
advierte que el marco jurídico también le otorga la posibilidad de pedir ello en un
escenario diferente, ya que está facultado para promover una queja, en los términos
del artículo 8617 del Código General Disciplinario.
En ese orden de ideas, se reitera, la tutela no cumple la exigencia de subsidiariedad
en cuanto a las pretensiones de que se investigue penal y disciplinariamente a la
mencionada servidora pública, porque el sistema normativo establece otras
herramientas para ello, en consecuencia, la acción de la referencia es improcedente,
15 «Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban
investigarse de oficio […]».
16 «La denuncia […] se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación
del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos
que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en
conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica
responsabilidad penal […]».
17 «La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de
otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona […]».
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máxime cuando el amparo está instituido para proteger derechos fundamentales, como
lo señala el artículo 8618 de la Constitución Política, y no para iniciar actuaciones
punitivas.
6.3 Frente al derecho de petición
Aunque en el acápite de pretensiones del escrito de tutela el actor no consignó que se
ordene contestar alguna solicitud, la Sala advierte que en los hechos invoca
tácitamente la presunta trasgresión del derecho de petición, pues señaló que el 8 de
febrero de 2024 pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que adelantara
unos trámites sancionatorios y el 5 de abril siguiente requirió al presidente de la
República para que indagara en ese ente estatal sobre presuntos actos de corrupción,
sin recibir respuesta.
Al analizar los documentos obrantes en el expediente de la referencia, la Sala evidencia
que la petición que el demandante presentó el 8 de febrero de 2024 ante
Superintendencia de Industria y Comercio, derivó en el auto 45996 de 26 de abril
siguiente, en el que se inhibió de iniciar las actuaciones disciplinarias reclamadas,
porque no contaba con los elementos probatorios suficientes, decisión que le fue
notificada al accionante al correo electrónico reportessa895@gmail.com, consignado
en la respectiva solicitud, de lo que se infiere que el requerimiento fue debidamente
contestado.
En lo concerniente a la petición de 5 de abril de 2024, enviada al presidente de la
República, se constata que, mediante oficio OFI24-72618/GFPU 13150001 de 17 de
abril de 2024, el grupo de atención a la ciudadanía la remitió a la Superintendencia de
Industria y Comercio, por ser de su competencia, decisión que le fue comunicada al
peticionado con Oficio 7212/GFPU1315001 de 17 de abril del año en curso, al correo
electrónico reportessa895@gmail.com.
En ese orden de ideas, se evidencia que la Presidencia de la República atendió el
artículo 2119 del CPACA, de ahí que se infiera que no ha vulnerado el derecho
fundamental de petición del accionante, en lo que atañe a la solicitud de 5 de abril de
2024.
En atención a lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia (i) por configurarse temeridad respecto de las pretensiones de ordenar a la
Superintendencia de Industria y Comercio que multe con 2000 smlmv a las sociedades
que presuntamente reportaron al actor en las centrales de riesgo y a la Fiscalía General
de la Nación que indague cómo las respectivas empresas obtuvieron su información
crediticia; y (ii) por no cumplir el requisito de subsidiaridad frente a las súplicas de que
se investigue penal y disciplinariamente a la superintendente de industria y comercio.
Adicionalmente, se denegará el amparo en lo que concierne al derecho fundamental de
petición.
18 «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales […]».
19 «Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
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Demandante: Wilson Javier Quiñones Carvajal
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la desvinculación del señor presidente de la República de este trámite
constitucional, conforme a lo indicado en la motivación.
2. Denegar el amparo deprecado en lo que respecta al derecho fundamental de
petición del señor Wilson Javier Quiñones Carvajal. por las razones expuestas en
esta providencia.
3. Declarar improcedente la tutela, frente a las demás pretensiones formuladas por
el demandante, por las razones precedentes.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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