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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02572-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02572-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de 12 de junio de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02572-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02572-01
Accionantes: JUAN ALBERTO GARCÍA DUQUE Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca
parcialmente el fallo impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo
por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 12 de junio de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Juan Alberto García Duque, Juan Ignacio García Marín, Sergio De
Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis Fernando García Duque,
Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés García Duque, Margarita María
García Jiménez y Ana Abigail Duque Osorio solicitaron, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
número 05001-33-33-012-2013-01222-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicaron que el señor Juan Alberto García Duque fue elegido como alcalde del
Municipio de San Carlos por el periodo constitucional comprendido entre el 2008 y
el 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02572-01
Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

2.2. Relataron que el 31 de mayo de 2008 le fue impuesta al señor Juan Alberto
García Duque una medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento carcelario por los delitos de “[…] concierto para delinquir en
concurso con peculado por apropiación, peculado por aplicación oficial diferente y
falsedad ideológica en documento público […]” y el 28 de enero de 2009 le fue
concedida la libertad inmediata por vencimiento de términos.

2.3. Expresaron que el 13 de febrero de 2009 le fue impuesta nuevamente una
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por la presunta comisión
de los delitos de “[…] concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con
paramilitares, peculado por apropiación y falsedad ideológica […]”.

2.4. Informaron que el 18 de mayo de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Antioquia profirió sentencia absolutoria y ordenó la libertad de
Juan Alberto García Duque, la cual se hizo efectiva el 25 de mayo de 2010.

2.5. Señalaron que, con base en lo anterior, promovieron la demanda de reparación
directa núm. 05001-33-33-012-2013-01222-00/01 en contra de la Nación - Rama
Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación y Policía
Nacional, con el fin de que se repararan los daños morales y materiales
ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que sufrió Juan
Alberto García Duque del “[…] 31 de mayo de 2008 al 28 de enero de 2009 y del
13 de febrero de 2009 al 25 de mayo de 2010 […]”.

2.6. Precisaron
que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín,
mediante sentencia de 26 de abril de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda.

2.7. Indicaron que la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación y
que la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 22 de noviembre de 2023, revocó la decisión de primera instancia al
concluir que “[…] no se pudo constatar que la medida de aseguramiento impuesta
haya sido, inapropiada, irrazonable y desproporcionada; y en consecuencia, no hay
lugar a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas […]”.

2.8. Manifestaron que la sentencia del Tribunal vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber
incurrido en un defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en un
defecto sustantivo.

2.9. Señalaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria porque “[…] sin justificación alguna no valoró los medios de convicción
existentes en el proceso los cuales eran determinantes para la solución del caso
objeto de análisis, ya que solo se limitó a valorar los fallos de primera y segunda
instancia del proceso penal, omitiendo valorar las demás pruebas obrantes dentro
del proceso, como lo fue la prueba trasladada donde se encuentra la resolución de

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

acusación, y las demás piezas procesales de la investigación adelantada por la
Fiscalía General de la Nación […]”.

2.10. Comentaron que el juez contencioso “[…] tampoco contempló ejercer la
actividad probatoria de oficio debido al que había movilidad de la jurisprudencia y
cambio en las reglas de juego probatorias para la época del fallo […]”.

2.11. Expusieron que para el caso objeto de análisis se incurrió en un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al exigirse “[…] un trámite ajeno
al pertinente […]” y exigir cargas imposibles de cumplir y “[…] al presentar un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas; solicitando pruebas
imposibles de aportar, y soportando en ello la imposibilidad de apreciación fáctica
y al omitir el decreto oficioso de pruebas en este caso […]”.

2.12. Argumentaron que el Tribunal “[…] omitió etapas sustanciales del procedimiento
con violación de los derechos de defensa y de contradicción de una de las partes
del proceso, al no abrir nuevamente la fase de alegatos de conclusión […]”.

2.13. Señalaron que se omitió aplicar la sentencia SU-167 de 18 de mayo de 20231,
en la que se configuró la existencia del defecto procedimental absoluto y se ordenó
“[…] ajustar el proceso dando oportunidad a la parte demandante de recomponer
sus argumentos y pruebas con base en la jurisprudencia que reemplazó la anterior
y que implica además ofrecer la oportunidad de modificar elementos sustanciales
en lo fáctico y jurídico para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa
[…]”.

2.14. Encuanto al defecto sustantivo, indicaron que la providencia tutelada fue
proferida “[…] con fundamento en una norma penal claramente inaplicable al caso
concreto porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los
presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado, ya que el ente accionado en la
ratio decidendi incurrió en incongruencia e incoherencia, al fundamentar sus
decisiones en el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, y no el sistema
procesal penal de Ley 600 de 2000, bajo el cual se presenta el caso en concreto
[…]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales de cada uno de los accionados:
[sic] acceso a la administración de justicia Artículo 229 CN. Por los defectos
fácticos y sustantivos, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
defecto procedimental absoluto, por desconocimiento del precedente judicial y
constitucional en su providencia, con violación directa de la Constitución
Nacional, (art. 4 CN.) por la violación además entre otros de los precedentes
jurisprudenciales en la aplicación del bloque de constitucionalidad y en el deber

1
Corte Constitucional, expediente T-8.473.096, M.P. Diana Fajardo Rivera

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

y obligación de actuar como jueces de convencionalidad; por violación al
derecho fundamental al debido proceso y presunción de inocencia (art. 29 CN.);
por violación al principio de la justicia material y la prevalencia del derecho
sustancial, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva,
en aplicación del artículo 229 constitucional; Por violación del derecho de
igualdad de la víctima (art. 13 CN.) por denegación de justicia en detrimento de
los derechos a la reparación integral de las víctimas.; Derecho a las garantías
judiciales y la protección judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana
en relación con el artículo 1 y 2 del mismo Tratado); artículos 24 y 28 de la
Constitución Política de Colombia, artículos 7 y 22 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, derechos que fueron vulnerados por a NACIÓN
COLOMBIANA (Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial-Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad– M.P. Beatriz Elena
Jaramillo Muñoz), de conformidad con lo descrito anteriormente.

2.En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin efecto la
Sentencia proferida el día 22 de noviembre de 2023, por el H. Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. M.P. Beatriz Elena
Jaramillo Muñoz; dentro del proceso de reparación directa con radicado
05001333301220130122201.

3.Ordenar al H. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
M.P. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz; que en el término que determine esta
instancia constitucional, profiera una NUEVA SENTENCIA en la cual se
garanticen los derechos fundamentales invocados por JUAN ALBERTO
GARCÍA DUQUE, LUZ MARINA MARÍN DAZA, JUAN IGNACIO GARCÍA
MARÍN, SERGIO DE JESÚS GARCÍA DUQUE, JORGE ENRIQUE GARCÍA
DUQUE, LUIS FERNANDO GARCÍA DUQUE, RAMÓN DE JESÚS GARCÍA
JIMÉNEZ, CARLOS ANDRES GARCÍA DUQUE, MARGARITA MARÍA
GARCÍA JIMENEZ, ANA ABIGAIL DUQUE OSORIO, LAURA SOFIA RAMÍREZ
GARCÍA, LUÍS DAVID RAMÍREZ GARCÍA y los herederos de LUÍS ENRIQUE
GARCÍA JIMENEZ [sic] (Q.E.P.D), JUAN ALBERTO GARCÍA DUQUE,
SERGIO DE JESÚS GARCÍA DUQUE, JORGE ENRIQUE GARCÍA DUQUE,
LUIS FERNANDO GARCÍA DUQUE, RAMÓN DE JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ,
CARLOS ANDRES GARCÍA DUQUE, MARGARITA MARÍA GARCÍA JIMENEZ
[sic] […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 24 de mayo de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela frente a los señores Juan Alberto García Duque, Juan
Ignacio García Marín, Sergio De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque,
Luis Fernando García Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés
García Duque, Margarita María García Jiménez y Ana Abigail Duque. Asimismo,
ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso al “[…] Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín, al Fiscal General de
la Nación, al Ministro de defensa y al director de la Policía Nacional […]”.

5. Seguidamente, se dispuso: “[…] Inadmítese la acción de tutela frente a los
señores Luz Marina Marín Daza, Laura Sofia Ramírez García, Luís David Ramírez
García, los herederos de Luís Enrique García Jiménez (QEPD), Juan Alberto

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

García Duque, Sergio De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis
Fernando García Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés García
Duque y Margarita María García Jiménez para que en el término de dos días
contados a partir de la notificación de esta providencia alleguen los poderes que
faculten al abogado Walter Raúl Mejía Cardona para ejercer su representación
judicial en el presente trámite […].

6. El apoderado de los accionantes, mediante escrito presentado el 30 de mayo de
20242, allegó el poder conferido por el señor Juan Alberto García Duque en su
condición de heredero del señor Luis Enrique García Jiménez. Además, desistió de
la presente acción frente a los otros sujetos procesales.

7. Mediante auto de 29 de julio de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso en segunda instancia puso “[…] en conocimiento de los señores Luz
Marina Marín Daza, Laura Sofía Ramírez García y Luis David Ramírez García, la
causal de nulidad prevista en el artículo 133, numeral 8 del Código General del
Proceso, haciéndoles saber que si dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación no la alegan, la misma quedará saneada y el proceso continuará su
curso […]”.

V. INTERVENCIONES

8. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

8.1. La Policía Nacional a través del asesor del sector defensa-16 solicitó se declare
la improcedencia de la acción de tutela, en razón a la “[…] inexistencia de un
perjuicio irremediable ocasionado [a] los accionantes, derivado de la determinación
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia […]”, máxime que los hechos
constitutivos de la acción constitucional ya fueron debatidos por la jurisdicción
contenciosa administrativa.

8.2. LaFiscalía General de la Nación solicitó a través de la profesional
especializada II, que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela,
toda vez que no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción
contra providencia judicial.

8.3. El apoderado de los accionantes, mediante escrito presentado el 2 de agosto de
2024, aportó el poder que lo faculta para actuar como apoderado de la señora Luz
Marina Marín Daza.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

9. Mediante fallo de tutela de 12 de junio de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.

2
Índice 9 Samai, expediente 11001031500020240257200.

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

10. El juez de primera instancia al analizar el defecto fáctico encontró que “[…] el
Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en el defecto fáctico invocado, pues
estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las pruebas documentales
allegadas al proceso, así como la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso
concreto, lo cual le permitió concluir que en el plenario no existían suficientes
elementos de juicio que brindaran certeza de la existencia de una privación de la
libertad de carácter injusta […]”.

11. Por lo anterior, concluyó que “[…] los planteamientos realizados por la parte
demandante en el presente asunto obedecen a un desacuerdo con el análisis y con
la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se
evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable
a sus intereses, pero no se encuentra que la decisión fuese arbitraria o irracional;
por el contrario, la actividad la autonomía e independencia que tienen los jueces de
la República y, por consiguiente, las partes ni el juez constitucional pueden imponer
su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural […]”.

12. Frente al análisis del defecto sustantivo aclaró que “[…] el solo hecho de que la
autoridad judicial demandada para efectos de determinar si la imposición de la
medida de aseguramiento fue proporcional, razonable y apropiada, señalara que,
conforme con la Ley 906 de 2004, se debían aportar las grabaciones de las
audiencias adelantadas en el proceso penal, no constituye un desconocimiento de
la Ley 600 de 2000, pues el tribunal hizo alusión a ella solo para ratificar la tesis
según la cual las actas son un contenido fiel de las audiencias y, por lo tanto,
necesarias para cotejar si las medidas adoptadas se ajustaron a derecho, decisión
que se considera razonable […]”, motivo por el cual, no encontró demostrado dicho
defecto.

13. En la misma providencia se dispuso lo siguiente:

“[…] 1º) Admítese la demanda presentada, a través de apoderado judicial, por
el señor Juan Alberto García Duque, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Acéptase el desistimiento de la acción de tutela frente a los señores Luz
Marina Marín Daza, Laura Sofia Ramírez García, Luís David Ramírez García,
Sergio De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis Fernando
García Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés García Duque
y Margarita María García Jiménez3 […]”.

14. Al respecto se señaló en el fallo impugnado:

“[…] Mediante auto de 24 de mayo de 2024, se admitió el proceso de acción de
tutela frente a los señores Juan Alberto García Duque, Juan Ignacio García
Marín, Sergio De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis
Fernando García Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés

3
Se debe precisar que la aceptación desistimiento se hizo en condición de herederos del señor Luís Enrique García Jiménez,
de conformidad con el numeral 2 del auto admisorio de 24 de mayo de 2024.

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

García Duque, Margarita María García Jiménez y Ana Abigail Duque y se
ordenó la notificación a los magistrados integrantes de la Sala Tercera de
Oralidad Tribunal Administrativo de Antioquia, al presidente del Consejo
Superior de la Judicatura, al titular del Juzgado Doce Administrativo Oral de
Medellín, al Fiscal General de la Nación, al Ministro de Defensa Nacional y al
director de la Policía Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Asimismo, se inadmitió la acción de tutela presentada respecto de los señores
Luz Marina Marín Daza, Laura Sofia Ramírez García, Luís David Ramírez
García, los herederos de Luís Enrique García Jiménez (QEPD), Juan Alberto
García Duque, Sergio De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque,
Luis Fernando García Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés
García Duque y Margarita María García Jiménez para que se allegaran los
poderes que facultaran al abogado Walter Raúl Mejía Cardona para ejercer su
representación judicial en el presente trámite.

El apoderado atendió esa solicitud, para lo cual allegó el poder otorgado por el
señor Juan Alberto García Duque y desistió de la representación de los demás
demandantes, por lo cual hay lugar a admitir la demanda presentada por este
y aceptar el desistimiento de la acción de tutela frente a los señores Luz Marina
Marín Daza, Laura Sofia Ramírez García, Luís David Ramírez García, Sergio
De Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis Fernando García
Duque, Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés García Duque y
Margarita María García Jiménez […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

15. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el a
quo no realizó un debido análisis a los defectos planteados en el escrito de la tutela,
toda vez que “[…] solo se basó en la aparente incorrecta aplicación de una norma
y en un análisis limitado del [sic] defectos fácticos expuesto [sic], dejando sin
abordar de manera exhaustiva otros defectos sustantivos y procedimentales que
fueron debidamente planteados en la acción de tutela, que requerían un análisis
más detallado […]”.

16. Adujo que, no se tuvo en cuenta que “[…] el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en un defecto fáctico de dimensión negativa, esto debido a que no contó
con el apoyo probatorio suficiente para aplicar el régimen legal pertinente al
momento de la decisión y no decretó pruebas de oficio […] para esclarecer los
hechos […] omitiendo valorar otras pruebas obrantes en el expediente, como las
pruebas trasladadas […]”.

17. Expuso que, respecto al análisis del defecto sustantivo se dejó de analizar “[…]
la omisión de etapas sustanciales del procedimiento y la no aplicación del
precedente constitucional de la SENTENCIA SU-167 de 2023 al no reabrir la fase
de alegatos de conclusión, con lo que se vulneraron los derechos de defensa y
contradicción, ya que esta omisión privó a las partes de la oportunidad de ajustar
sus argumentos conforme a la jurisprudencia unificada posterior […]”.

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

18. Finalmente puso de presente que no se analizó el defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto, el cual se encuentra demostrado con el actuar
del Tribunal al “[…] exigir pruebas que resultaban imposibles de aportar siendo que
para el momento de presentación de la demanda los demandantes presentaron las
pruebas que le eran exigidas por la jurisprudencia unificada al momento de los
hechos de la privación injusta de la libertad y al no decretar de oficio pruebas
pertinentes cuando la situación lo ameritaba […]”.

19. Por todo lo anterior, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia que
negó el amparo invocado y en su lugar, se estudie de fondo la acción constitucional
y se tutelen los derechos fundamentales solicitados.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VIII.2. Problemas jurídicos

21. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

22. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

24. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

25. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

26. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

30. Los señores Juan Alberto García Duque, Juan Ignacio García Marín, Sergio De
Jesús García Duque, Jorge Enrique García Duque, Luis Fernando García Duque,
Ramón De Jesús García Jiménez, Carlos Andrés García Duque, Margarita María
García Jiménez y Ana Abigail Duque Osorio solicitaron, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
número 05001-33-33-012-2013-01222-00/01.

31. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

32. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

33. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

34. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

35. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218 precisó, en
relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles
eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el

15 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

12

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

36. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

37. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales20.

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:

13

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

38. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

39. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico, un
defecto procedimental absoluto y un defecto sustantivo.

40. Señalaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria porque “[…] sin justificación alguna no valoró los medios de convicción
existentes en el proceso los cuales eran determinantes para la solución del caso
objeto de análisis, ya que solo se limitó a valorar los fallos de primera y segunda
instancia del proceso penal, omitiendo valorar las demás pruebas obrantes dentro
del proceso, como lo fue la prueba trasladada donde se encuentra la resolución de
acusación, y las demás piezas procesales de la investigación adelantada por la
Fiscalía General de la Nación […]”.

41. Comentaron que el juez contencioso “[…] tampoco contempló ejercer la actividad
probatoria de oficio debido al que había movilidad de la jurisprudencia y cambio en
las reglas de juego probatorias para la época del fallo […]”.

42. Expusieron que para el caso objeto de análisis se incurrió en un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al exigirse “[…] un trámite ajeno
al pertinente […]” y exigir cargas imposibles de cumplir y “[…] al presentar un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas; solicitando pruebas
imposibles de aportar, y soportando en ello la imposibilidad de apreciación fáctica
y al omitir el decreto oficioso de pruebas en este caso […]”.

43. Argumentaron que el Tribunal “[…] omitió etapas sustanciales del procedimiento
con violación de los derechos de defensa y de contradicción de una de las partes
del proceso, al no abrir nuevamente la fase de alegatos de conclusión […]”.

44. Señalaron que se omitió aplicar la sentencia SU-167 de 18 de mayo de 202321,
en la que se configuró la existencia del defecto procedimental absoluto y se ordenó
“[…] ajustar el proceso dando oportunidad a la parte demandante de recomponer
sus argumentos y pruebas con base en la jurisprudencia que reemplazó la anterior
y que implica además ofrecer la oportunidad de modificar elementos sustanciales

2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21
Corte Constitucional, expediente T-8.473.096, M.P. Diana Fajardo Rivera

14

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

en lo fáctico y jurídico para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa
[…]”.

45. En cuanto al defecto sustantivo, indicaron que la providencia tutelada fue
proferida “[…] con fundamento en una norma penal claramente inaplicable al caso
concreto porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los
presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado, ya que el ente accionado en la
ratio decidendi incurrió en incongruencia e incoherencia, al fundamentar sus
decisiones en el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, y no el sistema
procesal penal de Ley 600 de 2000, bajo el cual se presenta el caso en concreto
[…]”.

46. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

47. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

48. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia, en el proceso contencioso, revocó la sentencia de primera instancia para
en su lugar negar las pretensiones del medio de control de reparación directa.

49. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia objeto de tutela de 22 de
noviembre de 2023, señaló lo siguiente:

“[…] El daño

El daño en el caso concreto se configura con la privación de la libertad, a la que
fue sometido el señor Juan Alberto García Duque, entre el 31 de mayo de 2008
al 28 de enero de 2009 y del 13 de febrero de 2009 al 25 de mayo de 201018,
de conformidad con el certificado de reclusión expedido el 26 de octubre de
2012, por la Directora de la Cárcel Departamental de Yarumito.

De la imputación

El señor Juan Alberto García Duque fue sometido a la privación de la libertad,
de allí que se pasa a analizar si existió responsabilidad por parte de la Fiscalía
General de la Nación, para lo cual, se estudiarán las pruebas obrantes en el
plenario.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02572-01
Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

[…]

Advierte la Sala que, en el expediente no obra la medida preventiva de privación
de la libertad impuesta al señor Juan Alberto García Duque, para verificar si
ésta cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000, pues la
parte demandante se limitó a aportar únicamente los fallos de primera y
segunda instancia en los cuales se absolvió de responsabilidad al demandante.

[…]

En este sentido, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento se refirió a
la necesidad probatoria en casos donde se discute la privación injusta del
demandante, a efectos de determinar la antijuridicidad del daño alegado y su
posterior imputabilidad a las entidades demandadas. En dicha oportunidad, esa
alta Corporación mencionó:

“En el presente asunto, si bien se acreditó que el señor Jhonny Albino
Vallecilla Ramírez fue vinculado a un proceso penal, privado de la
libertad y acusado por el delito de acceso carnal violento con
circunstancias de agravación, no obran en el plenario las
grabaciones de las audiencias adelantadas en el proceso penal,
las cuales hubieran permitido conocer en detalle los
argumentos de las partes intervinientes, pues únicamente los
actores aportaron las actas que suscribieron los jueces que
participaron en aquellas diligencias.

(….)

Por todo lo anterior, se puede concluir que no se probó que las
decisiones judiciales dictadas en el proceso penal adelantado
en contra del señor Vallecilla Ramírez fueran contrarias a
derecho o que comportaron arbitrariedad, falta de
proporcionalidad o capricho de quienes las profirieron, pues lo
único que se tiene claro es que el señor Jhonny Albino Vallecilla
Ramírez fue privado de su libertad y que posteriormente fue absuelto
del delito de acceso carnal violento con circunstancias de
agravación, pero se ignora si las razones invocadas para imponerle
la medida de aseguramiento fueron válidas, proporcionadas,
ajustadas a derecho y, por ende, si la medida fue idónea o no (…)22”

Lo anterior, porque el procedimiento penal regulado en la Ley 906 de 2004
exige en su artículo 9 que la actuación sea oral y que en su realización se
utilicen los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle la mayor
agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.

En el sistema penal acusatorio, las pruebas de las decisiones que se adoptan
oralmente o escritas son los registros (magnéticos) fidedignos y auténticos, más
no las actas que se levantan al final de la actuación como un resumen de lo
acontecido y así lo señalan los artículos 146 y 163 íd, en los que se regula el
registro de la actuación empleando medios técnicos idóneos para el registro y
reproducción fidedignos de lo actuado y se prohíbe reproducir, transcribir o
verter a texto escrito apartes de la actuación, salvo de los actos y providencias
que el código autorice expresamente.

22
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2020. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente:
47001-23-31-000-2011-00029 01 (50173)

16

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Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

En ese orden de ideas, las actas son constancias de la actuación porque es el
registro magnetofónico el que da cuenta de lo acontecido o debatido en la
audiencia; de ahí que la ausencia de la grabación de la audiencia, impida contar
con los elementos de juicio necesarios para establecer la antijuridicidad del
daño.

Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta el Consejo de Estado en
tutela23 interpuesta contra providencia de esta Sala en un caso similar señaló:

“(…) Como se observa, la autoridad judicial demandada decidió de
acuerdo con las pruebas que fueron solicitadas, decretadas y
practicadas en el plenario, por lo que la ausencia del archivo
magnético contentivo de la audiencia de imposición de la medida de
aseguramiento a Edgardo Olimpo Pino Quinceno, le impidió conocer
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se adoptó dicha
determinación por parte del juez penal. Contrario al decir de la parte
demandante, la carga probatoria no se encuentra en cabeza del juez
natural, por ello mal puede pretender vía de tutela sanear la falencia
probatoria en que incurrió e intentar allegar elementos de juicio que
debieron ser decretados y practicados durante el proceso
contencioso-administrativo. Al respecto, recuérdese que si bien, «en
cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad», ello de ninguna manera suple la carga
procesal que le asiste a las partes. A juicio de esta Sala, la autoridad
judicial demandada realizó una valoración probatoria acorde con la
evidencia con la que contaba y las circunstancias que rodearon la
privación de la libertad del demandante, todo lo cual le permitió
concluir que en el caso bajo estudio el daño acreditado no resultó
antijuridico. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada
no incurrió en el defecto fáctico ni en irregularidad alguna, debido a
que fue proferida de conformidad con las normas que regulan la
materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al
proceso ordinario, el cual no permitió concluir la antijuridicidad de la
privación de la libertad Edgardo Olimpo Pino Quinceno. No se trata
de examinar, entonces, si hubo o no una adecuada valoración
probatoria y que esta constituyera una clara vía de hecho, sino de
una carga procesal que el demandante no asumió, cuando a él
claramente le correspondía por disposición legal”

Así pues, no hay forma de establecer si existió o no irregularidad alguna por el
ente acusador, como lo establece la sentencia SU 072 de 2018, pues si bien,
se logró acreditar que el señor Juan Alberto García Duque fue absuelto por los
delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad
ideológica, debido a la falta de certeza en la comisión de estos delitos, no se
pudo constatar que la medida de aseguramiento impuesta haya sido,
inapropiada, irrazonable y desproporcionada; y en consecuencia, no hay lugar
a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, se revocará la
decisión de primera instancia y se denegarán las pretensiones de la demanda
[…]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

50. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y no se

23
Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-00318-01 Demandante: Edgardo Olimpo Pino Quinceno Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por privación injusta de la libertad
/ Defecto fáctico Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023).

17

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02572-01
Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

51. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

52. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por el accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.

53. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24.

54. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.

55. Conforme a lo anotado, la Sala revocará el numeral tercero de la sentencia
impugnada y, en su lugar, declarará improcedente este mecanismo por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibidem.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02572-01
Accionantes: Juan Alberto García Duque y otros

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de 12 de junio de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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