Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02584-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02584-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02584-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402584-01
Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro1
Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición y ii) acceso a la administración
de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 8 de agosto de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1 Cfr. Índice núm. 2 de Samai. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en
medio digital.
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
y la Oficina de Archivo Central de Bogotá, porque, a su juicio, al no resolver “[…] la
solicitud de desarchive […]” del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 110014003029200900010-00, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Mencionó que, “[…] En el juzgado 29 civil municipal [de Bogotá] se tramito el
proceso No. 2009-10 porque el banco popular me demando por una deuda con ellos
ahí el juzgado dio la orden de pago y ordeno también el embargo de mi sueldo,
después de dictar sentencia y hacer las liquidaciones enviaron el proceso para los
juzgado s de ejecución y ahora se encuentra en el juzgado 14 civil municipal de
ejecución, en este juzgado el día 22 de febrero de 2019 terminaron el proceso por
Desistimiento Tácito y en noviembre del mismo año enviaron el proceso para
Archivo. […]”2.
4. Sostuvo que, “[…] Por el embargo que hicieron de mi sueldo me entere (sic)
que en el Banco Agrario existen unos títulos a mi favor pero el juzgado 14 civil
municipal tiene que dar la orden para poder cobrar los títulos, en vista de esto y
como el proceso esta (sic) archivado hice la solicitud de desarchive del proceso en
marzo de este año, pero es la hora que no se ha resuelto mi solicitud dándose así
un claro caso de denegación de justicia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito a los Honorables Magistrados que Amparen el derecho que tengo a
recibir una pronta y eficaz justicia y se ordene a la Oficina de Archivo central que para
inmediatamente desarchiven el proceso y lo lleven al juzgado 14 civil municipal de
2 Transcripción literal del texto.
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ejecución para realizar el tramite de entrega de los títulos, y se le ordene al Consejo
Superior de la Judicatura que revise como esta funcionando el archivo central y de
forma inmediata proceda a hacer cumplir los términos del contrato de custodia y
administración a la empresa contratista, porque no es justo que se presente tanta
demora para buscar un proceso.
Solicito se tengan los derechos estipulados en el Art. 228 de la C.N. ya que estas
normas son claras y manifiestan que el acceso a la pronta administración de justicia
se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”.3
6. Como fundamento de su solicitud la actora manifestó que “[…] Con la demora
y la negativa de desarchivar el expediente se me esta (sic) violando el derecho
consagrado en el Art. 228 de la C.N. donde claramente ordena que se debe prestar
una pronta y eficaz justicia […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 27 de mayo de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Oficina de Archivo Central del
Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civiles, Laborales y de Familia;
y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a “[…] la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al Banco Popular S.A., […] al
Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogotá y al Juzgado Catorce Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias de Bogotá […]”, concediéndoles el término de dos (2)
días para que rindieran informe sobre el particular.
8. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de junio de 2024, resolvió: i) “[…] vincular, en calidad de
accionados: a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, a la
Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá, al Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y al Líder del Grupo
de Trabajo del Archivo Central […]”; y ii) vincular, como tercero con interés a María
Felisa Prada Suaza, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
Intervención de la demandada y los terceros con interés legítimo
9. El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bogotá rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] me permito informar revisada la base de datos de asuntos tramitados en este
Juzgado en el Sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se comprobó que el
proceso con número de radicación 11001400302920090001000 de Banco Popular
contra Nina Yaneth Martínez, no se encuentra radicado en este despacho judicial.
De igual forma, revisados los hechos y pretensiones de la acción constitucional, este
despacho no tiene conocimiento de las eventuales omisiones relacionadas con el
desarchivo del expediente que actualmente está a cargo del Juzgado 14 Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de esta urbe […]”.
10. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles Laborales y
de Familia remitió una comunicación electrónica en la que señaló que no acusaba
recibido de la notificación, toda vez que esa actuación debía ser remitida a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá a través del correo
electrónico desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo que, manifestó que la
solicitud se redireccionaría a dicho correo electrónico y a la autoridad competente
para que se diera el trámite respectivo a la contestación de la acción constitucional.
11. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas solicitó su desvinculación, al afirmar que:
“[…] Es pertinente resaltar que ocasión a la escisión de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca con la Dirección de Administración Judicial
de Bogotá, mediante Acuerdo N° PCSJA22-12033 de fecha 29 de diciembre de 2022,
se creó la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas […]”.
[…]
“[…]Frente a los hechos plasmados en el escrito de tutela es pertinente resaltar que
a esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas,
no le constan por cuanto en el escrito de tutela, no hay evidencias de lo manifestado
por la tutelante.
Ahora bien, de conformidad al escrito de tutela, se evidencia que el proceso se llevó
a cabo en el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá D.C. y posteriormente,
remitido al Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, igualmente,
la radicación del trámite de desarchivo, fue radicada en la Oficina del Archivo Central
[…]”.
[…]
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
“[…] Una vez analizados los hechos narrados por la señora NINA YANETH
MARTINES (sic) MARTINEZ, esta Dirección Seccional de Cundinamarca -
Amazonas, realizó la verificación, sin que se evidenciara solicitud que, de acuerdo a
nuestras competencias, debiera haber sido atendida […]”.
12. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura adujo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes razones:
“[…] no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura
dentro del trámite de la presente acción, toda vez que las acciones u omisiones que
manifiesta el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Lo anterior, en razón a que esta Colegiatura únicamente tiene custodia del archivo de
sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones, oficios, circulares y
demás.
En ese contexto, la autoridad que se encuentra legitimada para responder la petición
aludida es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; ya que la
oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de conformidad con el
Artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 de 26 de septiembre de 2017 […]”.
13. El Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá solicitó su desvinculación
al manifestar que:
“[…] Se informa que en este despacho cursó el proceso ejecutivo N°
11001400302920090001000 promovido por BANCO POPULAR S.A. contra NINA
YANETH MARTINEZ MARTINEZ. Según la consulta efectuada en el Sistema de
Gestión Judicial Siglo XXI, el expediente fue remitido a la oficina de ejecución el 1 de
noviembre del 2013, correspondiéndole conocer del mismo al Juzgado 14 Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias.
En cuanto a lo pretendido a través de este mecanismo, se advierte que la solicitud de
la señora Nina Yaneth Martínez Martínez fue dirigida a la Oficina de Archivo, por tanto,
es esa dependencia la encargada de dar respuesta a la peticionaria y proceder al
desarchivo y remisión del expediente al Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias.
Ahora bien, como quiera que de los hechos de la demanda se extrae que la
accionante solicita el desarchive del expediente para reclamar títulos, este despacho
judicial procedió a verificar si existían depósitos consignados a la cuenta de esta sede
judicial para el proceso 2009-00010, encontrándose los títulos que se relacionan en
el informe anexo, respecto de los cuales se procedió a efectuar la respectiva
conversión a favor de la oficina de ejecución para lo que corresponda.
Conforme a lo anterior, solicito respetuosamente se sirva desvincularnos de la
presente acción, por cuanto este despacho judicial no ha incurrido en la violación de
los derechos fundamentales deprecados por la accionante […]”.
14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Oficina de
Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el
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Núm. único de radicación: 110010315000202402584-01
Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos, el Líder del Grupo de Trabajo
del Archivo Central, el Banco Popular, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá
de Ejecución de Sentencias y María Felisa Prada Suaza guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
Requerimiento a la actora
15. El 29 de julio de 20244, el Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado remitió una comunicación por correo electrónico a la señora Nina
Yaneth Martínez Martínez, mediante la cual la requirió para que allegara copia de la
petición que presentó en el mes de marzo, a través de la cual solicitó el desarchivo
del proceso ejecutivo; y para que informara si el anexo de la señora María Felisa
Prada Suaza se relacionaba con su solicitud de desarchivo.
16. El 31 de julio de 2024, la actora informó que “[…] la radicación quedo (sic)
con los datos de la señora María Felisa Prada ya que ella fue quien me hizo el favor
de hacer la solicitud de desarchive […]”, y anexó copia de i) el pago del arancel
judicial por valor de $8.250, realizado el 13 de marzo de 2024, y ii) de la respuesta
que la Oficina de Archivo Central le dio a la señora María Felisa Prada Suaza.
La sentencia impugnada
17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 8 de agosto de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Veintiocho
Civil Municipal de Bogotá, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas y del Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá, y
en consecuencia, desvincularlos del presente trámite constitucional, conforme a los
argumentos expuestos.
2. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Nina Yaneth
Martínez Martínez, por las razones expuestas en la motivación precedente […]”.
4 Cfr. Índice núm. 28 de Samai. Documento denominado “46CONSTANCIA
DESP_CONSTANCIA_CONSTANCIAfirmada202(.pdf) NroActua 28”. Archivo aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202402584-01
Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
17.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De la revisión del expediente se advierte que, junto con el escrito de tutela la
señora Martínez Martínez únicamente allegó un documento que da cuenta de la
respuesta que el Área Administrativa DSAJ, Archivo Central le dio a la señora María
Felisa Prada Suaza el 16 de marzo de 2024, respecto de una solicitud que había
realizado pidiendo el desarchivo del proceso Nro. 11001-40-03-029-2009-00010-00
(Demandante: Banco Popular y Demandado: Nina Yaneth Martínez Martínez). En
dicho oficio se le informa a la señora María Felisa Prada Suaza que se realizaría la
búsqueda del expediente en el paquete o caja 282 de 2019, y que en caso de no
recibir respuesta del desarchive en el término de 60 días hábiles, podría solicitar
información a la dirección de correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co […]”.
[…]
“[…] Se precisa que en el caso del derecho fundamental de petición quien se
encuentra legitimado para buscar su protección es la persona que presentó la
solicitud, como lo ha mencionado la Corte Constitucional, pues «…la titularidad o el
derecho subjetivo de petición nace a la vida jurídica al momento en que la persona
por su cuenta o a su nombre presenta petición ante la autoridad o el particular…», de
no ser así los jueces se pronunciarían sobre intereses de personas ajenas a la
relación sustancial que no fueron quienes activaron la competencia de las
autoridades. Por lo que, no resulta procedente que la parte actora busque defender
el derecho de petición ajeno […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la Sala observa que, ante las solicitudes de información a la actora
y a la tercera vinculada, respecto de la petición presentada por la señora María Felisa
Prada Suaza para clarificar su relación, o para que la justificara, la última guardó
silencio, y la accionante se pronunció el 31 de julio de 2024, señalando que la petición
quedó con los datos de la señora Prada Suaza ya que ella le hizo el favor de solicitar
el desarchive del expediente, junto a su respuesta anexó copia del pago del
desarchivo, y de la contestación que la Oficina de Archivo Central le dio a la señora
María Felisa Prada Suaza (documento ya obrante en el expediente). Sin embargo, la
actora no allegó la copia de la petición de desarchivo del proceso ejecutivo,
documento requerido por el despacho sustanciador el 29 de julio de 2024, en donde
se advirtiera que la señora María Felisa Prada Suaza presentó la petición en nombre
de la señora Nina Yaneth Martínez Martínez, y no a nombre propio.
Por lo que, de acuerdo con la información y los documentos que obran en el
expediente, se concluye que quien presentó la acción de tutela pidiendo la protección
de su derecho fundamental de petición no es la misma persona que presentó la
solicitud de desarchivo, de la cual se anexó la respuesta.
Por tal razón, la señora Nina Yaneth Martínez Martínez no tiene la titularidad de
reclamar el amparo del derecho de petición que presentó la señora María Felisa Prada
Suaza, a pesar de que ella haya actuado como ejecutada dentro del proceso Nro.
11001-40-03-029-2009-00010-00 […]”.
[…]
“[…] Pese a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
y la Oficina de Archivo Central no respondieron la acción de tutela, no es posible
aplicar la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
1991 y tener por cierta la omisión de respuesta, dado que, el despacho ponente
realizó varios intentos de averiguación frente a la titularidad del derecho fundamental
de petición, sin que fuera posible comprobar que la señora Nina Yaneth Martínez
Martínez fue quien presentó la petición de desarchivo, o que la señora María Felisa
Prada Suaza presentó la petición en nombre de la hoy accionante y no en nombre
propio […]”.
La impugnación
18. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, con fundamento en lo siguiente:5
“[…] Debo manifestarle a la sala de manera respetuosa, que yo sin ser abogada, pero
si muy acuciosa en los temas jurídicos se equivoca el Consejo De Estado al negarme
la tutela dizque porque no aporte la solicitud de desarchive realizada por mí y a mi
nombre, debo recalcarles como se lo dije en memorial enviado a su despacho a través
del correo, que la solicitud aparece a nombre de la señora MARIA FELISA PRADA
SUAZA porque ella me hizo el favor dadas mis ocupaciones de conseguirme el
arancel ante el Banco Agrario y remitir la solicitud a la oficina de archivo central, es
claro que tenían que contestarle a ella porque la solicitud estaba a nombre de ella,
pero como se los dije el 31 de julio del año en curso, corresponde a la misma solicitud
del proceso 29 Civil Municipal 2009-10 demandante Banco Popular demandada la
suscrita, y eso les debió quedar bien claro con la explicación que les dí en el correo
enviado el 31 de julio del año en curso dándoles respuesta a su requerimiento del 29
de julio de este mismo año, de manera pues que por un lado no entiendo porque en
su providencia afirman que guarde silencio a su requerimiento y más adelante afirman
lo contrario, por otro lado en su providencia en repetidas oportunidades hacen
referencia al juzgado 28 civil municipal de Bogotá cuando este despacho no tiene
nada que ver con el proceso solicitado en desarchive.
Estar de acuerdo con la teoría del consejo de estado es caer en lo que la corte
constitucional ha llamado EXCESO DE RITUALIDAD MANIFIESTA, toda vez que
están desconociendo mi legitimidad para adelantar la acción pasándose por alto que
por un lado tengo todo el interés del mundo porque soy la demandada dentro del
proceso a desarchivar y por otro lado no existe norma que ordene que el pago del
arancel y la solicitud del desarchive deba hacerlo la misma persona que adelanta la
acción, cómo puede ser posible que el consejo de estado se pegue de una formalidad
desconociéndome el derecho sustancial que tengo y que como ustedes saben
prevalece sobre las ritualidades y formalidades de cualquier procedimiento […]”.
[…]
“[…] De manera pues, que la legitimación en la causa por activa, si recae sobre mi
porque como lo afirme anteriormente soy la demandada dentro del proceso referido y
por otro lado en mi cabeza recae el derecho a desarchivar el proceso porque son mis
intereses los que están de por medio y que por la negligencia de la oficina de archivo
central no he podido realizar y hacer efectivos mis derechos ante el Juzgado 29 Civil
Municipal De Bogotá, despacho ante el cual curso el proceso y que actualmente se
encuentra en el Juzgado 14 Civil Municipal De Ejecución De Sentencias De Bogotá,
debo explicarle a la sala que la legitimación de la causa si esta perfectamente clara y
recae sobre mi y no sobre ninguna otra persona, pues, la persona que cancela el
5 Transcripción literal del texto.
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arancel solamente me hizo un favor y por eso la solicitud la contestaron a nombre de
ella […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: determinar si, se cumplen o no los presupuestos procesales para que
proceda la acción de tutela, en especial si la actora está legitimada en la causa por
activa para interponer la presente acción, y en caso de que la respuesta al anterior
interrogante sea afirmativa, establecer si las autoridades accionadas, al no resolver
“[…] la solicitud de desarchive […]” del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 110014003029200900010-00, vulneraron sus derechos
fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia.
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) análisis del caso
en concreto y, finalmente v) las conclusiones de la Sala.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
23. Al respecto el inciso primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. (Destaca
la Sala).
24. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”
25. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado9:
9 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
26. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños,
los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo
de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”10
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa11 […]”. (Destaca la
Sala).
10 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición
27. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
28. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional12 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
29. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
12 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso en concreto
31. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Oficina de Archivo Central de Bogotá, porque, a su juicio, al no resolver “[…] la
solicitud de desarchive […]” del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 110014003029200900010-00, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. En consecuencia, la Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas
decretadas y aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana
crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en la solicitud de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
34.1. Anexos que allegó la actora con su escrito de tutela.
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
34.2. Informes rendidos por las autoridades accionadas y los terceros con interés
legítimo, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
35. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Oficina de Archivo Central de Bogotá, porque, a su juicio, al no resolver “[…] la
solicitud de desarchive […]” del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 110014003029200900010-00, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
36. La Sala debe establecer si la señora Nina Yaneth Martínez Martínez tiene
legitimación en la causa por activa, para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.
37. De conformidad con los documentos allegados por las partes dentro de la
presente acción constitucional, la Sala advierte lo siguiente:
37.1. La actora allegó copia del pago del arancel judicial por valor de $8.250,
realizado el 13 de marzo de 2024 y copia de la respuesta que la Oficina de Archivo
Central le dio a la señora María Felisa Prada Suaza el 16 de marzo de 2024, en los
siguientes términos:
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37.2. Pese a que se vinculó como tercero con interés legítimo a María Felisa Prada
Suaza con la finalidad de que rindiera informe para aclarar si su solicitud de
desarchivo se relacionaba con la que manifestó haber presentado la señora Nina
Yaneth Martínez Martínez, guardó silencio.
37.3. Si bien la actora manifestó que “[…] la radicación quedo (sic) con los datos
de la señora María Felisa Prada ya que ella fue quien me hizo el favor de hacer la
solicitud de desarchive […]”, no allegó copia de la petición de desarchivo del proceso
ejecutivo en donde se advirtiera que la señora María Felisa Prada Suaza presentó
esa solicitud en nombre de la señora Nina Yaneth Martínez Martínez y no en nombre
propio.
38. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que la actora no es
titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alegó en la acción de tutela,
en la medida en que no está acreditado que fue ella quien presentó la solicitud de
desarchive del proceso ejecutivo.
39. En ese sentido, si bien la Sala no desconoce que la actora es la ejecutada en
el proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
110014003029200900010-00, no ostenta la titularidad para reclamar la protección
de los derechos presuntamente vulnerados con ocasión a la falta de respuesta
frente a “[…] la solicitud de desarchive […]”, toda vez que, de conformidad con el
acervo probatorio, quien presentó la petición fue María Felisa Prada Suaza, siendo
esta solicitud el objeto de estudio de la acción de tutela y no en sí mismo el proceso
ejecutivo mencionado supra.
40. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha considerado que:
“[…] Frente al caso del derecho fundamental de petición, el único legitimado para
perseguir su protección judicial en caso de vulneración (ausencia de respuesta,
respuesta inoportuna, respuesta incompleta, respuesta evasiva, etc.), será
aquel que en su oportunidad haya presentado el escrito de petición en los
términos del artículo 23 de la Constitución, de los artículos 5 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo, y de las normas especiales según el caso.
De tal forma que la titularidad o el derecho subjetivo de petición nace a la vida
jurídica al momento en que la persona por su cuenta o a su nombre presenta
petición ante la autoridad o el particular; ya en el evento de insatisfacción o de
14 Corte Constitucional. Sentencia T-817 de 3 de octubre de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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presunta vulneración del derecho, solamente el signatario15 estará legitimado para
promover, tanto los trámites administrativos (recursos, silencios administrativos),
como las diversas acciones judiciales (nulidad y restablecimiento, tutela), según el
caso.
No aceptarlo así provocaría que eventualmente la administración, el juez
contencioso o el juez de tutela, se pronunciaran sobre intereses de terceros
totalmente ajenos a la relación administrativa o procesal de la que conocen, en
desmedro de los derechos de libertad en la disposición de los propios intereses
y del debido proceso de quienes ignoran o simplemente no activaron la
competencia de las autoridades […]”.
41. La Sala advierte que, es quién sufrió la amenaza o vulneración de sus propios
derechos fundamentales, la persona legitimada para solicitar su protección,
comoquiera que es quien ostenta la titularidad de los mismos.
42. Por lo tanto, como lo consideró el A quo, para la Sala no se configura la
legitimación en la causa por activa de Nina Yaneth Martínez Martínez, toda vez que,
en la acción de tutela de la referencia no se encuentra acreditado que está
solicitando la protección de derechos fundamentales propios.
Conclusiones de la Sala
43. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 8 de agosto de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró
improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 8 de agosto de 2024 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
15 En este sentido la Corte en la sentencia T-499 de 1996, estudió el caso del directivo de un colegio, que
interpuso acción de tutela con el fin de obtener protección del derecho de petición ejercido por el rector de la
institución ante la Secretaría de Educación; la Corte bajo el argumento de que el actor no había suscrito las
peticiones, decidió confirmar la decisión del juez de instancia que denegó por improcedente la acción de tutela.
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Actora: Nina Yaneth Martínez Martínez
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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