Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02587-00
Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya
27 de junio de 2024
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02587-00
Demandante: WILBER DANIEL GONZALEZ VIDAL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental a la
libre escogencia de profesión u oficio – Declara carencia
actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por el señor Wilber Daniel González Vidal contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Wilber Daniel Gonzalez Vidal, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela2 contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la que pretende el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, de petición y al debido proceso.
En sentir del accionante, la vulneración de las citadas garantías obedece a que la
accionada expidió su tarjeta profesional como abogado con la anotación de
1 Índice 2.
2 La solicitud de amparo se presentó a través de correo electrónico remitido el 20 de mayo de 2024.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
provisional, pese a que para el 31 de agosto de 20233 ni siquiera se había llevado
a cabo la primera convocatoria para presentar el examen conforme lo estableció la
Ley 1905 de 20194 en su artículo 1º:
Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las
normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del
Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura
(CSJ)
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Segundo: Amparado en el beneficio inter pares de la sentencia Unificada – 128 de
18 de abril de 2024, y como consecuencia de lo anterior, ordénela la entidad
accionada responda de fondo la petición solicitada al 30 de abril de 2024 a fin de que
me sea expedida mi tarjeta profesional definitiva, el cual es requisito indispensable en
el marco laboral en el país incluyendo la representación de terceros
[…].5
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El actor cursó estudios de derecho en la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano sede Medellín, obteniendo el título de abogado el 21 de junio de
2023.
El 31 de agosto de 2023 radicó la documentación correspondiente ante el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, a efectos de que se expidiera su tarjeta profesional.
La citada autoridad administrativa asignó al señor González Vidal tarjeta profesional
Nro. 413.766 con vigencia provisional y sujeta a los resultados de la primera prueba.
El 30 de abril de 2024 el señor González Vidal presentó derecho de petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitó la expedición de su tarjeta
profesional definitiva.
3 Índice 2 de samai. – fecha de solicitud de expedición de tarjeta profesional.
4 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.
5 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
1.4. Fundamentos de la vulneración
En sentir del tutelante, la entidad accionada no dio respuesta de fondo a la solicitud
de expedición de su documento de acreditación profesional, por lo que, la tarjeta
profesional que se le asignó no debe tener la anotación de provisional, toda vez que
la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-128 de 2014 ordenó al Consejo
Superior de la Judicatura que expidiera las tarjetas profesionales cuyas solicitudes
se hubiese presentado hasta la medianoche del 26 de diciembre de 2023, sin que
sea obligatorio para las personas la realización del examen de que trata la Ley 1905
de 2019.
Resaltó que, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, para la fecha en que se radicó la
documentación para la solicitud del aludido documento, no había siquiera
convocado a la realización del primer examen a pesar de ser un requisito impuesto
por el mismo Estado.
Por lo anterior, la conducta del Consejo Superior de la Judicatura conlleva
intrínsecamente la vulneración de sus derechos fundamentales de petición,
igualdad y debido proceso, al no expedir la tarjeta profesional definitiva.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 31 de mayo 20246 la magistrada ponente avocó el conocimiento de la
solicitud de amparo, ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia7; además vinculó a la
Institución Universitaria Politécnico GranColombiano8.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Institución Universitaria Politécnico GranColombiano 9
Manifestó que no tenían parte en el pronunciamiento de fondo al no ser acreditada
la vulneración de los derechos fundamentales por parte de esta entidad, por lo que,
solicitó se resuelva el asunto teniendo presente la protección de los derechos
fundamentales de la parte activa de la presente acción.
De igual forma solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
6 Índice 4 de Samai.
7 Notificado el 04 de junio de 2024 a los correos electrónicos
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Notificado el 04 de junio de 2024 a los correos electrónicos archivo@poligran.edu.co.
9 Índice 8 de Samai.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia10
Como punto de partida explicó los antecedentes normativos más relevantes en torno
al ejercicio de la profesión como abogado, establecidos en la Ley 196 de 1971, la
Ley 270 de 1996, el Acuerdo No. 002 de 1996 y la Ley 1905 de 2018.
Precisó que, respecto al examen de idoneidad establecido en la Ley 1905 de 2018,
se expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 que determinó unos parámetros
para la expedición de las tarjetas profesionales con carácter provisional y hasta
tanto se lleve a cabo la primera prueba.
Posteriormente, mediante Acuerdo PCSJA23-12127 se dispuso la apertura a la
etapa de inscripciones de las personas interesadas en la presentación del examen
de idoneidad.
El 21 de mayo de 2024 el Consejo Superior de la Judicatura recibió oficio No. STC-
150/2024 por medio del cual se le puso en conocimiento la Sentencia SU-128 del
18 de abril de 2024. Esta entidad expidió comunicado del 21 de mayo de 2024 en
el que informó el trámite para la expedición de la tarjeta profesional de abogado
definitiva y los requisitos previstos en el artículo 06 del Acuerdo PCSJA24-12162
del 9 de abril de 2024, el cual puso en conocimiento del actor mediante correo
electrónico del 22 de mayo de 2024 al correo electrónico wdagovi@gmail.com.
Además, señaló que una vez el actor realice el trámite mencionado, procederá a
expedir el nuevo plástico de la tarjeta profesional 418957 sin la anotación de
provisionalidad, en cumplimiento de la sentencia SU-128 de 2024 eliminó la
anotación de provisionalidad del certificado de vigencia de la tarjeta profesional del
señor González Vidal.
Siendo así, solicitó negar el amparo solicitado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Wilber Daniel González Vidal contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
10 Índice 9 de Samai.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
conforme lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano solicitó la desvinculación del
trámite al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. No
obstante, dicha petición será negada, en razón a que su comparecencia a este
mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y
no como demandada, dado que los argumentos expuestos por el actor que la
involucraban
2.3. Problema jurídico
Con base en los hechos expuestos en la acción de tutela, las pruebas aportadas al
proceso, y la intervención realizada por la autoridad accionada, la Sala debe
absolver el siguiente interrogante:
• ¿El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia vulneró el derecho fundamental del debido
proceso al señor Wilber Daniel González Vidal, al expedir su tarjeta profesional
con vigencia provisional?
Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) el debido proceso administrativo; y (iii) el caso
concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.
El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
2.5. El debido proceso administrativo
El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso como
derecho fundamental se debe aplicar tanto en actuaciones judiciales como
administrativas, lo cual impone en cabeza de la administración el deber de respetar
las garantías mínimas que tienen los administrados frente al poder que tiene el
Estado.
A partir de lo anterior, se debe tener presente que la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció dos
capítulos relacionados con el procedimiento administrativo, uno de carácter general
(arts. 34 ss.) y otro para las actuaciones de tipo sancionatorio (arts. 47 ss.).
Frente a cuáles garantías comprende la institución del debido proceso
administrativo, la Corte Constitucional en la sentencia C-162 de 2021 precisó lo
siguiente:
De la aplicación del debido proceso administrativo se derivan una serie de
consecuencias, tanto para la administración como para las personas. La Sala ha
reconocido que de este derecho se desprenden una serie de garantías, como las que
tienen las personas a: 1) conocer las actuaciones de la administración; 2) acceder
ante la administración y ser oído por ella; 3) solicitar el decreto y la práctica de pruebas
y controvertir las que otros soliciten y las que se practiquen; 4) ejercer el derecho de
defensa; 5) impugnar los actos administrativos; y, 6) gozar de las demás garantías
establecidas en su beneficio. Estas garantías deben respetarse en todo el
procedimiento administrativo, desde el inicio de la actuación, la formación y
expedición de los actos administrativos, su notificación o comunicación, su
impugnación y resolución, su ejecutoriedad y hasta su ejecución.
Ahora bien, la génesis del procedimiento administrativo se da por solicitud de la
parte interesada o de forma oficiosa a cargo de la administración, tal como se colige
de lo establecido en el artículo 35 del CPACA.
Del mismo modo, no se puede perder de vista que en el curso del trámite es factible
la solicitud y práctica de pruebas, el derecho de conocer las decisiones que adopta
la administración y, finalmente, la posibilidad de cuestionar estas ante el propio
Estado o por los mecanismos judiciales que estableció el legislador.
En síntesis, el debido proceso administrativo tiene la connotación de derecho
fundamental, en la medida que pretende que toda decisión que adopte la
administración respete las garantías mínimas que deben tener los administrados, y,
en ese sentido, resulta plausible excepcionalmente acudir a la acción de tutela para
obtener su amparo11.
11 La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 1997 indicó: El desconocimiento en cualquier
forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos
esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
2.6. La sentencia SU-128 de 2024
La Corte Constitucional profirió la sentencia SU 128 del 18 de abril de 2024, en la
cual analizó el caso de tres personas que se graduaron del programa de derecho y
solicitaron la expedición de su tarjeta profesional, la cual les fue entregada con
carácter provisional y sujeta a los resultados del examen de idoneidad establecido
en la Ley 1905 de 2018.
El órgano de cierre de la jurisdicción constitucional concluyó que el Consejo
Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales del actor, pues, por
un lado, la expedición de la tarjeta profesional con la limitación establecida es una
extralimitación de sus funciones, y, por otro lado, implica una barrera para el
ejercicio libre de la profesión.
Para lo cual resolvió en dicha oportunidad lo siguiente:
Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término de dos (2)
meses contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a expedir a
los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni López Giraldo y José
Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y
sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018, conforme a lo dispuesto en esta providencia. Adicionalmente, la entidad
accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter provisional de la tarjeta
profesional de los accionantes en las respectivas actas de registro y certificados de
vigencia. En virtud de los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes
deberán cumplirse frente a (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior de la
Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y que presentaron la
solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023 y (ii) todas las
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes
para la expedición de la tarjeta profesional.(subrayado de la Sala)
Finalmente, la decisión fue comunicada al Consejo Superior de la Judicatura el 21
de mayo de 2024.
2.7. Caso concreto
De los medios de prueba arrimados al proceso, se puede establecer que el señor
González Vidal adelantó estudios de derecho en la Institución Universitaria de
Colombia obteniendo el título de abogado.
a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P.,
art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por
conducto de sus servidores públicos competentes.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia el 06 de septiembre de 2023 expidió a nombre
del señor González Vidal, tarjeta profesional de abogado de carácter provisional
bajo el Nro. 413.766.
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia informó que dio cumplimiento a la sentencia SU-128 del 18
de abril de 2024, para el efecto expidió la Resolución No. URNAR24-85 del 23 de
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
mayo de 2024 por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia SU128 de
2024 y resolvió:
ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de unificación SU-128 de
2024 de la Corte Constitucional y REQUERIR a los abogados relacionados en el
anexo adjunto para iniciar el trámite previsto en el artículo 6° del Acuerdo
PCSJA24 – 12162 de 2024, con el fin de proceder a la expedición de la tarjeta
profesional de abogado sin anotación provisional y sin la exigencia de aprobación
del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta profesional de abogado con
vigencia provisional que no se encuentren relacionados en el anexo adjunto de
este acto, pero hayan iniciado el trámite de inscripción y expedición de tarjeta
profesional de abogado antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, deberán dar cumplimiento a lo señalado en este artículo.
ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia provisional en las
actas de registro de las tarjetas profesionales de los abogados que presentaron la
solicitud del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, relacionados
en el archivo adjunto.
ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA.
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo electrónico de los
abogados señalados en el artículo primero de este acto y PUBLICAR este acto a
través del micrositio de la Ley 1905 de 2018 de la página web del Registro
Nacional de Abogados
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx.
ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Asimismo, aportó constancia de notificación de la Resolución No. URNAR24-85 en
mención al accionante así:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
En cumplimiento de la Resolución No. URNAR24-85 modificó el certificado de
vigencia de la tarjeta profesional de abogado del señor González Vidal sin la
anotación de provisional, así:
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
En ese orden, es preciso resaltar que encontrándose en curso el proceso de tutela
de la referencia, el Consejo superior de la Judicatura dio cumplimiento a la sentencia
SU-128 de 2024, por lo que nos encontramos frente a un hecho superado.
Esta colegiatura en anteriores oportunidades12 se ha referido a la acción de tutela y
ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un
instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
En línea con lo expuesto, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro,
se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para
esta acción.13
12 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
13 Sentencias SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado”
(negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”14.
Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de
14 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que
el juez de tutela dé una orden al respecto.15
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena16 como por
las distintas Salas de Revisión17. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de
daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier
“otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío”18. No se trata entonces de una categoría
homogénea y completamente delimitada. […].19
En ese orden, es preciso resaltar que se dio cumplimiento a la sentencia SU-128 de
2024, si bien, no se ha expedido el nuevo plástico de la tarjeta profesional, ello
implica un impulso propio del actor en cumplimiento de lo ordenado en dicha
providencia, que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional, por lo
que el fin de la acción de tutela se encuentra superado, en tanto, la anotación de
provisional de la tarjeta profesional fue retirada y se dio cumplimiento en los
términos requeridos por el accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Institución
Universitaria Grancolombiano conforme a las consideraciones de esta providencia.
15 Sentencia SU-225 de 2013.
16 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
17 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
19 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Wilber Daniel González Vidal
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Rad: 11001-03-15-000-2024-02587-00
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Wilber Daniel González Vidal.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.