Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02593-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02593-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02593-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02593-01
Accionante: Idelfonso Zuleta Medina
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra la providencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó la sentencia del 14 de
octubre de 2022 expedida por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de
Cali. Análisis de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial de defecto sustantivo, defecto fáctico y violación
directa de la Constitución. No cumple con el requisito de subsidiariedad.
Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que amparó el derecho
fundamental al debido proceso del accionante y en su lugar se rechaza la acción
por improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 28 de
junio de 2024 proferida por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de
Estado, mediante la cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso
del accionante al configurarse un defecto fáctico en la providencia censurada.
II. ANTECEDENTES
El señor Idelfonso Zuleta Medina, a nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la expedición de
la providencia del 23 de noviembre de 2023, a través de la cual se revocó la
sentencia del 14 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Cali que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda , dentro del medio de control de reparación directa con radicado
76001-33-33-020-2019-00099-00/01.
2.1. Hechos1
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Acción de Tutela
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Accionante: Idelfonso Zuleta Medina
El 26 de agosto de 2014 la señora Sandra Liseth Mejía Balanta denunció haber
sido asaltada por dos sujetos que le hurtaron una motocicleta, junto con sus
pertenencias y las de una acompañante. A continuación, el día 15 de noviembre
de 2014, en labores de campo, la Policía Nacional ubicó el vehículo robado y a
uno de los responsables del delito.
Posteriormente, en un reconocimiento fotográfico, la denunciante señaló a los
señores Héctor Jairo Hurtado Muñoz e Idelfonso Zuleta Medina como autores del
hecho punible. Por lo expuesto en precedencia, en audiencia concentrada
realizada el 23 de junio de 2015, el hoy accionante fue capturado, se le imputaron
cargos y se le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva
intramural.
El 10 de septiembre de 2015 fue presentado el escrito de acusación por parte del
Fiscal del caso y el 20 de octubre de 2015 se formuló la acusación contra el
accionante en calidad de coautor. No obstante, el 15 de diciembre de 2015, el
Juez Diecisiete Penal Municipal de Palmira revocó la medida de aseguramiento
y ordenó la libertad inmediata del señor Zuleta Medina.
El 16 de junio de 2016 se realizó la audiencia preparatoria por parte del Juez
Octavo Penal del Circuito de Cali y el 1 de marzo de 2017 el Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Cali absolvió al accionante de los delitos acusados.
Una vez en firme la providencia anterior, la parte actora presentó una demanda
a través del medio de control de reparación directa, que fue favorable
parcialmente a sus pretensiones, ya que se declaró patrimonialmente
responsable a la Nación-Rama Judicial con relación a los perjuicios morales por
la privación injusta de su libertad y se exoneró de responsabilidad a la Fiscalía
General de la Nación.
La decisión precedente fue apelada por la Nación-Rama Judicial y revocada
mediante sentencia del 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
2.2. Fundamento jurídico
El accionante sostuvo que la Ley 270 de 1996, la Sentencia C-037 de 1996 de la
Corte Constitucional, la Sentencia SU -072 de 2018 y el artículo 2952 de la Ley
906 de 2004, debían ser parte del sustento para la valoración del daño antijurídico
por privación injusta de la libertad sufrido por el señor Zuleta Medina y que este
soporte jurídico fue tenido en cuenta por el a quo en la decisión de primera
instancia, pero no en la providencia censurada.
2
Ley 906 de 2004, Artículo 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código que
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter
excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria,
adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.
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Accionante: Idelfonso Zuleta Medina
Adujo que el ad quem incurrió en una “vía de hecho judicial, por indebida
valoración y omisión en el análisis probatorio” al indicar que no se podía
demostrar el daño antijurídico porque no se habían aportado pruebas de este.
Por otro lado, expuso algunas características del defecto sustantivo, pero sin
precisar cómo se generó este en su caso particular. Finalmente, invocó también
la existencia de un defecto por violación directa de la Constitución, pero no lo
desarrolló pues se limitó a ligarlo con el defecto fáctico precitado con relación a
la omisión de la valoración íntegra de las pruebas.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«[…] Colofón de lo anterior, con todo respeto me permito solicitarle se sirva
declarar la protección tutelar de los derechos fundamentales como lo es el
DEBIDO PROCESO consagrados en los artículos 29 Constitucional, el
cual ha sido vulnerado en sede de segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN SALA CONFORMADA POR LA
MAGISTRADA PONENTE PATRICIA DEL PILAR FEUILLET
PALOMARES Y LOS MAGISTRADOS LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Y OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT el Veintitrés (23) de noviembre
del año 2023 notificada el 1 de Diciembre del año 2023 bajo notificación
electrónica No. (sic) 192122 conforme el Medio de Control de Reparación
Directa por Privación Injusta de la Libertad Radicado 76001-33-33-020-
2019-00099-01 respecto la materialización de una insanable VIA DE
HECHO JUDICIAL cuando al decidir el Recurso de Apelación, la parte
accionada resolvió Revocar la sentencia bajo las consideraciones en dicha
decisión, es decir, al establecer dentro de sus argumentos que la parte
actora no había demostrado el daño antijurídico por no aportarse el CD de
la audiencia preliminar cuando en el expediente digital si figura allegada
dicha prueba, sin atender que dentro de las pruebas aportadas se allego
(sic) no solo el Acta de la Audiencia preliminar concentrada entre otras, la
de imposición de la Medida de Aseguramiento, y al momento del decreto
probatorio se atendió la solicitud de requerir al Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales de la ciudad de Cali, la remisión tanto
de todo el expediente o carpeta de la actuación junto con la Reproducción
de todas las audiencias, incluyéndose la audiencia preliminar que impuso
la Detención Preventiva intramural, pruebas que fueron allegadas no solo
en físico sino en Reproducción de la Audiencia preliminar, misma que fue
desconocida por completo por la Sala al desatar el Recurso de Alzada,
más no por el Juzgado Veinte Administrativo de la ciudad de Cali, quienes
al tomar la decisión de primer nivel, hicieron suyos los fundamentos
vulneradores y que ocasionaron el daño antijurídico, al decretar la medida
restrictiva de la libertad, por lo que si se demostró ampliamente el daño
antijurídico como factor concurrente dentro todo medio de control de
Reparación Directa y en especial dentro de una privación injusta de la
libertad. Una vez declarada la protección tutelar de los derechos
fundamentales de la parte aquí accionante, sírvase ordenar lo siguiente:
PRIMERO: REVOCARSE LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA A
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN SALA
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02593-01
Accionante: Idelfonso Zuleta Medina
CONFORMADA POR LA MAGISTRADA PONENTE PATRICIA DEL
PILAR FEUILLET PALOMARES Y LOS MAGISTRADOS LUZ ELENA
SIERRA VALENCIA Y OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
efectuada el Veintitrés (23) de noviembre del año 2023 notificada el 1 de
Diciembre del año 2023 bajo notificación electrónica No. (sic) 192122
conforme el Medio de Control de Reparación Directa por Privación Injusta
de la Libertad Radicado 76001-33-33-020-2019-00099-01
SEGUNDO: Así mismo y como consecuencia de la vía de hecho
evidenciada en la decisión objeto de la presente Acción Constitucional,
sírvase ordenar librarse las respectivas notificaciones a que hayan lugar,
dejando sin efecto la decisión de segunda instancia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE EN SALA CONFORMADA
POR LA MAGISTRADA PONENTE PATRICIA DEL PILAR FEUILLET
PALOMARES Y LOS MAGISTRADOS LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Y OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT efectuada el Veintitrés (23) de
noviembre del año 2023 notificada el 1 de Diciembre del año 2023 bajo
notificación electrónica No. (sic) 192122. […]». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera Subsección A del Consejo
de Estado mediante auto del 27 de mayo de 20243, en el que ordenó notificar
como accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vincular como
terceros interesados en el resultado del proceso a los señores Lucy Lopera Vega
y Brayan Esteban Zuleta Lopera, así como a la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
2.4.1. La Fiscalía4 General de la Nación, a través de su profesional
especializada II de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó declarar la
improcedencia de la acción, teniendo en cuenta que no se cumplen los requisitos
de procedencia contra providencia judicial, en particular porque en su criterio, no
sustentó la configuración de los defectos alegados: fáctico, sustantivo y de
violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que la parte actora tenía
la carga de la prueba para demostrarlos.
2.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5- Sala de Oralidad, a
través de la magistrada Patricia del Pilar Feuillet Palomares solicitó que se
desestimen las pretensiones del accionante pues no satisfizo el requisito de
relevancia constitucional al ser en su criterio mínima su argumentación,
aduciendo que la pretensión era de carácter estrictamente económico y que por
otro lado, no bastaba con invocar el derecho fundamental presuntamente
deprecado sin que había que fundamentar la vulneración
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Sostuvo además que no era cierto que el Tribunal hubiera incurrido en defecto
fáctico y/o procedimental, pues no pudo examinar si la restricción de la libertad
cumplió con los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad o
por el contrario fue antijurídica, toda vez que las grabaciones de las audiencias
preliminares que le fueron allegadas no tenían audio.
Indicó que el decreto de pruebas de oficio es por regla general una potestad de
la autoridad judicial tendiente a “esclarecer la verdad” y que en este caso no
existían medios de prueba contradictorios que ameritaran su solicitud.
2.5. Sentencia Impugnada6
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
28 de junio de 2024, accedió al amparo del derecho fundamental al debido
proceso del tutelante, teniendo en cuenta que a su juicio se presentó un defecto
fáctico en la providencia censurada.
Al respecto, puso de presente que el accionante solicitó entre sus pruebas tanto
el acta de audiencia preliminar7 del juzgado penal, como los CDs que contenían
las audiencias del proceso, al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales del Sistema Penal Oral Acusatorio de Cali por lo que fueron decretadas
por el Juzgado Veinte Administrativo de Cali y aportadas al proceso a través de
un enlace virtual8.
Indicó que, aunque la parte actora pudo haber evidenciado la falla en el sonido
de las grabaciones contenidas en el link, también era responsabilidad de la
autoridad judicial verificarlo. Además, afirmó que no se demostró que el juzgado
de primera instancia hubiera advertido esta irregularidad, por lo que no era
posible saber si tuvo acceso a las grabaciones al tomar su decisión.
Manifestó que el juzgado de primera instancia no descargó los archivos remitidos
por el Centro de Servicios Judiciales, lo que hizo que dependieran del enlace
para visualizarlos y que esto significaba que la custodia de esa pieza procesal
dependía de otra autoridad judicial, que podía modificar o eliminar el contenido
en cualquier momento, sin que el juzgado administrativo ni el accionante tuvieran
control sobre ello.
Sostuvo que el actor solo tuvo la oportunidad de verificar las piezas procesales y
presentar objeciones durante el traslado de la audiencia de pruebas, luego no era
razonable esperar que identificara el problema en ese momento, máxime cuando
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Acta de audiencia preliminar realizada el 23 de junio de 2015 por el Juzgado 28 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, en esta se consignó que se “impone medida de
aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva en centro carcelario”
en contra del tutelante, mas no las razones que conllevaron la adopción de esa decisión judicial.
8
Enlace virtual denominado “C76001600019320143087200”, efectivamente contiene las
diligencias surtidas en el proceso penal, dentro del cual se evidencian dos archivos nombrados
como “02LegalizacionCaptura20150623 (1).mpg” y “03LegalizacionCaptura20150623 (2).mpg”
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se presentaron 8 videos, que, en el entendido de la accionada, debía revisar
íntegramente en ese lapso.
Advirtió que, así las cosas, en segunda instancia, era esencial que el ad quem
cumpliera con sus deberes oficiosos y decretara la prueba necesaria para
asegurar la justicia material, pues al no hacerlo, incurrió en un defecto fáctico.
2.6. Impugnación9
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca argumentó que el hecho de que la
parte hubiera formulado solicitud probatoria no la liberaba de la carga de la
prueba, para probar el supuesto hecho.
Adujo que el actor tuvo la oportunidad de verificar si las grabaciones de las
audiencias preliminares permitían dar probado lo que pretendía acreditar, por lo
que ha debido advertir la falencia de que estas no tenían sonido y que, si no lo
hizo, por “negligencia o por convicción”, como juez no tenía la obligación de
hacerlo.
Indicó que el reproche de primera instancia se relacionó con el hecho de que el
Tribunal no haya decretado una prueba de oficio para obtener las grabaciones
en su integridad, pero que esta era una potestad cuya aplicación no le era
imperativa, máxime cuando en este caso no había hechos por “esclarecer”, ni
medios de prueba contradictorios, ni una situación de grave vulneración de los
derechos humanos o de marcada injusticia, habida cuenta de que lo pretendido
era de carácter económico.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle, al proferir la sentencia del 28 de junio de
2024, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y la violación directa de la
Constitución y fáctico.
Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan
decisiones judiciales.
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3.3. Del requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Respecto del requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«2. Igualmente, ha sostenido la Corte que el amparo no busca excluir a
la jurisdicción ordinaria del conocimiento de los asuntos que le son
propios. La tutela, por el contrario, se constituye en un mecanismo
que asegura en forma especial y excepcional la intangibilidad del
núcleo esencial de los derechos fundamentales vulnerados, cuando
no existan instrumentos ordinarios que permitan dicha protección. Por
ello, la acción de tutela resulta improcedente, en virtud de su
naturaleza subsidiaria y residual, cuando el actor tiene o tuvo a su
disposición otros mecanismos judiciales de defensa.
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación “[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva
no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los
proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia. Es inútil, por lo tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara
de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal”»10.
Como se puede evidenciar, uno de los requisitos generales de procedibilidad
consiste en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada. En consecuencia, se debe hacer uso de los mismos o
señalar las razones por las cuales se renuncia a ello por la amenaza de que se
configure un perjuicio irremediable.
El argumento de improcedencia en comento, tiene sustento en los deberes
jurídicos que tienen las partes en el trámite de los procesos judiciales para
impugnar o controvertir las decisiones con las que están en desacuerdo y
cuya oportunidad se establece en cada uno de los estatutos que rigen el proceso
de que se trate.
Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento de los
recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto que el mismo
10
Corte Constitucional, sentencia T – 874 de 11 de julio de 2000, magistrado ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la actuación censurada y
la modifiquen o revoquen.
Visto lo anterior, el juez de tutela no podrá declarar procedente una solicitud de
amparo en donde la parte interesada en controvertir la decisión judicial, no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los formalismos
establecidos en la legislación procesal, por desconocimiento o falta de diligencia.
3.2.2. Análisis del presupuesto de subsidiariedad
En el caso concreto, la parte accionante no demostró el agotamiento de todos los
mecanismos ordinarios o extraordinarios que tenía a su disposición para la
defensa de sus derechos fundamentales. En efecto, no se demostró que haya
ejercido el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.
Por otra parte, es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza
inminente de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su
protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera
urgente.
Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia ni existencia de un perjuicio
irremediable no resulta procedente un estudio de fondo, puesto que la parte
accionante no ha hecho uso del medio de defensa judicial idóneo como lo es el
recurso extraordinario de revisión.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que amparó el
derecho fundamental al debido proceso del accionante por encontrar acreditada
la configuración de un defecto fáctico en la providencia censurada, pues, se
reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la Constitución a los jueces de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 28 de junio de 2024 mediante la cual la
Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resolvió amparar el
derecho fundamental al debido proceso del señor Idelfonso Zuleta Medina por
configurarse un defecto fáctico en la providencia censurada, para en su lugar
rechazar la acción por improcedente al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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