Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02596-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02596-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02596-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02596-00
Consejero ponente: Conjuez Edgardo José Maya Villazón
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Sala de Conjueces
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02596-00
Accionante: URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P.
Sentencia de primera instancia
La Sala de Conjueces1 decide la acción de tutela presentada por la sociedad
URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. en contra de las providencias de 19 de
diciembre de 2023, 4 de abril y 15 de mayo de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos identificado con el número de radicación 23001-23-
33-000-2021-00285-00.
I. ANTECEDENTES
La sociedad accionante funge como parte demandada dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número de
radicación 23001-23-33-000-2021-00285-00, el cual cursa en el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
Mediante auto del 28 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba
ordenó la práctica de un dictamen pericial a cargo de Laboratorio de Química del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
A través de la providencia del 17 de noviembre de 2023, el Tribunal programó la
audiencia de pruebas para el 19 de diciembre de 2023, con el fin de que
comparecieran los peritos del CTI que rindieron la prueba pericial.
1 Mediante acta de 27 de junio de 2024, fueron designados conjueces dentro del presente asunto,
los doctores Sergio González Rey, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jaime Humberto Tobar
Ordoñez y Edgardo José Maya Villazón.
2
El Tribunal el mismo 19 de diciembre de 2023 suspendió la diligencia de pruebas,
dado que los peritos no comparecieron, decisión frente la cual la sociedad
accionante no estuvo de acuerdo, ya que, en su criterio, se debió aplicar la
consecuencia jurídica prevista en los artículos 228 y 231 del CGP. Sin embargo, la
referida autoridad desestimó tales argumentos.
Posteriormente, mediante correo electrónico del 22 y 30 de enero de 2024, los
peritos le informaron al Tribunal que no pudieron asistir a la diligencia del 19 de
diciembre de 2023, por cuanto no sabían cómo conectarse.
A partir de lo anterior, la parte actora sostiene que “los argumentos expuestos por
el Tribunal concediendoles a los peritos un nuevo plazo para sustentar las pericias
es arbitrario y carece de sustento, porque los peritos reconocieron que fueron
citados oportunamente y que estuvieron prestos a conectarse a la audiencia, así
afirmen ––de manera extraña e inverosímil–– que nunca recibieron el link de
conexión ni realizaron gestión alguna con el Tribunal para lograr su vinculación”.
Debido a lo anterior, promovió incidente de nulidad, el cual fue resuelto negativamente
por el Tribunal, a través de auto de 4 de abril de 2024, al considerar que no se configuró
una violación directa del debido proceso, en tanto para este caso puntual no se podía
aplicar la consecuencia jurídica prevista en el CGP ante la inasistencia de los peritos
a la audiencia de pruebas, en la medida que dicha prueba pericial fue decretada de
oficio.
La anterior decisión fue recurrida por la parte aquí actora y confirmada por el Tribunal,
mediante auto del 15 de mayo de 2024.
La parte actora considera que las anteriores providencias por medio de las cuales el
Tribunal dispuso suspender la diligencia de pruebas y negar el incidente de nulidad,
atentan contra sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso
a la administración y el principio de legalidad, por cuanto, con ese actuar, se revivió
una etapa procesal ya precluida.
Dado lo anterior, la sociedad actora señaló que el Tribunal incurrió en defecto
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución, toda vez que violó el
3
artículo 29 Superior y los artículos 228 y 231 del CGP, al otorgarle a los peritos una
nueva oportunidad para asistir a la diligencia de pruebas.
II. PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se tutele en favor de Urbaser Colombia S.A. E.S.P. el derecho
fundamental al debido proceso, a la igualdad, a la legalidad y al acceso a la
administración de justicia vulnerados por el Tribunal Administrativo de Córdoba
con su decisión de suspender la audiencia de sustentación del dictamen pericial
para revivir un oportunidad precluida a los peritos de la Fiscalía General de la
Nación que no asistieron sin justificación alguna.
2. Que, por lo anterior, se ordene a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba que revoque la decisión adoptada en audiencia del
19 de diciembre de 2023 y los auto del 4 de abril de 2024 y del 15 de mayo de
2024, para que, en su lugar, aplique los artículos 228 y 231 del CGP y descarte
el dictamen pericial que no fue debidamente sustentado por los peritos de la
Fiscalía General de la Nación.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
El 5 de septiembre de 2024, esta Sala de Conjueces resolvió declarar fundado el
impedimento manifestado por los magistrados de la Sección Primera del Consejo
de Estado, doctores Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Oswaldo Giraldo López,
Hernando Sánchez Sánchez y Nubia Margoth Peña Garzón.
Posteriormente, en auto de 18 de septiembre de 2024, se admitió la presente acción
de tutela y se vincularon como terceros con interés en los resultados de este asunto
a “todos los sujetos procesales que integran el medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos identificado con el número de radicación 23001-
23-33-000-2021-00285-00 y a la Sección Primera del Consejo de Estado”.
4
IV. INTERVENCIONES
Dentro del presente trámite se allegaron los siguientes informes:
1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, por conducto de
apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó negar el amparo deprecado por
el actor, dado que esa entidad no ha vulnerado sus derechos fundamentales,
aunado a que carece de legitimación en la causa por pasiva.
2. La Alcaldía de Montería, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, por cuanto la parte actora contó con los medios
de defensa judicial ordinarios para salvaguardar sus derechos fundamentales en el
interior del proceso de acción popular, y no acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Adicionalmente, señaló que el aquí accionante, en la oportunidad procesal
pertinente, tuvo la posibilidad de controvertir el informe rendido por los peritos,
sumado a que tal peritaje no fue valorado en la sentencia de primera instancia, ante
las imprecisiones existentes.
3. La Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio del consejero
ponente, rindió informe en el que solicitó su desvinculación de este proceso, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderado judicial, manifestó que esa entidad no ha vulnerados los derechos
fundamentales del actor y que carece de legitimación en la causa por pasiva.
5. El Tribunal Administrativo de Córdoba, por intermedio de la magistrada
ponente de la decisión cuestionada, rindió informe en el que manifestó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del actor. De igual manera, advirtió que lo
pretendido por el extremo accionante es reabrir el debate procesal que ya fue
decidido dentro del proceso, por lo que el asunto carece de relevancia
constitucional.
5
6. La sociedad Servicios Ambientales de Córdoba – SEACOR S.A.S. E.S.P., por
conducto de apoderado judicial, rindió informe en el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de amparo, por cuanto el mecanismo constitucional no cumple
con el requisito de la subsidiariedad y de la vulneración de los derechos
fundamentales alegados es completamente inexistente.
7. El Municipio de Cereté, mediante la jefe de la oficina jurídica de la entidad, rindió
informe en el que solicitó su desvinculación del presente trámite, por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.
V. CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala de Conjueces en este asunto
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912
y en el Decreto 333 de 2021, se concluye que esta Sala de Decisión es competente
para conocer de la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada por la parte accionante, la Sala de
Conjueces debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en caso
afirmativo se deberá determinar:
b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante.
2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
3. Solución al caso concreto
La sociedad URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. presentó acción de tutela en contra
de las providencias de 19 de diciembre de 2023, 4 de abril y 15 de mayo de 2024,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número de
radicación 23001-23-33-000-2021-00285-00, al considerar que dicha corporación
judicial vulneró sus derechos fundamentales invocados, al no aplicar la
consecuencia jurídica prevista en los artículos 228 y 231 del CGP ante la inasistencia
de los peritos a la audiencia de pruebas, reviviendo de esta manera una etapa procesal
ya precluida.
Para resolver lo pertinente, es de recordar que, de acuerdo con lo expuesto por la
Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 y por la Sala Plena del Consejo de
Estado en decisiones de 31 de julio de 20123 y de 5 de agosto de 20144, la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada, en
primer lugar, al cumplimiento de unos requisitos generales y, como segunda medida,
que se configure alguno de los requisitos especiales.
La abundante jurisprudencia sobre la materia ha establecido como requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales los
siguientes: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los
medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el
cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;
v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
En ese orden de ideas, es de señalar que el requisito general de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales atinente a la relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto planteado
3
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
4
11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental5 y se
descarta el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces6.
En cuanto a ese requisito se refiere, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 agosto de 2014, sostuvo que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que
de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]7. (Destaca la Sala
de Decisión)
En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos8. Por ejemplo, recientemente esa corporación en la sentencia SU-
215 de 20229 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]. [negrillas de la
Sala]
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
7
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
8
Ver las sentencias SU-439 de 2017, SU-115 de 2018, entre otras.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
A partir de todo lo anterior, es claro que, tal como lo ha considerado la Sección Primera
de esta Corporación, para que un asunto revista de relevancia constitucional deben
concurrir los siguientes elementos: “i) que de la carga argumentativa expuesta por el
actor se pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales,
y ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una
inconformidad respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre
cuestiones de apreciación judicial que no involucre derechos
fundamentales10”11.
Dicho de otro modo, la relevancia constitucional no se satisface por el simple hecho
de que la parte actora invoque la vulneración de garantías iusfundamentales y, mucho
menos porque la decisión judicial sea adversa a sus intereses.
Así las cosas y descendiendo al presente caso, esta Sala de Decisión advierte que la
argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada no
devela que el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho
fundamental, sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural de la causa.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento está
poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, ni tampoco realiza una exposición a partir de la cual se evidencie que su
caso tiene la “entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental” y mucho menos justifica
“razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
De allí que esta Sala de Decisión advierte la falta de relevancia constitucional de este
asunto, pues, se reitera, la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
11
Al respecto ver, entre otras, la reciente sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida dentro del expediente número 11001-
03-15-000-2021-03681-01.
9
según lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, reiterada
en reciente pronunciamiento 075 de 22 de marzo de 2023, no tiene trascendencia
constitucional.
Ante este escenario, cabe recordar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda ahondar en el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera
instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial.
De aquí que su procedencia sea excepcional12, toda vez que lo contrario atentaría
contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada13.
En ese orden de ideas, y ante el incumplimiento del requisito general de
procedibilidad atinente a la relevancia constitucional, esta Sala de Decisión no
puede estudiar o pronunciarse de fondo respecto de los argumentos expuestos por
la parte actora.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala considera que la presente también deviene
improcedente por incumplimiento del requisito general de procedibilidad atinente a
la subsidiariedad, habida cuenta que el proceso al cual se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales aún se encuentra en trámite, y, por ende, la
intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello en tanto que es
el mismo proceso el escenario adecuado para hacer valer los derechos que las
partes estiman vulnerados.
Lo anterior, encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado que ha sostenido que, «[…] cuando el proceso se encuentra
en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier
decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
10
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado
y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso […]»14. (Negrillas
por fuera del texto)
Así las cosas, y teniendo en cuenta el hecho consistente en que el proceso dentro
del cual se alega la supuesta afectación a las garantías fundamentales de la parte
actora aún se encuentra en trámite, la Sala advierte que la presente solicitud de
amparo deviene en improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad,
máxime cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión concluye
que la solicitud de amparo deviene improcedente ante el incumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad atinentes a la relevancia constitucional y
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley
No. 2591 de 1991.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
11
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
(firmado electrónicamente)
SERGIO GONZÁLEZ REY
Conjuez
(firmado electrónicamente)
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez
(firmado electrónicamente)
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez
(firmado electrónicamente)
JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de esta Sala de Conjueces en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.