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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02599-00

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02599-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción interpuesta por el Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno, remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02599-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02599-00
Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA
Accionados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo, acceso a la administración de justicia, debido proceso,
petición y el principio de confianza legítima.

Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

El Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA, radicó acción de tutela contra
la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, acceso a la administración
de justicia, debido proceso, petición y el principio de confianza legítima.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA, hace parte de la lista de
auxiliares de la justicia en el cargo de secuestre para el periodo 2023-2025.

El 29 de abril de 2024, sufrieron un malware en su dirección de correo electrónica
que produjo un spam que se envió automáticamente a todos los correos
electrónicos adscritos a la sociedad y la mayor parte de los mensajes fueron
remitidos a los dominios de @cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual creó un bloqueo
de seguridad, rechazando automáticamente cualquier mensaje proveniente de la
entidad accionante.

Al ser auxiliares de la justicia, es necesario que puedan comunicarse con los
diferentes despachos judiciales, con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos, las asignaciones y en general, ejercer sus actuaciones dentro de
las oportunidades procesales correspondientes.

Por lo anterior, acudieron en 3 oportunidades al edificio administrativo de la Rama
Judicial ubicado en la carrera 7 #27-18, donde se les informó que no atendían de

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02599-00
Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

forma presencial, por lo que, debían enviar correos informando a las direcciones
electrónicas soportecorreo@cendoj.ramajudicial.gov.co y
medesajbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co.

A la fecha de radicación de la presente tutela, la parte accionante no había
obtenido respuesta alguna.

2.2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERA: Honorable Juez solicito muy respetuosamente TUTELE el
derecho fundamental del debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, confianza legítima.

SEGUNDA: Honorable Magistrado solicito muy respetuosamente ORDENE
al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA levantar de inmediato el
bloqueo generado a la cuenta electrónico
inmobiliariayasesoresltda@gamil.com».

2.3. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida a través del auto del 24 de mayo
de 2024. En este se ordenó notificar como accionados a la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura.

2.3.1 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura requirió ser desvinculada del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la entidad responsable de
la presunta conducta omisiva que genera la vulneración del derecho invocado en
protección.

2.3.2. El Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura -CENDOJ- informó que una vez realizada la trazabilidad, identificó
que desde el 18 de abril de 2024 el servidor institucional de la Rama Judicial
detectó que desde la cuenta de correo electrónico
inmobiliariayasesoresltda@gmail.com se enviaron múltiples mensajes de datos
de correo electrónico de tipo SPAM y se generaron intentos de suplantación a
cuentas de correos electrónicos de la Rama Judicial.

Por lo anterior, el servidor de correo electrónico institucional de la Rama Judicial
realizó el bloqueo para el envío o recepción de mensajes provenientes de la
cuenta electrónica inmobiliariayasesoresltda@gmail.com.

Ahora bien, en atención a la solicitud presentada por la parte accionante, procedió
a realizar el desbloqueo de la cuenta inmobiliariayasesoresltda@gmail.com, con
el fin de que se pudieran enviar y recibir mensajes de datos de ese correo
electrónico.

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Acción de Tutela
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Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

Ene se orden de ideas, en respuesta a la solicitud presentada por el accionante,
CENDOJ emitió un pronunciamiento por medio del correo electrónico
unidadcendoj@cendoj.ramajudicial.gov.co del 31 de mayo de 2024 e informó al
representante legal del Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros L.T.D.A el
estado actual de la cuenta inmobiliariayasesoresltda@gmail.com.

Finalmente, solicitó ser desvinculado del proceso, toda vez que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados en protección por la parte accionante.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ- del Consejo Superior de la
Judicatura vulneró los derechos fundamentales al trabajo, acceso a la
administración de justicia, debido proceso y petición de la parte accionante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del derecho fundamental de petición

Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho fundamental es
de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y la vulneración
de su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción de tutela.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02599-00
Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:

«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (…)»1. (Resaltado
original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido2.

Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.

1 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
2 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de

julio de 2006.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02599-00
Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.

Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se
responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:

«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de
no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».

3.4.1 Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto

El Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros L.T.D.A., interpuso la acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo, acceso a la administración de justicia, debido proceso y petición por la
permanencia del bloqueo de su correo electrónico
inmobiliariayasesoresltda@gmail.com.

La anterior situación, se generó por los múltiples mensajes de datos de tipo spam
enviados desde esa dirección electrónica a los dominios de
@cendoj.ramajudicial.gov.co y, como consecuencia de ello, el Centro de
Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura -CENDOJ, decidió
bloqueara.

No obstante, una vez superado el incidente, la parte accionante solicitó en varias
oportunidades de forma presencial y a través de correos electrónicos el
desbloqueo de su correo electrónico pues, al hacer parte de la lista de auxiliares
de la justicia en el cargo de secuestre para el periodo 2023-2025, tener el correo
bloqueado les impide ejercer su trabajo y comunicarse con los diferentes
despachos judiciales.

Ahora bien, una vez verificados los informes y las pruebas allegadas al proceso,
se advierte que a través de correo electrónico del 31 de mayo de 2024 dirigido al
señor Edgar López López, representante legal del Grupo Inmobiliario y Asesores

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Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

de Seguros LTDA, el Centro de Documentación Judicial- CENDOJ-, le informó
que se realizaron las gestiones de desbloqueo de la cuenta electrónica
inmobiliariayasesoresltda@gmail.com, con el fin de que se pudieran enviar y
recibir mensajes a cuentas de correo institucionales de la Rama Judicial.

Asimismo, le indicó que se realizaron las respectivas valoraciones a través de las
cuales se pudo identificar que la dirección electrónica
inmobiliariayasesoresltda@gmail.com en el servidor de correo electrónico
institucional de la Rama Judicial no registra ningún bloqueo o restricción.

Conforme con lo anterior, se advierte que a la parte accionante ya les fue resuelta
la solicitud de desbloqueo del correo inmobiliariayasesoresltda@gmail.com, por
lo que hay lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues
la circunstancia que reportaba la conculcación del derecho ha desaparecido, por
lo que las medidas que podría adoptar el juez de tutela carecerían de efecto.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado
y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y
por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»6.

En conclusión, en el presente asunto se configura una situación en la cual el
amparo constitucional sería ineficaz, razón por la que esta Sala de Subsección
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
promovida por el Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02599-00
Accionante: Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros
LTDA

FALLA

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de
la acción interpuesta por el Grupo Inmobiliario y Asesores de Seguros LTDA, por
lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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