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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02602-01

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02602-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02602-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

25 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02602-01
Accionante: Andrés Felipe Sánchez Vega
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Sala de Conjueces1, y otro2
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL Y FALTA DE
TRÁMITE A SOLICITUD– Auto emitido dentro de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y petición de copia auténtica. / CONFIRMA
IMPROCEDENCIA Y NEGATIVA DE AMPARO – No se cumplieron los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional y no se vulneró la garantía superior de
petición al negarle la entrega de copia auténtica de decisiones judiciales

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia
respecto de la providencia acusada, y se negó el amparo reclamado frente a la falta
de respuesta a una solicitud.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 23 de mayo de 2024 el señor Andrés Felipe Sánchez Vega, a través de
apoderada judicial, promovió acción de tutela 3 contra la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y petición4.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos el auto proferido el 23 de mayo de 2024 dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 5 que promovió contra la

1 Conformada por los conjueces Ruth Mercedes Castro Zuleta, María Paulina Lafaurie Fernández y Javier Pérez

Mejía.
2 Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar.
3 Inadmitida el 24 de mayo de 2024, para que precisara los hechos generadores de la vulneración alegada y las

garantías superiores presuntamente quebrantadas, lo cual fue subsanado en debida forma, por lo que se admitió
el 4 de junio siguiente.
4 También invocó el principio de seguridad jurídica.
5
Expediente 20001-33-33-007-2019-00115-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02602-01
Accionante: Andrés Felipe Sánchez Vega
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Sala de Conjueces, y otro

Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6 . En
consecuencia, ordenar (i) al Tribunal accionado abstenerse de proferir decisión de
reemplazo respecto del fallo dictado el 2 de noviembre de 2023 en ese medio de
control y (ii) al Juzgado demandado entregarle copia auténtica de las sentencias
emitidas en primera y segunda instancia en esas diligencias, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria, lo cual pidió el 15 de mayo de 2024.

3.
En el referido proveído el mencionado Tribunal dispuso que aquel Juzgado le
devolviera el citado proceso ordinario, con el objeto de atender la solicitud
presentada por la conjuez Ruth Mercedes Castro Zuleta (quien integró la sala de
decisión en segunda instancia y fungió como conjuez en primer grado), consistente
en dejar sin efectos la aludida providencia de 2 de noviembre de 2023 y proceder a
integrar una nueva sala de conjueces, dado que ella conoció en esa condición en las
dos instancias que se surtieron en ese litigio.

4.
La parte actora afirmó que se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. No está en el deber de soportar la afectación de sus derechos
fundamentales por el error en que pudo incurrir el Tribunal accionado al momento de
designar a la doctora Ruth Mercedes Castro Zuleta como conjuez en segunda
instancia dentro del mismo proceso que falló en primer grado. Además, la
providencia que desató la apelación no se encuentra viciada de nulidad, pues no se
configuró alguna de las causales consagradas en el artículo 133 del Código General
del Proceso (CGP), ni es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, de
acuerdo con el artículo 285 ibidem.

5.
Mediante la providencia acusada se decidió revivir un proceso legalmente
concluido, cuya sentencia de segunda instancia hizo tránsito a cosa juzgada. Para
tal efecto, se adelantaron actuaciones judiciales que no están contempladas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Se desarchivó el expediente después de más de 6 meses de que cobrara
ejecutoria la sentencia de segunda instancia, para aceptar el impedimento de la
doctora Castro Zuleta, integrar una nueva sala, dejar sin efectos la sentencia que
está en firme y emitir una decisión de reemplazo, lo cual no resulta viable, pues lo
que procede es que el Juzgado accionado entregue la copia auténtica de los fallos.

6.
De igual modo, se evidencia que se adoptó una decisión sin motivación. No se
desplegaron argumentos tendientes a justificar el porqué se optó por revivir un
debate jurídico que había sido legalmente concluido, máxime cuando las
circunstancias fácticas no se ajustan para que se aplique la “doctrina de las
providencias ilegales” o “antiprocesalismo”, pues es una providencia que se ajusta a
derecho que se pronunció sobre los hechos y pretensiones objeto de debate.

6 Encaminado a obtener la inclusión como factor salarial de la bonificación judicial, prevista en el Decreto 383 de

2013, que devenga, en su condición de oficial mayor del Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, para
efectos de liquidar sus prestaciones sociales desde el 1° de septiembre de 2015 hasta cuando se haga efectivo
dicho reconocimiento y pago.
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Accionante: Andrés Felipe Sánchez Vega
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7.
Asimismo, se configuró desconocimiento del precedente judicial. Al respecto,
relaciona la sentencia T-519 de 2005 de la Corte Constitucional, en la que, en un
caso con similares contornos fácticos, expuso la tesis cuya aplicación se solicita en
este asunto, según la cual una decisión que pone fin a un proceso no es susceptible
de declararse ilegal ni puede ser revocada por el juez ni de oficio ni a petición de
partes después de que se produzca su ejecutoria.

B. Sentencia de primera instancia

8.
Mediante sentencia de 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela en cuanto a la providencia objeto de
censura, al no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad. El 4 de junio del año en
curso el expediente ingresó al despacho y se evidencia que no se han atendido los
escritos dirigidos a que se dejaran sin efectos (i) la sentencia ordinaria emitida en
segunda instancia, con el fin de conformar una nueva sala de decisión, y (ii) el auto
que requirió el proceso para atender la anterior petición. En ese sentido, no se ha
proferido decisión alguna que defina la prosperidad del medio de defensa al que
acudió el actor en el proceso contencioso administrativo y en el que expuso los
motivos por los cuales consideraba que la providencia cuestionada vulneró sus
garantías superiores.

9.
De igual modo, negó el amparo reclamado frente a la petición formulada el 15 de
mayo de 2024 por el actor, consistente en que se le entregara copia auténtica de las
sentencias emitidas en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario que
promovió, junto con su constancia de ejecutoria. No se evidencia que la negativa
frente a la anterior solicitud represente quebranto constitucional alguno, en la medida
en que aquella no podrá ser expedida hasta cuando se defina lo pertinente en
relación con el memorial radicado por la conjuez, dado que ello podría tener la virtud
de afectar la ejecutoria del fallo de segunda instancia.

C. La impugnación

10.
La parte actora señaló que se está convalidando la actuación procesal irregular
del Tribunal accionado, la cual no está contemplada en el CGP ni en el CPACA.

11.
No se tuvo en cuenta que la solicitud de copia auténtica la presentó el 15 de mayo
de 2024 y solo hasta el 20 del mismo mes y año la conjuez Ruth Mercedes Castro
Zuleta solicitó dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia e integrar una
nueva sala de conjueces para desatar la alzada contra el fallo de primer grado.

12.
La providencia acusada es ilegal, pues el Tribunal accionado está adelantando
actuaciones judiciales sin competencia para ello, pues el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tiene sentencia ejecutoriada desde el 16 de noviembre
de 2023. Por ende, no se pretende usurpar la competencia del juez natural, sino que
no se vulneren normas procesales, las cuales son de orden público y de obligatorio
3

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cumplimiento.

13.
La sentencia de 2 de noviembre de 2023 está firmada por dos conjueces y resolvió
el asunto objeto de litigio en derecho y con respeto de las garantías procesales de
defensa y contradicción, por lo que no se puede acudir a la teoría del
antiprocesalismo, en la medida en que la providencia no es ilegal, caprichosa,
arbitraria ni subjetiva, dado que el hecho de que esté suscrita por la conjuez que falló
en primera instancia no invalida la decisión.

14.
Existen factores de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad, que
habilitan el amparo reclamado de manera transitoria, con el objeto de evitar un
perjuicio irremediable. El objeto de la demanda ordinaria era el reconocimiento de la
bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 como factor salarial, lo
cual fue definido de manera favorable con sentencia de segunda instancia que está
por cumplir un año de ejecutoria (16 de noviembre de 2024), debate que actualmente
tiene ponencia negativa en la sala de conjueces del Consejo de Estado, por lo que
al dejar sin efectos dicha providencia se le vulneran sus derechos fundamentales.

15.
En cuanto a la petición de copias, su negativa transgrede sus garantías
superiores, pues al indicar que para tal efecto se debía decidir lo referente al
memorial radicado por la conjuez, porque ello podría afectar la ejecutoria del fallo de
segunda instancia, desconoce que los impedimentos de los funcionarios judiciales
no se tramitan en ningún proceso ni en ninguna jurisdicción después de que exista
sentencia ejecutoriada. Además, de que se inobservan los artículos 13, 140, 285 y
288 del CGP, en especial, el inciso segundo de esta última norma, dado que la
sentencia de 2 de noviembre de 2023 fue firmada por dos conjueces, que
representan la mayoría en la sala de decisión.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

F. Análisis del caso concreto

17.
La Sala anticipa que se confirmará la determinación adoptada por el a quo. De los
argumentos planteados en el escrito de tutela y en la impugnación, no se advierte
que la solicitud de amparo acredite el cumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad y, además, el de relevancia constitucional.

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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18.
En el sub lite se observa que el tutelante promovió un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue decidido de manera favorable mediante
sentencias de 14 de abril de 2021 y 2 de noviembre de 2023, emitidas por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar - Sala
de Conjueces, en su orden. Asimismo, el 16 de noviembre de 2023 la secretaría de
ese Tribunal expidió la respectiva constancia de ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia.

19.
Por su parte, el 15 de diciembre de 2023 la conjuez Ruth Mercedes Castro Zuleta,
puso en conocimiento que había proferido el aludido fallo de primera instancia, así
como también había integrado la sala de decisión que desató la alzada contra dicha
determinación judicial, por lo que solicitó dejar sin efectos la providencia de segunda
instancia e integrar nuevamente la sala de decisión con el objeto de definir la
apelación.

20.
Por lo anterior, el 23 de mayo de 2024 el Tribunal accionado solicitó del despacho
judicial la devolución del expediente ordinario, con el objeto de atender la aludida
petición. Determinación judicial que el 27 del mismo mes y año la parte actora pidió
dejar sin efectos, al estimar que con aquella se había revivido un litigio judicial que
ya había sido zanjado, lo que vulneraba sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. El aludido expediente fue
allegado el 29 siguiente y el 4 de junio del año en curso ingresó al despacho.

21.
Con base en lo descrito en precedencia, no se cumple el requisito de
subsidiariedad. En cuanto a esta exigencia, se ha señalado que para que proceda la
tutela contra una providencia judicial el interesado no debe disponer de otro medio
de defensa judicial que le permita acceder a la protección constitucional reclamada
en la solicitud de amparo, lo cual implica que haya agotado todas las herramientas
jurídicas que pone a su disposición el sistema normativo, previo a promover este
trámite.

22.
En este caso, se tiene que la providencia censurada fue objeto de una solicitud
presentada por el tutelante, fundamentada en similares argumentos a los planteados
en el escrito de tutela y encaminada a que se dejara sin efectos aquella providencia,
sobre la cual no se ha pronunciado de fondo el juez natural del litigio. En ese sentido,
la pretensión que el actor planteó en la solicitud de amparo fue expuesta ante el juez
ordinario, el cual no ha adoptado decisión alguna sobre el particular.

23.
Por ende, no es aceptable que el tutelante acuda a este mecanismo constitucional
para que se analice una situación que ya planteó en el proceso ordinario y frente a
la cual no se ha tomado una determinación definitiva, esto es, emplearlo como un
procedimiento alternativo. Avalar tal actuación implicaría usurpar la competencia del
juez natural del litigio, a quien le corresponde dilucidar acerca de su viabilidad, para
cuyo efecto deberá examinar los reproches suscitados por el actor, que son de
similar raigambre a los esgrimidos en este asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02602-01
Accionante: Andrés Felipe Sánchez Vega
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Sala de Conjueces, y otro

24.
Por consiguiente, no le es dable a esta Sala analizar las inconformidades del
accionante contra el proveído de 23 de mayo de 2024, pues está pendiente por
decidir una solicitud que tiene como finalidad dejar sin efectos aquella providencia.

25.
Adicional a lo anterior, no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional.
Si bien el accionante aduce que con la decisión acusada se revivió un litigio que ya
fue definido por la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que en aquel
auto se limitó a requerir el expediente ordinario para atender la solicitud de la
conjuez. Es decir, no se ha adoptado determinación alguna que pudiera revestir de
la potencialidad para afectar las garantías superiores.

26.
En esa medida, no trasciende al plano constitucional la discusión esbozada por el
actor, pues hasta el momento no se ha decidido lo referente a la procedencia de
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia, que constituye el punto de
desacuerdo del accionante y el que lo motivó a acudir a esta acción.

27.
Por lo anterior, contrario a lo argumentado por el accionante en su impugnación,
no se configura perjuicio irremediable alguno, pues no se tiene certeza sobre lo que
se resolverá sobre la solicitud que ataca la ejecutoria de la sentencia ordinaria de
segunda instancia ni los efectos que tendría el acceder a ello, aspectos que, en todo
caso, deben ser definidos por el juez ordinario.

28.
Con fundamento en lo anotado, el hecho de que no se le haya suministrado al
tutelante la copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia, junto
con la respectiva constancia de ejecutoria, que solicitó el pasado 15 de mayo de
2023, como lo concluyó el a quo, no comporta quebranto de su derecho fundamental
de petición. En primer lugar, se trata de una solicitud judicial que no está sometida a
las normas del derecho de petición. Y por otro lado, la alegada tardanza atiende a la
incertidumbre generada por la presentación del escrito de la conjuez que emitió la
providencia de primer grado, con el que ataca la sentencia de segunda instancia al
integrar la sala de decisión que la profirió.

29.
Por ende, no es factible que se le imponga al Juzgado accionado la entrega de
dicha copia cuando está pendiente por parte de su superior funcional resolver la
reclamación sobre la irregularidad advertida en la conformación de la sala de
decisión que desató el asunto en segunda instancia, la cual, aunque no le es dable
a esta Sala pronunciarse sobre el particular, de despacharse de manera favorable,
tendría incidencia en la ejecutoria de la providencia de segunda instancia.

30.
Con base en lo expuesto, se colige que, frente a la providencia acusada, la
solicitud de amparo se torna improcedente, en razón a que no se satisfacen los
requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial atinente a
la subsidiariedad y relevancia constitucional; y en cuanto a la negativa de petición de
copias, no se evidencia vulneración constitucional alguna, razón por la cual se
confirmará la sentencia impugnada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02602-01
Accionante: Andrés Felipe Sánchez Vega
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar, Sala de Conjueces, y otro

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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