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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02610-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02610-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02610-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de julio de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02610-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02610-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Consejo de Estado Sección Primera

Temas: Tutela para controvertir mora judicial injustificada. Declara cesación
de la actuación por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta Harold Eduardo Sua Montaña contra el
Consejo de Estado, Sección Primera, por presunta vulneración del debido proceso y
garantías fundamentales.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Harold Eduardo Sua Montaña, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen su derecho fundamental al debido
proceso y, como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo de
Estado, Sección Primera, decidir el recurso interpuesto en el proceso con radicado
11001-03-24- 000-2023-00072-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02610-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 16 de marzo de 2023, por intermedio de apoderado, promovió demanda de
nulidad en contra del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, con el fin
de que se declarara la nulidad de los decretos a través de los cuales se ha permitido
a los ciudadanos congresistas discutir en sesiones extras los proyectos 339 y 342 de
2023.

ii) Mediante auto del 12 de abril de 2023,1 el Consejo de Estado, Sección Primera,
remite el proceso por competencia a la Corte Constitucional.

iii) Interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, sin que hasta la
fecha de interposición de la acción de tutela haya sido resuelto, mientras el proyecto
339 ha sido recientemente archivado y el 342 ha dado origen a la ley 2299 de 2023.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 5 de junio de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar, como demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Primera, remitiéndoles copia de la
solicitud de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y
rindieran el respectivo informe; y requirió al Consejo de Estado, Sección Primera, para
que i) indicara el turno para resolver el recurso de reposición presentado por el señor
Harold Eduardo Sua Montaña, el 13 de abril de 2023, en contra de la providencia
emitida el 12 de abril de 2024, dentro del proceso correspondiente al medio de control
de nulidad que se adelanta con el radicado 11001-03-24-000-2023-00072-00, y ii)
eenviará copia digital del referido expediente.

1 La fecha correcta de la providencia obedece al 31 de marzo de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02610-00
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

1.2.2. El 11 de junio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Harold Eduardo Sua Montaña, al Consejo de Estado, Sección
Primera y a la Secretaría de la Sección Primera.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Primera

El 13 de junio de 2024, la consejera de Estado Nubia Margot Peña Garzón solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a lo siguiente:

i) Mediante auto del 7 de junio de 2024, notificado por correo electrónico el 12 de
junio siguiente, el despacho procedió a resolver el recurso de reposición interpuesto
por el actor y a conceder el recurso de súplica, cuya notificación por estado se
encuentra actualmente en trámite.

ii) Por tanto, resulta procedente concluir que el proceso judicial que dio origen a la
acción de tutela ha surtido su trámite sin dilación o demora alguna injustificada, más
allá de la evidente congestión judicial que padece la corporación y, particularmente,
la Sección Primera, que actualmente tiene a su cargo más de 4.500 expedientes.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la
misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Consiste en dilucidar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por mora judicial
injustificada en el trámite del proceso de nulidad con radicación 11001-03-24-000-
2023-00072-00.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la mora judicial injustificada

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y el artículo
288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 estableció como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con
sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función
jurisdiccional».

2Al respecto, ver entre otras la sentencia de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite
se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías
del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas». (Se resalta)

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Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los operadores
judiciales la obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en
sanciones disciplinarias, y prevé el deber de dictar sentencias en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa misma lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una
demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra
actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo,
tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello».3

Así las cosas, se tiene que tanto la Constitución como las normas legales y la
jurisprudencia constitucional son claras en imponer, para quienes administran
justicia, la exigencia de observar las garantías procesales y los términos previstos
para la resolución de las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo,
conscientes del alto tráfico procesal que desborda la capacidad de los operadores
jurídicos, advierten que tal obligación debe atenderse en función del estricto orden de
entrada de los expedientes al despacho.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4

Por esa razón, estableció como supuestos para determinar la existencia de la mora
judicial injustificada,5 los siguientes: «i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; ii) la inexistencia de un motivo
razonable que justifique la demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las

3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-297 de 2006.
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.

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funciones por parte de una autoridad judicial».6

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que la doctrina ha denominado «mora judicial», fenómeno que necesariamente
implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de la complejidad
del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo, como el exceso de
carga laboral de los despachos, sino de la falta de diligencia y omisión sistemática de
los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7

2.3.2. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de
objeto se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto
frente a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado,
ii) un daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando
entre la interposición de la acción de tutela y el fallo, se satisface la pretensión, es
decir, «que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la
causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario»,8 resultando inocuo cualquier intervención del juzgador para proteger
los derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se
ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal
manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la
vulneración o impedir que se materialice el peligro.9 Así, al existir la imposibilidad de
evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño
causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la
acción constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la
vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que,

6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Sentencia T- 715 de 2017.
9 Sentencia SU-225 de 2013

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según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se «continúe la acción u
omisión violatoria del derecho».

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que hace que la
protección solicitada y no sea necesaria, la jurisprudencia ha dicho que, a diferencia
del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una
actuación de la accionada, sino porque el accionante asumió la carga que no le
correspondía o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.10

No obstante, la Corte Constitucional también ha explicado que, si bien, en casos en
que se configura la carencia actual de objeto no resulta viable emitir la orden de
protección solicitada por el actor, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre
el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la
presentación de la acción de tutela, i) en los casos en que la consumación del daño
ocurre durante el trámite de la acción, ii) cuando se impone la necesidad del
pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto,11 o iii) por la necesidad
de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en igual situación o que
requieran de especial protección constitucional; y no es perentorio un
pronunciamiento de fondo, en los casos de i) hecho superado, o ii) acaecimiento de
una situación sobreviniente, salvo cuando es evidente que la providencia objeto de
revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, pese a no tomar una
decisión en concreto ni impartir orden alguna, esto, «para llamar la atención sobre la
falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera», según lo prescribe el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991.12

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad con radicado 11001-03-24-000-2023-00072-00, la Sala
establece lo siguiente:

10 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras.
11 Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de

perjuicios en el trámite de la acción de la tutela.
12 Sentencia T-205A de 2018

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i) El 16 de marzo de 2023, el señor Harold Eduardo Sua Montaña, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad en contra del Ministerio del Interior y de la
Presidencia de la República, con el objeto de controvertir la legalidad, previa
suspensión provisional, de los efectos del Decreto núm. 0160 de 6 de febrero de
2023 «por medio del cual se convoca al Congreso de la República a sesiones
extraordinarias», expedido por el Gobierno Nacional, conformado por el Presidente
de la República y el Ministerio del interior.

ii) El 17 de marzo de 2023, el proceso ingresó al despacho de la consejera de Estado
Nubia Margoth Peña Garzón, conforme consta en el índice 3 del expediente digital,
obrante en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

iii) El 31 de marzo de 2023, la togada Nubia Margoth Peña Garzón remitió el
expediente por competencia a la Corte Constitucional, y de la decisión se notificó al
señor Harold Eduardo Sua Montaña, el 13 de abril de 2023.

iv) El 13 de abril de 2023, el demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de súplica, en contra de la anterior decisión, del cual se corrió traslado el 25
de abril siguiente, subiendo a despacho el 8 de mayo de igual anualidad.

v) El 7 de junio de 2024, la togada Nubia Margoth Peña resolvió no reponer la
decisión y ordenó remitir el expediente al consejero que seguía en turno para lo de
su competencia, esto es, para resolver el recurso de súplica.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto.

El señor Harold Eduardo Sua Montaña considera que se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, por parte del Consejo de Estado, Sección Primera,
por mora judicial injustificada en el trámite del proceso de nulidad con radicado
11001-03-24-000-2023-00072-00, al haber trascurrido más de un año desde que
impetro el recurso el recurso de reposición en contra de la decisión que ordenó
remitir el expediente por competencia a la Corte Constitucional.

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Pues bien, tal como se dejó sentado en el acápite de hechos probados, a través de
auto del 7 de junio de 2024, la consejera de Estado Nubia Margoth Peña resolvió
sobre el recurso de reposición interpuesto por el señor Harold Eduardo Sua Montaña,
en el sentido de no reponer la decisión y ordenó remitir el expediente al consejero
que seguía en turno para resolver el recurso de súplica, lo que quiere decir que, para
este momento, la circunstancia que originó la interposición de la acción de tutela se
encuentra actualmente superada y que, por tanto, corresponde al juez de tutela
declarar la cesación de la actuación.

La Corte Constitucional13 ha señalado sobre el particular que cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica,
en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría
generar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, «la solicitud de
amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el
que recaería una eventual decisión del juez de tutela».14

Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o
vulneración desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión
que puede adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en
contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.15

De esta forma, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la cuestión
fundamental planteada y que, en este sentido, se encuentra satisfecha la pretensión
que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo que deja sin objeto
cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que, como se pudo establecer, ya se resolvió el recurso de

13 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
14 bidem.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.

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reposición presentado en contra del auto que remitió por competencia el proceso de
nulidad a la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ANGH

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