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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02612-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02612-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02612-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago
Demandada: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii)
mínimo vital, iv) trabajo y v) estabilidad laboral reforzada

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Dora Margot Sánchez Buitrago
contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada1, presentó acción de tutela contra la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de mayo de 2024, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110013342048201800531-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Procuraduría General de la Nación,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin de que: i) se declarara la nulidad del Oficio núm. 4298 de 6 de junio de 2018,
expedido por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación,
mediante el cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el
cargo de Técnico Administrativo Código 4TM, Grado 14; y ii) a título de
restablecimiento del derecho, “[…] reintegrarla al cargo de Técnico Administrativo
Código 4TM, Grado 14, que venía desempeñando o a uno igual o superior
categoría […] se reconozcan y paguen sin solución de continuidad todos los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro del
cargo hasta cuando se realice efectivamente el reintegro. […]”.

4. Manifestó que, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia de 16 de junio de 2023, resolvió negar las
pretensiones de la demanda.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 9 y 10 del documento denominado “2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

5. Indicó que, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 2 de mayo de 2024, resolvió:

“[…] 1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de junio de dos mil
veintitrés (2023), que negó las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado
por DORA MARGOTH SÁNCHEZ BUITRAGO contra el (sic) PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de este
proveído […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En consecuencia, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política,
el mérito es el factor preponderante para el acceso al empleo público y se materializa
a través del mecanismo del concurso público, que persigue la selección de personal
basada en la evaluación de la capacidad e idoneidad de los aspirantes para que los
cargos sean atendidos por los más aptos y capaces. De este modo, la provisión del
cargo por concurso de méritos es una justa causa para dar por terminada la relación
laboral, como también lo es, el regreso del funcionario de carrera titular del cargo,
como se presente (sic) en el presente asunto.

Por las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en el presente asunto no se
demostró que la desvinculación mediante la terminación del nombramiento en
provisionalidad de Dora Margoth Sánchez Buitrago del cargo de Técnico
Administrativo Código 4TM, Grado 14 de la planta de personal de la Procuraduría
General de la Nación, haya sido con desconocimiento del beneficio la estabilidad
laboral reforzada alegado por ser aparentemente prepensionada, por falta de
competencia en la expedición del acto administrativo, vulneración al derecho a la
igualdad y mucho menos carente de motivación, pues –se reitera-, la terminación de
la relación laboral se presentó como consecuencia de una circunstancia objetiva, esta
es, el regreso de la persona titular del cargo y que gozaba de mejor derecho que la
hoy demandante. Razón por la cual, se impone confirmar el fallo de primera instancia,
por el cual el a quo negó las pretensiones de la demanda. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO,
ESTABILIDAD LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y TRABAJO, los
cuales se encuentran vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” por lo proferido en la
sentencia de segunda instancia con fecha dos (02) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024), dentro del proceso de radicado 11001-33-42-048-2018-00531-01 de nulidad
y restablecimiento del derecho, por los fundamentos ya expuestos.”. […]”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

6.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente2:

“[…] Ahora bien, en el caso en concreto el fallo objeto de litis fue proferido en contra
de las reiterados pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional sobre la
estabilidad laboral reforzada en personas próximas a pensionarse, teniendo en
cuenta que tiene una protección especial igual que las mujeres en estado de
embarazo o con alguna enfermedad, como también existen normatividades sobre la
estabilidad forzosa en personas prepensionadas que se encuentran laborando en el
sector publico de manera provisional […]”.

[…]

“[…] En el presente caso procede el defecto sustantivo que es cuando la autoridad
judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso a
decidir. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado este enunciado y ha
sostenido que, si bien los jueces tienen la competencia de interpretar y aplicar las
normas jurídicas en virtud de la autonomía judicial, esta competencia no es absoluta
y encuentra como límite el deber que tiene toda autoridad judicial de no desbordar el
marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen […]”.

[…]

“[…] En primera instancia la acción de tutela procede por defecto sustantivo dado que
el accionado profirió sentencia de segunda instancia sin tener en cuenta los múltiples
conceptos y manifestaciones que ha proferido la Honorable Corte Constitucional
respecto a la estabilidad laboral forzada en personas nombradas provisional en el
sector público, puesto que se está pretendiendo la protección de los derechos
fundamentales de la accionante como son el trabajo, mínimo vital y seguridad social.
Uno de las sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional es la
Sentencia T-325-18 […]”.

[…]

“[…] 2. Así mismo, procede el requisito de defecto sustantivo cuando la autoridad
judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso a
decidir, y en el caso en concreto no se tuvo en cuenta lo establecido en el parágrafo
segundo del Artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 el cual reza: "PARAGRAFO
SEGUNDO. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera,
que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento
provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a
la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su
respectivo derecho pensional.” […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia transcritas, la
condición de prepensionado se adquiere y resulta aplicable siempre y cuando el
servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) o menos años
para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para
obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez, requisitos que cumplió mi
poderdante y demostró con los elementos materiales probatorios que se aportaron en
el proceso de Nulidad y Restablecimiento de Derecho […]”.

2 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de mayo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, como
terceros con interés legítimo al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación, concediéndoles el
término de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada

8. La Procuraduría General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela, al considerar que:

“[…] En el caso que nos ocupa, tenemos que la hoy accionante acude al presente
mecanismo constitucional, al considerar que la providencia proferida en sede de
segunda instancia el pasado 2 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección D, debe ser revocada.

Pues bien, una vez leído y analizado el escrito de tutela con relación al fallo de marras,
no se vislumbra que dentro de sus consideraciones la Corporación de Justicia
accionada haya incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales,
específicamente al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

La presente acción instaurada por la señora DORA MARGOT SANCHEZ BUITRAGO,
resulta a todas luces improcedente, como quiera que la pretensión se encuentra única
y exclusivamente dirigida a generar una tercera instancia judicial dentro de la
problemática tratada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyos
fallos se emitieron en forma correcta y con apego de las normas que regulan la
temática, negando las pretensiones de la demanda.

La acción de tutela contra providencias judiciales es procedente siempre y cuando se
acrediten (sic) con certeza y suficiencia, la existencia de causales genéricas y
específicas de procedibilidad como ampliamente lo ha reconocido la Corte
Constitucional y el mismo Consejo de Estado.

La accionante se limitó a afirmar que las providencias emitidas por el Juzgado 48
Administrativo Oral del Circuito y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su
caso están viciados de causales de procedibilidad, como el defecto sustantivo por no
haberse aplicado las normas que regulan el caso, y que en su parecer sesgado y
amañado de la realidad son las aplicables al caso.

Contrario a lo señalado por la accionante, una vía de hecho no se configura por el
simple hecho de estar en desacuerdo con las interpretaciones y conclusiones a las
que llegue el fallador de instancia […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

9. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
allegaron copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013342048201800531-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

13. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; v) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vi)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo; viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix)
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

14. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

15. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

16. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

20. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

21. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para

11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

10

Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202402612-00
Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

22. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada

19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.

12

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pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

23. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

25. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

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26. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

27. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en
la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante […]”.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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28. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:24
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado. Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual
se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

29. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

30. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho25:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como “porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a
los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas
cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana,
valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo
goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda
de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del
derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana,
pues es claro que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para
garantizar la subsistencia del individuo comporta la negación de la dignidad que le es
inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales
como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la
seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se

24 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
25 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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configura una de las garantías de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

31. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

32. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente26:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio
legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del
Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo 334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada

33. Visto el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

26 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, como “[…] el derecho a conservar el empleo; (ii) a no
ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que
se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz […]”.

Análisis del caso concreto

35. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 2 de mayo de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 110013342048201800531-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.

36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

27 Corte Constitucional, Sentencia T- 320 de 21 de junio de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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37. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110013342048201800531-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

39. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente28:

“[…] Ahora bien, en el caso en concreto el fallo objeto de litis fue proferido en contra
de las reiterados pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional sobre la
estabilidad laboral reforzada en personas próximas a pensionarse, teniendo en
cuenta que tiene una protección especial igual que las mujeres en estado de
embarazo o con alguna enfermedad, como también existen normatividades sobre la
estabilidad forzosa en personas prepensionadas que se encuentran laborando en el
sector publico de manera provisional […]”.

[…]

“[…] En el presente caso procede el defecto sustantivo que es cuando la autoridad
judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso a
decidir. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado este enunciado y ha
sostenido que, si bien los jueces tienen la competencia de interpretar y aplicar las
normas jurídicas en virtud de la autonomía judicial, esta competencia no es absoluta

28 Transcripción literal del texto.

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y encuentra como límite el deber que tiene toda autoridad judicial de no desbordar el
marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen […]”.

[…]

“[…] En primera instancia la acción de tutela procede por defecto sustantivo dado que
el accionado profirió sentencia de segunda instancia sin tener en cuenta los múltiples
conceptos y manifestaciones que ha proferido la Honorable Corte Constitucional
respecto a la estabilidad laboral forzada en personas nombradas provisional en el
sector público, puesto que se está pretendiendo la protección de los derechos
fundamentales de la accionante como son el trabajo, mínimo vital y seguridad social.
Uno de las sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional es la
Sentencia T-325-18 […]”.

[…]

“[…] 2. Así mismo, procede el requisito de defecto sustantivo cuando la autoridad
judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso a
decidir, y en el caso en concreto no se tuvo en cuenta lo establecido en el parágrafo
segundo del Artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 el cual reza: "PARAGRAFO
SEGUNDO. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera,
que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento
provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a
la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su
respectivo derecho pensional.” […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia transcritas, la
condición de prepensionado se adquiere y resulta aplicable siempre y cuando el
servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres (3) o menos años
para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para
obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez, requisitos que cumplió mi
poderdante y demostró con los elementos materiales probatorios que se aportaron en
el proceso de Nulidad y Restablecimiento de Derecho […]”.

40. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de derechos fundamentales.

41. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicado supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia

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judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

43. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

44. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales
indicados supra.

45. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

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46. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada,
enunciado por la actora, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.

47. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.

48. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal.

Conclusiones de la Sala

49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

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Actora: Dora Margot Sánchez Buitrago

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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