Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02652-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02652-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02652-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02652-01
Accionante: Benjamín José Mendoza Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ Relevancia constitucional – instancia adicional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 11 de julio de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 23 de mayo de 2024, Benjamín José Mendoza Gómez solicitó se dejaran sin
efectos los fallos del 25 de marzo de 2021 y 26 de octubre de 20231, proferidos por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, respectivamente, en el marco del medio de control de
reparación directa2 que promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-.
2.En dicho proceso el hoy accionante sostuvo que, como abogado del señor Jorge
Eliecer Rojas Rojas solicitó un reconocimiento pensional y, a pesar de contar con la
facultad expresa para recibir, la administradora de pensiones pagó directamente a
su cliente, lo cual le generó un daño porque no pudo percibir sus honorarios. En
virtud de ello pidió que se declarara la responsabilidad de la entidad.
3. En lasentencia del 26 de octubre de 2023, el Tribunal accionado confirmó la
decisión del A quo que negó las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial
consideró que el daño alegado no se encontraba estructurado, pues lo que en
realidad existió fue una conducta de incumplimiento del contrato por parte del
1 Notificado el 23 de noviembre siguiente.
2 Identificado con número de radicado: 70001-33-33-002-2020-00017-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02652-01
Accionante: Benjamín José Mendoza Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
mandante, quien recibió las sumas de dinero por concepto de su pensión y no pagó
los honorarios por la gestión encomendada al abogado Mendoza Gómez.
4. En ese sentido, estimó que no se trataba de un daño cierto porque el demandante
todavía contaba con la posibilidad de obtener el pago de sus honorarios a través del
proceso ejecutivo que adelantó en contra de su representado y aunque podría ser
cierto que las mesadas pensionales que le fueron reconocidas a este último son
inembargables, las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento forzado de la
obligación también pueden recaer sobre otros bienes que sean de propiedad del
ejecutado.
5. Además, sostuvo que el daño tampoco le era imputable a la entidad demandada,
pues aun cuando podría afirmarse que Colpensiones no tuvo en cuenta que el
profesional del derecho tenía facultad para recibir, lo cierto es que esa no fue la
conducta omisiva que afectó directamente y causó un detrimento a su patrimonio,
sino el incumplimiento en el pago de sus honorarios por parte de su mandante.
6. Como fundamento de sus pretensiones, el actor sostuvo que, al adoptar esas
decisiones, las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y “a la prevalencia del
derecho sustancial”, por incurrir en los siguientes defectos:
7. Fáctico, al omitir valorar las pruebas en su integridad, lo que conllevó a la errada
conclusión de que el daño alegado es eventual y no cierto, cuando en realidad lleva
padeciéndolo desde el año 2018.
8. Sustantivo, por interpretar de forma indebida las normas que sustentaron la
decisión adoptada, en particular el Decreto 2751 de 2002 y las leyes 700 de 2001 y
952 de 2005. A su juicio, las mismas no prohíben reconocer el pago del retroactivo
pensional al apoderado que cuente con facultades especiales. Además, aseveró que
la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de pagar las mesadas pensiones a un
tercero siempre que existan autorizaciones especiales y aunque en su caso no se
trataba de una mesada pensional en sí misma, sino de un retroactivo, es posible su
aplicación por analogía.
9. Decisión sin motivación, pues a pesar de que las providencias cuestionadas se
fundaron en una serie de disposiciones normativas que “supuestamente” prohíben
cancelar de forma directa al apoderado las mesadas pensiones reconocidas a su
mandante, en la decisión del ad quem se aludieron distintas normas que permiten
esa forma de pago.
10. Desconocimiento del precedente, puesto que “en gracia de discusión, si se
acepta que las normas empleadas por el Tribunal Administrativo de Sucre, como
aplicables a este caso, veremos que los jueces en este proceso, decidieron del
alcance establecido por la Corte Constitucional, como quiera, que en reitero, las
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02652-01
Accionante: Benjamín José Mendoza Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
normas esbozadas, no prohíben que los apoderados podamos recibir en
representación de nuestros clientes sus mesadas y retroactivos pensionales”.
11. De forma general, reprochó que los operadores judiciales sustentaran su decisión
en la existencia de otros mecanismos de defensa para obtener el pago de lo
reclamado, como el proceso ejecutivo, cuando lo cierto es que la mesada pensional
que percibe por quien fue su mandante no supera el salario mínimo mensual legal
vigente y tampoco posee bienes ni activos que puedan ser objeto de embargo, que
hiciera materialmente efectiva la posibilidad de activar la vía ejecutiva.
12. Adujo que lo reclamado en la demanda contencioso administrativa no era la
mesada pensional de su representado, ni tampoco la administración de su cuenta
pensional, sino que buscaba que se reconociera su trabajo y se pagara por dicha
labor o, por lo menos, se exigiera tanto su presencia como la de su mandante para
retirar la suma de dinero que fue reconocida a favor de este último.
13. Cuestionó que una de las razones que sustentaron la decisión adoptada fue el
hecho de haber solicitado a Colpensiones que se consignara en su cuenta bancaria
las sumas de dinero reconocidas a su mandante de forma posterior a la fecha de
expedición del acto administrativo de reconocimiento pensional, pues se omitió
distinguir entre la fecha de expedición del acto y la fecha de su notificación, ya que
al momento de su expedición todavía no había surtido efectos y lo cierto es que la
solicitud la presentó con anterioridad a que se notificara la citada resolución.
B. Sentencia de primera instancia
14. Mediante sentencia del 11 de julio de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por estimar que no
satisface el presupuesto de relevancia constitucional, toda vez que el propósito de la
parte actora es utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia cuestionada en busca de
reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.
C. La impugnación
15. Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, el actor alegó
que no pretende convertir la acción constitucional en una tercera instancia, sino que
se analice la importancia de la controversia suscitada, pues los abogados no tienen
ningún mecanismo de defensa frente a “aquellos clientes deshonestos, que de
manera abusiva” no les pagan sus honorarios y las herramientas que les brindan los
operadores judiciales no son materialmente eficaces, por lo que tampoco puede
decirse que se trate de un debate superado.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
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16. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto3
17. Esta Subsección anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues la revisión de
los elementos de juicio obrantes en el expediente permite concluir que la solicitud
de amparo adolece de relevancia constitucional4.
18. Lejos de revelar una verdadera deficiencia que amerite una protección
constitucional, se advierte que los alegatos a partir de los cuales se estructuraron
los defectos atribuidos a la sentencia enjuiciada en realidad tienen por objeto reabrir
una discusión que ya fue definida por el juez natural de la causa bajo un análisis que
se enmarca dentro de los parámetros de la razonabilidad jurídica y la sana crítica.
19. Aunque el actor alegó la ocurrencia de unos yerros de tipo fáctico, sustantivo,
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente, su inconformidad
principal radica en la supuesta indebida interpretación de las disposiciones
normativas que fueron aplicadas al asunto, dado que las mismas no prohíben que
el pago de las mesadas pensionales se realice de manera directa al apoderado de
su titular, lo que, a su juicio, daba lugar a la prosperidad de la demanda, pues a
pesar de que contaba con la facultad expresa de recibir la suma de dinero
reconocida a su mandante Colpensiones desconoció ese acuerdo, conducta omisiva
que afirma constituyó el daño alegado.
20. Lo anterior, no solo fue aducido en la demanda contenciosa administrativa, sino
que también fue reiterado en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra el fallo adoptado en primera instancia.
21. Al abordar los reparos propuestos en el recurso de apelación, en particular, lo
relativo al pago de las mesadas pensionales a través de un tercero, el Tribunal
Administrativo de Sucre trajo a colación el Decreto 2751 de 2002, la Ley 952 de
2005, así como las consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-721 de 2004, que examinó la constitucionalidad del artículo 2° de la Ley
700 de 2001.
3 Aunque la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos tanto al fallo del 25 de mayo de 2021, como
al del 26 de octubre de 2023, proferidos al interior del proceso de reparación directa objeto de reproche, la Sala
concentrará su análisis en esta última providencia, dado que fue la que resolvió de manera definitiva la litis.
4 Sobre este presupuesto, el Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada que para que se habilite la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo es necesario que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario examinar que el actor motive con suficiencia
argumentativa las razones por las que la decisión judicial objetada se proyecta como una afectación a un derecho
fundamental, pues de la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la crítica planteada a la providencia sea
admitida como un verdadero reproche constitucional y no simplemente como la pretensión de generar una suerte
de instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia que se acusa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02652-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
22. A partir de ese marco normativo y jurisprudencial, la autoridad judicial concluyó
que si bien el actor, como apoderado del señor Rojas Rojas, pretendía que
Colpensiones le pagara directamente a su cuenta bancaria el valor de las mesadas
pensionales reconocidas a su mandante, lo cierto es que en esos eventos sólo se
puede disponer de consignación en la cuenta corriente o de ahorros abierta por el
titular de la prestación y en la cual únicamente este último se encuentra autorizado
para realizar retiros.
23. En todo caso, el Tribunal estimó que si se llegara a admitir que la administradora
de pensiones pasó por alto la facultad de recibir esa suma de dinero que fue
otorgada al apoderado, el daño alegado no resultaba atribuible a esa conducta, sino
al incumplimiento por parte de su mandante frente al pago de los honorarios que
fueron pactados en el marco de una relación negocial privada y ajena a la
administración, actuar que afectó y causa de manera directa un detrimento a su
patrimonio.
24. En esa medida, para el Tribunal el daño alegado no provenía de la manera en
que realizó el pago Colpensiones, sino de la falta de cumplimiento de un contrato de
prestación de servicios de carácter privado. De ahí que no hubiera lugar a acoger
las pretensiones de la demanda, en tanto no se acreditaron los elementos requeridos
para endilgar responsabilidad patrimonial a la entidad demandada.
25. El análisis efectuado por la autoridad judicial accionada de ninguna manera se
muestra irracional o desacertado, por el contrario, se antoja razonable de cara a los
reproches puestos a su consideración en el recurso de alzada que fueron
contrastados con el marco normativo que resultaba aplicable el asunto y el acervo
probatorio recaudado en ese trámite.
26. En este punto no puede obviarse el hecho de que la consignación de la suma de
dinero reconocida al señor Rojas Rojas directamente a su cuenta bancaria
correspondió al cumplimiento de una obligación legal que surgió en virtud del
reconocimiento pensional, sin importar que se hubiera realizado directamente a la
cuenta del titular o a través de su apoderado, pues en últimas este último actuaba
en representación de su mandante, quien ostenta la titularidad del derecho
reconocido.
27.De manera que no puede pretender trasladarse la responsabilidad a la
administración del incumplimiento de un particular, cuando lo cierto es que el pago
efectuado por Colpensiones se dio en acatamiento a un deber legal, sin que para
tales efectos tuviera la obligación de verificar el acuerdo de los honorarios pactados
entre el titular del derecho pensional y su apoderado, pues se trata de una relación
jurídico privada, en la cual no tiene injerencia la administración.
28. Así se hace evidente que la parte demandante busca prolongar de manera
indefinida un debate que ya se definió de forma razonable y coherente por el juez
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02652-01
Accionante: Benjamín José Mendoza Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de lo contencioso administrativo, con el único propósito de que se acoja una tesis
que, en todo caso, no resulta determinante de cara a la decisión que habría que
adoptarse al examinar la prosperidad de la demanda.
29. Su labor se circunscribía a determinar el origen del daño, que consideró no surgió
en el desconocimiento por parte de Colpensiones de las facultades otorgadas al
abogado Mendoza Gómez, sino en el incumplimiento de su mandante en el pago de
sus honorarios. Por ende, la discusión acerca de la posibilidad legal que tenía la
administración de consignar las sumas de dinero al apoderado no tiene la entidad
suficiente para atribuir a esta la afectación patrimonial alegada y, en esa medida, no
merece algún tipo de censura desde la óptica de lo constitucional.
30. Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia del 11 de julio de
2024, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.
31.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 11 de julio de 2024 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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