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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02654-00

Fecha
6 de agosto de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02654-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UAE Migración Colombia y la CNSC, de conformidad con los motivos expuestos. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Johann Alexander Cendales Tafur, en relación con la aparente ocurrencia de un fraude procesal, por las razones señaladas. 15 de 16 Radicación: 11001-03-15-000-2024-02654-00 Demandante: Johann Alexander Cendales Tafur Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega _____________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Johann Alexander Cendales Tafur, respecto del defecto fáctico alegado, de acuerdo con los argumentos mencionados en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02654-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 6 de agosto de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02654-00
Demandante: Johann Alexander Cendales Tafur
Demandado: Tribunal Administrativo de Meta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Fraude procesal -
Subsidiariedad | Defecto fáctico - niega

Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados
por una sentencia proferida en un proceso ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Johann Alexander
Cendales Tafur contra el Tribunal Administrativo de Meta y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de mayo de 2024, Johan Alexander Cendales Tafur presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Meta y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia de 11 de abril de
2024, proferida por la autoridad accionada en el proceso ejecutivo No.
50001-33-33-003-2017-00397-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“● Que la ANDJE cumpla con lo ordenado en sentencia ejecutoriada: HACER
“el reintegro” (orden del Consejo de Estado en tutela) o la “reubicación” (orden
sentencia Tribunal 003 del Meta), luego PAGAR los salarios y prestaciones
sociales de la manera en que lo ordena la sentencia de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02654-00
Demandante: Johann Alexander Cendales Tafur
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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● Que la ANDJE “HAGA” el trámite establecido correspondiente al REINTEGRO
entregando el proceso a la FGN como lo indica el decreto y la ley.

● Luego que “PAGUE” los salarios y prestaciones sociales de acuerdo a la
fórmula establecida por el Tribunal 003 del Meta.

● Que la ANDJE como entidad condenada trámite ante el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO los recursos necesarios para que “PAGUE” los
salarios y prestaciones sociales como está ordenado en la sentencia del 4 de
marzo de 2016.

● Que la ANDJE pague los emolumentos e intereses pendientes por pago tardío
e incompleto de aquellos, la demanda singular y el proceso ejecutivo fijó unos
extremos, que el Tribunal del Meta debe verificar para determinar en qué
términos proceda tal mandamiento de pago contra la ANDJE.

● Que se anule la decisión del Tribunal 003 del Meta, de fecha 11 de abril de
2024 por no exigirle a la demandada ANDJE el cumplimiento de la sentencia
título ejecutivo del 4 de marzo de 2016.

● Que se revoque la Decisión del Tribunal 003 del Meta y que en su lugar se
respete lo ordenado en la sentencia ejecutoriada que presta mérito ejecutivo
singular.

● Que se respeten los rituales procesales anulando todas las actuaciones con
las cuales la Fiduprevisora cometió fraude procesal.

● Que los actos administrativos que se expidieron SIN AGOTAMIENTO DE
REQUISITOS PREVIOS SINE QUA NON como la reincorporación con solución de
continuidad hecha por la CNSC y el pago DE LO NO DEBIDO hecho por la
Fiduprevisora) sean NULOS pues interfieren con la ejecución de la condena
impuesta causando grave perjuicio irremediable

● En esta solicitud de tutela se prueba que la ANDJE y la Fiduprevisora
cometieron Fraude procesal, por tal razón solicito LA NULIDAD PROCESAL POR
INDEBIDA REPRESENTACIÓN de todas las actuaciones procesales de la
fiduprevisora.

● Que el Tribunal 003 del Meta promueva el cumplimiento de sus sentencias y
dar trámite a incidente de desacato

● Que el Tribunal 003 del Meta, embargue y secuestre los bienes de la ANDJE
para garantizar la satisfacción de la obligación demandada”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 24 de octubre de 2002, mediante Resolución No. 2353, Johann
Alexander Cendales Tafur fue vinculado al Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, en el cargo de detective rural 208 – 6 de la planta global
área operativa, asignado a la Seccional Meta. Posteriormente, el 1 de
noviembre de 2002, tomó posesión del cargo y, el 30 de abril de 2004,
mediante Resolución No. 942, fue inscrito en carrera especial.

5. 2) El 28 de mayo de 2010, mediante Resolución No. 602, expedida por
el director del DAS, se declaró insubsistente el nombramiento del señor
Cendales Tafur en el cargo de detective rural 208 – 6 de la planta global de

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Decisión: Declara improcedente y niega
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la Seccional Meta del DAS. Decisión que le fue notificada al demandante el
29 de mayo de 2010.

6. 3) El 16 de junio de 2010, el señor Cendales Tafur solicitó al DAS que le
allegaran los informes y la investigación que fundamentó la decisión de
desvincularlo. Solicitud que le fue negada por la mencionada autoridad por
la aparente reserva de los documentos, situación que, según la parte
actora, le impidió ejercer su derecho de defensa.

7. 4) Johann Alexander Cendales Tafur, mediante apoderado judicial,
presentó una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho2 en
contra del DAS, en la que solicitó que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 602 de 28 de mayo de 2010, que dispuso la insubsistencia de
su nombramiento. Además, solicitó su reintegro al cargo que desempeñaba,
y el pago de los salarios y prestaciones devengados desde su desvinculación
del cargo hasta el reintegro efectivo al mismo.

8. 5) El 30 de septiembre de 2013, el Juzgado 1 Administrativo de
Descongestión de Villavicencio negó las pretensiones de la demanda3.

9. 6) Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de
apelación4 y, el 4 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Meta
revocó parcialmente la sentencia de 30 de septiembre de 2013. En su lugar,
declaró la nulidad de la Resolución No. 602 de 28 de mayo de 2010 y, en
consecuencia, ordenó a la ANDJE, como sucesora procesal de la
demandada, la incorporación del señor Cendales Tafur a alguna de las
autoridades receptoras de las funciones del extinto DAS, así como el pago
de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de retiro hasta
su incorporación efectiva y que se realizaran los respectivos aportes al
sistema de seguridad social. Pero dicha autoridad aclaró que, de no ser
posible su reubicación, las sumas a pagarse a título de indemnización serían
hasta el 11 de julio de 2014 (fecha en que se dispuso el cierre definitivo del
DAS) y, en ese caso, sería procedente el pago de la indemnización de que
tratan los parágrafos 1 y 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 20045.

2 La cual fue radicada con el No. 50001-33-31-001-2010-00432-00.
3 El Juzgado 1 Administrativo de Villavicencio fundamentó su decisión luego de hacer un recuento normativo y

jurisprudencial, relativo al retiro discrecional de los detectives, donde explicó que no es necesario motivar la
decisión de insubsistencia en el acto mismo, siempre y cuando los motivos estén en la hoja de vida, archivos de la
entidad, o se revelen en sede judicial. Para finalizar indicó que, en el caso en concreto, el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS un presentó informe de contrainteligencia reservado que justificaba la
insubsistencia del actor por dudas sobre su confiabilidad, y que, la no comunicación del informe al demandante
se justificó por su carácter reservado, necesario para proteger la seguridad nacional y la integridad de los
funcionarios involucrados.
4 Indicó que las consideraciones del fallo recurrido violaron el derecho fundamental al debido proceso, ya que el

informe de contrainteligencia nunca fue conocido por el demandante, lo que impidió que este fuera
controvertido ante los jueces.
5 “SEGUNDO: A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA

DEL ESTADO, como sucesora procesal, con fundamento en el Decreto 1303, del 11 de julio de 2014, haga la
incorporación de JOHANN ALEXANDER CENDALES TAFUR, a la entidad a que haya lugar, en el cargo de
equivalencia al que ostentaba para el momento de su desvinculación, atendiendo las funciones que este
desempeñaba, si fueron de las trasladadas a otra Entidad u organismo, o se pague la indemnización, en caso tal
que no sea imposible reubicarlo, para lo cual se deberá atender lo establecido en los parágrafos 1° y 2° del artículo

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Decisión: Declara improcedente y niega
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10. 7) El 29 de noviembre de 2017, el señor Cendales Tafur presentó
demanda ejecutiva contra la ANDJE, orientada a que se librara
mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en la Sentencia
de 4 de marzo de 2016 del Tribunal Administrativo de Meta. Esto es, por un
valor de $109.893.515, correspondientes a los conceptos de salarios,
cesantías, intereses a las cesantías e intereses moratorios.

11. 8) El 24 de enero de 2018, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio
libró mandamiento de pago a favor de Johann Alexander Cendales Tafur y
en contra de la ANDJE, por las siguientes sumas de dinero (se trascribe):

“a. Por la suma de $101.457.508 como saldo insoluto correspondiente a las
deducciones del valor real adeudado y el valor reconocido por la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, por concepto de salarios y
conceptos pre adicionales, desde la fecha del retiro del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad D.A.S, del señor JOHANN ALEXANDER CENDALES
TAFUR, esto es, el 28 de mayo de 2010 hasta su reincorporación el día 04 de julio
de 2017 en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA,
conforme lo ordenado en el numeral 3° del fallo de 4 de marzo del 2016
proferido por el Tribunal Administrativo del Meta.

B. Por la suma de 3'439.763.00 por concepto de auxilio de cesantías e intereses
de las cesantías dejados de reconocer desde la fecha del retiro del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S, del señor JOHANN
ALEXANDER CENDALES TAFUR, esto es, el 28 de mayo de 2010 hasta su
reincorporación el día 04 de julio de 2017 en la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, conforme 10 ordenado en el numeral 3° del
fallo del 04 de marzo de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo del Meta.

c. Por los intereses moratorios de las anteriores sumas, desde el día que quedó
ejecutoriada la sentencia, esto es 14 de marzo de 2016, hasta el día que se
efectúe el pago total de las obligaciones”.

12. 9) El 22 de febrero de 2018, la ANDJE presentó recurso de reposición6
en contra del Auto de 24 de enero de 2018 a través del que propuso las
excepciones de (se trascribe) “incongruencia fáctica en la fecha de
ejecutoria del tribunal”, “falta de competencia” e “indebida representación
del demandado” y, el 6 de marzo de 2018, contestó la demanda ejecutiva,
se opuso a las pretensiones y, además, presentó las excepciones de falta de

44, de la Ley 909 de 2004, en concordancia con lo señalado en el inciso 7° del artículo 189 del C.P.C.A. Para efectos
de determinar el tiempo de servicios para calcular la indemnización, se deberá contabilizar, desde la fecha en
que el demandante tomó posesión en el cargo de DETECTIVE 208-06, hasta el 11 de julio de 2014, conforme se
expuso en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDÉNASE, a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, como sucesora procesal,
con fundamento en el Decreto 1303, del 11 de julio de 2014., a título de restablecimiento del derecho, a
cancelar a favor del actor los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del retiro, hasta
que se produzca la incorporación efectiva en alguna de las Entidades receptoras de las funciones trasladas del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD- DAS, incorporación que es sin solución de continuidad, o hasta
el 11 de julio de 2014, conforme se expuso en la parte motiva de esta sentencia, así como el pago de los aportes
por este período a las Entidades de Seguridad Social.”
6 Argumentó que existió incongruencia en la fecha ejecutoria de la sentencia del tribunal dado que (se trascribe)

“la calenda que se tomó como fecha de ejecutoria de la sentencia, obedece a la fecha en la que se desfijó el
aviso y no a su ejecutoria, la cual aconteció el 17 de marzo de 2016”. De igual forma, alegó que existió una falta
de competencia de quien adelantó el proceso ejecutivo, pues de acuerdo con lo consagrado en el artículo 156
numeral 9 del CPACA se tiene que (se trascribe) “la competencia se encuentra establecida en el Tribunal
Administrativo del Meta y no en los Jueces Administrativos del Circuito de Villavicencio”. Señaló que existió una
indebida representación del demandado, pues (se trascribe) “no se demandó a quien debe responder”.

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Decisión: Declara improcedente y niega
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obligación expresa en el título ejecutivo, inexistencia del título ejecutivo,
pago de la obligación contenida en la sentencia condenatoria, presunción
de legalidad del pago de una sentencia judicial, falta de competencia e
indebida de representación del demandado.

13. 10) Con el mencionado recurso de reposición, la ANDJE allegó un
poder conferido una abogada para que defendiera los intereses de dicha
autoridad dentro del proceso ejecutivo y en el mismo se estableció (se
trascribe) “y se procure la vinculación del PATRIMONIO AUTONOMO PAP
FIDUPREVISORA S.A. (...) cuyo vocero es la Fiduciaria la Previsora S.A., a fin de
evitar una nulidad procesal por indebida representación, conforme lo
establece el Código General del Proceso”.

14. 11) La ANDJE, además, presentó un escrito de contestación de la
demanda en el que se opuso a que se declararan las pretensiones del
demandante. Con dicho escrito adjuntó un nuevo poder en el que también
refirió que el mismo se otorgaba para la representación judicial en el
proceso ejecutivo y para que se procurara la vinculación de la Fiduprevisora
SA al asunto.

15. 12) El 8 de agosto de 2018, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio
decidió no reponer el Auto de 24 de enero de 2018 por medio del cual se
libró mandamiento de pago7.

16. 13) El 7 de junio de 2019, la ANDJE presentó otro poder para que un
nuevo abogado interviniera en el proceso a efectos de defender los
intereses de la entidad y procurar la vinculación del Patrimonio Autónomo
PAP Fiduprevisora SA Defensa Jurídica extinto Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS y la Fiduciaria Fiduprevisora SA.

17. 14) El 15 de agosto de 2019, en audiencia inicial, el Juzgado 3
Administrativo de Villavicencio profirió sentencia de primera instancia8
dentro de proceso ejecutivo No. 50001-33-33-003-2017-00397-01, en la que
dispuso (se trascribe):

7 Indicó que las excepciones que pueden proponerse en los procesos ejecutivos se encuentran taxativamente

establecidas en el ordenamiento jurídico, de manera que las excepciones que propone la parte ejecutada como
previas, solamente le podría dársele trámite a la excepción de falta de competencia que se encuentra
previamente establecida en el artículo 100 del CGP. Sobre el particular, consideró que tal excepción previa no
estaba fundada dado que la alteración o modificación de la sentencia en segunda instancia, no era razón
suficiente para alterar la competencia que recae específicamente en el juzgado que profirió la respectiva
sentencia. De manera que, de conformidad con la Sentencia de 25 de julio de 2017 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio, a quien por reparto se le asignó el proceso, era
el competente para dirimir el asunto.
8 Señaló que la única excepción válida para estudiar era la de "pago" ya que de las excepciones propuestas era

la única que se encontraba contemplada en el artículo 442 del CGP, excepción en la que la ANDJE argumentaba
haber pagado al señor Johann Alexander Cendales Tafur la suma de $140,118,510. A pesar de que la parte
ejecutante aceptó haber recibido esa suma, el juzgado explicó que la liquidación debía incluir salarios y
prestaciones desde la fecha de insubsistencia hasta el cierre del DAS (11 de julio de 2014) y desde el 12 de julio de
2014 hasta el reintegro el 4 de julio de 2017. Explicó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de 4 de
marzo de 2016, que sirvió como título ejecutivo, ordenaba el pago completo de estos conceptos. Concluyó que
la ejecutada hizo un pago parcial y no total, por lo que la ejecución continuaría por el saldo pendiente e intereses.

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Decisión: Declara improcedente y niega
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“PRIMERO. - Negar la excepción de "pago total de la obligación" conforme a
lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Seguir adelante con la ejecución para el pago de la obligación
contenida en la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta del 4 de marzo
de 2016, y el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de
percibir en el periodo comprendido del 12 de julio de 2014 al 4 de julio de 2017,
de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. - La liquidación del crédito se sujetará a las reglas establecidas en el
artículo 446 del Código General del Proceso.

CUARTO. - Condenar en costas a la parte EJECUTADA. Por secretaría efectúese
la respectiva liquidación”.

18. 15) El 21 de agosto de 2019, la parte ejecutada presentó recurso de
apelación contra la Sentencia de 15 de agosto de 2019, en el que
argumentó que no se consideraron todos los argumentos presentados en la
contestación de la demanda. Sostuvo que la sentencia no contenía una
obligación clara y expresa para la ANDJE, ya que el demandante tramitó su
reincorporación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) de
manera independiente. Alegó que la ANDJE no podía asumir obligaciones
patrimoniales ni actuar como jefe de personal de una entidad extinta como
el DAS. Además, la CNSC dispuso la reincorporación del demandante, no su
incorporación, lo que impidió el pago de salarios y prestaciones sociales
reclamados desde el 12 de julio de 2014 al 4 de julio de 2017. También señaló
que la acción ejecutiva estaba caducada y que el pago parcial realizado
fue correcto. Manifestó que cualquier discrepancia en los valores debía
resolverse mediante un proceso declarativo de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual, igualmente, ya había caducado.

19. 16) El Tribunal Administrativo de Meta resolvió el recurso de apelación
mediante Sentencia de 11 de abril de 20249, en la que modificó
parcialmente la Sentencia de 15 de agosto de 2019, y en su lugar, dispuso
(se trascribe):

“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, la
cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de pago de la
obligación.

9 En dicha sentencia el tribunal señaló que la obligación (pago de suma de dinero) se encontraba sometida a la

condición de hacer (incorporar a Johann Alexander Cendales Tafur), pero, en atención a que el demandante fue
reincorporado y no incorporado, no se podía tener como parte del título ejecutivo los valores que el actor dejó de
percibir entre la fecha de extinción del DAS y su reincorporación. En ese orden, tomó como fecha inicial del cálculo
de los salarios y prestaciones sociales y de los aportes de salud y pensión el 30 de mayo de 2010 (fecha en que fue
efectivamente desvinculado del cargo) y como término final el 11 de julio de 2014 (extinción del DAS). Además,
calculó la indexación desde el 11 de julio de 2014 al 17 de marzo de 2016 (ejecutoria de la sentencia que constituyó
el título ejecutivo). Y los intereses moratorios desde el 18 de marzo de 2016 al 2 de septiembre de 2016 (fecha de
pago de la sentencia).
Del referido cálculo concluyó que la autoridad demandada adeudaba al demandante la suma de $4.457.208 por
concepto de saldo de capital, y a ese valor le restó $407.855, que la ANDJE calculó y pago de más a título de
cesantías e intereses a las cesantías. En consecuencia, quedó un saldo total de $4.049.353.

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Decisión: Declara improcedente y niega
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SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en contra de la
ejecutada, únicamente, por la suma de CUATRO MILLONES CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.049.353), de
conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR que, una vez ejecutoriada la presente providencia,
cualquiera de las partes del proceso presente la liquidación del crédito con
especificación de capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación." (…)”.

20. 17) A pesar de que, en los poderes allegados al proceso ejecutivo por
parte de la ANDJE, se indicó que además de la representación judicial se
pretendía la vinculación de la Fiduprevisora SA, no hubo una solicitud formal
para que se vinculara a esta última al proceso ejecutivo.

21. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
ANDJE y la Fiduprevisora SA cometieron un fraude procesal al pretender la
vinculación de la última al proceso ejecutivo. Adujo que, en los memoriales
presentados por la ANDJE en el proceso ejecutivo, siempre identificó los
mismos como si fueran varias las autoridades ejecutadas, pero solo era una.
Aunado a ello alegó que la ANDJE y la Fiduprevisora SA fueron
representadas por los mismos abogados.

22. Lo anterior para indicar que lo que se pretendió con el “fraude
procesal” fue hacer incurrir en error a la autoridad judicial, ya que quien
realmente debía responder por la condena era la ANDJE y no otras
autoridades como la Fiduprevisora SA que, a su juicio, interferían con la
ejecución de la misma.

23. Además, mencionó que se configuró un defecto fáctico toda vez que
no se tuvo en cuenta que la sentencia que constituyó el título ejecutivo
contenía una obligación clara, expresa y exigible. Indicó que dicha
sentencia contenía una obligación de hacer consistente en la
incorporación del demandante a una autoridad administrativa en un cargo
equivalente al que ostentaba al momento del retiro, y una obligación de
dar, concretamente, la de pagar los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde su retiro, hasta su incorporación efectiva.

24. Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial demandada
interpretó en contra del ejecutante la sentencia que servía de título
ejecutivo ya que no tuvo en cuenta que no se probó la imposibilidad de
cumplir la obligación de hacer y no se valoraron otras opciones de reintegro
para lograr su incorporación antes de la reincorporación.

25. En esa medida, consideró que se vulneró su derecho a la igualdad
pues hubo otros demandantes que fueron incorporados a la Fiscalía General
de la Nación, con lo cual, en su caso, se lograba cumplir a cabalidad la

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sentencia ejecutiva pues, de ser incorporado a la referida autoridad, se
lograría el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir en su
totalidad.

26. En atención a lo expuesto, puso de presente que la reincorporación
del demandante a Migración Colombia no se dio de manera libre y
voluntaria ya que nunca tuvo conocimiento de los motivos por los cuales se
descartó su incorporación efectiva a alguna de las autoridades receptoras
de las funciones del extinto DAS.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados10

27. El Tribunal Administrativo de Meta indicó que la acción de tutela era
improcedente por no satisfacer los requisitos de subsidiariedad y no cumplir
con las reglas de procedencia excepcional de la tutela contra providencia
judicial, pues el demandante en ningún momento del trámite ordinario
manifestó o puso de presente una nulidad procesal, así como tampoco
acreditó la situación de fraude por parte de la entidad ejecutada que
generara una afectación a sus derechos al debido proceso y/o al acceso a
la administración de justicia. Agregó que los abogados a quienes se les
confirió poder especial se encontraban legitimados para actuar y
representar a la ANDJE. Señaló que lo que pretendido por la parte actora
fue reabrir un debate jurídico que ya fue zanjado por el juez natural, como
si la tutela se tratara de una instancia adicional.

28. La ANDJE y la Fiduprevisora SA - Patrimonio Autónomo Público PAP
(Defensa del extinto DAS y su fondo rotatorio) sostuvieron que, pese a que el
título ejecutivo contempló la incorporación o pago de una indemnización,
el demandante tramitó su reincorporación ante la CNSC, esto es, un objeto
que no hizo parte del título ejecutivo. Por lo anterior, solicitaron que no
prosperaran las pretensiones de la solicitud de amparo o, en su defecto, que
fuera declarada improcedente.

29. El Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio remitió el expediente del
proceso ejecutivo No. 50001-33-33-003-2017-00397-00/-01. Sin embargo, no
rindió informe sobre los fundamentos de la acción de tutela.

30. La CNSC manifestó que las pretensiones de la parte actora fueron
dirigidas en contra del Tribunal Administrativo de Meta y la ANDJE, por lo que
solicitó su desvinculación del presente proceso.

10 Mediante Auto de 28 de mayo de 2024, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela de referencia, (2)

tuvo como parte accionada al Tribunal Administrativo de Meta y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, y (3) vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Villavicencio, a la Fiduprevisora SA. – Patrimonio Autónomo
Público PAP (Defensa del extinto DAS y su fondo rotatorio, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia y a la Fiscalía General de la Nación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02654-00
Demandante: Johann Alexander Cendales Tafur
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
_____________________________________________________________________________________________________________

31. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia solicitó su
desvinculación por no tener legitimación pasiva en la causa y no existir
fundamentos fácticos y/o jurídicos que permitieran establecer
responsabilidad alguna de la de dicha autoridad.

32. La Fiscalía General de la Nación alegó que la presente acción de
tutela era improcedente por falta de subsidiariedad. Además, sostuvo que
dicha autoridad no había ejercido acción u omisión alguna que
transgrediera los derechos cuya protección se reclama.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Falta de legitimación pasiva en la causa. 2.2. Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Falta de legitimación pasiva en la causa

33. La UAE Migración Colombia y la CNSC solicitaron su desvinculación de
la presente acción de tutela, en la medida en que consideraron que no eran
las autoridades a las que se les atribuía la vulneración de derechos
fundamentales. La Sala no desvinculará del asunto a dichas autoridades
comoquiera que comparecieron a la acción de tutela como terceros con
interés, en la medida en que participaron en el proceso de reincorporación
del demandante, razón por la cual les asiste interés en lo que aquí se decida.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial11

34. 1) La Sala declarará la improcedencia en lo relacionado con el
aparente fraude procesal cometido por la ANDJE y la Fiduprevisora y la
interferencia que ese aspecto generaba en la ejecución de la condena
impuesta, ya que ese reparo no superó el requisito de subsidiariedad.

35. En concordancia con lo anterior, no se superó el mencionado requisito
porque: a) el referido reparo, alegado a través de la acción de tutela, no
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y, b) no se acreditó un perjuicio
irremediable.

36. a) La Sala advierte que la inconformidad no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que se evidenció que, dentro del proceso
ejecutivo, la parte demandante no propuso ese reparo con el fin de poner
de presente alguna inconformidad que afectara el debido proceso o una
irregularidad que afectara el trámite normal del mismo.

11 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02654-00
Demandante: Johann Alexander Cendales Tafur
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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37. En esa medida, el mecanismo idóneo y eficaz en el cual se debía
exponer ese reparo era el proceso ejecutivo, en atención a que dentro de
dicho mecanismo judicial el demandante tuvo conocimiento que la
liquidación y pago se efectuó por la Fiduprevisora SA, autoridad a la cual le
atribuía la interferencia en la ejecución de la condena.

38. Dicha situación pudo ponerse de presente en etapas como el traslado
del recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y
cuando se contestaron las excepciones propuestas por la ANDJE, toda vez
que, en dichas oportunidades, el demandante ya conocía que hubo un
pago de la condena por parte de la Fiduprevisora SA.

39. Adicional a lo anterior, dicho reparo también pudo exponerse en la
audiencia inicial del artículo 372 del CGP, en la cual la autoridad judicial, en
la etapa de saneamiento indagó a las partes si tenían algo que manifestar
respecto del proceso. Incluso pudo alegar dicha situación en el término
para alegar de conclusión concedido en segunda instancia.

40. Se debe agregar que, además de que dicho aspecto no se alegó en
el proceso ordinario, también se evidenció que el demandante conocía y
avaló que hubo un pago de la Fiduprevisora SA12.

41. Así se acreditó que demandante no hizo referencia a ese reparo
dentro de las oportunidades procesales a las que se hizo referencia. En
consecuencia, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo para subsanar oportunidades procesales vencidas.

42. b) Además, la parte accionante no alegó, ni demostró la
configuración que el referido aspecto configurara algún tipo de perjuicio
irremediable que justificara la intervención del juez de tutela.

43. 2) De otro lado, en relación con el aparente defecto fáctico alegado
respecto de la indebida valoración del título ejecutivo que fundamentó la
presentación del proceso ejecutivo, logró advertirse que (1) no existe recurso
idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos

12 La parte demandante presentó un escrito con el fin de descorrer el término de traslado de las excepciones

propuestas por la ANDJE, en el que señaló: “En cuanto a la excepción de pago, no está llamada a prosperar toda
vez que, como se manifestó en el hecho octavo de la Demanda Ejecutiva, el día 02 de septiembre de 2016, la
FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURÍDICA EXTINTO DAS Y SU FONDO ROTATORIO, pretendió dar cumplimiento a los
Fallos aquí ejecutados, suma que no se ajustó a lo ordenado en la providencia proferida por el H. Tribunal
Administrativo del Meta-Sala de Decisión, mediante sentencia sustitutiva de segunda instancia del 04 de marzo de
2016, que revoca la decisión adoptada por el Juzgado Primero (1°) Administrativo de Descongestión del Meta,
hecho que dio origen a la presentación de la demanda ejecutiva aquí tramitada, por los valores y las diferencias,
más su respectiva indexación que se le dejó de pagar al señor CENDALES TAFUR, junto con los intereses moratorios
establecidos en la ley por la mora en el pago de las obligaciones por fuera del término que le concedió la
Sentencia y la Ley, entonces, no puede hablarse de EXCEPCIÓN DE PAGO, toda vez, que los mismos pagos a que
se refiere el excepcionante fueron tenidos en cuenta y en ningún momento se están cobrando,
consecuencialmente ésta excepción está condenada al fracaso, y así solicito sea declarado por su Señoría a
través del Despacho.”

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos aparentemente
vulnerados (2) hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (18/4/2024) y la de interposición de la presente
acción de tutela (24/5/2024). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de 2 instancia proferida en un
proceso ejecutivo. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de las garantías fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con ocasión de una providencia judicial cuyo
debate central es la indebida valoración del título ejecutivo.

2.3. Fijación de la controversia

44. Establecer si el Tribunal Administrativo de Meta, como juez de segunda
instancia del proceso ejecutivo, incurrió en un defecto fáctico, como
consecuencia de la aparente indebida valoración probatoria de la
Sentencia de 4 de marzo de 2016, proferida por esa misma autoridad, la cual
constituía el título ejecutivo.

2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

45. La Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar configurado
el defecto alegado contra la Sentencia proferida el 11 de abril de 2024 del
Tribunal Administrativo de Meta, por las razones que pasan a explicarse:

46. El defecto fáctico se orientó a reprochar la valoración realizada
respecto del título ejecutivo, con fundamento en que lo que ordenaba ese
documento era que se realizara su incorporación a una de las autoridades
receptoras de las funciones del DAS y, en esa medida, que su vinculación se
hiciera sin solución de continuidad, lo cual implicaba, además, el pago de
los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la declaratoria de
insubsistencia en el DAS hasta su incorporación efectiva.

47. Aunado a ello, puso de presente que no hubo cumplimiento de la
sentencia en los términos dispuestos en el título ejecutivo, respecto de la
obligación de hacer, pues se realizó su reincorporación y no su
incorporación, lo que impidió que se ejecutara la obligación de dar en su
totalidad, ya que se interpretó que la nueva vinculación se dio con solución
de continuidad.

48. Al respecto, es importante mencionar que la Sentencia de 4 de marzo
de 2016, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por el Tribunal Administrativo de Meta, declaró
la nulidad del acto administrativo que, a su vez, declaró insubsistente al

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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señor Cendales Tafur del cargo de detective 208-06, el cual ocupaba en el
DAS. En consecuencia, ordenó a la ANDJE (como sucesora procesal del
extinto DAS) que realizara su incorporación a la autoridad a que hubiera
lugar en el cargo de equivalencia al que ostentaba, o que se pagara la
indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 200413, si no era
posible reubicarlo. Aunado a ello, realizó la precisión de que la
incorporación era sin solución de continuidad, o en caso de proceder la
indemnización se debían pagar los salarios y prestaciones hasta el 11 de julio
de 2014 (fecha de extinción del DAS).

49. Pese a lo anterior, debe ponerse de presente que, de acuerdo con lo
que se evidenció en el proceso, el demandante acudió ante la CNSC14,
autoridad que, como lo ha dispuesto el Consejo de Estado en otras
ocasiones15, se encuentra facultada para ordenar la reubicación de
empleados del extinto DAS, con el fin de que se ordenara su
"reincorporación” en un empleo igual o similar al que ostentaba en carrera
administrativa.

50. En consecuencia, dicha autoridad expidió las Resoluciones No.
20161700033075 de 23 de septiembre de 2016, por medio de la cual se
inscribió al señor Censales Tafur en el registro público de carrera
administrativa; y No. 2017020004555 de 1 de febrero de 2017, a través de la
que ordenó la reincorporación del demandante a la UAE Migración
Colombia en un cargo similar o igual al que desempeñaba en el DAS.

51. Así, el demandante presentó una petición16 ante la UAE Migración
Colombia en la que solicitó que se diera cumplimiento a la Resolución No.

13 ”Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración,

supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra,
o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno
Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.”
14 Si bien en el expediente no está la petición presentada por el demandante ante la CNSC, lo cierto es que se

encontraron las siguientes pruebas que permiten evidenciar que el señor Cendales Tafur solicitó su reincorporación:
• El 13 de abril de 2016, el demandante acudió en principio ante la ANDJE con el fin de solicitar (se trascribe): “Que
teniendo en cuenta que mi poderdante perdió la posibilidad de ascender profesionalmente y en el escalafón de
la entidad en la que desempeñaba sus funciones del extinto DAS, se tenga en cuenta esta circunstancia al
momento de hacer la reincorporación de mi poderdante, y que esta se haga en el rango y el escalafón que este
correspondía a mi poderdante si hubiere contado con la oportunidad de sus asensos a que tiene derecho”.
• Aunado a ello, en el expediente se encontró una respuesta otorgada el 27 de octubre de 2016 por la
CNSC a la ANDJE en la que mencionó (se trascribe): “La Comisión Nacional del Servicio Civil le indica que ha
recibido en reiteradas ocasiones solicitudes por parte de la Doctora Deissy Viviana Agudelo Cendales, en su
calidad de apoderada del señor Johann Alexander Censales Tafur, de reincorporar al mismo en un empleo igual
o equivalente al que ostentaba con derechos de carrera administrativa en el extinto Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS.” Esa respuesta también se notificó al señor Cendales Tafur, a través de su apoderada.
15 Ver Sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferidas el 28 de enero del 2021, dentro del

expediente No. 11001-03-25-000-2015-00590-00; y de 10 de noviembre de 2022, dentro del expediente No. 11001-
03-25-000-2016-01163-00.
16 De manera puntual solicitó (se trascribe): ”1. Sírvase informar, la fecha en la que la CNSC, le notificó

personalmente de la RESOLUCION N°. CNSC 2017020004555 DE 1 DE FEBRERO DE 2017, a su despacho.
2. Sírvase establecer si ye se iniciaron los trámites correspondientes para hacer efectivo el nombramiento de mi
poderdante en su entidad, conforme lo señalado en la RESOLUCION Nº. CNSC 2017020004565 DE 1 DE FEBRERO DE
2017 en su parte resolutiva artículo segundo que reza "una vez en firme el presente acto administrativo, al despacho
responsable de la convocatoria N* 331 de 2015, correspondiente a la unidad administrativa especial MIGRACION
COLOMBIA, para que proceda a emitir, los actos administrativos de retiro de una vacante definitiva del empleo
denominado oficial de migración, código 3010, grado 11, la cual se identifica con el numero OPEC - 211917*

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Decisión: Declara improcedente y niega
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2017020004555 de 1 de febrero de 2017 y, en consecuencia, se ordenara su
“reincorporación” a dicha autoridad administrativa.

52. En ese orden, mediante Resolución No. 990 de 15 de junio de 2017, la
UAE Migración Colombia reincorporó a Johann Alexander Cendales Tafur,
en el cargo de Oficial de Migración 3010-11, con solución de continuidad a
partir del 4 de julio de 2017.

53. En este punto, es importante advertir que el artículo 44 de la Ley 909
de 200417 estableció que los empleados de carrera administrativa que,
como consecuencia de situaciones administrativas como la liquidación,
reestructuración, supresión o fusión de “entidades, organismos o
dependencias”, el traslado de funciones de una entidad a otra, o por
modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los que
sean titulares, tendrán derecho a ser incorporados en un empleo igual o
equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrían
optar por (1) ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o (2) a
recibir indemnización.

54. Como puede observarse, la ley hizo la distinción entre la incorporación
y la reincorporación, pero con el fin de tener una noción más acertada
sobre el tema, se pone de presente que el artículo 8818 del Decreto 1227 de
2005 (Hoy en día incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública - 1083 de 2015) indicó que, cuando se reformaba total o
parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de carrera
de la nueva planta eran iguales o se distinguían de los que conformaban la
planta anterior solamente en su denominación, procedía la incorporación
de los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos en la
situación que tenían, por considerar que no hubo una supresión efectiva de
dichos empleos.

55. Así se entiende que, en primer lugar, de ser posible, se debería acudir
a la incorporación la cual se concede sin solución de continuidad, ya que
dicha figura pretende que el empleado continúe bajo unas condiciones

3. Sírvase determinar la totalidad de los requisitos que deben ser cumplidos por parte de mi poderdante, la
información que requiere, los tramites que debe hacer, donde y cuando deba presentarse, cuáles son los términos
que deben correr, en qué fecha debe presentarse y que documentos deben ser acreditados, y cualquier requisito
que sea necesario para que se dé cumplimiento a la RESOLUCION N°. CNSC 2017020004555 DE 1 DE FEBRERO DE
2017.
4. Determine cual es el tiempo estimado para que mi poderdante pueda acceder al puesto y sea efectivamente
reincorporado a la entidad que usted representa.
5. Determinar si en la actualidad su entidad interpuso algún recurso en contra do la RESOLUCION Nº CNSC
2017020004805 DE 1 DE FEBRERO DE 2017.
6. Emitir copia de los actos administrativos que hayan sido emitidos con ocasión a dar cumplimiento a la ordenado
en RESOLUCION NA. CNSC 2017020004555 DE 1 DE FEBRERO DE 2017.”
17 Ver pie de página 14.
18 “Incorporación. Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de

carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la planta anterior solamente en su
denominación, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la
situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija requisitos
superiores para su desempeño.”

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iguales o similares a las que tenía con anterioridad a la reforma de la planta
de empleos de la entidad. De no ser posible el reintegro a través de dicha
figura se podría acudir a la reincorporación o la indemnización, pero la
reincorporación implicaría un cambio pues, se da ante la imposibilidad de
ser incorporado en un empleo igual o equivalente al que desempeñaba y
se da con solución de continuidad.

56. En el caso concreto se observó que el Tribunal Administrativo de Meta,
en la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ordenó a la ANDJE la incorporación del
demandante a un cargo igual o similar al que venía desempeñando en el
DAS, pese a ello, se evidenció que el demandante decidió acudir ante la
Comisión Nacional del Servicio Civil para lograr su reintegro al cargo.

57. La anterior situación implicó, de un lado, que la ANDJE no lograra
cumplir con la obligación de hacer que le fue impuesta en la medida que
otra autoridad, que además no fue parte del proceso ejecutivo, se encargó
del reintegro del demandante en las condiciones que tenía a su alcance y
de acuerdo con lo solicitado por el demandante, esto es, a través de la
figura de la reincorporación. Y, en todo caso, la ANDJE advirtió en el proceso
ejecutivo su imposibilidad de dar cumplimiento a dicha orden de
incorporación, pues no actuaba como empleador de los servidores del
extinto DAS y no podía actuar por fuera del marco de los objetivos y
funciones que le fueron fijados en la Ley 4085 de 201119.

58. De otro lado, se generó que el reintegro se realizara con solución de
continuidad, es decir, con una interrupción entre la fecha de suspensión del
DAS y la vinculación al UEA Migración Colombia, toda vez que ese reintegro
se realizó a través de la mencionada reincorporación.

59. Aunado a ello, debe recordarse que las condiciones en que fue
reincorporado el demandante fueron diferentes, toda vez que, de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto 4064 del 31 de octubre de 2011, el cargo de
detective nivel 208 grado 06 del DAS, el cual ocupaba el demandante, tenía
la misma denominación en la UAE Migración Colombia, pese a ello el
demandante fue reincorporado a esta última autoridad en el cargo de
Oficial de migración 3010-11.

60. En consecuencia, la Sala evidencia que la autoridad judicial realizó
una correcta interpretación del título ejecutivo en la medida en que, si bien
en aquel se ordenó la incorporación del demandante, lo cierto es que, de
acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, en su conjunto, se
evidenció que su reincorporación se dio con ocasión de su propia solicitud
ante otra autoridad (CNSC) que no hizo parte del proceso ejecutivo pero

19 ” Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”

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que, en todo caso, estaba facultada para procurar el reintegro del
demandante.

61. Así ante la reincorporación del demandante con solución de
continuidad, la obligación de la ANDJE se limitaba al pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir por el demandante entre la fecha en que
fue declarado insubsistente, hasta la extinción del DAS, como en efecto se
calculó.

62. Por lo anterior, no había lugar a reconocer un valor diferente al ajuste
realizado por el tribunal, respecto de la diferencia que generó la liquidación
realizada, entre los valores pagados por concepto de salarios y prestaciones
calculados entre el 30 de mayo de 2010 al 11 de julio de 2014, con la
correspondiente indexación y el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios.

63. Así las cosas, no se evidenció que la configuración del defecto fáctico
alegado respecto de la sentencia cuestionada, y en consecuencia no hay
lugar a que, como lo pretendió el demandante, se ordene a la ANDJE que
cumpla la obligación de hacer establecida en el título ejecutivo, ni realice
el pago de sumas adicionales a las que ya fueron reconocidas.

2.5. Conclusión

64. En ese orden, la Sala, de un lado, declarara improcedente la acción
de tutela, respecto del reparo del accionante relacionado con un aparente
fraude procesal, por no superar el requisito de subsidiariedad. De otro lado,
negara la acción de tutela por no encontrar configurado el defecto fáctico
alegado y, en consecuencia, la vulneración de derechos fundamentales.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UAE
Migración Colombia y la CNSC, de conformidad con los motivos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Johann Alexander Cendales Tafur, en relación con la aparente ocurrencia
de un fraude procesal, por las razones señaladas.

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Decisión: Declara improcedente y niega
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TERCERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Johann Alexander
Cendales Tafur, respecto del defecto fáctico alegado, de acuerdo con los
argumentos mencionados en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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