Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02656-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02656-00
Accionante: Julio Fernando Castro Alfonso
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad,
trabajo, libertad, debido proceso y de petición.
Decisión: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Fernando Castro Alfonso,
actuando a nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, libre
desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad, debido proceso y de petición, con
ocasión de la negativa del Consejo Superior de la Judicatura en la expedición de
la tarjeta profesional de abogado definitiva, a pesar de cumplir con los requisitos
legales exigidos en la Sentencia SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional
principio de favorabilidad e Interpretación Pro Homine.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
El señor Julio Fernando Castro Alfonso, expuso que se gradúo el 19 de diciembre
de 2023 del programa de pregrado en Derecho de la Institución de Educación
Superior Universitaria de Colombia cumpliendo con todos los requisitos
establecidos por la ley para la obtención de la tarjeta profesional, previo
cumplimiento satisfactorio de los requisitos legales y académicos establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional.
Manifestó que el 5 de enero 2024 elevó solicitud al correo electrónico2 del
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de obtener la expedición de su tarjeta
1 Índice 2, Aplicativo SAMAI
2 csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co.
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profesional de abogado, para lo cual adjuntó todos los documentos necesarios.
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura le negó la expedición de la tarjeta
profesional de abogado definitiva, sin justa causa y sin tener en cuenta lo
dispuesto en la Sentencia SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional y el
principio de favorabilidad, por lo que le vulneró sus derechos fundamentales al
trabajo y a la igualdad.
Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el 9 de abril de 2024 el
acuerdo PCSJA24-12163 que reglamentó todo lo referente al examen de Estado
para abogados, en cumplimiento de la Ley 1905 de 2018, razón por la cual, la
expedición de su tarjeta profesional definitiva quedó supeditada a la
presentación de la prueba referida.
Asimismo, declaró que la entidad accionada le dio una “tarjeta provisional”, pero
indicó, que esta no tiene validez para que se le reconozca el derecho a la
personería jurídica, por lo que, con ello, se le están vulnerando los derechos para
el ejercicio de su profesión.
Argumentó que en la Ley 1905 de 2018 no se previó dentro de los requisitos para
obtener la tarjeta profesional el examen de Estado.
2.2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Solicito a su Honorable Juzgado que, en virtud de la presente acción de
tutela, ordene al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de
máximo 48 horas hábiles siguientes a la notificación de la presente
providencia, en la aplicación de los principios de favorabilidad, interpretación
pro homine y proporcionalidad, declare que mi solicitud de tarjeta profesional
se encuentra cobijada por los beneficios de la Sentencia SU-128 de 2024 de
la Corte Constitucional.
Así mismo, solicito que me ampare en mi derecho y se ordene al Consejo
superior de la Judicatura expedirme la tarjeta profesional de abogado en
forma definitiva a mi nombre». Sic en toda la cita
2.3. Intervenciones
El 283 de mayo de 2024 se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura como accionado.
2.3.1 La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó negar el amparo
solicitado, en consideración a que no existe vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
3 Índice 4, Aplicativo SAMAI
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Al respecto, informó que el 21 de mayo del 2024 a las 3:40 p.m. recibió oficio
STC-150/2024, remitido por la Sala de Revisión C de la Corte Constitucional,
mediante el cual le puso en conocimiento la sentencia SU -128 de 18 de abril de
2024, que dispuso:
«Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el término
de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales Granada, Giovanni
López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera la tarjeta profesional de
abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación del Examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en esta
providencia. Adicionalmente, la entidad accionada deberá eliminar cualquier
referencia al carácter provisional de la tarjeta profesional de los accionantes
en las respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En virtud de
los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes deberán
cumplirse frente a (i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo
Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y
que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud
de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional».
Expuso que, en ese entendido, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante
comunicado del 21 de mayo de 2024, comunicó que, para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado definitiva, conforme con la mencionada
providencia, los abogados deben cumplir con el trámite y requisitos
previstos en el artículo 6 del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024.
Aunado a lo expuesto afirmó que, a través del correo electrónico del 22 de mayo
de 2024, puso en conocimiento del accionante el comunicado precitado.
Sostuvo además que, el día 24 de mayo de 2024, le remitió la Resolución
URNAR24-85 del 23 de mayo de 2024, en cuyo anexo estaba el listado de los
abogados amparados por la Sentencia SU-128 de 2024 dentro de los cuales
estaba el actor.
Así las cosas, indicó que una vez el señor Julio Fernando Castro Alfonso
realice el trámite mencionado, esa Unidad procederá a expedirle el nuevo
plástico de la tarjeta profesional 421.440, sin la anotación de
provisionalidad.
Recordó además la sentencia precitada determinó que:
«“(…)” Mientras el C. S. de la J. expide las tarjetas profesionales
definitivas a los accionantes y las personas cobijadas con los efectos
inter pares de esta providencia, se entenderá que las tarjetas
profesionales provisionales que actualmente portan tienen carácter de
permanentes”, por tanto, la tarjeta profesional de abogado que,
actualmente porta el accionante, tiene los efectos de una tarjeta definitiva.».
Negrilla fuera de texto.
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Precisó por otro lado, que la solicitud del accionante fue radicada el 14 de mayo
de 2024, por tanto, el término para gestionarla culminaba el 5 de junio de 2024 y,
comoquiera que se dio respuesta el 30 de mayo de la misma anualidad, la
petición fue resuelta dentro del término legal establecido.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad, debido proceso y
de petición.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4. Del derecho fundamental de petición
Conforme con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. Este derecho
fundamental es de aplicación inmediata según lo dispone el artículo 85 ibidem y
la vulneración de su núcleo esencial es objeto de protección a través de la acción
de tutela.
En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:
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«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además,
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto
es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine (…)»4. (Resaltado
original).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a una
petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo solicitado, para
efectos de garantizar el derecho de petición. No obstante, ha de tenerse en
cuenta que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado, por lo que una
contestación negativa, el señalamiento del procedimiento administrativo que se
debe seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de
estudiar la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
misma sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la contestación soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido5.
Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción.
Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información, y
aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las autoridades, están
sometidas a un término especial.
4 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de
julio de 2006.
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Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este interregno no
se responde la respectiva solicitud, «se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».
En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la competente,
el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:
«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de
no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».
3.4.1 Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición en el caso
concreto
El señor Julio Fernando Castro Alfonso acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de su derecho fundamental de petición, cuya vulneración
se origina, en su consideración, por la negativa del Consejo Superior de la
Judicatura en la expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva,
a pesar de cumplir con los requisitos legales exigidos en la Sentencia SU-128 de
2024 de la Corte Constitucional.
Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente se observa
lo siguiente:
• El accionante manifestó que el día 5 de enero de 2024, elevó petición por
correo electrónico6 al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de
solicitar su tarjeta profesional de abogado.
• Sin embargo, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, indicó que se verificó
que la solicitud del peticionario fue realizada el 14 de mayo de 2024 y
que esa entidad procedió a responderla el día 30 de mayo de 2024,
cuando aún estaba dentro del término para contestarla, toda vez que
el plazo final para ello se le vencía del día 5 de junio de 2024.
• Asimismo, la accionada reveló que luego de la decisión de la Corte
Constitucional7 en casos como el del actor, el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante comunicado del 21 de mayo de 2024, notificó que,
para la expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva, conforme
6 csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co.
7 Corte Constitucional Sentencia de Unificación 128 de 18 de abril de 2024
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con la mencionada providencia, los abogados deben cumplir con el
trámite y requisitos previstos en el artículo 6 del Acuerdo PCSJA24-
12162 del 9 de abril de 2024 y que de dicha situación se le informó al
peticionario el día 22 de mayo de 2024.
• La accionada declaró igualmente, que el 24 mayo de 2024 se le notificó la
Resolución No. URNAR24-858 en la cual, en anexo adjunto, se le
indicaba que era uno de los abogados amparados por la sentencia de
unificación precitada y que solo necesitaba cumplir con lo
establecido en el artículo 6 del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril
de 2024 para proceder a la expedición de su nueva tarjeta profesional
definitiva, con núm. 421.440.
Así las cosas, la Subsección colige que, con la respuesta de fondo a la petición
realizada por el accionante, la situación que dio origen a la presente acción
constitucional ha sido superada y que ya está en cabeza del accionante el deber
de cumplir con lo establecido en la resolución antes indicada para que el trámite
finalice como corresponde.
Es importante resaltar que la carencia actual de objeto por hecho superado puede
presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho
desaparece, situación en la cual, cualquier medida que adopte el juez de tutela
carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica que proferir una orden
frente a una circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes
a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de
la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que
considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus
acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto
8 Consejo Superior de la Judicatura, Resolución del 23 de mayo 2024.
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resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción»9.
Lo anterior bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las pruebas
aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho generador
de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún vulnerado o no
totalmente agotado a la luz de las garantías constitucionales, de acuerdo con la
interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto
y su «posible superación».
Teniendo en cuenta entonces que se ha demostrado que se dio respuesta
efectiva al peticionario, cualquier decisión que esta Sala de Decisión dicte
resultaría inane, toda vez que se evidenció que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura ya gestionó la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Con relación a la presunta violación a los demás derechos fundamentales
invocados de igualdad, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad y
debido proceso, se evidencia que no fue probada esa vulneración por parte del
actor.
Se advierte entonces que, con la respuesta del 24 de mayo de 2024, la entidad
accionada ya cumplió con su deber legal, por lo que hay lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que la
circunstancia que reportaba la conculcación del derecho ya ha desaparecido, por
lo que las medidas que podría adoptar el juez de tutela carecerían de efecto.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en
los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza
o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado
y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y
9 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»6.
En conclusión, en el presente asunto se configura una situación en la cual el
amparo constitucional sería ineficaz, razón por la que esta Sala de Subsección
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
presentada por el señor Julio Fernando Castro Alfonso contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela presentada por el señor Julio Fernando Castro Alfonso contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en el tiempo oportuno,
remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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