RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02657-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02657-00

Fecha
26 de junio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02657-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho de petición del señor Juan Gabriel León Hernández, por las razones expuestas en esta providencia. 2. En consecuencia, ordenar a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, den respuesta de fondo a la petición del 6 de mayo de 2024 formulada por el señor Juan Gabriel León Hernández, relativa a las propuestas de modificación al desfile del 20 de julio; y para que la notifiquen al interesado en el mismo término. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00 Demandante: Juan Gabriel León Hernández 4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02657-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante JUAN GABRIEL LEÓN HERNÁNDEZ
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Núcleo esencial
del derecho. Remisión de la petición por competencia. Requisitos
sentencia C-951 de 2014.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Gabriel León Hernández de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de mayo de 20241, el señor Juan Gabriel León Hernández interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, por considerar
vulnerado su derecho fundamental a la petición.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
“Primero: Solicito muy respetuosamente a ese honorable despacho, para que se tutele el
derecho el DERECHO DE PETICION del accionante.
Segundo: Solicito muy respetuosamente a ese honorable despacho, para que se ordene al
Grupo de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, para que este direccione la
petición presentada con fecha 06 de mayo del año en curso, al despacho del señor presidente
de la república GUSTAVO PETRO URREGO.
Tercero: Solicito muy respetuosamente a ese honorable despacho, para que tenga a bien
ordenar que la respuesta al derecho de petición radicado con fecha 06 de mayo del año en
curso, sea atendido y resuelto por el titular, el señor Presidente GUSTAVO PETRO URREGO,
en su defecto sea atendido por la señora Vicepresidenta, o el Ministro de Cultura, quienes
considero que si tienen conexidad con las propuestas inmersas en la petición”.

2. Hechos

2.1. El 6 de mayo de 2024, el señor Juan Gabriel León Hernández presentó una
solicitud ante la Presidencia de la República en la que formuló “propuestas para
que fueran evaluadas directamente por el Señor Presidente de la República, y que
también fueran estudiadas y analizadas por el Ministerio de Cultura, la

1 Índice 2 en Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

Vicepresidencia de la República y el Ministerio de la igualdad y equidad”
relacionadas con el desfile del 20 de julio.

2.2. El actor sostuvo que mediante oficio 2400094746 / GFPU 13150001 el Grupo
de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República expidió respuesta a
la petición en los siguientes términos:
“Respetado Señor León:
En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial saludo. En atención a su
comunicación radicada en esta entidad, en la que solicita:
(...)solicita algunos cambios en el modelo ambiguo y retrógrado del desfile del 20 de julio, ya
que, por muchos siglos, esta celebración se viene festejando simplemente con el hecho de
demostrar el poderío militar, dejando atrás el verdadero sentir del pueblo (...)”.
En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su comunicación en los
siguientes términos:
I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden los
ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las
sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los
temas como los que usted menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo“ , modificado por la Ley 1755 de
2015, se ha dado traslado a su comunicación al Ministerio de Defensa Nacional, entidad(es)
legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar las
acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes”.

2.3. Mediante oficio OFI24-00094749 / GFPU 13150001 de 19 de mayo de 2024,
la Presidencia de la República remitió la petición al coordinador del Grupo de
Atención y Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Fundamentos de la acción

El accionante indicó que la Corte Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia
que para la satisfacción del derecho de petición la respuesta debe ser (i) oportuna,
(ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Sostuvo
que si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

Consideró que el Grupo de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República
en el oficio remitido no cumplió con los requisitos establecidos y en consecuencia
vulneró su derecho fundamental de petición.

Afirmó que la petición incoada no se direccionó por los canales establecidos a la
persona a la cual estaba dirigida y quien debía brindar la respuesta, ya que fue
respondida por funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano de la Presidencia
de la República y no directamente por el Presidente de la República, pese a que fue
a este último fue a quien se le dirigió la petición.

Manifestó que era un error remitir la petición al Ministerio de Defensa Nacional,
puesto que la misma hace referencia a cambios al modelo que ha establecido dicha
autoridad durante décadas para el desfile del 20 de julio. De manera que el
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

Ministerio de Defensa Nacional es “la entidad que menos interés tendría en realizar alguna
modificación de las propuestas presentadas a la presidencia de la república”. Finalmente,
indicó que las autoridades que debían evaluar las propuestas enviadas eran la
Presidencia de la República, la Vicepresidencia, el Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 30 de mayo de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Gabriel León Hernández contra la Presidencia
de la República; se ordenó vincular como terceros con interés a la
Vicepresidencia de la República, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, al Ministerio de la Igualdad y Equidad y al Ministerio de Defensa
Nacional; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Ministerio de la Igualdad y Equidad solicitó su desvinculación del proceso,
argumentando que los hechos expuestos no están dentro de su competencia.
Según el Ministerio, el escrito de tutela contiene solicitudes que no
corresponden a sus funciones establecidas en la Ley 2281 de 2023 y el
Decreto 1075 de 2023. La pretensión de la tutela es que la petición presentada
se dirija al presidente Gustavo Petro Urrego, o en su defecto, a la
vicepresidenta o al ministro de Cultura, quienes a su juicio tienen conexidad
con las propuestas inmersas en la petición.

Por lo anterior consideró que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad no está
legitimado en la causa por pasiva, ya que no ha causado, ni por acción ni por
omisión, la presunta vulneración de los derechos del accionante.

También aseguró que el accionante no cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que no agotó todos los mecanismos de defensa judicial
disponibles antes de recurrir a la tutela. El Ministerio destacó que no ha
recibido ninguna solicitud relacionada con los hechos que motivan la acción
de tutela, por lo que no tiene responsabilidad alguna en la presunta vulneración
de derechos fundamentales.

Finalmente, el Ministerio de Igualdad y Equidad solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva y proceder a desvincularlo del presente
trámite de tutela, ya que consideró que no existe nexo de causalidad entre los
presuntos derechos fundamentales invocados y esa entidad.

4.3. El Ministerio de las Culturas y los Saberes sostuvo que la petición del
accionante fue dirigida a la Presidencia de la República y que no recibió
comunicación alguna relacionada con dicha petición, por lo cual desconoce su
contenido y las propuestas allí formuladas. Tampoco fue notificado de la
respuesta que el 19 de mayo de 2024 le remitió el coordinador del Grupo de
Atención Ciudadana al señor León Hernández y, por ende, no tiene
conocimiento del contenido de esta.

Por otra parte, informó que no tiene competencia sobre la organización y
administración del desfile del 20 de julio, una de las cuestiones mencionadas
por el accionante en el escrito de tutela y el derecho de petición. Este evento
es liderado por el Ministerio de Defensa, responsable de las Fuerzas Militares
y de la condecoración de la Orden de Boyacá, ya que “acoge a las tres Fuerzas

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

Militares: El Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea”, bajo el mando del
presidente de la República. Por tanto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes no tiene autoridad para realizar cambios en dicho desfile.

Asimismo, afirmó que no ha vulnerado el derecho de petición del accionante y
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en su contra. Manifestó
que para que haya legitimación en la causa por pasiva, debe existir una
relación directa entre el accionante y el accionado, y entre el accionado y el
interés sustancial discutido en el proceso. Aseguró que, en este caso, no existe
tal relación directa ni responsabilidad del Ministerio en la presunta vulneración
de derechos.

Finalmente, adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva , motivo
por el cual solicitó su desvinculación de la tutela, así como la declaratoria de
improcedencia de la acción o negativa al amparo solicitado.

4.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República afirmó
que la petición enviada el 6 de mayo de 2024 fue respondida y se le dio
traslado al Ministerio de Defensa, por lo que se está ante la carencia actual del
objeto por hecho superado.

Aseguró que el accionante está inconforme con dicha remisión “pues él
considera que la entidad competente para conocer del presente problema es el
Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Igualdad”2. También manifestó que el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no es
competente para responder a la petición radicada por el señor Juan Gabriel
León Hernández. Por lo anterior, realizó las siguientes acciones:
● Contestó la petición de radicado EXT24-00073027 a través del OFI24-00108819
/ GFPU 13150001 del 04 de junio de 2024, donde se le informó las remisiones
realizadas por competencia a diferentes autoridades.

● Dio traslado por competencia a la petición del accionante. Esto se hizo bajo el
radicado OFI24-00108856 / GFPU13150001 del 04 de junio de 2024.
Redirigiendo al accionante al Ministerio de la Igualdad.

● Dio traslado por competencia a la petición del accionante. Esto se hizo bajo el
radicado OFI24-00108857 / GFPU13150001 del 04 de junio de 2024.
Redirigiendo al accionante al Ministerio de la Cultura.

Aseguró que no existe una omisión por parte de la Presidencia de la República,
puesto que contestó oportunamente el derecho de petición indicando su falta
de competencia para resolver los requerimientos del accionante y las
remisiones realizadas a las diversas autoridades que pueden dar respuesta a
su solicitud.

Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones respecto de la
Presidencia de la República puesto que dicha autoridad ya contestó la petición
del accionante y la redirigió a las entidades competentes.

2 Samai, índice 10.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

4.5. El Ministerio de Defensa Nacional no allegó contestación a la acción de
tutela en el término otorgado, a pesar de haber sido notificado en debida
forma3.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
las autoridades accionadas vulneraron el derecho de petición del señor Juan Gabriel
León Hernández o si por el contrario tal vulneración es inexistente.

3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición y peticiones ante
autoridades judiciales

3.1. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata
según el artículo 85 de la Carta.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 20115:
“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos”.

3.2. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales

3 En el índice 7 del aplicativo Samai se advierte que el 4 de junio del 2024 la Secretaría General de esta
corporación allegó la notificación del auto admisorio al correo notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co,
que, como consta en la página web del Ministerio de Defensa Nacional, es el indicado para allegar
información relacionada con acciones de tutela a dicha autoridad.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto”.
5 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

como la información, la participación política, la libertad de expresión, la
seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres
los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea
clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la
decisión adoptada se le notifique al peticionario.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo
del derecho de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en
ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que
“existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido.

Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una
cosa es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido 6. Es por tal
motivo que, la resolución de fondo de una petición no tiene que ser en los
términos favorables al solicitante, sino que se conteste de fondo y de manera
clara lo que se está pidiendo.

3.3. En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la
Corte Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con
diligencia para que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que
denota lealtad y publicidad de las actuaciones de la administración y permite
materializar el derecho al debido proceso del administrado, ya que es
condición necesaria para que el interesado ejerza su derecho de defensa y
contradicción.

3.4. De otra parte, conforme al artículo 21 CPACA, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, tratándose de peticiones escritas, como la que ocupa la
atención de la Sala, cuando la autoridad a quien se dirige un derecho de
petición no es la competente para resolverlo, dentro de los 5 días siguientes a
la recepción de la solicitud, deberá remitirla al competente, y enviar copia del
oficio remisorio al peticionario.

Dispone la norma:

“Artículo 21. Funcionario sin competencia. «sustituido. Ley 1755, art. 1º» Si la
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al

6 Sentencia T-063 de 2000
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente”.

Significa que si la autoridad a quien se dirige el derecho de petición resulta no
ser a quien legal y/o reglamentariamente corresponde resolverlo, debe, dentro
del término y ajustado al procedimiento señalado en ese artículo, darle traslado
y ponerlo en conocimiento de quien sí lo es, para que le dé respuesta de fondo
a la respectiva petición.

4. Análisis del caso

4.1. Preliminarmente, se precisa que no se efectuará un análisis frente al Ministerio
de las Culturas y los Saberes ni al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, pues
de entrada se encuentra que la competencia para resolver la petición recae en
la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 4 del Decreto 770 de 1982 (Por el
cual se expide el Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la
República) establece lo siguiente sobre los actos conmemorativos del 20 de
julio:
“Artículo 4º. Actos conmemorativos al 20 de julio: (…)
B. El Ministerio de Defensa Nacional, la Casa Militar de la Presidencia y la Dirección
General del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrán a su cargo la
organización y ejecución de los actos programados. (…)
E. Desfile militar.
1. La organización y ejecución del desfile militar corresponde al Ministerio de Defensa
Nacional. La coordinación con la Casa Militar y la Dirección General del Protocolo del
Ministerio de Relaciones Exteriores para efecto de invitaciones y situación de las tribunas
para los invitados especiales y Cuerpo Diplomático estará a cargo del Oficial que-
Ministerio de Defensa designe para tal fin” (Negrillas propias).

Sin embargo, el artículo 4 del Decreto 770 de 1982 establece que los actos
conmemorativos del 20 de julio están en cabeza, no solo del Ministerio de
Defensa Nacional, sino de la Casa Militar de la Presidencia que, según el
Decreto 1842 de 1931 (Por el cual se reorganiza el ramo de Guerra), esta última es
una “institución dependiente directa y absolutamente del Presidente de la República
y del Ministro de Guerra”7.

4.2. No se desconoce que la Presidencia de la República, autoridad a la cual el
accionante dirigió la petición8, acreditó que mediante oficio 2400094746 /
GFPU 13150001 del 19 de mayo de 2024 dio traslado de la petición al
Ministerio de Defensa Nacional.

7 Decreto 1842 de 1931. Artículo 6º: “El servicio de Edecanes de la Presidencia de la República quedará
constituido como institución dependiente directa y absolutamente del Presidente de la República y del
Ministro de Guerra, con la denominación Casa Militar de la Presidencia de la República”.
8 Se precisa que el accionante no aportó el derecho de petición al trámite de tutela. Sin embargo, de los
anexos allegados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se desprende que
el 6 de mayo de 2024 el señor Juan Gabriel León Hernández instauró petición ante tal autoridad, consistente
en lo siguiente:
“(...)solicita algunos cambios en el modelo ambiguo y retrogrado del desfile del 20 de julio, ya que, por
muchos siglos, esta celebración se viene festejado simplemente con el hecho de demostrar el poderío militar,
dejando a tras el verdadero sentir del pueblo (...)”.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

A su vez, se allegó el oficio a través del cual se efectuó el traslado referido,
decisión que le fue notificada al actor como él mismo lo reconoció en el escrito
de tutela. Lo anterior se corrobora con la siguiente imagen:

4.3. Como se indicó en acápite anterior, el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
señala que si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente
para atender lo pretendido, deberá informar al interesado y remitir la solicitud
a la autoridad competente, para lo cual los términos para decidir o responder
se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición.

La Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 2014 efectuó el control de
constitucionalidad previo de la Ley 1755 de 20159, indicando que dicha regla
de remisión cuando el funcionario no tenga competencia para conocer la
petición (artículo 21), resulta acorde con el artículo 209 de la Constitución, así
como con el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública
contemplado en el artículo 6 de la Constitución Política, debido a que consagra
que la autoridad que no tenga competencia para resolver una petición, deberá
manifestarlo así al interesado. No obstante, también advirtió que la remisión
debe ser oportuna y lo suficientemente motivada en aras de evitar dilaciones
injustificadas. En palabras de la Corte:
“(...) para evitar dilaciones injustificadas y así garantizar de forma sustancial una pronta
respuesta a la petición incoada, debe entenderse que la obligación de informar
(“informará”) al peticionario no se agota con la mera manifestación de que no se es
competente, y de que otra autoridad lo es. Esta información deberá estar motivada, de

9 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

modo que la respuesta que en este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por qué no
es competente la autoridad ante la que se presenta la petición; y ii) por qué es
competente la autoridad a la que se remite la misma.
De esta forma se asegura que, en este punto, la decisión de la administración resulte
transparente y de fondo para el peticionario. Así es que la Corte ha concluido que se garantiza
en debida forma un trámite dinámico del derecho de petición. En este sentido, la Sentencia T-
564 de 2002, reiterando lo anteriormente concluido por la jurisprudencia constitucional,
manifestó: ‘Sobre el particular, también la sentencia T-575 de 1994, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, señaló lo siguiente en un caso similar al que es objeto de la
presente decisión:
‘Es claro que, en el marco del Estado de Derecho, cuando el peticionario ha presentado la
solicitud ante funcionario incompetente, la contestación de este no puede consistir sino en la
expresión oportuna de que le es imposible resolver, procediendo, por tanto, a dar traslado a
quien corresponda la competencia. De todas maneras, para cumplir en estos casos con el
mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el expresado sentido; se violaría el
derecho si, basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o, aun
remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al peticionario.’”
Lo que fue reafirmado por la Sentencia T-371 de 2003, en la que se concluyó: ‘[e]n estas
circunstancias resulta probado el hecho de que la satisfacción a la solicitud del accionante
escapa a la competencia del juzgado requerido, pero ello no lo liberaba de emitir una respuesta
formal explicando al solicitante el trámite dado a la solicitud, de manera que, no obstante el
proceder fue diligente, incurrió en la vulneración del derecho de petición al no explicar al
peticionario esta circunstancia, tal como se ha exigido de manera reiterada por la
jurisprudencia de esta Corporación en situaciones similares’” (Negrillas de la Sala).

Por lo anterior, la Corte concluyó que el deber contenido en el artículo 21 de
la Ley 1755 de 2015, de informar “sobre la incompetencia de la autoridad ante la que
se presentó la petición, y la remisión a la que se considera con competencia, acoge los
parámetros previstos por la jurisprudencia constitucional, por lo que se encuentra
acorde con el contenido establecido para el derecho de petición, siempre y cuando se
entienda que estas decisiones deberán ser motivadas” (Negrillas de la Sala).

En este orden de ideas, es claro que el marco de protección del derecho
fundamental de petición está presente incluso cuando la solicitud se interpone
ante un funcionario que no tenga competencia para resolverla, el cual, si bien
no está en obligación de proferir respuesta de fondo, debe informarle al
peticionario, con motivación suficiente, por qué no es competente y por qué si
lo es la autoridad a la que se remite.

Dicha obligación no se agota con la simple afirmación de que no se es
competente. Lo que quiere decir, que no basta con remitir la petición a
cualquier autoridad, sino que se requiere (i) un deber de motivación de tal
manera que se indique al peticionario por qué no cuenta con competencia para
absolver lo pretendido, (ii) el fundamento por el cual considera que la autoridad
a la que remite la solicitud es la facultada para responder lo pedido, así como,
(iii) informar al interesado del estado de la petición -remisión-, para que se
garantice una pronta resolución sin dilaciones injustificadas.

4.4. De este modo, la Sala encuentra que la respuesta dispensada al accionante
mediante oficio 2400094746 / GFPU 13150001 del 19 de mayo de 2024, en la
que informó que remitiría su petición al Ministerio de Defensa Nacional, carece
de motivación en los términos precisados por la sentencia C-951 de 2014,
como elemento que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental
de petición cuando la solicitud se remite por competencia, pues se considera
que la Presidencia de la República sí es competente para dar respuesta de
fondo a la solicitud del actor, con fundamento en la competencia dispuesta en
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

el Decreto 770 de 1982. Por consiguiente, se encuentra que tal autoridad
vulneró el derecho fundamental de petición del accionante al no haber
proferido respuesta de fondo, pese a contar con competencia frente al objeto
de la petición.

4.5. Asimismo, la Sala considera que el Ministerio de Defensa Nacional vulneró el
derecho de petición, al no dar respuesta de fondo a la solicitud del 6 de mayo
de 2024, presentada por el señor Juan Gabriel León Hernández, y remitida por
la Presidencia de la República a dicho Ministerio. Este último no allegó
contestación en el presente proceso. En consecuencia, no ha probado que le
haya dado una respuesta de fondo al derecho de petición radicado por el
accionante.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 770 de 1982, el Ministerio de
Defensa Nacional, junto con la Casa Militar de la Presidencia, son las
autoridades encargadas de la organización y ejecución de los actos
conmemorativos del 20 de julio y de la organización y ejecución del desfile del
20 de julio; y por tanto, son las autoridades llamadas (de manera concurrente) a
dar respuesta a la petición formulada por el accionante

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el caso la Presidencia
de la República y el Ministerio de Defensa Nacional violaron el derecho de
petición del tutelante, puesto que, siendo de su competencia, no allegaron
ninguna prueba de que le hayan dado al actor una respuesta de fondo y
congruente con lo solicitado.

5. Conclusión

En consecuencia, se amparará el derecho de petición del tutelante y se le ordenará
a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional dar respuesta
de fondo a lo solicitado, lo cual implica evaluar las propuestas realizadas por el
accionante sobre el desfile del 20 de julio. Tal conclusión obedece a que existe una
competencia concurrente entre esas dos autoridades para responder la solicitud del
actor, conforme lo establece el Decreto 770 de 1982.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho de petición del señor Juan Gabriel León Hernández, por
las razones expuestas en esta providencia.

2. En consecuencia, ordenar a la Presidencia de la República y al Ministerio de
Defensa Nacional que, dentro del término de tres (3) días siguientes a la
notificación de esta providencia, den respuesta de fondo a la petición del 6 de
mayo de 2024 formulada por el señor Juan Gabriel León Hernández, relativa
a las propuestas de modificación al desfile del 20 de julio; y para que la
notifiquen al interesado en el mismo término.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02657-00
Demandante: Juan Gabriel León Hernández

4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.