Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02680-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02680-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02680-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02680-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
Demandados: Unidad de Administración de Carrera Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura y otro1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 27 de junio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, porque, a
su juicio, al negar su solicitud de traslado para ocupar el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador del Circuito en dicho Juzgado, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] El 30 de junio de 2022, me posesioné en carrera en la Rama
Judicial en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Circuito en el Juzgado
Segundo de Familia del Circuito de Pasto. […]”.
4. Manifestó que, “[…] En el mes de noviembre de 2023, se publicó la vacante
para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Circuito en el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Popayán, y el 8 del mismo mes y año, esto es, dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del mencionado mes, solicité traslado […]”.
5. Adujo que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante Oficio
núm. CJO23-7398 de 11 de diciembre de 2023, rindió concepto desfavorable frente
a la solicitud de traslado mencionada supra.
6. Señaló que, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra
la decisión mencionada anteriormente, frente a lo cual, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, mediante Resolución núm. CJR24-0160 de 21 de mayo de
20242, resolvió:
2 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”
3
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
“[…] ARTÍCULO 1.º NO REPONER el concepto desfavorable de traslado como
servidor de carrera emitido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
mediante oficio CJO23-7398 de 11 de diciembre de 2023, a la solicitud de traslado
presentada por ASTRID JHOANA MALUA TORO, […], Oficial mayor o sustanciador
del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto (Nariño), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta resolución. […]”.
6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Como se puede apreciar, la tabla de afinidades no contempla como símiles, para
traslado oficial mayor o sustanciador de un Juzgado de Familia, que conoce la
especialidad familia al cargo de oficial mayor en un Juzgado Laboral del Circuito, que
pertenece a la especialidad laboral.
Conforme a lo expuesto, el recurrente no cumple con el requisito de afinidad
establecido en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 para que proceda el traslado,
exigencia que de manera explícita fue consagrada por el legislador, al señalar que,
se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado de
carrera que ocupa en propiedad a otro de funciones afines, de la misma categoría y
para el cual se exijan los mismos requisitos. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales a la, IGUALDAD,
CONFIANZA LEGÍTIMA, DEBIDO PROCESO, BUENA FE y de CARRERA.
SEGUNDA: DEJAR sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales se
me denegó el concepto favorable de traslado.
TERCERA: ORDENAR al UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, emitir un nuevo acto
administrativo en el que se me brinde concepto favorable de traslado en razón a la
afinidad de mi experiencia profesional con la especialidad del Despacho Judicial al
que solicité traslado.
IV. PETICIONES SUBSIDIARIAS
De no acogerse las pretensiones principales, solicito se amparen mis derechos
fundamentales y como consecuencia de ello, se deje sin efectos los actos
administrativos por medio de los cuales se me denegó el concepto favorable de
traslado, para en su lugar, ORDENAR UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CARRERA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que en el
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un nuevo concepto, en el que tenga en cuenta y haga un análisis
del mi perfil profesional y experiencia, sin que la especialidad del Juzgado en el que
me encuentro posesionada en propiedad, sea un motivo suficiente y definitivo para
la negativa del mismo. Advirtiendo que, mientras se surte la aludida actuación, queda
4
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
suspendido el trámite de la provisión en propiedad del cargo del OFICIAL MAYOR O
SUSTANCIADOR del JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN. […]”.
8. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:
“[…] Cabe resaltar que, frente a la experiencia de cerca de 7 años en la Especialidad
Laboral, tan solo estuve ocupando mi cargo en propiedad en el Juzgado de Familia,
por un (1) mes, desde el 30 de junio de 2022, hasta el 31 de julio del mismo año, por
lo que mi mayor experiencia como profesional del derecho se ha gestado en el área
laboral y de la seguridad social, a la que pretendo se emita concepto favorable de
traslado. […]”.
[…]
“[…] Lo anterior, da cuenta que en los casos en los que la experiencia del solicitante
concuerda con la especialidad del Juzgado a la que ha solicitado traslado, es
procedente el estudio del mismo teniendo en cuenta el perfil profesional del solicitante,
sin que la especialidad del Juzgado en que se encuentra posesionada en propiedad,
sea un motivo suficiente y definitivo para la negativa del mismo. Precedente que debe
aplicarse en igualdad de condiciones con la suscrita.
11. Finalmente, habiendo agotado la vía administrativa y no teniendo otro mecanismo
judicial idóneo para evitar la vulneración de mis derechos fundamentales, acudo a la
acción de tutela para la protección de los derechos fundamentas (sic) ya señalados.
Advierto que, si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuenta con un régimen de medidas cautelares. Lo cierto es que, en el presente caso,
este medio no es idóneo o efectivo, pues mientras se espera a que exista una decisión
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, inclusive solicitando medida cautelar de
suspensión, puede configurarse un perjuicio irremediable en mi contra, el que se
traduciría en que se provea de manera definitiva la vacante a cuyo traslado aspiro, y
pierda definitivamente mi posibilidad de traslado, configurándose un daño consumado
que no podría revertirse. Circunstancias estas, que tornan procedente la presente
acción de amparo, pues el medio de control de nulidad, inclusive, con las medidas
cautelares que pueden solicitarse, deviene ineficaz para la protección de mis derechos
fundamentales. […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 4 de junio de 2024; i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán;
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
10. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 13 de junio de 2024, negó la medida provisional solicitada por la
actora.
Intervenciones de la parte demandada
11. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán rindió informe en los
siguientes términos: “[…] Comedidamente y de manera muy respetuosa, me permito
informar que, la vacancia del cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de este
Juzgado, fue comunicada al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca en su
debida oportunidad, que hasta el momento no se nos ha comunicado lista de
elegibles ni otra decisión al respecto. […]”.
12. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó negar la solicitud de tutela, por las siguientes razones:
“[…] • El concepto desfavorable de traslado emitido mediante el Oficio CJO23-7398
de 11 de diciembre de 2023 y confirmado mediante la Resolución CJR24-0160 de
21 de mayo de 2024, se expidió con fundamentó en las normas de carácter legal y
reglamentario, así como la jurisprudencia aquí mencionada, que rige la materia.
• La exigencia de que el cargo de origen y destino respondan a la misma
especialidad, hace parte de la afinidad funcional que exige el artículo 134 de la Ley
270 de 1996.
• Para efectos de traslados el requisito de afinidad se examina desde el cargo en el
cual se encuentra escalafonada la servidora judicial (juzgado de familia) y desde éste
se define la afinidad de los cargos a los cuales puede aspirar a obtener un traslado.
• Los actos administrativos aquí cuestionados, no son objeto de ser resueltos en
sede de tutela, sino, a través del medio de control previsto en el C.P.A.C.A.
• No existe vulneración de los derechos invocados ni la demostración de perjuicio
irremediable. […]”.
La sentencia impugnada
13. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 27 de junio de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por la
señora Astrid Jhoana Malua Toro Carmona contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el Juzgado Primero
Laboral del Circuito Judicial de Popayán. […]”.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Acogiendo el criterio de esta Sala expuesto en líneas precedentes, se advierte
que la solicitud de amparo de la referencia es improcedente, debido a que la actora
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir los actos que considera vulneradores de sus garantías constitucionales;
marco en el cual, a efectos de evitar la consumación o agravación del daño que
alega, puede solicitar que se decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran
reguladas en los artículos 229 a 241 CPACA.
En efecto, ante la posible afectación de otros derechos o la urgencia de la protección
deprecada, actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la existencia de medidas
preliminares en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en evidencia que dicho
medio es eficaz e idóneo para lograr una tutela judicial efectiva, tornando innecesaria
la intervención del juez constitucional para la protección transitoria de los derechos
fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco resulta procedente
cuando se están reclamando derechos de carácter económico, pues una
interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento
para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría este
mecanismo que es eminentemente protector de derechos fundamentales. […]”.
[…]
“[…] Por ello, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de
tutela como mecanismo transitorio, toda vez que de los documentos obrantes en el
expediente de la referencia y de lo relatado por la accionante, no se advierte la
existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con inminencia y de manera
grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida impostergable
por parte de esta judicatura para neutralizar dicha afectación. […]”.
La impugnación
14. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado por las siguientes razones:
“[…] Adicionalmente y para el estudio de fondo que realice la autoridad judicial que
adelante el estudio de la impugnación, le solicito respetuosamente, tenga en cuenta
la sentencia de tutela con radicación No. 11001-03-15-000-2019-02714-00(AC),
Consejero ponente JORGE OCTAVIO RAMÍREZ, en la que al estudiar un caso
similar al que concita mi solicitud de traslado y resolvió: […]”.
[…]
“[…] Así mismo, tenga en cuenta la sentencia emitida por el H. CONSEJO DE
ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, dentro del proceso No. 11001- 03-15-000-2023-
07494-0, en el que al estudiar un asunto de idénticos contornos al que se decide en
su honorable despacho, el 18 de abril de 2024, resolvió: […]”.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
[…]
“[…] Conforme con el precedente citado en antelación, encarecidamente solicito se
revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones
de la acción de tutela, teniendo en cuenta para ello que, frente a la experiencia de
cerca de 7 años en la Especialidad Laboral, tan solo estuve ocupando mi cargo en
propiedad en el Juzgado de Familia, por un (1) mes, desde el 30 de junio de 2022,
hasta el 31 de julio del mismo año, por lo que mi mayor experiencia como profesional
del derecho se ha gestado en el área laboral y de la seguridad social, a la que
pretendo se emita concepto favorable de traslado.
Circunstancia que se atempera con los precedentes arriba citados, en los que se da
cuenta que, en los casos en los que la experiencia del solicitante concuerda con la
especialidad del Juzgado a la que ha solicitado traslado, es procedente el estudio
del mismo teniendo en cuenta el perfil profesional del solicitante, sin que la
especialidad del Juzgado en que se encuentra posesionada en propiedad, sea un
motivo suficiente y definitivo para la negativa del mismo. Precedente que debe
aplicarse en igualdad de condiciones con la suscrita. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
Problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia, y de ser así, ii) establecer si la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Popayán, al negarle a la actora la solicitud de traslado para ocupar el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Circuito en el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Popayán, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
18. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso,
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en
el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
19. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad6
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
20. En ese sentido, la jurisprudencia7 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
6 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
21. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 20038, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).
22. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
8 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
23. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
24. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
25. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
9 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
11
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
26. Atendiendo a que la Corte Constitucional10 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
Análisis del caso en concreto
27. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, porque, a su
juicio, al negar su solicitud de traslado para ocupar el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador del Circuito en dicho Juzgado, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
28. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
10 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
29. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
30. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
30.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
30.2. Informes rendidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Popayán, con sus anexos.
Solución del caso concreto
31. En el caso sub examine, la actora afirma que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con
ocasión de los actos administrativos contenidos en el Oficio núm. CJO23-7398 de 11
de diciembre de 202311 y la Resolución núm. CJR24-0160 de 21 de mayo de 202412,
expedidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
32. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
11 CONCEPTO DESFAVORABLE DE TRASLADO COMO SERVIDORA DE CARRERA (Artículos 134 numeral
3 Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 12, 13, 17 y ss. del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017).
Radicado EXTCSJ23-7944 - EXTCSJ23-7893 - CSJCAUOP23-1826 - EXTCSJ23-8231 de noviembre de 2023.
12 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”
13
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
referidos por la actora, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
33. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que la actora considera le han
sido vulnerados.
34. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, esto es, el
Oficio núm. CJO23-7398 de 11 de diciembre de 2023 y la Resolución núm. CJR24-
0160 de 21 de mayo de 2024, expedidas por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, el legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
35. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
36. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que la pretensión de la
actora relacionada con “[…] DEJAR sin efectos los actos administrativos por medio
de los cuales se me denegó el concepto favorable de traslado. […]”, debe analizarse
por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera
que es el encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos expedidos,
en este caso, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial13.
37. Al respecto, en casos similares, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
13 Resoluciones suscritas por la Directora de dicha Unidad.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
37.1. En sentencia de 8 de octubre de 202114, la Subsección C de la Sección
Tercera indicó que:
“[…] La Sala observa que los argumentos de la tutelante se contraen a afirmar la
violación de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas,
a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la
igualdad y los beneficios que tienen los empleados que pertenecen al régimen de
carrera administrativa respecto al mérito, traslado y ascenso, por haber negado la
solicitud de traslado.
Tal y como el juez de tutela de primera instancia lo precisó, la señora Luz Stella Arias
cuenta con un mecanismo judicial ordinario para procurar la defensa de los derechos
fundamentales, que considera vulnerados con los actos administrativos, Oficio
CJO21-1596 del 28 de abril de 2021 y la Resolución CJR21-0203 del 27 de mayo de
2021, que le resolvieron de manera desfavorable la petición de traslado. Mecanismo
que no es otro que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que resulta posible controvertir la constitucionalidad de un acto
particular, como el del sub lite, conforme lo establece el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 y en el que es posible solicitar el decreto y práctica de las medidas
cautelares que se consideren procedente y pertinentes, incluso las de urgencia,
en procura de la protección de los derechos que estima desconocidos. La aquí
accionante dirige sus inconformidades contra las determinaciones proferidas en sede
administrativa que dieron por terminada dicha etapa. Reproches que son propios
de llevar y discutir al juez de legalidad del acto administrativo y no al juez de
tutela.
Ahora bien, como la Sala explicará a continuación, las razones expuestas por la parte
accionante no se ubican en los escenarios excepcionales para pasar por alto los
instrumentos jurídicos previstos en el ordenamiento; y así acudir directamente a
la intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la Sala)
37.2. En sentencia de 26 de agosto de 202115, la Sección Quinta indicó que:
“[…] Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora atacan
directamente las decisiones contenidas en los oficios Nos. CJ021-693 y CJ021-678
proferidos por la Unidad de Adminitración (sic) de la Carrera Judicial, así como la
Resolución CJR21-0126 del 6 de abril de 2021 dictada por el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de las cuales se le negó su solicitud de traslado del Distrito
Judicial de Pasto al de Cali, las cuales gozan de presunción legalidad y, por lo
tanto, como se indicó el marco teórico anteriormente expuesto, los reparos deben
ser controvertidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de
los medios de control contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez
natural de la causa se pronuncie al respecto.
Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
[…]
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia
de 8 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-01, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02575-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
“[…] Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de la
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien se sabe que en el contexto de los
procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas
cautelares para la protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el
paso del tiempo, facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de oficio
al juez administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)
37.3. En sentencia de 15 de julio de 202116, la Sección Primera sostuvo que:
“[…] 24. Como se enunció previamente, la acción de tutela resulta improcedente
cuando pretende controvertir la legalidad de los actos administrativos de
contenido particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de
defensa ordinario como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la
suspensión de los actos de la administración que lesionan el ordenamiento jurídico
y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
25. En este sentido resulta pertinente resaltar que a la luz del artículo 43 de Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la
jurisprudencia de esta Sección, son susceptibles de control jurisdiccional los actos
definitivos, esto es, aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».
26. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que los actos
administrativos enjuiciados en el sub lite -mediante los cuales se emitió un
concepto desfavorable a la solicitud de traslado elevada por la accionante- son
susceptibles de control jurisdiccional, ya que este tipo de decisiones se
enmarcan en la categoría de los actos definitivos, en tanto que resuelven el fondo
del asunto.
27. Significa lo anterior que la señora Luz Stella Arias Pérez cuenta con un medio
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de
los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares […]”. (Resaltado por la Sala)
38. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores17
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
39. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia18, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
40. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección19 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
41. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
42. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional20:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
18 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
19 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
43. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
44. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
27 de junio de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 27 de junio de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202402680-01
Actora: Astrid Jhoana Malua Toro
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.