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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02691-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02691-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las solicitudes de desvinculación del Ministerio del Deporte y del departamento de Santander de este trámite constitucional, conforme a lo indicado en la motivación. 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros. En consecuencia, se dispone: 3. Dejar sin efectos el auto de 2 de junio de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 4 de Decisión, que denegó la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda de reparación directa 13001-23- 31-000-2006-00704-00 frente a la Unión Panamericana de Judo. 4. Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 4 de Decisión, que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten una providencia de reemplazo en la que acepte el desistimiento parcial de la demanda respecto de la Unión Panamericana de Judo en el expediente 13001-23-31-000- 2006-00704-00, en atención a las consideraciones expuestas en esta providencia. 5. Instar a las autoridades accionadas a que adelanten de manera expedita las demás actuaciones pendientes dentro proceso de reparación directa 13001-23-31-000- 2006-00704-00, en razón al tiempo desproporcionado que ha transcurrido desde que inició y a la condición de persona en condición de discapacidad de Jorge Alberto Bermeo Jácome. 6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-02691-00 Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros 8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02691-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

4 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02691-00
Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02691-00
Demandantes: JORGE ALBERTO BERMEO JÁCOME Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Tema: Contra auto que negó el desistimiento de la demanda frente a uno
de los demandados en proceso de reparación directa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jorge Alberto Bermeo Jácome y
otros contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de mayo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros pidieron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración de las aludidas garantías superiores se
presenta con ocasión del auto de 2 de junio de 2023, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar revocó el proveído de 12 de abril de 2021, con el que el
magistrado sustanciador del proceso de reparación directa 13001-23-31-000-2006-
00704-00 aceptó el desistimiento de las pretensiones frente a la Unión Panamericana
de Judo para, en su lugar, denegarlo.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Bolívar ha incurrido en la violación del derecho
fundamental de JORGE ALBERTO BERBEO JÁCOME, CÉSAR AUGUSTO BERBEO URIBE,
MILADY JÁCOME FARELO, CÉSAR AUGUSTO BERBEO JÁCOME, ESTHEFANNY KATHERINE
BERBEO JÁCOME y VLADIMIR BERBEO JÁCOME a una pronta y debida justicia por el largo
tiempo transcurrido (18 años) desde que presentaron demanda de reparación directa ante ese
Tribunal por los daños y perjuicios derivados del accidente deportivo sufrido por JORGE ALBERTO
BERBEO JÁCOME hace 20 años, esto es, el día 22 de mayo de 2004, en hechos acaecidos durante
la celebración del Campeonato Nacional e Internacional de Judo que se llevaba a cabo en Cartagena
y a raíz del cual el deportista quedó cuadripléjico por fractura de su columna vertebral, sin que hasta
la presentación de esta tutela se haya cumplido siquiera con la fijación del negocio en lista.

DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del auto proferido por el señor
Magistrado Ponente el día 12 de abril de 2021 y del auto proferido por la Sala de Súplica el día 2 de
junio de 2023, ha incurrido en los defectos invocados en la demanda de tutela y consiguientemente
también bajo este respecto les han sido violados a los accionantes sus derechos fundamentales por
incurrirse en exceso ritual manifiesto y defecto sustantivo.

1 Índice 1 de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02691-00
Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

ORDENARLE al Tribunal Administrativo de Bolívar que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la sentencia que concede el amparo constitucional proceda a la
aceptación del desistimiento que los accionantes hicieron de su demanda respecto de la UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO y a la fijación consiguiente de su negocio en lista, bajo el entendido de
que por haber las entidades demandadas contestado ya la demanda, solamente la parte
demandante, si a bien lo tiene, podrá reformar la misma a efecto de incluir las nuevas pruebas
testimoniales que dice haber conseguido.

ORDENARLE al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dado el largo tiempo transcurrido hasta
ahora desde la admisión de la demanda (más de quince años) sin que el proceso haya tenido avance
efectivo alguno hacia su normal desarrollo y pronta terminación, le dé PRIORIDAD, de modo que se
agilicen al máximo sus trámites con miras a una pronta definición del litigio.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en estas diligencias, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

El 12 de mayo de 2004 el entonces menor Jorge Alberto Bermeo Jácome asistió en
representación del departamento de Santander a la Copa Internacional de Judo
realizada en Cartagena, donde el 22 de los mismos mes y año quedó cuadripléjico
tras sufrir un accidente durante una competición.

El 17 de mayo de 2006 los tutelantes promovieron acción de reparación directa (a la
que se le asignó el número de radicación 13001-23-31-000-2006-00704-00) contra el
departamento de Santander, el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de
Santander (Indersantander), el entonces Instituto Colombiano del Deporte
(Coldeportes), la Federación Colombiana de Judo y la Unión Panamericana de Judo,
con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables de las
lesiones sufridas por Jorge Alberto Bermeo Jácome y se les ordenara indemnizarles
los correspondientes perjuicios, toda vez que el menor participó en la competencia de
Judo sin el consentimiento de sus padres, lo que, a su juicio, comportaba una falla del
servicio.

El 22 de mayo de 2008 el Tribunal Administrativo de Bolívar inadmitió la demanda
porque no se había determinado en debida forma la cuantía, aspecto que subsanaron
oportunamente los demandantes, por lo que el 16 de octubre de ese año la referida
corporación la admitió y ordenó la notificación personal de los demandados. Para
comunicar a la Unión Panamericana de Judo, con sede en República Dominicana,
dispuso exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través del
consulado de Colombia surtiera la respectiva actuación.

El 12 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó notificar por aviso
al representante legal de la Unión Panamericana de Judo, comoquiera que no había
sido posible comunicarle de manera personal el auto admisorio de la demanda, pero
ese trámite tampoco se surtió porque el consulado de Colombia en República
Dominicana «devolvió las actuaciones».

El 29 de marzo de 2012 el apoderado de los demandantes desistió de la demanda
frente a la Federación Colombiana de Judo y la Unión Panamericana de Judo, porque
no había sido posible notificar el auto admisorio, pese a los múltiples intentos, petición
que el 16 de abril de 2013 negó el magistrado sustanciador, al estimar que dentro de
las facultades concedidas en el poder especial no estaba la de desistir.

Por auto del 18 de abril de 2016 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó librar
«carta rogatoria», con el propósito de notificar de las diligencias a la Unión
Panamericana de Judo, dado que ello no había sido posible, para lo cual se debían
atender las exigencias señaladas en la Ley 1073 de 2006 y el « Convenio Sobre la
Notificación o Traslado en el Extranjero de los Documentos Judiciales y Extrajudiciales en
Materia Civil y Comercial», lo que fue reiterado el 28 de julio de 2017.
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Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

El 28 de septiembre de 2020 el apoderado de los actores pidió suspender la
notificación a la Unión Panamericana de Judo, comoquiera que iba a presentar
reforma a la demanda para excluirla, dado los inconvenientes acaecidos para
convocarla a las diligencias.

El 21 de marzo de 2021 el mencionado profesional del derecho allegó memorial, en el
que indicó que desistía de la demanda respecto de la Unión Panamericana de Judo,
porque habían pasado «largos años» intentando notificar el auto admisorio de la
demanda y no había sido posible, por lo que era procedente fijar en lista el proceso.
Al escrito allegó documento firmando por sus poderdantes, en el que se consignaba
la facultar de desistir.

Mediante auto de 12 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó el
desistimiento parcial de la demanda y ordenó fijar en lista el proceso para que las
entidades demandadas contestaran la demanda, proveído contra el cual la Federación
Colombiana de Judo interpuso recursos de reposición y en subsidio súplica, al estimar
que los actores pretendían cambiar estructuralmente la parte demandada, por lo que
lo precedente era la reforma de la demanda.

Los demandantes también interpusieron recurso de reposición contra el auto de 12 de
abril de 2021, porque no era dable ordenar que las entidades demandadas
contestaran la demanda, dado que ya lo habían hecho.

El 3 de agosto de 2021 el magistrado sustanciador señaló que era improcedente el
recurso de reposición interpuesto por la Federación Colombiana de Judo contra el
auto de 12 de abril de 2021 por tratarse de un auto interlocutorio y, por ende, debía
surtirse el recurso de súplica. También declaró improcedente el recurso presentado
por la parte demandante.

Por auto del 2 de junio de 20232, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 4, decidió el recurso de súplica formulado por la Federación Colombiana de
Judo contra la providencia de 12 de abril de 2021. Revocó la decisión recurrida y
denegó la petición de desistimiento de los accionantes, al considerar que no se
cumplían los presupuestos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
pues los actores no renunciaron a pretensión alguna y emplearon esa figura procesal
para «alterar las partes del proceso», pese a que para ello debían reformar la demanda,
conforme al artículo 89 del CPC.

En esa providencia también se indicó que el recurso de reposición formulado por los
demandantes contra el auto de 12 de abril de 2021 era procedente, porque lo
impugnado por ellos concernía a un aspecto de trámite (fijación del proceso en lista),
por lo que el magistrado sustanciador debía decidirlo.

En cumplimiento de esa orden, el despacho que tramita el proceso de reparación
directa dictó auto el 31 de mayo de 2024 y revocó la orden de fijar en lista el proceso,
en virtud del principio de «lo accesorio sigo la suerte de lo principal», pues esa actuación
procesal quedó sin sustento al negarse el desistimiento.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, los actores expusieron las razones por las que la acción de
tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, alegaron que el auto censurado incurrió en defecto
procedimental absoluto (aunque lo propuso como defecto sustantivo), porque en
este las autoridades accionadas realizaron una interpretación inadecuada del artículo

2 Notificado por estado fijado el 28 de noviembre de 2023.

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342 del CPC, pues fijaron requisitos no contemplados como el que por su conducto
no era dable modificar las partes del proceso, bajo el argumento de que para eso
estaba instituida la reforma de la demanda de que trata el artículo 89 ibídem.

Que el artículo 342 del CPC solo exige que no se haya dictado sentencia que ponga
fin al proceso para la procedencia del desistimiento, presupuesto que, dice, se cumple
en el expediente de reparación directa 13001-23-31-000-2006-00704-00.

Que han pasado más de 18 años desde que se inició el proceso sin que se haya
superado la etapa de notificación del auto admisorio y dice, que ese periodo seguirá
incrementándose pues no le es posible reformar la demanda toda vez que reforma no
se ha notificado el auto admisorio a todos los demandados, en particular, a la Unión
Panamericana de Judo.

Sostuvieron que el auto de 12 de abril de 2021, al ordenar fijar en lista el proceso para
que las demandadas contesten la demanda, no tuvo en cuenta que las demás
entidades demandadas ya las presentaron.

5. Trámite procesal

Por auto del 29 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de
amparo. Entre otras cosas, se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Bolívar y como terceros interesados al gobernador de Santander, al
director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander
(Indersantander), a la Ministra del Deporte y el presidente de la Federación
Colombiana de Judo.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General de esta Corporación
practicó la notificación correspondiente por correos electrónicos enviados el 31 de
mayo de 2024.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo puesto que los actores la emplean como una instancia adicional
al proceso de reparación directa 13001-23-31-000-2006-00704-00 lo que, a su juicio,
desnaturaliza este mecanismo constitucional.

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo porque los demandantes no expusieron
una carga argumentativa de la que se infiera el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad del amparo.

Afirmó que su contestación de la demanda de reparación directa 13001-23-31-000-
2006-00704-00 fue presentada el 4 de junio de 2009.

El Ministerio del Deporte sostuvo que de los hechos expuestos en la solicitud de
amparo no se evidencia alguna actuación de su parte que contraríe el ordenamiento
jurídico, lo que impide atribuirle vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes, en consecuencia, carece de legitimación en la causa por pasiva.

El departamento de Santander señaló que no tiene legitimación en la causa por
pasiva pues el presunto quebranto de los derechos fundamentales de la parte actora
se deriva de una decisión judicial que no profirió y en la que tampoco tuvo incidencia.

La Federación Colombiana de Judo guardó silencio pese a que, como se vio, fue
notificada en debida forma.
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II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, el Ministerio del Deporte y el departamento de Santander
afirmaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tuvieron
incidencia en la providencia cuestionada en este trámite constitucional.

No obstante, la Sala precisa que la vinculación de esas autoridades al trámite
constitucional fue en calidad de terceros con interés por ser demandados en el proceso
de reparación directa 13001-23-31-000-2006-00704-00 y esa situación justifica su
justifica su comparecencia en este asunto constitucional e impide desvincularlos.

2. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que si bien la parte accionante pide que se dejen sin
efectos los autos del (i) 2 de junio de 2023, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar revocó el proveído de 12 de abril de 2021 y denegó la
solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda de reparación directa
13001-23-31-000-2006-00704-00 frente a la Unión Panamericana de Judo, para negar
ello y, (ii) del 12 de abril de 2021 que dispuso fijar en lista el proceso para que las
demandadas presentaran las correspondientes contestaciones, lo cierto es que esta
última decisión quedó sin efectos al proferirse la de 2 de junio de 2023, motivo por el
cual resulta innecesario un análisis frente a esa determinación.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros para dejar sin efecto el auto de 2 de junio
de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 4 de Decisión,
revocó el proveído de 12 de abril de 2021, con el que el magistrado sustanciador
aceptó el desistimiento de las pretensiones de la demanda de reparación directa
13001-23-31-000-2006-00704-00 frente a la Unión Panamericana de Judo, para en su
lugar negar la solicitud de desistimiento.

La Sala anticipa que accederá al amparo deprecado, comoquiera que en el proveído
cuestionado las autoridades accionadas realizaron una indebida interpretación del
artículo 342 del CPC, al fijar requisitos para la procedencia del desistimiento que no
contemplados en esa norma.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
acción de tutela contra providencias, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, (iii) del
defecto procedimental absoluto y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

3 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
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3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos ge

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Jorge Alberto
Bermeo Jácome y otros cumple los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrado el defecto alegado por la parte actora se estarían afectando
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, pues dice, lo resuelto en el auto cuestionado le impide continuar con el
proceso de reparación directa.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente ordinario, el auto cuestionado se notificó por estado
de 28 de noviembre de 2023 y la tutela fue presentada el 27 de mayo de 2024 (5
meses y 29 días), es decir, no fenecieron los 6 meses jurisprudencialmente
reconocidos para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovieron el medio de control de reparación directa y
no podían cuestionar el auto que revocaron las autoridades accionadas en lo
concerniente al desistimiento, porque le fue favorable. Además, tampoco podían
interponer recurso alguno contra la providencia atacada, por decidir un recurso de
súplica.

Si bien es cierto, esta Sala ha considerado que, por regla general, la acción de tutela
es improcedente cuando se formula contra providencias dictadas en procesos que se
encuentran en trámite las circunstancias especiales habilitan la procedencia de la
acción de tutela. Como lo explicó la parte actora la providencia cuestionada le impidió
desistir de las pretensiones frente a uno de los demandados y señaló que la etapa
procesal pertinente para ello es la reforma de la demanda, sin embargo, han
transcurrido 18 años sin que se haya podido culminar las notificaciones a la parte
demandada que habilite la presentación de la reforma de la demanda.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la existencia de un supuesto defecto procedimental.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los actores cuestionan
una providencia dictada en un proceso de reparación directa.

5. Del defecto procedimental absoluto

El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario
judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En
palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el
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funcionario judicial: (i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde
(desvío del cauce del asunto)4; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento,
circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento de las garantías de
defensa y contradicción, que hacen parte del derecho al debido proceso5, o (iii) incurre
en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones
afectan el derecho de acceso a la administración de justicia6.

6. Análisis del caso concreto

Para los actores, la providencia cuestionada incurre en defecto procedimental por
condicionar el desistimiento a presupuestos que no están contemplados en artículo
342 del CPC como el de no poder modificar las partes del proceso bajo el argumento
de que para ello está instituida la reforma a la demanda. Además, cuestiona que se
señalara que no se modificaron las pretensiones cuando, a su juicio, eso sí aconteció
frente a la Unión Panamericana de Judo.

Para resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes en el
proceso de reparación directa.

El 17 de mayo de 2006 los tutelantes promovieron acción de reparación 13001-23-31-
000-2006-00704-00 contra el departamento de Santander, el Instituto Departamental de
Recreación y Deporte de Santander (Indersantander), el entonces Instituto Colombiano
del Deporte (Coldeportes), la Federación Colombiana de Judo y la Unión Panamericana
de Judo, para que se les declarara administrativamente responsables de las lesiones
sufridas por Jorge Alberto Bermeo Jácome y se les ordenara resarcirles de manera
pecuniaria los correspondientes perjuicios.

El 6 de octubre de 2008 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y
ordenó la notificación personal a los demandados, para lo cual, frente a la Unión
Panamericana de Judo, dispuso exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el
fin de que a través del consulado de Colombia en República Dominicana surtiera la
respectiva actuación.

El 21 de marzo de 2021 el apoderado de los accionantes allegó memorial, en el que
indicó que desistía de la demanda respecto de la Unión Panamericana de Judo, porque
habían pasado «largos años» intentando notificar el auto admisorio de la demanda y no
había sido posible. Al escrito allegó documento firmando por sus poderdantes, en el que
se consignaba la facultar de desistir.

Mediante auto de 12 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó el
desistimiento parcial de la demanda y ordenó fijar en lista el proceso para que las
entidades demandadas contestaran la demanda, proveído contra el cual la Federación
Colombiana de Judo interpuso recursos de reposición y en subsidio súplica, al estimar
que los actores pretendían cambiar estructuralmente la parte demandada, por lo que lo
precedente era la reforma de la demanda.

El 3 de agosto de 2021 el magistrado sustanciador señaló que era improcedente el
recurso de reposición interpuesto por la Federación Colombiana de Judo contra el auto
de 12 de abril de 2021 por tratarse de un proveído interlocutorio y, por ende, debía
surtirse el recurso de súplica.

4 Sentencia T-1049 de 2012.
5 Ibídem.
6 T-386 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02691-00
Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

Por auto del 2 de junio de 20237, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
4, decidió el recurso de súplica formulado por la Federación Colombiana de Judo contra
la providencia de 12 de abril de 2021. Revocó la decisión recurrida y denegó la petición
de desistimiento de los accionantes, al considerar que no se cumplían los presupuestos
del artículo 342 del CPC, pues los actores no renunciaron a pretensión alguna y
emplearon esa figura procesal para «alterar las partes del proceso», pese a que para ello
debían reformar la demanda, conforme al artículo 89 del CPC.

La Sala precisa que el análisis jurídico será realizado de acuerdo a las normas
aplicables en el proceso de reparación directa 13001-23-31-000-2006-00704-00, esto
es, al Código Contencioso Administrativo (puesto que las diligencias iniciaron en
vigencia de este y debe terminar con sujeción a él, como lo señala el artículo 3088 del
CPACA), y al CPC (ya que en ese expediente no se ha superado la etapa probatoria,
lo que impide aplicar el Código General del Proceso, conforme al artículo 6259 de este
compendio normativo).

Aclarado lo anterior y con el propósito de determinar si el reproche de los tutelantes
tiene vocación de prosperidad, debe anotarse que el desistimiento es una figura
procesal en virtud de la cual el demandante, de manera unilateral10, manifiesta su
intención de renunciar total o parcialmente a sus pretensiones, lo que habrá de ser
aceptado por el juez de conocimiento, siempre que no «no se haya pronunciado sentencia
que ponga fin al proceso» y el apoderado de él se encuentre facultado para desistir, así
lo dispone el artículo 342 del CPC:

El demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga
fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el
demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en
que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada.

El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.

En los demás casos el desistimiento sólo impedirá que se ejerciten las mismas pretensiones por igual
vía procesal, salvo que el demandante declare renunciar a ellas.

Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los
demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.
En este caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto sobre litisconsorcio necesario en el artículo 51.
[…].

De la lectura de la norma se infiere que en el evento en que el desistimiento sea parcial,
es decir, que el demandante renuncie a algunas de las pretensiones de la demanda,
debe analizarse si la parte demandada está integrada por un litisconsorcio necesario,
pues en ese evento, el desistimiento los beneficia a todos, conforme al artículo 51 del
CPC, que prevé: «Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para
todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los
demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán
eficacia si emanan de todos».

7 Notificado por estado fijado el 28 de noviembre de 2023.
8 «El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
9 «Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de

legislación:
1. Para los procesos ordinarios y abreviados:
a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la
legislación anterior hasta que el juez las decrete, inclusive […]».
10 Salvo en los procesos señalados en el inciso 5o del artículo 342 del CPC, en los cuales el desistimiento debe

ser bilateral, es decir, con la avenencia de la 2 partes.
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Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

Sobre el particular, la doctrina11 indica: «Si el desistimiento es parcial, a pesar de ser
aceptado por el juez, el proceso debe continuar en relación con las pretensiones no incluidas
en aquél. El desistimiento de una pretensión implica a todos los sujetos vinculados a ella, pues
es obvio que la misma pretensión no puede desaparecer respecto de uno de sus sujetos y
subsistir en relación con los otros. De ahí que si en una pretensión hay litisconsortes necesarios
[…], la renuncia a la pretensión compromete a todos los litisconsortes, y si estos se hayan en
la parte demandada tiene que favorecerlos a todos».

Visto lo anterior, en el sub lite se evidencia que la razón por la que en la providencia
cuestionada se señaló que no era procedente el desistimiento de los actores frente a
la Unión Panamericana de Judo obedeció a que, a juicio de la autoridad judicial
demandada, ello comportaba la modificación de las partes en el proceso, para lo cual
procedía la reforma de la demanda (conforme al artículo 89 del CPC), y no renunciaron
a súplica alguna.

Para la Sala los argumentos empleados por las autoridades accionadas involucran una
interpretación contraria al tenor del artículo 342 del CPC propia del exceso ritual
manifiesto pues este no establece como requisitos de procedencia del desistimiento
que no se modifiquen las partes, como lo entendieron aquellas, sino que solo establece
que no se haya emitido sentencia que pone fin al proceso, lo cual no ha acontecido en
el expediente 13001-23-31-000-2006-00704-00, pues ni siquiera se ha terminado la
etapa de notificación del auto admisorio. Además, el apoderado de los tutelantes estaba
expresamente facultado para desistir, como se infiere del memorial allegado a las
diligencias ordinarias el 21 de marzo de 2021.

Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Bolívar señaló que para excluir como
demandada a la Unión Panamericana de Judo en el proceso de reparación directa
13001-23-31-000-2006-00704-00, los accionantes debían acudir a la reforma de la
demanda, en virtud del artículo 89 del CPC, no obstante, no tuvieron en cuenta que en
la parte demandante se encuentra ante la imposibilidad procesal de reformar la
demanda pues esa oportunidad solo se habilita una vez se haya comunicado el auto
admisorio de la demanda a todos los demandados12, y en ese caso la autoridad
respecto de la cual los demandantes pretenden desistir de las demanda y sus
pretensiones aún no ha sido notificada pese a que el auto admisorio fue dictado el 16
de octubre de 2008, es decir, hace casi 16 años.

Ahora bien, en este punto se advierte que el inciso 5º del artículo 342 del CPC prevé
que «[s]i el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de
alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no
comprendidas en él. En este caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto sobre litisconsorcio
necesario en el artículo 51», disposición que señala que «[c]uando la cuestión litigiosa haya
de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las
actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen
disposiciones del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos».

De las referidas preceptivas y de la doctrina citada, se colige que el desistimiento parcial
de las pretensiones frente a uno de los integrantes del litisconsorcio necesario,
beneficia a todos los que lo integran, sin embargo, la Sala encuentra que las
autoridades accionadas no hicieron un análisis sobre el particular, pues no
determinaron si la Unión Panamericana de Judo integraba el litis consorcio necesario
en el proceso de reparación directa 13001-23-31-000-2006-00704-00, o si por el
contrario el asunto contencioso-administrativo podía adelantarse sin su concurrencia,
caso en el cual es procedente el desistimiento respecto del ente.

11 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano. Universidad Externado de Colombia. Tercera
edición. 2007. Bogotá. P. 344.
12 Artículo 89 del CPC: «Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, ésta

podrá reformarse por una vez […]».
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En ese orden de ideas, la Sala estima que en la providencia cuestionada (i) se
estableció un requisito para la procedencia del desistimiento parcial que no está
contemplado en el artículo 342 del CPC, a saber, que no haya modificación de la parte
demandada; y (ii) se inobservó que sí hubo una renuncia a la pretensión que concierne
a la Unión Panamericana de Judo, lo que comporta defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, y por ende, una vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de los accionantes, que les impide
continuar con el trámite de la demanda pues, como se vio, tampoco se encuentran en
posibilidad de reformarla.

Por lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de los actores y en la parte resolutiva de esta
providencia señalará la forma de garantizar su protección.

Por último, la Sala no pasa por alto (i) que la demanda de reparación directa 13001-
23-31-000-2006-00704-00 se presentó el 17 de mayo de 2006 y pese a que han
trascurrido más de 18 años, no se ha superado la notificación del auto admisorio; y
(ii) que Jorge Alberto Bermeo Jácome sufre de cuadriplejia (lo que lo hace sujeto de
especial protección constitucional), situaciones que imponen la necesidad de instar a
la autoridad accionada para que adopten medidas en aras de que las actuaciones
dentro de ese expediente se adelanten de manera expedita.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las solicitudes de desvinculación del Ministerio del Deporte y del
departamento de Santander de este trámite constitucional, conforme a lo indicado
en la motivación.

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros. En
consecuencia, se dispone:

3. Dejar sin efectos el auto de 2 de junio de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala 4 de Decisión, que denegó la solicitud de
desistimiento de las pretensiones de la demanda de reparación directa 13001-23-
31-000-2006-00704-00 frente a la Unión Panamericana de Judo.

4. Ordenar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala 4 de Decisión,
que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten una
providencia de reemplazo en la que acepte el desistimiento parcial de la demanda
respecto de la Unión Panamericana de Judo en el expediente 13001-23-31-000-
2006-00704-00, en atención a las consideraciones expuestas en esta providencia.

5. Instar a las autoridades accionadas a que adelanten de manera expedita las demás
actuaciones pendientes dentro proceso de reparación directa 13001-23-31-000-
2006-00704-00, en razón al tiempo desproporcionado que ha transcurrido desde
que inició y a la condición de persona en condición de discapacidad de Jorge
Alberto Bermeo Jácome.

6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Demandantes: Jorge Alberto Bermeo Jácome y otros

8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

11

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