Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02697-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
19 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02697-00
Accionante: Alejandro Galvis Rueda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02697-00.
Accionante: Alejandro Galvis Rueda.
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga.
Referencia: Acción de tutela.
Tema: acción de tutela para obtener la entrega de depósitos judiciales
Subtema 1: diferencia entre petición y debido proceso en solicitud judicial
Subtema 2: carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la solicitud de amparo que presentó Alejandro
Galvis Rueda en contra del Tribunal Administrativo de Santander y del Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Alejandro Galvis Rueda presentó escrito de tutela2 el 27 de mayo de 2024 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad
física y a la salud en conexidad con la vida, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga,
por la mora en la entrega de unos títulos judiciales constituidos a efectos de cancelar
la condena impuesta en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
en el proceso de reparación directa identificado con el radicado número
68001333300820160019900/01/02.
1.2. Hechos probados relevantes3
1.2.1. Alejandro Galvis Rueda presentó demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa, el 29 de junio de 2016, en contra de la Electrificadora de
Santander ESSA SA ESP, de Colombia Telecomunicaciones S.A ESP
(Telebucaramanga SA ESP) y del municipio de Bucaramanga, con el objeto de
reclamar por responsabilidad derivada de la conducción de energía eléctrica.
1 Para efectos de salvaguardar cualquier dato sensible atinente a la información contenida en
certificaciones bancarias o en depósitos judiciales, la Sala se abstendrá de incluir en la providencia
números de cuenta, valores, bancos o registros específicos sobre el depósito judicial.
2 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado D4A47717F4E5CC73
3FD2F492F10A1594 96BA22E10E0A6979 0B3FB7298A1B01A1, ubicado en el índice 2 del
aplicativo SAMAÍ.
3 Construidos a partir de las pruebas aportadas por las partes y las principales piezas procesales
que integran el expediente ordinario de reparación directa radicado al número 680013333008–2016–
00199–00/01/02.
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1.2.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga dictó fallo el 28 de junio
de 2021 en el que declaró extracontractual y administrativamente responsable a la
Electrificadora de Santander ESSA SA ESP y a Telebucaramanga S.A ESP por los
perjuicios que se le ocasionaron a Alejandro Galvis Rueda y las condenó al pago de
los morales y materiales y en costas, con la orden de que Mapfre Seguros Generales
de Colombia S.A, quien fue llamada en garantía, reintegrara hasta el límite y
porcentaje del valor asegurado, las sumas que la Electrificadora de Santander
ESSA SA saldara. Negó las pretensiones frente al municipio de Bucaramanga.
1.2.3. Esta decisión fue apelada por Colombiana Telecomunicaciones S.A. ESP, la
Electrificadora de Santander S.A. ESP y por Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander dictó
sentencia el 23 de marzo de 2023 en la que modificó la decisión del 28 de junio de
2021 para, en su lugar, declarar la responsabilidad extracontractual y administrativa
de la Electrificadora de Santander S.A. ESP y condenarla a pagar perjuicios
morales, materiales y costas, y a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A a
efectuar los reembolsos pertinentes.
1.2.4. El apoderado de Alejandro Galvis Rueda solicitó al Tribunal Administrativo de
Santander, el 25 de mayo y el 21 de julio de 2023, que enviara el expediente al
juzgado de origen para liquidar costas y poder cobrar la condena impuesta.
1.2.5. El Tribunal Administrativo de Santander remitió el 4 de octubre de 2023 el
expediente al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, por medio del Oficio
No. 121 CXA.
1.2.6. Seguidamente, el 4 de diciembre de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo
de Bucaramanga dictó auto de obedézcase y cúmplase, en el que fijó las agencias
en derecho.
1.2.7. La parte demandante, el 6 de diciembre de 2023, radicó memorial en el que
informó que la Electrificadora de Santander S.A ESP canceló, a órdenes del
despacho, una suma dineraria a través del Banco Agrario, motivo por el cual desistía
de que se librara mandamiento ejecutivo. En consecuencia, la parte actora pidió que
se ordenara terminar y archivar el proceso y le fuera pagada la obligación contenida
en los títulos judiciales, directamente o por conducto de su apoderado.
Solicitó, además, que se ordenara el levantamiento de las medidas cautelares
impuestas en contra de las demandadas y renunció al término de ejecutoria. Aportó
comprobantes del pago que se efectuó el 5 de septiembre de 2023 por una suma
dineraria a favor del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.
Esta solicitud la reiteró la parte actora ante el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga, entre otros, los días 7 y 19 de febrero y 12 de abril de 2024, con el
fin de insistir en que le fueran pagados los dineros consignados sobre los cuales
había presentado múltiples reclamaciones.
1.2.8. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga dictó auto el 20 de junio
de 20244 en el que aprobó la liquidación de costas del proceso y ordenó la entrega
del depósito judicial por un monto específico a favor del Alejandro Galvis Rueda en
4 Documento contenido en el expediente digital del proceso ordinario radicado al número
68001333300820160019900 que obra en el aplicativo SAMAÍ, con el certificado
623D59D86FCF63EA A7B718E14A18EDC2 C783BE854C1EF4B1 C400902737D79E9A ubicado
en el índice 147.
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su condición de demandante, a través de una transferencia enviada a una cuenta
bancaria de ahorros de la que es titular.
Determinó que la decisión estaba motivada en la solicitud que efectuó el apoderado
del demandante el 19 de febrero de 2024, y en que corroboró que las sumas
consignadas hacían parte de la condena impuesta en el proceso, las cuales
efectivamente fueron depositadas en el Portal Web Transaccional del Banco Agrario
de Colombia.
El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga resolvió que, para entregarle a
la parte demandante el depósito judicial, la Secretaría debía efectuar las gestiones
pertinentes en el Portal Web Transaccional del Banco Agrario de Colombia y dejar
constancia de ello en el aplicativo SAMAI.
1.2.9. En el expediente ordinario obra una comunicación de orden de pago de
depósitos judiciales del 3 de julio de 20245 con los datos del proceso, en la que el
Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga le ordenó al Banco Agrario pagar
a favor de Alejandro Galvis Rueda el título judicial allí especificado. Igualmente, un
comprobante de pago que registra que se abonó el monto del depósito judicial a la
cuenta de Alejandro Galvis Rueda.
1.3. Pretensiones y argumentos de tutela
Alejandro Galvis Rueda solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
vida, a la integridad física y a la salud en conexidad con la vida y, en consecuencia,
que el juez constitucional ordene la entrega inmediata de los dineros cancelados
por la Electrificadora de Santander ESSA SA ESP, toda vez que se encuentra en
un delicado estado de salud y requiere practicarse una cirugía.
Además, pidió prevenir al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga para que
se abstenga de incurrir en este tipo de conductas que ponen en peligro a un grupo
familiar, y que se le ordene la entrega de los dineros depositados, ya sea a su
nombre o a favor de su abogado Ramiro Merchán.
Finalmente, solicitó exhortar y requerir al Tribunal Administrativo de Santander por
la demora en efectuar el envío del expediente al juzgado administrativo, y a este
último, por dilatar la entrega efectiva de estas sumas dinerarias.
Argumentó que la falta de contestación de sus solicitudes en las que ha requerido
la entrega de los dineros debidamente cancelados a favor del juzgado, constituye
una lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la justicia
y a “tener una respuesta pronta y oportuna”, toda vez que cuando se profiere una
sentencia condenatoria el juez debe adelantar los trámites pertinentes para hacerla
efectiva.
Realizó un recuento jurisprudencial y doctrinario sobre los derechos fundamentales
a la vida en relación con la integridad personal y la dignidad, a la salud, y de petición,
y del artículo 5 del Código Contencioso Administrativo que desarrolla las peticiones
escritas y verbales. Adicionalmente, se refirió a principios constitucionales de la
función administrativa, lo que conectó con la garantía a obtener una respuesta de
fondo.
5 Obra en el índice 151 del expediente ordinario contenido en el aplicativo SAMAÍ con el número de
radicado 68001333300820160019900.
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Para estos fines, citó apartes de la sentencia T-220 del 4 de mayo de 1994 de la
Corte Constitucional con el fin de enfatizar en las tres exigencias que debía reunir
la contestación del escrito de petición. De ahí que la respuesta otorgada en procura
de la protección del derecho fundamental de petición debía ser efectiva, congruente
y suficiente respecto de lo solicitado, sin que se pudiera exigir acceder a lo pedido
ni le estuviera dado al juez constitucional invadir la órbita de la administración. Por
tanto, el juzgador debía verificar que estuvieran satisfechos los elementos mínimos
definidos por la Corte Constitucional6.
1.4. Trámite de tutela de intervenciones
1.4.1. El asunto correspondió por reparto al despacho del magistrado ponente, quien
en auto del 30 de mayo de 20247 se abstuvo conocerlo y le ordenó a la Secretaría
General de esta corporación que remitiera el expediente de la referencia a la oficina
judicial de Bucaramanga, para que procediera con su reparto ante los magistrados
del Tribunal Administrativo de Santander.
Lo anterior, toda vez que el consejero ponente consideró que, de una lectura integral
del escrito de tutela, la solicitud de amparo iba dirigida exclusivamente en contra del
Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, por lo que quien debía conocerla
era su superior jerárquico. En consecuencia, el expediente fue enviado al Tribunal
Administrativo de Santander8 y repartido el 4 de junio de 20249. Este proveído se le
notificó en debida forma al tutelante10.
1.4.2. El proceso se reactivó en esta corporación el 12 de junio de 202411, con
ocasión del auto del 5 del mismo mes y año12 en el que el Tribunal Administrativo
de Santander13 ordenó devolver el expediente al Consejo de Estado, en razón a que
era accionado, lo cual le confería el conocimiento de este asunto.
1.4.3. El magistrado ponente dictó auto el 14 de junio de 202414 en el que admitió
la solicitud de amparo al considerar que, por acceso a la administración de justicia,
la misma fue interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga. Además, vinculó como terceros con interés
6 Citó apartes de las siguientes sentencias: (i) T-244 del 23 de junio de 1993; (ii) T-561 de 2007; (iii)
sentencia T-377 del 2000.
7 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado C3C43F39BA678497
106953E0C358A223 409AB774A7564268 8F2A777A474A0F06, ubicado en el índice 5 del aplicativo
SAMAÍ.
8 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado
06DEA2551CB247E2 0A079B72245F7B56 A441ECB606AE3706 9B0B93A15D58BFAD, ubicado
en el índice 9 del aplicativo SAMAÍ.
9 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado DF309BADE9BF8CAC
BD8F384DEFE3CC0C 827ADCBAAE15AB24 4BA7019C99553717, ubicado en el índice 11 del
aplicativo SAMAÍ.
10 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5E6317BAD7EF5ABC
284279CFF9CB9F36 E21C960A446F780D 44F9B20352596324, ubicado en el índice 8 del
aplicativo SAMAÍ.
11 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 08F9AB5396F80E6D
2F4E9F17BF51A6FA EFA29DAAE405C3F8 E2BD52CD5B3EE3A8, ubicado en el índice 12 del
aplicativo SAMAÍ.
12 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 3F9B461A25171896
D14D2947724E2068 CD60B4C397DCE63C AB7781A3B5B350D1, ubicado en el índice 11 del
aplicativo SAMAÍ.
13 El expediente de tutela fue asignado al Tribunal Administrativo de Santander y se tramitó al número
de radicado 68001233300020240038600.
14 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado EDCF8C0EF1B8496F
4C2BF7477197BE97 51DBB26C9F4F6C3D 7A2CF0F4A38931C3, ubicado en el índice 13 del
aplicativo SAMAÍ.
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a quienes fueron parte en el proceso ordinario de reparación directa, así como al
Banco Agrario, pidió las pruebas pertinentes, incorporó las que aportó la parte
tutelante con su escrito inicial y suspendió los términos de la presente acción
constitucional. Este proveído les fue notificado en debida forma a las partes y a los
interesados15.
1.4.4. La representante legal del Banco Agrario de Colombia S.A.16 expresó que
formuló consulta ante la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente, la que
efectuó las verificaciones pertinentes en torno al caso del tutelante y encontró que
obraba un depósito judicial por un valor determinado en el que figuraba, como
demandante, Alejandro Galvis Rueda, y como demandada la Electrificadora de
Santander S.A ESP, el cual estaba en estado pendiente de pago.
Indicó que funge como un receptor de las consignaciones para la emisión de los
depósitos judiciales en favor de los despachos judiciales, esto es, como un ejecutor
de las órdenes judiciales, de manera que son estos despachos quienes ordenan el
pago de los títulos a favor del beneficiario. Adicionalmente, explicó que el Consejo
Superior de la Judicatura reguló el manejo y la administración de los depósitos
judiciales en el Acuerdo PCSJA21-11731 de enero de 2021, que dispuso que cada
despacho judicial tendría una cuenta en el Banco Agrario para manejar los depósitos
que hubieren sido constituidos a sus órdenes y de la que es titular la Nación-Consejo
Superior de la Judicatura, y que, para efectos de abrir una cuenta de este tipo,
habría que radicar esta solicitud a través del procedimiento establecido para el
efecto.
Citó la respuesta emitida por la Gerencia de Experiencia y Servicio al Cliente que
precisó que la información específica relativa a los depósitos judiciales no puede ser
detallada por motivos de reserva, de ahí que cualquier consulta detallada debía ser
tramitada directamente ante el despacho respectivo, y que toda la información que
estaba a su alcance relacionada con los datos en un proceso se otorgaba en
desarrollo del servicio profesional financiero que presta.
Solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela por cuanto no ha violado
los derechos fundamentales de Alejandro Galvis Rueda, razón por la cual se estaba
ante la figura de la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.4.5. El Tribunal Administrativo de Santander rindió informe17 en el que explicó
que solicitó información a la secretaría de dicha Corporación con el fin de que
detallara por qué el expediente de reparación directa se remitió al juzgado de origen
hasta el 3 de octubre de 2023, a pesar de que la sentencia de segunda instancia se
profirió desde el 24 de marzo anterior. En razón a ello, expresó que la secretaría en
comento detalló las gestiones que tuvieron lugar en 2023, al punto que aclaró que
la demora en el proceso objeto de tutela ocurrió por el alto volumen de asuntos a
cargo. Adujo el trámite de 1.199 memoriales, la radicación de 535 demandas y la
devolución de 310 expedientes a sus juzgados de origen, por lo que no existía una
mora judicial que le fuera atribuible.
15 Los soportes de envío de la notificación obran en los documentos contenidos en el expediente
digital de tutela con certificados 5849E16A80FF9494 3E645B8F307C6DA3 B7D063B1276DB3C7
8B434517BFE4047B y BC3FC263015C2727 0313DEEBBFCBA3D0 CA602DD40281229C
BF705B9713A106EA, ubicados en los índices 14 y 21 del aplicativo SAMAÍ.
16 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 42CFB1D5C1ED2D5A
CF780B8D21B616AE ED375BA1F86958E7 2D65A84D3826F3CB, ubicado en el índice 17 del
aplicativo SAMAÍ.
17 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado A0FD35D10EBFA8B0
93E2718CF58C5DCF AB6BC82ACA27E70C 9DF765B62F633E9A, ubicado en el índice 18 del
aplicativo SAMAÍ.
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Ahora bien, en cuanto a la pretensión dirigida al Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga, refirió que revisado el aplicativo de gestión judicial SAMAI, el 20 de
junio de 2024 el juzgado profirió auto que aprobó la liquidación de costas, agencias
en derecho y entregó el título judicial, de modo que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado. Aportó el enlace de acceso al expediente ordinario y
los informes elaborados por la secretaría general del tribunal y la escribiente que
realiza labores secretariales.
1.4.6. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga18 expresó las
gestiones surtidas en el proceso ordinario, con énfasis en la expedición de auto de
obedézcase y cúmplase del 4 de diciembre de 2023, que fijó agencias en derecho;
y del 20 de junio de 2024, que liquidó las costas realizadas por la Secretaría y
ordenó la entrega de título judicial a favor de la parte demandante.
Pidió declarar improcedente el amparo y defendió que ha dictado las providencias
judiciales respectivas conforme a derecho y sin desconocer derecho fundamental.
Aportó el enlace de acceso al expediente judicial en el aplicativo SAMAI, así como
los nombres y las direcciones de la parte demandante, demandada y terceros dentro
del proceso ordinario19.
1.4.7. El expediente reingresó al Despacho del magistrado ponente para dictar fallo
de primera instancia el 5 de julio de 202420.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del amparo constitucional deprecado por la
parte actora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley21.
18 Documentos contenidos en el expediente digital de tutela con certificados 167810ED0A0C769A
EDB34CFA28D6BD6C 246B50593F58ACAB FC812C1BA1BC9FFC y 167810ED0A0C769A
EDB34CFA28D6BD6C 246B50593F58ACAB FC812C1BA1BC9FFC, ubicados en los índices 19 y
20 del aplicativo SAMAÍ.
19 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado D0D0DF215E090BBE
8F1E71C3494784C4 C833759A64B0AD75 BB2E68A947EA0234, ubicado en el índice 20 del
aplicativo SAMAÍ.
20 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 3464C3090554DA40
1A322AFEFC4B195F 5B07A246D1FEFFD6 570E976FCED9EE29, ubicado en el índice 22 del
aplicativo SAMAÍ.
21 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como
intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que “cuando cesa la amenaza a
los derechos fundamentales de quien invoca su protección, ya sea porque la
situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, (…) la acción
de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la
medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso
concreto carecerá de fundamento fáctico”22. Dicha figura se conoce como carencia
actual de objeto, y se puede presentar como un hecho superado, un daño
consumado o una situación sobreviniente. El hecho superado, consiste en que al
momento de que el juez deba pronunciarse sobre la solicitud de amparo, la
vulneración de los derechos invocados ha cesado en atención a que la parte
accionada ha cumplido lo pretendido en el escrito de tutela23.
Es preciso revisar si, en el caso sub iudice, se encuentran superados todos los
requisitos de procedencia de la acción de tutela24.
La legitimación en la causa por activa está acreditada, en razón a que Alejandro
Galvis Rueda fue demandante en el proceso ordinario de reparación directa en cuyo
curso resultó favorecido con la condena impuesta en la sentencia del 23 de marzo
de 2023, y fue quien interpuso varios escritos en los que le pidió al Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga la entrega de los títulos judiciales que le fueron
cancelados al despacho por parte de la demandada. En consecuencia, es el titular
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia que pudieron haber sido lesionados con la mora la entrega de los títulos
judiciales aludidos.
En este punto, conviene precisar que, aunque el señor Galvis Rueda afirmó
vulnerado el derecho fundamental de petición por la necesidad de que la respuesta
brindada fuera efectiva, congruente y suficiente respecto de lo solicitado, su
finalidad va encaminada a que el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga
entregue los títulos judiciales depositados por concepto de la condena impuesta en
el proceso de reparación directa, actuación estrictamente judicial que debe respetar
las formas propias del juicio. De ahí que el reproche objeto de tutela no es ajeno a
la litis del proceso de reparación directa y, por tanto, no versa sobre un asunto
estrictamente administrativo.
Esta consideración, está respaldada en la postura de la Corte Constitucional25 sobre
la materia, quien precisó que existe una dualidad entre las formas de presentar las
solicitudes ante las autoridades judiciales, que se delimita así: (i) las que se refieren
a actuaciones estrictamente judiciales, cuya decisión deberá respetar el
22 Corte Constitucional, sentencia T-358 de 2014.
23 La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en estos casos, le corresponde la juez
constitucional constatar que: “(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar)
a motu propio, es decir, voluntariamente”. Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019. Cfr.
Sentencia T-216 de 2018.
24 “[A]ntes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional verificar
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y la subsidiariedad” Corte
Constitucional, sentencia T-091 de 2018. Cfr. sentencias T-032 de 2020, T-123 de 2019, T-272 de
2017.
25 En un caso de similares contornos al estudiado, la Corte Constitucional verificó la transgresión de
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso sin
dilaciones injustificadas, frente a los cuales dejó por sentado que en la interpretación de estas
garantías el juez debe procurar porque “el proceso judicial se adelante dentro de unos términos
razonables, los cuales son definidos, en principio, por el legislador al expedir las normas que regulan
los plazos en los cuales se debe adelantar el proceso y en los cuales se deben adoptar las
decisiones”, como se desprende del artículo 29 de la Constitución Política.
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Accionante: Alejandro Galvis Rueda
procedimiento, las etapas y los términos previstos en las normas propias que
regulan el juicio; y (ii) las relacionadas con aspectos ajenos al “contenido mismo de
la litis e impulsos procesales”26, cuya respuesta deberá sujetarse a las disposiciones
que reglamentan el derecho fundamental de petición, en particular la Ley 1755 de
201527.
Bajo este entendido, “la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones
relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso
respectivo, configura una violación al debido proceso y al derecho al acceso a la
administración de justicia”28, mientras que “la omisión de la autoridad jurisdiccional
en resolver peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos
constituye una vulneración al derecho de petición”29.
En consecuencia, el examen constitucional de esta providencia se concentrará en
la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en conexidad con la vida, la integridad personal, la salud
y cualquier otro que el juez de tutela encuentre lesionado en el marco de sus amplias
facultades, pero excluirá del debate la alegada violación al derecho de petición.
Ahora bien, la legitimación en la causa por pasiva también está superada,
comoquiera que el Tribunal Administrativo de Santander era a quien le correspondía
enviar el expediente al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga para que
este procediera a liquidar las condenas respectivas y terminara el proceso; y, este
último, tenía a su cargo, una vez recibido el expediente, proferir el auto de
obedecimiento al superior y la fijación de las costas procesales a que hubiere lugar.
Particularmente, el tutelante radicó múltiples solicitudes tendientes a obtener el
pago de los dineros que fueron consignados por la Electrificadora de Santander S.A
ESP a favor del juez.
La Sala no puede pasar por alto que el Banco Agrario pidió ser desvinculado del
presente trámite constitucional, al aducir que no violó los derechos fundamentales
de Alejandro Galvis Rueda.
Sin embargo, no habrá lugar a acceder a este pedimento, por cuanto de los hechos
y de la contestación emitida por la interesada se advierte que el Banco Agrario, si
bien no es quien ordena la entrega de los depósitos constituidos a favor de los
despachos judiciales en las cuentas de estos, sí funge como un ejecutor para
efectivizar el pago de estos, al ser el emisor de los depósitos judiciales. De este
modo, esta judicatura negará la solicitud presentada y así lo dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Superada la legitimación en la causa de las partes, la Subsección denota que
Alejandro Galvis Rueda acudió al amparo luego de haber interpuesto reiterados
escritos ante el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga en los que pidió el
pago de las obligaciones contenidas en los títulos judiciales cancelados a favor del
despacho por cuenta del Banco Agrario. Así, se desprende de una lectura de los
memoriales que radicó el señor Galvis Rueda el 6 de diciembre de 2023, el 7 y 19
de febrero y el 12 de abril de 2014.
26 Sentencia T-394 de 2018 de la Corte Constitucional.
27 Ibídem.
28 Ibíd.
29 Ibíd.
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Ahora bien, para la fecha en que se interpuso este amparo, el 27 de mayo de 2024,
el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga no había resuelto la solicitud del
tutelante tendiente a que le fueran pagadas las sumas dinerarias consignadas.
No obstante, en las pruebas que militan en el expediente de tutela se encuentra el
auto del 20 de junio de 2024 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga, en el que aprobó la liquidación de costas del proceso efectuada por
la Secretaría y ordenó la entrega del depósito judicial por un monto dinerario
determinado a favor de Alejandro Galvis Rueda, a través de una transferencia
bancaria. Decisión en la que la accionada coligió que las sumas consignadas hacían
parte de la condena impuesta en el proceso y fueron depositadas en el Portal Web
Transaccional del Banco Agrario de Colombia.
Además, obra en el expediente ordinario consultado en el aplicativo SAMAI una
comunicación de orden de pago de depósitos judiciales del 3 de julio de 2024,
contentiva de los datos básicos del proceso con mandato pagadero por parte del
Banco Agrario a favor del señor Galvis Rueda, por concepto del título judicial allí
especificado; también un comprobante del pago con abono a cuenta en que se
registra como efectuada una transacción a favor del aquí tutelante por el monto
dinerario abonado por la Electrificadora de Santander S.A ESP. Estos soportes
registran que se cumplió con la orden que el juzgado impartió en el auto del 20 de
junio de 2024, atinente a que la Secretaría llevara a cabo las gestiones pertinentes
en el Portal Web Transaccional del Banco Agrario de Colombia y dejara constancia
de ello en aplicativo SAMAI.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala revela que el Juzgado Octavo Administrativo
de Bucaramanga, en su condición de titular del manejo del depósito judicial
constituido en su cuenta, ordenó su pago a favor del beneficiario de acuerdo a como
lo prevé el artículo 1330 del Acuerdo PCSJA21-11731 del 29 de enero de 202131 del
Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual obra en el expediente el
diligenciamiento del formato DJ04, así como la constancia de abono a la cuenta
bancaria de titularidad del interesado por parte del Banco Agrario, de conformidad
con la certificación que él mismo aportó al proceso.
Por consiguiente, las pretensiones de tutela relativas a ordenar la entrega inmediata
de los dineros cancelados por la Electrificadora de Santander ESSA SA ESP, a favor
del demandante o de su apoderado, fueron satisfechas en el curso del presente
trámite de tutela, de manera que, no habría lugar a emitir un pronunciamiento de
fondo en torno a la transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, la Sala declarará la
carencia actual de objeto respecto de estos pedimentos, lo que implica abstenerse
de prevenir, exhortar o requerir al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga
para que no vuelva a incurrir en este tipo de conductas.
Adicionalmente, la Sala debe pronunciarse sobre la pretensión relativa a exhortar y
requerir al Tribunal Administrativo de Santander por la demora en efectuar el envío
30 “Artículo 13. Orden y autorización de pago. Los depósitos judiciales se pagarán únicamente al
beneficiario o a su apoderado, según orden expedida por funcionario judicial competente, en los
términos del artículo 77 del Código General del Proceso. Todas las órdenes y autorizaciones de pago
por cualquier concepto de depósitos judiciales, deberán provenir de los administradores de las
cuentas judiciales (juez y secretario, responsables del proceso en las Oficinas Judiciales, de Apoyo
y Centro de Servicios) a través del acceso seguro dual al Portal Web Transaccional. (…)”.
31https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_Data%2fUpload%
2fPCSJA21-11731.pdf.
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del expediente al juzgado administrativo, de manera que este último tardó también
en entregar de forma efectiva las sumas dinerarias; frente a la cual cabe destacar:
(i) De la lectura de la pretensión se podría inferir que Alejandro Galvis Rueda le
reprochó al Tribunal Administrativo de Santander la mora en enviar el expediente
ordinario al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, sin que haya dirigido
su pretensión a que se ordenara el envío, sino a exhortar y requerirlo por la conducta
que consideró lesiva.
(ii) El accionante refirió en su solicitud de amparo que el Tribunal Administrativo de
Santander devolvió el expediente al juzgado de origen en octubre de 2023, casi 7
meses después de proferida la sentencia de segunda instancia, lo cual se surtió,
como lo corroboró la Sala, por medio del Oficio 121 CXA. 3106040458.
Así pues, no habría lugar a ordenar el exhorto solicitado por sustracción de materia,
ya que la situación reprochada del Tribunal Administrativo de Santander se surtió a
tal punto que el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga ordenó la entrega
del depósito judicial, que era la finalidad última por la cual se presentó la tutela. De
este modo, la pretensión dirigida contra el tribunal queda comprendida por la
satisfacción de lo pretendido en relación con el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga.
2.3. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción por
carencia actual de objeto por hecho superado y le ordenará a la Secretaría General
de esta corporación que garantice la reserva de las certificaciones bancarias de
Alejandro Galvis Rueda contentivas de información sensible, que obren en el
expediente ordinario de reparación directa trasladado como prueba a este proceso
en los índices 19 y 20 del aplicativo SAMAI, así como cualquier otro dato sensible y
reservado en los términos de las disposiciones que rigen la Protección de Datos
Personales y Habeas Data.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación que por falta de legitimación en
la causa por pasiva interpuso el Banco Agrario.
SEGUNDO. DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado, atendiendo a las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que
garantice la reserva de las certificaciones bancarias de Alejandro Galvis Rueda
contentivas de información sensible, que obren en el expediente ordinario de
reparación directa trasladado como prueba a este proceso en los índices 19 y 20
del aplicativo SAMAI, así como cualquier otro dato sensible y reservado en los
términos de las disposiciones que rigen la Protección de Datos Personales y Habeas
Data.
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CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.
QUINTO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que esta sentencia no fuere impugnada.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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