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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02698-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02698-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con las pretensiones de que se ordene consignarle el dinero adeudado; conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Negar el amparo invocado en relación con el derecho de petición. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02698-00 Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02698-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de junio de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02698-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02698-00
Accionante: Carlos Iván Rosero Rodríguez y otro
Accionado: Alcaldía Municipal de Leiva- Nariño

Tema: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición, mínimo vital y móvil y los derechos
de los menores.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Iván Rosero
Rodríguez, quien actúa en su propio nombre y en el de su hijo menor de edad
ARM, en contra del Municipio de Leiva Nariño.

ANTECEDENTES

HECHOS

Se manifiestan en la solicitud de tutela, en resumen, los siguientes:

Que el señor Carlos Iván Rosero Rodríguez ha prestado servicios profesionales
al municipio de Leyva, mediante contratos de prestación de servicios que se
identifican así:

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Que la deuda a cargo del municipio y en favor del accionante se causó a 29 de
diciembre de 2023 y a 17/05/2024 no ha sido cancelada, generando intereses por
2.148.070 y que se seguirán causando hasta que se pague.

Que el señor Rosero no tiene más ingresos y los dineros que reclama
corresponden a su trabajo de siete meses; por lo que el no pago afecta sus
derechos fundamentales y los de su hijo menor, en relación con el cual no ha
podido cumplir su obligación alimentaria.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y en tal sentido se ordene a la
alcaldía municipal de Leyva 1) Dar respuesta integral, de fondo y de manera
suficiente a la petición presentada el 09 de abril del 2024. 2) Consignarle el dinero
adeudado, “como lo dice el decreto 111 de 1996 artículo 112 y el decreto
municipal expedido por la misma Alcaldía número190 del 29 de diciembre de
2023.”.

Adicionalmente, solicita que se ordene oficiar a las entidades de control para que
se investiguen la conducta del mandatario por los hechos señalados, porque con
ellos se afecta el patrimonio público.

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 29 de mayo de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
entidad accionada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El municipio de Leiva dio respuesta a la demanda en los términos que se
resumen a continuación.

Señaló que se encuentra acreditado que el accionante radicó petición ante esa
dependencia el 9 de abril de 2024 y en ese momento se procedió con el trámite
interno de enrutamiento para darle respuesta. Que para ello, la Secretaría de
Hacienda Municipal identificó los contratos con No. CD 265-2023, CD 179 2023
y CD 085-2023, de los cuales, el accionante solicita se paguen en su favor,
obligaciones derivadas de honorarios contractuales, generados en el año 2023,
y que al parecer adeuda el municipio, por valor de $3.000.000, 3.000.000 y
$42.000.000, respectivamente.

Que en relación con el contrato No. CD 085-2023, cuya supervisión se delegó al
entonces secretario de Gobierno, se encontraron algunas irregularidades, sin
embargo, estando los informes de gestión y de supervisor con visto bueno,
planillas de autoliquidación de aportes a salud, pensión y riesgos laborales al día,
como las actas parciales y final, con visto bueno, acta de liquidación bilateral y
orden de pago, mediante resolución No. 2023001453 de fecha 29 de diciembre
del año 2023, debidamente firmada por el Alcalde Municipal de la época, es viable
realizar el pago al peticionario.

Respecto al contrato de prestación de servicios CD 065 2023 y CD 179 2023,
indicó que se debe realizar una minuciosa verificación debido a que según la
información que reposa en el software contable, el CD 179 2023 no cuenta con
el proceso de causación de la obligación, por consiguiente tampoco existe un

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comprobante de egreso; lo que conlleva realizar diversos procesos en el área de
secretaria de hacienda con el fin de emitir el pago.

Frente al contrato CD 065 2023, afirma que al realizar la verificación de la
información, se evidencia que el recurso utilizado para dicho proceso hace parte
del “decreto 184 por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos
vigencia fiscal 2023”, cuya invalidez se declaró por del Tribunal Administrativo de
Nariño en decisión de única instancia fechada 21 de febrero de 2024, por
irregularidades en su aprobación, sin que se pueda realizar pago de dicha cuenta.

Afirma que mediante oficio de fecha 6 de junio del año en curso, emitido por la
secretaria de hacienda municipal, se notificó al correo electrónico
lafirmacir@gmail.com, la respuesta de fondo en los términos establecidos; que
no ha vulnerado el derecho de petición del actor y, solicita que se declare la
carencia de objeto por hecho superado; teniendo en cuenta las acciones de la
alcaldía para resolver de fondo la petición del actor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los actores, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela II) derecho de petición y III) caso concreto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable

El carácter subsidiario y residual, significa que este instrumento solo es
procedente cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda
acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.

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Significa lo anterior, que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser
utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los
establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca
reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los
mecanismos dispuestos dentro de estos procesos para controvertir las decisiones
que se adopten”1.

II) Derecho de petición

En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para
que puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta; adicionalmente, este
derecho comprende no sólo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que
las solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la respuesta a las
solicitudes que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir
los siguientes requisitos: ser oportuna, resuelta de fondo, clara, precisa y
congruente con lo pedido, así como ser puesta en conocimiento del titular;
además, ha precisado que la respuesta no significa que se acceda a lo solicitado.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con
el término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos
y señalar el término en el cual se dará la contestación. Asimismo, en el evento en
que la petición se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá
remitirla al que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.2

De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de
petición con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones
de los particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en

1 Consultar, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273

de 2006, T-093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859
de 2010, T-1043 de 2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-
627 de 2013 y T-502 de 2015.
2 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

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relación con las solicitudes de los ciudadanos contraviene los deberes de los
funcionarios públicos de resolver de manera oportuna las peticiones provenientes
de los particulares.

III) Caso concreto

La tutela instaurada por el señor Carlos Iván Rosero Rodríguez se encamina a
que se ordene al municipio de Leiva- Nariño responderle de fondo, clara y
congruente la petición elevada en relación con el pago de los dineros que señala,
le adeuda la entidad por causa de los contratos de prestación de servicios
ejecutados y recibidos a satisfacción por la entidad.

La entidad accionada le dio respuesta, indicándole respecto de uno de los
contratos (CD 085-2023) que era viable el pago de los dineros adeudados y que
la transferencia se realizaría en los próximos días.

En relación con los otros dos contratos le indicó que no es viable el pago. Frente
al contrato CD 179 2023 le dijo que se requieren otros trámites en hacienda para
verificar la procedibilidad del pago y que el contrato CD 065 2023 no es viable su
pago debido a que el recurso fue dispuesto en un acto administrativo que
posteriormente fue declarado inválido.

El municipio accionado acreditó haber remitido la respuesta al correo indicado
por el actor, en páginas 8 a 10 del documento respuesta a la tutela; con lo cual,
la Sala encuentra superada la vulneración al derecho de petición.

Ahora, la pretensión principal es que se ordene cancelarle al actor los dineros
que le adeuda la administración de Leiva-Nariño, con base en los mencionados
contratos y es el no pago lo que causa el agravio a sus derechos y los de su hijo
menor.

Al respecto es necesario tener en cuenta que el actor cuenta con las acciones
contencioso-Administrativas establecidas en la ley 1437 de 2011; pues el Juez
natural es el primer llamado a la protección de los derechos fundamentales. En

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este caso, no se encuentra acreditado que el señor Rosero Rodríguez haya
interpuesto las acciones pertinentes y que estas no resultaran idóneas para la
salvaguarda de sus derechos. Tampoco se evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable para los actores, de no proceder la tutela; caso en el cual
esta sería procedente como mecanismo transitorio.

No puede perderse de vista que ante la existencia de las acciones ejecutivas y
ordinarias (controversias contractuales) no puede admitirse el uso de la tutela
como medio alternativo, pues este es residual y subsidiario; de tal manera que el
juez constitucional no está habilitado para intervenir en los asuntos que no son
de su competencia, salvo casos excepcionales en los que se habilita su
intervención y que no se constatan en este.

Ahora, teniendo en cuenta que uno de los argumentos del actor son los derechos
fundamentales de su hijo menor, es necesario aclarar que no se observa una
relación directa entre el municipio de Leiva y el hijo menor del señor Carlos Iván
Rosero Rodríguez de donde se pueda derivarse una obligación que implique la
vulneración de los derechos fundamentales invocados en su nombre.

Tampoco es procedente la pretensión de que se ordene oficiar a la las entidades
de control para que se investiguen la conducta del mandatario por los hechos
señalados; pues no se corresponde con la finalidad de la acción de tutela, que no
es otra que la protección de los derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela en relación con las
pretensiones de que se ordene consignarle el dinero adeudado; conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar el amparo invocado en relación con el derecho de petición.

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Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Ausente en comisión)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC

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