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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02724-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02724-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela de 4 de julio de 2024, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01 Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modificar y negar ______________________________________________________________________________________________________________ improcedente este mecanismo constitucional, para NEGAR la acción de tutela presentada por Jorge Oswaldo Soler Rincón y Jorge Augusto Soler Díaz, concretamente, en lo que respecta a los defectos de desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02724-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 10 de octubre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional |
Desconocimiento del precedente – decisión sin motivación

Síntesis del caso: La parte actora enjuició vía tutela la sentencia de segunda instancia, que
revocó la de primera instancia y negó las pretensiones, dentro de un proceso de reparación
directa por privación injusta de la libertad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 4 de
julio de 2024, por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 27 de mayo de 2024, Jorge Oswaldo Soler Rincón y Jorge Augusto
Soler Diaz, en nombre propio y en calidad de herederos de Jorge Eliecer
Soler Moreno, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Arauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales (se
trascribe) “a la presunción de inocencia, a la honra, derecho a la igualdad,
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y el derecho a un
recurso efectivo”, dentro del proceso de reparación directa No. 81001-33-
33-751-2015-00111-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional por no satisfacer el requisito de la

relevancia constitucional (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
______________________________________________________________________________________________________________

“Con fundamento en los antecedentes fácticos, y en los fundamentos jurídicos
(doctrinarios y jurisprudenciales), solicito respetuosamente a los Honorables
Magistrados que se tutelen los derechos fundamentales del Señor JORGE
ELIECER SOLER MORENO y de los demás Accionantes y, en consecuencia, se
declare sin valor ni efecto, o subsidiariamente, se revoque la sentencia objeto
del amparo constitucional y declaren las pretensiones contenidas en el cuerpo
del libelo de reparación directa.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 1 de junio de 2007, la Fiscalía 11 Delegada ante los Juzgados
Penales de Circuito – Unidad Antiterrorismo, a partir de una recopilación de
declaraciones, ordenó la apertura de instrucción contra Jorge Eliecer Soler
Moreno y otros, por los delitos de rebelión y concierto para delinquir, por
pertenecer a la red de milicias del Frente Décimo de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia “FARC” y; libró órdenes de captura.

5. 2) El 3 de junio de 2007, el señor Soler Moreno fue capturado, por el
personal de la Seccional de Policía Judicial y las unidades de los
Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) de la estación de policía de
Arauquita, en la vía pública del municipio de Arauca (Arauca)3.

6. 3) Entre el 3 de junio de 2007 y 28 de noviembre de 2008, el señor Soler
Moreno estuvo privado de su libertad4.

7. 4) El 13 de junio de 2007, la Fiscalía de la Unidad Delegada ante los
Juzgados Penales de Circuito Especializados – Estructura de Apoyo Arauca
dictó medida de aseguramiento contra el señor Soler Moreno sin beneficio
de excarcelación, como presunto responsable del delito de rebelión5, dado
a que presuntamente hizo parte del grupo subversivo y fue el encargado de
suministrar medicamentos y ayudar a conseguir abogados que defendieran
a los miembros del mencionado grupo.

8. 5) El 26 de noviembre de 2008, el Juzgado Único Penal de Circuito de
Saravena confirió libertad provisional al señor Soler Moreno.

9. 6) El 26 de noviembre de 2013, el Juzgado Penal de Circuito de
Descongestión de Saravena profirió sentencia en la que concluyó que
operó la prescripción de la acción penal por la que había sido privado de
la libertad Jorge Eliecer Soler Moreno. Aunado a ello, aclaró que ello no
significaba que se le hubiese encontrado libre de responsabilidad penal.

3 Según el informe No. 0603/JEFAT SIJIN DEARA de 4 de junio de 2007 de la Seccional de la Policía Judicial.

4 Conforme a lo especificado en el Oficio No. 401 EPMSCARA-AJUR-780 de 20 de mayo de 2015 del Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
5 Bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
______________________________________________________________________________________________________________

10. 7) El 18 de noviembre de 2015, el señor Soler Moreno, junto con su
grupo familiar6, presentaron una demanda de reparación directa contra la
Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para que se
declararan administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados con ocasión de la privación injusta de la libertad y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

11. 8) El 30 de agosto de 2022, el Juzgado 1 Administrativo de Arauca
declaró la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la
Nación, condenó a esa autoridad a pagar una indemnización y desvinculó
a la Nación - Rama Judicial. Para llegar a tal conclusión, el juzgado adujo
que la Fiscalía General de la Nación le impuso al señor Soler Moreno una
medida de aseguramiento irracional y desproporcionada, pues no analizó
los 2 testimonios incriminatorios de cara a los principios y fines de la medida
misma, lo cual vulneró el principio de libertad y desconoció los estándares
mínimos exigidos por la Ley 600 de 2000.

12. 9) El 13 de septiembre de 2022, la Fiscalía General de la Nación
presentó recurso de apelación. La entidad demandada alegó que actuó
conforme con la Constitución Política y la ley procesal vigente para la fecha
de los hechos. Recalcó que la medida de seguramiento se impuso a partir
de un análisis racional y de proporcionalidad sobre la conducta. También
resaltó que la Sentencia de 26 de noviembre de 2013, únicamente, declaró
la prescripción de la acción penal, más no decretó la absolución del señor
Soler Moreno ni concluyó que no hubiese existido el hecho punible.

13. 10) El 1 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Arauca
revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda. Indicó que para el momento en el que se dictó la medida de
aseguramiento, existían elementos probatorios que sugerían la posible
participación del señor Soler Moreno en la comisión del delito por el cual era
investigado, lo que justificaba el desarrollo de la investigación encaminada
a determinar su responsabilidad penal. Razón por la cual la decisión de
privarlo de la libertad no podía ser considerada inadmisible.

14. Aunado a esto, el tribunal consideró que, el hecho de que hubiera
cesado el procedimiento por el delito de rebelión no implicaba considerar
que la imposición de la medida de aseguramiento hubiera sido el resultado
de una irregularidad o arbitrariedad, pues dicha decisión se había fundado

6 Conformado por María Rubiela Díaz; Jorge Oswaldo Soler Rincón, actuando en nombre propio y en

representación de su hija FSMA; Emilse Soler Rincón, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos
SMV y SMM; Jairo Antonio Soler Rincón; Nohora Jazmín Soler Rincón; Jorge Augusto Soler Diaz; Johann Andrés Soler
Rondón; Laurentina Moreno De Soler; Rosalba Soler de López; Carmenza Soler de Moreno; Efraín Soler Moreno;
Gloria María Soler Moreno; José Hilario Soler Moreno; Laura Mercedes Soler Moreno; Claudia Lucia Soler Moreno y
Jesús Ernesto Soler Moreno.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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en la prescripción de la acción penal y no en que se hubiera descartado su
posible participación en los hechos investigados.

15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que la
sentencia enjuiciada, al revocar la sentencia de primera instancia, incurrió
en los defectos fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del
procedente.

16. Adujo que el Tribunal Administrativo de Arauca desarrolló (se
trascribe):

“(…) una labor probatoria débil y lacónica, no se comportó en la actuación
como un verdadero director del proceso, condición que deónticamente le está
atribuida, pero que no asumió en su verdadera dimensión, pues, de haberlo
hecho se habría evidenciado un esfuerzo, no sólo en la valoración, sino en el
recaudo de las probanzas destinadas a desentrañar si para el caso concreto el
fiscal delegado de la unidad antiterrorismo de Arauca verdaderamente
cumplió con los designios del articulo 20 de la Ley 600 de 2000”.

17. Señaló que el dicha autoridad consideró suficiente el material
probatorio recaudado en la primera instancia, lo que vulneró las garantías
fundamentales del señor Soler Moreno y generó (se trascribe) “la incursión
en el yerro fáctico”.

18. Manifestó que el tribunal desconoció el precedente judicial que ha
establecido la Corte Constitucional en las Sentencias SU-72 de 2018, T-45 de
2021, SU-363 de 2021, T-342 de 2022 y T-171 de 2023, las cuales, a su juicio,
constituyen una línea jurisprudencial según la cual (se trascribe) “(…)
corresponderá en cada caso al juez administrativo perfilar, en cada caso el
régimen de atribución o también llamado título de imputación, para luego
indagar de acuerdo con el que eligió, si el daño sufrido por el ciudadano
correspondió o devino de una actuación irresponsable, desproporcionada,
irracional o arbitraria”.

19. En ese orden, la parte actora alegó que el tribunal incurrió en este
yerro porque, (1) no precisó el título de imputación bajo el cual
fundamentaría su análisis en el presente caso y; (2) analizó superficialmente
la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, pues solo enunció que
había cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 356 de la Ley 600 de
2000, pero (se transcribe): “no especificó por qu[é] o qu[é] circunstancias
específicas ameritaban considerarlo así”.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

20. En Sentencia de 4 de julio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente este mecanismo constitucional, tras

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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considerar que (1) la sentencia tutelada optó por el régimen subjetivo al
considerar que la medida privativa de la libertad era proporcional, legal y
razonable; y (2) si los accionantes consideraban que las pruebas en el
expediente eran insuficientes, tenían la posibilidad de presentar las que
consideraran relevantes o solicitar su realización si no podían aportarlas
directamente.

21. Así, el juez de tutela de primer grado consideró que la parte actora
buscó una instancia adicional del proceso ordinario por medio de este
mecanismo constitucional sin justificar, desde el punto de vista
constitucional, las razones por las que esa decisión resultó violatoria de
garantías fundamentales. En consecuencia, se aduce que la acción de
tutela no cumplió el requisito de relevancia constitucional.

22. La parte actora impugnó la providencia y, luego de realizar un
recuento jurisprudencial sobre la relevancia constitucional, alegó que (1) él
cumplió con el requisito (se trascribe) “si se tiene en cuenta que el Señor
Soler Moreno falleció sin ver restablecidos sus derechos, por lo que la
formulación del amparo no obedeció al fútil propósito de revivir términos y
oportunidades ya precluidos en la instancia procesal”; y (2) resaltó de forma
clara por qué el tribunal incurrió en los defectos alegados, dado a la débil
gestión probatoria del tribunal y la insuficiente argumentación al escoger, o
no, un título de imputación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos alegados
y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión

2.1. Identificación de derechos

23. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en
los derechos de debido proceso y acceso a la administración de justicia,
comoquiera que la presunta vulneración de las garantías constitucionales
se produjo con ocasión de una providencia judicial. En todo caso, se
advierte que la violación a las demás garantías fundamentales fue
presentada como consecuencia de la violación a los derechos antes
mencionados, razón por la cual, de encontrar lesionados aquellos, habrá
razones sufrientes para conceder el respectivo amparo.

2.2. Fijación de la controversia

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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24. Establecer si el asunto de la referencia satisface, o no, el requisito de
relevancia constitucional. En el evento en el que este interrogante sea
resuelto de forma favorable, la Sala deberá determinar, una vez verificados
los demás requisitos de procedibilidad, si el Tribunal Administrativo de
Arauca, como juez de segunda instancia, incurrió en los defectos (1) fáctico,
por su defectuosa labor probatoria en segunda instancia; (2)
desconocimiento del precedente por desatender las reglas jurisprudenciales
sobre el perfilamiento del título de imputación y/o; (3) decisión sin
motivación por no dar las razones suficientes para elegir el titulo de
imputación y descartar los demás. En consecuencia, se confirmará,
modificará o revocará la decisión proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la Sentencia de 4 de julio de 2024.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala comparte la tesis del juez de tutela de primera instancia frente
al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto el
defecto fáctico alegado. No obstante, no pasa lo mismo frente al
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación por las razones
que pasan a explicarse:

26. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional7.

27. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental8.

28. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con

7 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
8 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU 169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.

29. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

30. En lo que respecta al defecto fáctico, la parte actora no cumplió con
la carga argumentativa que este cargo conlleva, pues ni siquiera se tomó el
trabajo de indicar con precisión cuáles fueron las pruebas, en su criterio,
indebidamente valoradas y, junto a esta, su respectiva incidencia en el
análisis del caso. Por el contrario, su argumentación se centró en demostrar,
de manera general, su inconformidad con la simple valoración que hizo el
juez sobre el material probatorio.

31. En lo que respecta a la decisión sin motivación y desconocimiento del
procedente, la Sala considera que la parte actora sí adelantó una carga
argumentativa necesaria con la que demostró que la controversia no se
centra en asuntos de mera legalidad o económicos, sino sobre derechos
fundamentales. Además, no busca reabrir debates concluidos o tener una
instancia adicional y, en consecuencia, justificó la necesidad de
intervención del juez constitucional en el asunto.

32. Frente a estos 2 defectos, la Sala, igualmente, advierte que se
cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, porque no existe recurso idóneo y eficaz que
permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la sentencia enjuiciada
(19/12/2023) y la de interposición de la presente acción de tutela

9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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(27/5/2024)13. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una Sentencia de segunda instancia dictada en el marco de
un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.

33. En ese orden de ideas, existen razones para modificar la decisión de
primer grado en lo que tiene que ver con el desconocimiento del
precedente y la decisión sin motivación, para declarar la procedencia de
la acción sobre los mismos y proceder a su respectivo análisis de fondo.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

34. La Sala negará la acción de tutela, respecto de los defectos de
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, por las
siguientes razones:

35. Sea lo primero señalar que los defectos decisión sin motivación y
desconocimiento del procedente se analizarán de manera conjunta, dado
a que los alcances de los reparos planteados por la parte actora fueron
similares, en la medida en que ambos buscan demostrar que el tribunal no
dio las razones suficientes a la hora de escoger un título de imputación y
descartar los demás.

36. La parte accionante refirió que se desconoció el precedente, toda
vez que la sentencia de segunda instancia que resolvió el proceso de
reparación directa contrarió lo establecido en la Sentencias SU-72 de 2018,
T-45 de 2021, SU-363 de 2021, T-342 de 2022 y T-171 de 2023 de la Corte
Constitucional.

37. Respecto de las 5 providencias alegadas, la Corte Constitucional
estableció, reiteradamente, que el juez debe realizar valoraciones que
trasciendan el simple análisis de causalidad, ya que una correcta
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que fundamenta la
responsabilidad del Estado en estos casos, exige considerar,
independientemente del título de imputación escogido, si la decisión
tomada por el funcionario judicial penal cumple con los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, los cuales definen la actuación
judicial. Además, se determinó que, ni la Constitución, ni la Ley 270 de 1996,
establecen un título único de imputación de responsabilidad para los casos
de privación de la libertad. Por ello, es al juez de la responsabilidad al que le
corresponde determinar el respectivo título de imputación para cada caso

13 Según acta Individual de reparto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
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Decisión: Modificar y negar
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en concreto y, a partir de ello, establecer también si el daño fue o no
antijurídico.

38. Así las cosas, la aplicación del título de imputación de falla de servicio
por parte del Tribunal Administrativo de Arauca obedeció al ejercicio de la
autonomía que la propia jurisprudencia le atribuyó al juez de lo contencioso
administrativo para resolver este tipo de controversias (responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad). Aunado a esto, el tribunal llevó a
cabo un ejercicio argumentativo, sobre la razonabilidad, proporcionalidad
y legalidad de la medida de aseguramiento que no va en contraposición a
la jurisprudencia constitucional alegada.

39. El hecho de que en el caso concreto la autoridad judicial accionada
aparentemente no haya explicado las razones por las que no analizó la
controversia a la luz del régimen objetivo de responsabilidad, por sí mismo,
no constituye un defecto, pues, la jurisprudencia alegada como
desconocida, tal como se indicó en el párrafo anterior, abrió la posibilidad
de que el juez de la responsabilidad determine, a partir de los hechos
materiales, el régimen a aplicar, sin que de ello derive, necesariamente, en
el deber de estudiar ambos regímenes de forma simultánea o escalonada.

40. Entonces, dado que la parte actora no demostró la configuración de
un defecto fáctico, así como tampoco el desconocimiento de un
precedente jurisprudencial del cual se pudiera derivar una vulneración al
derecho al debido proceso, igualdad y acceso a la administración, la Sala
negará el amparo solicitado.

2.5. Conclusión

41. La Sala modificará la Sentencia de 4 de julio de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente
este mecanismo constitucional y; en consecuencia, negará las pretensiones
de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela de 4 de julio de 2024, por
medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02724-01
Demandante: Jorge Oswaldo Soler Rincón y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar y negar
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improcedente este mecanismo constitucional, para NEGAR la acción de
tutela presentada por Jorge Oswaldo Soler Rincón y Jorge Augusto Soler
Díaz, concretamente, en lo que respecta a los defectos de
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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