Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02728-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
12 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: OSCAR JAVIER LÓPEZ MEDINA
Accionado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela para solicitar traslado de establecimiento penitenciario y
carcelario por unificación familiar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Oscar Javier López Medina, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.
I. I. A N T E C E D E N T E S
1. Oscar Javier López Medina formuló acción de tutela contra el Departamento de
Santander, el Municipio de San Vicente de Chucurí, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Hacienda, “el Ministerio de Infraestructura” (sic), Fondo Colombia Paz-Total,
Comisión de derechos Humanos del Senado de la República, Comité Internacional
de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, Alcaldía Corregimiento centro Ecopetrol,
Alcaldía Corregimiento Yarima Santander, Secretaría General de las Naciones
Unidas, Secretaría General de los Estados Americanos, Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gobierno de
Paz Total, República de Colombia, Vicepresidencia de la República, Defensa Civil,
1
Que ingresó para fallo el 28 de junio de 2024.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
Unidad de Bomberos de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Director
Nacional del Inpec y el Alto Comisionado para la Paz.
2. La tutela está encaminada (i) a que se inicien las obras de nuevos centros
penitenciarios y carcelarios de reclusión preventivos; (ii) de centros integrales de
resocialización que garanticen la eliminación de la impunidad en Colombia, (iii) los
fondos necesarios para el inicio de obras por parte del Fondo Colombia Paz y al
Gobierno de Paz total, (iv) para que en el corregimiento el Centro de Ecopetrol,
vereda la INDIA, se suscriba el contrato de obras destinado a la creación del nuevo
centro de reclusión del Magdalena Medio Santandereano; (v) se garantice el inicio
y finalidad de la obra de centro de reclusión preventiva; (vi) se creen nuevas
unidades de protección judicial UPJ del siglo XXI; (vii) se inicie un programa de
infraestructura se seguridad nacional en donde se implemente el desarrollo de
Centros de atención inmediata de protección judicial CAIPJ, amplios, modernos,
científica y tecnológicamente óptimos y en adecuadas condiciones de atención
permanente en garantías de la tranquilidad de la ciudadanía y el orden público de
la Nación Colombiana.
3. El escrito de tutela fue radicado ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, sin embargo, en virtud del contenido del
decreto 333 de 2021, dicha autoridad judicial remitió el escrito a esta Corporación.
Una vez repartido, el despacho sustanciador, en auto de 31 de mayo de 2024,
requirió al actor para que precisara con claridad cuál es la presunta vulneración de
derechos fundamentales y precisara las peticiones de protección constitucional.
4. Dentro del término judicial indicado, el actor precisó los hechos que considera
vulneratorios de sus derechos constitucionales y las peticiones de amparo.
5. Tras la corrección del escrito de tutela, el actor señaló que se encuentra privado
de la libertad en el Establecimiento penitenciario y carcelario de San Vicente de
Chucurí y denuncia que, “nos encontramos en un hacinamiento de un 150% de la
capacidad total del sistema carcelario lo que hace violatorio de la condición integral
de la protección de los derechos humanos fundamentales”. Reprochó que las
entidades accionadas no han iniciado el proceso de construcción de nuevos
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
establecimientos carcelarios y penitenciarios, los cuales permitirán que las personas
privadas de la libertad se encuentren en condiciones de mayor dignidad.
“Al tiempo que solicito el traslado a la cárcel de Barrancabermeja para poder
garantizar el derecho de acercamiento familiar y el derecho fundamental de visita
familiar e intima la cual se viene violando por el distanciamiento del interno
interesado con mi núcleo familiar”.
6. En auto de 19 de junio de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda
formulada por el actor contra la Presidencia de la República, del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el municipio de San Vicente de Chucurí y el municipio de
Barrancabermeja, en el mismo sentido se vinculó la EMPSC de San Vicente de
Chucurí, al EPMSC de Barrancabermeja, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y al
Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Salud PPL 2024.
Respuestas de entidades vinculadas
7. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)2 indicó que el
actor se encuentra recluido en el CPMS San Vicente de Chucurí. Señaló que el
escrito de tutela del actor reclama que se hagan inversiones públicas con el fin de
mitigar el alto hacinamiento, sin embargo, precisó que en el “EPMSC-SAN VICENTE
DE CHUCURI, este tiene una capacidad de 56 cupos y cuenta con una población
de 85 PPL, con una sobrepoblación de 29 PPL. Contando con 43 PPL en calidad
de CONDENADOS Equivalentes al 50.6 % de su capacidad, así mismo tiene 42
PPL en calidad de SINDICADOS equivalentes al 49.4% de su capacidad, situación
que genera un alto grado de hacinamiento en el penal del 51.7% de su capacidad,
donde claramente se evidencia que el hacinamiento está marcado por los PPL en
calidad de SINDICADOS en este PENAL.”
8. Informó que la USPEC ha previsto la ejecución de proyectos de generación de
cupos carcelarios que buscan dar soluciones a nivel nacional que aporten a la
disminución del hacinamiento. Asimismo, recordó que el Código Penitenciario y
Carcelario (Ley 65 de 1993 reformado por la ley 715 de 2001), han puesto en cabeza
de los entes territoriales competencias subsidiarias dirigidas a que concurran
2
Registro 22 del expediente digital en SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
esfuerzos en la construcción de infraestructura carcelaria y penitenciaria.
Finalmente indicó que, en cumplimiento de planes de inversión, la USPEC viene
adelantando los trámites contractuales para el aumento de cupos. Especificó:
“En cuanto a las ampliaciones realizadas por la USPEC en el Departamento de
Santander, se informa que en la Vigencia 2021 fueron entregados 752 cupos para
el EPAMS de Girón. Asimismo, mediante CONPES 4082 de 2022, se realizó la
Declaración de importancia estratégica del proyecto construcción y ampliación de
infraestructura para generación de cupos en los Establecimientos de Reclusión del
Orden Nacional que incluye la ejecución de nuevos cupos en infraestructuras de
cuarta generación, en el cual se encuentra contemplado la construcción del Nuevo
ERON en Barrancabermeja que tendrá una capacidad aproximada de (1500 cupos)
y se encuentra actualmente en ejecución bajo el contrato de obra No. 286-2023 que
está en fase inicial y cuenta con un plazo de ejecución de 48 meses.”
9. En un segundo acápite de su intervención, la entidad indicó que, la administración
y distribución de los cupos para personas privadas de la libertad con los que cuenta
el país, es competencia del INPEC. Añadió que, examinada la pretensión del actor,
la misma es improcedente pues, en su criterio no se configura un prejuicio
irremediable, y “en consecuencia la desvinculación de la USPEC, teniendo en
cuenta que no ha incurrido en violación de ningún derecho fundamental de los
accionantes”.
10. El director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del
Derecho3 intervino con el fin de solicitar que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, pues en su criterio el escrito de amparo solicita inversión pública
con el fin de superar el ECI en materia carcelaria, pero no presenta una situación
concreta de vulneración de derechos fundamentales del actor. Recordó la sentencia
T-004 de 2023, en la que la Corte Constitucional definió que son improcedentes las
acciones de tutela en las que se busca el cumplimiento de la T-762 de 2015 o de la
T-388 de 2013, decisiones en las que la Corte Constitucional ha declarado el Estado
de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria.
11. De igual manera, allegó al expediente de tutela el informe que remitió el gobierno
nacional a la Corte Constitucional respecto a las acciones dirigidas a superar el ECI
en materia carcelaria, puntualmente para atender las órdenes proferidas en la SU-
122 de 2022. Informó que, recientemente se profirió la Ley 2346 de 2024 “Por medio
de la cual se asignan competencias transitorias a la unidad de servicios
penitenciarios y carcelarios en materia de alimentación para atender situación
3
Registro 25 del expediente digital de SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
humanitaria en centros de detención transitoria”. Con esa ley, la USPEC ha prestado
continuamente el servicio de alimentación en los centros de detención transitorias.
Asimismo, informó de otras iniciativas de coordinación entre la nación y los entes
territoriales con el fin de aumentar en el mediano y largo plazo el número de cupos
para las personas privadas de la libertad, y superar el estado de hacinamiento del
sistema carcelario y penitenciario del país.
12. La secretaria general y de Gobierno del Municipio de San Vicente de Chucurí4
intervino con el fin de informar que “el ciudadano ÓSCAR JAVIER LÓPEZ MEDINA
fue capturado en el Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander y dejado bajo
cuidado y custodia en la Estación de Policía mientras se daba su traslado al centro
penitenciario que opera en el municipio”. Adicional indicó que el actor ya formuló
otro medio de amparo constitucional con el radicado 2024-00035-00, tramitado en
el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucurí y en el que se protegió
su derecho fundamental a la salud y se ordenó al centro penitenciario y carcelario
garantizar el acceso a este derecho fundamental. Sin embargo, no allegó al
expediente la providencia de tutela.
13. Indicó las acciones que se incluyeron en el plan municipal de desarrollo de San
Vicente de Chucurí, dirigidas a garantizar la inversión de recursos económicos en
los establecimientos en los que se encuentran personas privadas de la libertad.
Asimismo, indicó que se han desarrollado acciones para coordinar esfuerzos entre
la nación y el departamento para aumentar el número de cupos y disminuir el
hacinamiento. Concluyó solicitando que se desvincule o se exonere al municipio
pues los hechos invocados como fundamento de la tutela, no apuntan a alguna
acción u omisión vulneratoria de los derechos del actor.
14. La Fiduciaria la Previsora administradora del patrimonio autónomo fondo de
atención de salud PPL 20245 intervino con el fin de solicitar que se declare
improcedente el escrito de tutela, toda vez que, en su criterio carece de legitimación
en la causa por pasiva para concurrir al proceso de la referencia. Señaló que del
escrito se deduce que el actor solicita que se le traslade a la ciudad de
Barrancabermeja. Respecto de las dos peticiones principales, la fiduprevisora indicó
4
Registro 28 del expediente digital en Samai.
5
Registro 27 del expediente digital en Samai.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
que carece de competencia pues, como vocera del patrimonio autónomo del fondo
de atención en salud PPL 2024, se refiere exclusivamente a la administración de la
fiducia mercantil del fondo, con el que, se financian las actividades de prestación de
servicio de salud. Añadió que “Las funciones asignadas no deben confundirse con
las previstas para una EPS porque ésta no funge como tal; y ii). El objeto del contrato
de fiducia mercantil está previsto para la administración y pagos de los recursos del
precitado Fondo y no respecto a la materialización del servicio de salud, ya que esto
es responsabilidad del establecimiento penitenciario y el INPEC en coordinación
con las IPS contratadas” con lo cual no tiene ninguna competencia sobre la inversión
de recursos para la construcción de infraestructura.
15. Respecto al traslado solicitado por el actor, indicó que, conforme el artículo 73
de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, esta es una facultad
discrecional del INPEC.
16. La apoderada judicial de la Presidencia de la República6 indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues todas las actuaciones señaladas por el
actor son atribuibles a otras entidades públicas, y no son competencia del
departamento administrativo de la presidencia, pues el DAPRE no tiene
competencia para realizar traslados de PPL a diferentes centros de reclusión.
17. A pesar de ser vinculado, el INPEC no intervino dentro del proceso de la
referencia.
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico.
6
Registro 29 del expediente digital de Samai.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
19. En su escrito de tutela, el actor denuncia la situación de hacinamiento que sufren
los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país y, en consecuencia,
solicita la inversión de recursos económicos para la construcción de infraestructura
para nuevos cupos para reclusos. Tras la solicitud de este despacho para que
concretizara su petición del amparo, el actor indicó que acude a los jueces de tutela
con el fin, además de que se proteja su derecho a la unificación familiar y sea
trasladado a un establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja.
20. En esa medida, esta subsección debe resolver dos problemas jurídicos. En
primer lugar determinar si, mediante la acción de tutela se puede solicitar la
inversión de recursos económicos para la construcción de infraestructura para
personas privadas de la libertad, y como segundo problema se debe determinar si
las entidades accionadas, puntualmente la Presidencia de la República, el INPEC,
el USPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Municipio de San Vicente de
Chucurí han vulnerado los derechos fundamentales a la unidad familiar y al debido
proceso invocados por el actor, respecto de la situación de hacinamiento que
atraviesa el EPMSC-SAN VICENTE DE CHUCURÍ, al no trasladar al actor a un
establecimiento carcelario y penitenciario más cerca de su núcleo familiar.
21. Para resolver los problemas planteados esta Subsección expondrá: (i) el
precedente constitucional sobre las diversas declaratorias de Estados de Cosas
Inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria; (ii) procedencia de la acción
de tutela para autorizar traslados de personas privadas de la libertad a otros centros
penitenciarios, (ii) el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la
libertad; y (iv) se estudiará el caso concreto.
1. Precedente constitucional sobre las diversas declaratorias de Estados de
Cosas Inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria
22. La Corte Constitucional en varias decisiones a lo largo de las últimas dos
décadas ha declarado que el sistema penitenciario y carcelario del país atraviesa
un estado de cosas inconstitucional pues se presenta una vulneración amplia y
reiterada de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, así
como un bloqueo institucional de diversas entidades que impide su superación.
Desde la Sentencia T-153 de 1998, T-388 de 2013 y SU-122 de 2022, la Corte
Constitucional ha proferido órdenes estructurales para que las entidades públicas
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
superen la situación que afecta la dignidad humana de las personas privadas de la
libertad.
23. Las órdenes judiciales que se han proferido, en general tienen como objetivo
que las entidades públicas encargadas de administrar los diversos establecimientos
carcelarios y penitenciarios, articulen su trabajo con el fin de superar bloqueos
institucionales para que sumen esfuerzos en la dignificación de la vida de las
personas privadas de la libertad. Además, con el fin de hacer seguimiento a estas
órdenes estructurales, la Corte Constitucional conservó la competencia para hacer
seguimiento al cumplimiento de las diversas providencias, puntualmente a través de
una Sala especial de Seguimiento. Autoridad que periódicamente profiere autos de
seguimiento en los que, verifica el avance o retroceso en la superación del ECI.
24. En atención a los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, y al
permanente seguimiento que hace la Sala Especial, la jurisprudencia constitucional
ha indicado que, proferir órdenes estructurales en materia penitenciaria y carcelaria
es competencia del juez constitucional en sede del seguimiento al Estado de Cosas
Inconstitucional.
25. Recientemente, la T-004 de 20237, la Corte Constitucional precisó que, en
relación con las solicitudes de personas privadas de la libertad, dirigidas a que se
profieran órdenes estructurales, los jueces de tutela deben tener especial atención
con el fin de articular los esfuerzos que ya hace la sala de seguimiento y la Sala
Plena de ese Tribunal. Los jueces de instancia deben proferir órdenes de carácter
concreto cuando se verifiquen vulneraciones puntuales, pero las estructurales
deben ser proferidas por dicho tribunal:
“La Sala Segunda de Revisión, encontró que, en este caso en particular, los
derechos deprecados por las 36 personas privadas de la libertad coinciden
con el estado de cosas inconstitucional declarado en materia carcelaria. Así,
reiteró los lineamientos señalados en la Sentencia SU-092 de 2021. Los
cuales prescriben que en el evento que se requieran medidas adicionales a
las adoptadas en el marco del estado de cosas inconstitucional, o en los
subsecuentes autos de seguimiento, el juez de revisión podrá tomar las
medidas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales que
estén amenazados o vulnerados en el caso particular. Sin embargo, estas
medidas deberán ser coherentes y respetuosas de las adoptadas en el marco
del ECI, esto con fin de proteger la seguridad jurídica.
7
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
Tras verificar derecho por derecho, la Sala Segunda de Revisión constató
que existe una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, la integridad personal, salud y petición de 36 accionantes, y todos
los hechos que fueron reseñados por los actores como fuente de la
vulneración de sus derechos, han sido abordados y estudiados por la Corte
y la Sala Especial de Seguimiento de las sentencias T-388 de 2014 y T-762
de 2015. Por lo que, en la mayoría de los derechos, dada la falla estructural
que se presenta en relación a estos procesos, la Sala de Revisión decidió
atenerse a lo ordenado en el marco del estado de cosas inconstitucional.”
26. En ese orden de ideas, el juez de tutela puede tomar medidas adicionales para
proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, siempre que sean
coherentes con las adoptadas en el marco del estado de cosas inconstitucional.
2. Precedente constitucional sobre solicitud de traslados a través de acción
de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
27. La Corte Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial sólida, en la que
reconoce que entre el Estado y las personas privadas de la libertad hay un vínculo
de “especial relación de sujeción”8, en razón a que los hombres y mujeres bajo
estas circunstancias, se encuentran sometidos al régimen disciplinario del
establecimiento penitenciario asignado, donde el Estado Colombiano tiene el
deber, a través de sus autoridades carcelarias de asumir el cuidado y la protección
de sus derechos.9
28. En virtud de esa especial sujeción administrativa10, se ha indicado que algunos
de los derechos de las personas privadas de la libertad, sufren fuertes restricciones
(nunca al punto de suspender el núcleo esencial del derecho) y, por el contrario,
otros derechos empiezan a gozar especial protección estatal.
8
Sentencia T-266-de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
9
En Sentencia T-175 de 2012 la Corte Constitucional identificó seis (6) elementos característicos de las
relaciones de especial sujeción: (i) “[L]a subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta
subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles
disciplinarios y administrativos especiales y [la] posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso
fundamentales), (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de
los derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley, (iv) La finalidad del ejercicio de
la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el
ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad
y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización), (v) Como consecuencia de la
subordinación, surgen ciertos derechos especiales(relacionados con las condiciones materiales de existencia:
alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser
especialmente garantizados por el Estado.(vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial
el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas
activas).”
10
Cfr. T-075 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Rios)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
29. En la T-075 de 2016 se indicó que, de esta manera, de la relación de especial
sujeción administrativa, emerge (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos
derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación),
(ii) la imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros) y
(iii) el deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los
derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea
objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se
encuentran los reclusos.
30. En virtud de esta especial relación administrativa, la Corte ha indicado que las
medidas administrativas vulneratorias de derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad pueden ser resueltas mediante la acción de tutela cuando,
el actor no cuenta con ningún otro medio de defensa judicial para la protección de
sus derechos constitucionales, tales como el habeas corpus, o las etapas propias
del proceso penal.
31. En efecto, recientemente, en las Sentencias T-301 de 202211, T-027 de 202312
y T-004 de 202413 se ha indicado que, la acción de tutela es el medio judicial
adecuado para poner en conocimiento ante los jueces, los eventos en los que se
denuncian actos de vulneración de derechos fundamentales en eventos de
hacinamiento carcelario. Respecto al requisito se subsidiariedad, la T-301 de 2022
precisó que:
“(…) la acción de tutela solo procede ante la inexistencia de mecanismos ordinarios
de defensa idóneos y eficaces, o, cuando existiendo estos, resulte necesario
precaver un perjuicio irremediable. En el asunto en cuestión, la accionante no
cuenta con otro mecanismo judicial para la protección de los derechos
fundamentales que considera en riesgo, teniendo en cuenta además la relación
especial de sujeción[46] en la que se encuentra al ser una persona privada de la
libertad en un establecimiento de reclusión.
62. En este mismo sentido, en la sentencia T- 388 de 2013 esta Corte indicó que las
personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en
razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos fundamentales al interior
de los mismos centros de reclusión. Por esa razón, recordó que la acción de tutela
adquiría un lugar protagónico y estratégico, ya que a través de ella no sólo se
[permitía] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general, sino
11
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
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Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
que, además, [permitía] a las autoridades tener noticia de graves amenazas que
[estaban] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional [había]
reconocido que la acción de tutela [era] un derecho protegido de forma especial para
personas privadas de la libertad”
32. En punto a los estándares legales y constitucionales referidos al control judicial
de las decisiones sobre el traslado de personas privadas de la libertad,
especialmente, enmarcado en la relación de especial sujeción administrativa, se
debe recordar que el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 establece que la Dirección
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC– tiene la facultad
discrecional para decidir, de oficio o por solicitud de los directores de las cárceles,
sobre el traslado de las personas privadas de la libertad entre los diferentes
establecimientos carcelarios del país. Sobre este punto, la Corte Constitucional en
reiteradas oportunidades14 ha sostenido que dicha decisión es arbitraria e
injustificada, cuando (a) vulnera derechos fundamentales no restringibles, (b) emite
órdenes de traslado o niega los mismos sin motivo expreso; (c) niega los traslados
bajo el único argumento de no ser la unidad familiar una causal establecida en el
artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario y (d) emite órdenes de traslado o
niega los mismos con fundamento en la discrecionalidad que le otorga la
normatividad, sin más argumentos.
33. Condición para el examen judicial en sede de tutela de una decisión sobre la
negativa de la concesión de un traslado de una persona privada de la libertad, exige
que el actor se haya dirigido a las autoridades administrativas con el fin de solicitar
dicho traslado y que la entidad se lo haya negado. Esto, pues en sede de tutela se
examinan, desde una perspectiva constitucional, las razones que ofreció el INPEC
para negar la petición de reasignación de establecimiento de reclusión.
3. El derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad.
Reiteración de jurisprudencia.
34. En la Sentencia T-154 de 201715, la Corte Constitucional reiteró el precedente
judicial sobre el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad.
Señaló que, la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como institución
14
Sentencias T-232 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-439 de 2013 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez) y T-017 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
15
M.P. Alberto Rojas Ríos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02728-00
Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
y núcleo fundamental de la sociedad (Art. 5º y 42) y establece que es deber del
Estado y la sociedad garantizar su protección integral (Art. 42). En este sentido, la
salvaguarda a la unidad familiar es un derecho fundamental de todas las personas,
razón por la cual, se prohíbe la adopción de medidas infundadas e irrazonables que
impliquen su vulneración16.
35. Además, el artículo 44 de la Constitución Política establece que “son derechos
fundamentales de los niños: (…) tener una familia y no ser separado de ella (…)”.
Así mismo, prevé que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás.”. Por su parte, el numeral 3º del artículo 9 de la Convención sobre los
Derechos del Niño dispone que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.”.
36. En relación con las personas privadas de la libertad, la jurisprudencia
constitucional17 ha sostenido que si bien la unidad familiar es uno de los derechos
que se encuentran parcialmente restringidos, como consecuencia de la relación de
especial sujeción administrativa derivada de la restricción del derecho a la libertad,
éste no puede ser suprimido, pues la incidencia positiva del contacto del interno con
su familia durante su tratamiento penitenciario es indispensable y necesaria para su
resocialización.
“Igualmente, el concurso de la familia para adelantar un proceso exitoso de
resocialización está fuertemente vinculado con la eficacia de otros derechos
fundamentales del recluso. La posibilidad de mantener comunicación oral y
escrita con personas fuera del penal, de conservar una vida sexual activa
permitirá, las más de las veces, una reincorporación menos traumática al mundo
de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además asociado con las garantías
básicas de la dignidad humana, la libertad y la intimidad personal (estas últimas
con sus obvias limitaciones). (...)”.18
37. La jurisprudencia ha indicado que, en virtud de este derecho, las autoridades
administrativas deben “procurar por el mantenimiento de los vínculos filiales,
16
Sentencia C-026 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
17
Sentencias T-274 de 2005; T-002 de 2014; T-127 de 2015 y T-111 de 2015 entre otras.
18
Sentencia T-319 de 2011.
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facilitando en la medida de lo posible la participación del recluso con su familia y el
contacto permanente con la misma (…)”.19 En consecuencia, las medidas y/o
decisiones que afecten esta garantía constitucional, deberán adoptarse y ejercerse
con base en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad20.
38. Lo anterior cobra especial relevancia cuando se invoca la protección de la
unidad familiar, y están involucrados derechos de personas menores de edad. En
efecto, desde la perspectiva de la persona privada de la libertad, resulta sano y
deseable que, incluso recluido en un establecimiento penitenciario o carcelario,
conserve contacto con los miembros de su familia, toda vez que los lazos filiales y
afectivos permiten materializar los fines de la pena. Pero admite más dimensiones
y miradas. Desde la perspectiva de los niños y niñas que tienen a uno de sus padres
privados de la libertad, adquieren nuevos matices, pues los niños, incluso en esas
difíciles situaciones tienen el derecho a tener cerca a los miembros de su familia,
puntualmente su padre o madre.
“(…) es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al cuidado, el amor,
la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en forma
apta’21; derechos que, a la postre, podrían verse seriamente amenazados en la
medida en que se rompa la unidad familiar y no se adopten las medidas que
correspondan y que coadyuven a evitar tal rompimiento o que faciliten su posible
restablecimiento.”22.
39. En Sentencia T-669 de 2012, la Corte Constitucional estudió el caso de una
persona privada de la libertad que había solicitado el traslado a un establecimiento
penitenciario y carcelario más cerca al domicilio de sus hijos. La providencia
consideró que, si bien la decisión de la autoridad carcelaria no fue arbitraria y se
encuentra ajustada a derecho, lo cierto es que al estudiar la solicitud el INPEC debió
analizar las especialísimas condiciones en que se encuentra el núcleo familiar del
actor, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños.
4. Caso Concreto
40. Examinado el expediente y el escrito de tutela, se verifica que el actor centra
sus solicitudes en dos clases de pretensiones. En el escrito original solicita que se
19
Ibídem.
20
Sentencia T-017 de 2014.
21
Sentencia T-669 de 2012.
22
Sentencia C-026 de 2016.
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ordene a diferentes autoridades públicas el inicio de actividades constructivas para
aumentar el número de cupos para disminuir el hacinamiento que afronta el sistema
penitenciario y carcelario del país. En el escrito de corrección de la tutela solicitó
que se conceda el traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de
Barrancabermeja, con el fin de estar cerca de su núcleo familiar.
41. Respecto a estas peticiones de amparo, reiterando el precedente constitucional
sobre procedencia formal de la acción de tutela, la Subsección estima que en virtud
de la especial sujeción administrativa en la que el actor encuentra restringidos sus
derechos constitucionales, mientras que otros gozan de especial protección
constitucional en cabeza del Estado, se concluye que la acción de la referencia es
procedente. Lo anterior por las siguientes consideraciones.
41.1. Legitimación en la causa por activa. El actor se encuentra legitimado para
denunciar la situación de hacinamiento que vive el sistema carcelario y penitenciario
del país. Oscar Javier López Medina directamente sufre las consecuencias del
hacinamiento que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario. Además, en punto
a la petición dirigida a la concesión del traslado de establecimiento penitenciario y
carcelario, puntualmente a la ciudad de Barrancabermeja, está igualmente
legitimado, pues es quien sufre la distancia con su núcleo familiar.
41.2. Legitimación en la causa por pasiva. Las autoridades accionadas y respecto
de quienes se admitió la acción de tutela son responsables del liderazgo de la
implementación de políticas públicas para superar el Estado de Cosas
Inconstitucional en materia carcelaria, y la satisfacción de las órdenes estructurales
que ha proferido la Corte Constitucional en las providencias mencionadas en la
consideración No. 22 de esta providencia. Las peticiones del actor son de aquellas
que se resuelven con decisiones estructurales, motivo por el cual, en relación con
las pretensiones del actor, las entidades vinculadas son las llamadas a contestar el
escrito de tutela.
41.3. Subsidiariedad. Respecto a la existencia de otro medio de defensa judicial, la
Subsección concluye que, en el caso concreto no existe otro instrumento de
protección de los derechos constitucionales invocados por el actor. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que, en virtud de la especial sujeción
administrativa de una persona privada de la libertad, especialmente en eventos de
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hacinamiento, la acción de tutela es el medio constitucional adecuado y procedente
para llevar ante un juez, una denuncia de eventuales vulneraciones a derechos
constitucionales.
41.3.1. El municipio de San Vicente de Chucurí en su respuesta a la acción de tutela,
informó que el actor había presentado otra acción de tutela en la que, solicitó la
protección de su derecho a la salud. Esa petición fue resuelta por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucurí, en radicado 2024-0035. Sin
embargo: (i) no se allegó al expediente copia del fallo, y (ii) el actor no hace
afirmaciones concretas sobre la manera en la que se vulnera su derecho a la salud.
Las afirmaciones concretas que hace el actor se refieren a su deseo de ser
trasladado a la ciudad de Barrancabermeja. Por ese motivo, en el acápite de
formulación del problema jurídico no se mencionó el derecho a la salud. Por lo
anterior, en relación con esta situación del fallo de tutela con radicado 2024-0035,
esta subsección encuentra que no es parte de la discusión del caso concreto.
41.4. Inmediatez. En criterio de la Subsección se satisface este requisito, pues la
situación de hacinamiento que vive el actor es permanente y en esa medida,
propone la acción de tutela dentro de un plazo estrechamente cercano a la situación
que vive.
42. Respecto al examen de fondo, la Subsección estima que debe diferenciar las
peticiones del actor en dos grupos. Por un lado, el actor solicita por vía de tutela que
se ordene “iniciar las obras de nuevos centros penitenciarios y carcelarios de
reclusión preventivos; iniciar obras de centros integrales de resocialización que
garanticen la eliminación de la IMPUNIDAD en Colombia; Solicitar al Fondo
Colombia Paz y al Gobierno de Paz total, los fondos necesarios para el inicio de
obras”, entre otras. De otro lado, solicita su traslado al establecimiento penitenciario
y carcelario de Barrancabermeja.
43. En relación con estas solicitudes de amparo, la Subsección verifica que las
mismas se hacen en abstracto, pues el actor no enuncia la manera cómo se están
vulnerando sus derechos constitucionales, o la manera en la que esas obras han
sido definidas por las autoridades públicas competentes como parte de la ruta de
inversión para superar el ECI en materia carcelaria. En criterio de esta Corporación
se trata de peticiones que no se encuentran respaldadas probatoriamente, sino
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simplemente enunciaciones genéricas que no se relacionan directamente con el
ejercicio de derechos fundamentales del actor.
44. A esta corporación no le corresponde examinar el cumplimiento de las órdenes
estructurales proferidas en sede de control concreto por parte de la Corte
Constitucional23, ello es competencia exclusiva del órgano judicial de seguimiento.
Sin embargo, en punto al caso concreto y peticiones del actor, Oscar Javier López
Medina, se verifica que las solicitudes de obras no guardan ninguna relación con la
situación del demandante.
45.Por consiguiente, se negará el amparo pues no se verifica, en el caso concreto,
ninguna vulneración de derechos fundamentales del actor, puntualmente, en
relación con la necesidad de que un juez constitucional profiera nuevas órdenes de
este tipo.
46. Respecto al examen de la petición de amparo referida con su traslado a un
establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja, esta Subsección
concluye que, el actor no acompañó el escrito de tutela de algún documento sumario
que permita concluir que en efecto, ha elevado esta petición ante el INPEC para
que en ejercicio de la facultad legal prevista en el artículo 73 de la Ley 65 de 1993
esa autoridad estudie si la misma es procedente, especialmente a la luz del derecho
a la unidad familiar. No se trata de que el actor deba satisfacer primero un trámite
administrativo para acudir al juez de tutela, sino que no existe prueba de que el
INPEC haya vulnerado un derecho fundamental del actor. Adicional a ello, debe
señalarse que el actor, de manera escueta indicó que invoca ese derecho, pero no
indicó cómo está integrado su núcleo familiar, o el mismo dónde tiene su domicilio.
47. El INPEC guardó silencio en el término que concedió esta autoridad judicial para
contestar el escrito de tutela, motivo por el cual, en virtud de la previsión del artículo
23
Las entidades accionadas remitieron a este despacho los informes que dirigieron a la Corte Constitucional
respecto de la planificación de inversiones públicas en materia de construcción de nuevos establecimientos
penitenciarios y carcelarios. En relación con el departamento de Santander se evidencia que, la USPEC, en
atención a las necesidades manifestadas por el INPEC está avanzando en la construcción de nuevos cupos
para personas privadas de la libertad, y por esa vía reducir la tasa de hacinamiento y mejorar las condiciones
de reclusión de las personas privadas de la libertad. A folio 112 del Decimosexto informe semestral de
seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, extendido a los centros
de detención transitoria. Gobierno de Colombia Junio de 2024, se observa que en virtud del documento Conpes
4082 de 2022, se ha avanzado en la adjudicación y apropiación de diseños de la cárcel de Barrancabermeja,
con 1512 nuevos cupos.
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Accionante: Oscar Javier López Medina
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
20 del decreto 2591 de 1991 podría afirmarse que se debe aplicar la presunción de
veracidad de las afirmaciones que haya hecho el actor, sin embargo, si se examina
el escrito de tutela, el actor no hace ninguna afirmación concreta sobre el
comportamiento del INPEC, en esa medida no existe hipótesis alguna que deba
presumirse como cierta. El actor se limita a afirmar que desea ser trasladado a
Barrancabermeja. Pero de los documentos contenidos en el expediente no se
verifica vulneración alguna en este punto, por tal motivo, estas solicitudes de
amparo, también serán negadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Oscar Javier López Medina.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: si no fuere impugnada esta providencia, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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