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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02731-00

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad Especial de Activos Especiales S.A.S. y Metro Cali S.A. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto frente al cargo de la presunta mora judicial de la acción instaurada por el señor German Antonio Andrade Cataño contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca otro. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción frente al cargo elevado contra la providencia judicial del 28 de julio de 2023. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02731-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

11 de julio de 2024

Demandante: Germán Antonio Andrade Cataño
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02731-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02731-00
Demandantes: GERMÁN ANTONIO ANDRADE CATAÑO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tema: Tutela contra providencia judicial – carencia actual de objeto
por hecho superado-improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Germán Antonio Andrade Cataño contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Germán Antonio Andrade Cataño, actuando en nombre propio, inició
acción de tutela el 27 de mayo de 2024 contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en la que pretenden el amparo de sus derechos fundamentales «de
ACCESO a la ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA, al DEBIDO PROCESO por MORA
JUDICIAL, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y el DERECHO a la IGUALDAD».

Lo anterior, toda vez que no ha resuelto el recurso de reposición en subsidio
queja interpuesto por la parte demandante contra el auto de 28 de julio de 2023 1,
en el marco del proceso de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado 76001-23-33-000-2022-00597-00. Igualmente, cuestionó la decisión del
28 de julio de 2023, ya que, a su juicio, el magistrado Fernando Augusto García
Muñoz se encuentra impedido para conocer del asunto.

1 Mediante el cual se decidió:

PRIMERO: NO REPONER para revocar el numeral tercero de la parte resolutiva del auto
interlocutorio de fecha 22 de noviembre de 2022.
SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

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Demandante: Germán Antonio Andrade Cataño
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02731-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Ordenar al Honorable Magistrado FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO del VALLE del CAUCA que, en un TÉRMINO no
mayor a 48 horas, se dé por IMPEDIDO conforme a la CAUSAL 2, 6, 9 y 12 del
ARTÍCULO 141 del C. G. del PROCESO y en la CAUSAL 3 y 5 del ARTÍCULO 56
del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL dentro de la DEMANDA de ACCIÓN
POPULAR bajo el Rad. No 760012333000 – 2022 – 00597 – 00, y se lede el trámite
correspondiente a las MEDIDAS PREVENTIVAS solicitada en el proceso.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Mediante auto de 6 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió el medio de control para la protección de derechos e intereses
colectivos presentado por el señor Jhon Edwin Restrepo Castillo en contra del
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali y otros2.

Tanto el apoderado de la parte demandante como la de Alianza Fiduciaria S.A.3
presentaron solicitudes de aclaración contra la anterior decisión y mediante auto
del 22 de noviembre de 2022, se resolvió la aclaración y coadyuvancia, así:

PRIMERO.- ACLARAR los numerales segundo y tercero del auto admisorio de la
demanda proferido el 6 de julio de 2022, en el sentido de precisar que la
vinculación de la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., lo es en su calidad de
administradora y vocera del Fideicomiso El Cortijo.

SEGUNDO.- TENER como coadyuvante de la presente acción, al señor GERMAN
ANTONIO ANDRADE CATAÑO mayor de edad identificado con la C. de C. No
16.797.19 expedida en Cali Valle.

TERCERO.- INCORPORAR la solicitud de aclaración de la parte demandante, sin
consideración alguna, por extemporánea

El demandante, inconforme con la decisión interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra del numeral tercero de la parte resolutiva,

2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Nacional de Estupefacientes hoy

Sociedad Especial de Activos Especiales S.A.S., Distrito de Santiago de Cali - Concejo Distrital de
Santiago de Cali, Metro Cali S.A., Curaduría Urbana Tres de Cali, Nación - Ministerio Público
«entidades demandadas en dicho proceso»; Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora
y vocera del Fideicomiso El Cortijo e Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder hoy Agencia
Nacional de Tierras – ANT «entidades vinculadas al mencionado proceso».
3 La Representante Legal para Asuntos Judiciales de Alianza Fiduciaria S.A., solicitó que se aclare

el auto admisorio de la demanda, indicando en síntesis que su vinculación lo debe ser en calidad de
administradora del Patrimonio Autónomo denominado “El Cortijo”, y no como sociedad propiamente
dicho.

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argumentando en síntesis que su solicitud fue radicada dentro del término legal
establecido para ello.

El recurso se resolvió por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante
auto interlocutorio del 28 de julio de 2023, en el que se dispuso:

PRIMERO: NO REPONER el numeral tercero de la parte resolutiva del auto
interlocutorio de fecha 22 de noviembre de 2022.

SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto en
forma subsidiaria.

Al respecto, el tribunal explicó que el auto admisorio de la demanda se notificó
por estado del 7 de julio de 2022 y su ejecutoria transcurrió los días 8, 11 y 12 de
julio de 2022, empero la solicitud de aclaración del auto admisorio fue realizada
el 13 de julio, esto es, fuera del término previsto.

Finalmente, el tribunal de manera informativa indicó que la parte demandante en
el mentado escrito extemporáneo de aclaración hizo referencia a la causal de
impedimento de que trata el numeral 4 del artículo 130 del del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, toda vez que
dicho tribunal resolvió el proceso con radicado 76001-23-33-005-2017-01223-00
y unas de las partes involucradas era el entonces municipio de Santiago de Cali5,
«con quien mi hija Eliana Paulina García Castaño, tenía una relación contractual». No
obstante, explicó que, dicha causal de impedimento desapareció desde
diciembre de 2019, dada la terminación de la referida relación contractual.

La parte actora, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
reposición6 y en subsidio queja. Reiteró sus posturas frente: i) la oportunidad de
su solicitud de aclaración del auto admisorio de la demanda, y, ii) de manera
subsidiaria, indicó que el magistrado Fernando Augusto García Muñoz está
incurso en causal de impedimento 2, 6, 9, y 12 del Código de Procedimiento
Penal.

El Tribunal Administrativo del Cauca a través del auto del 14 de junio de 2024 el
Tribunal Administrativo del Cauca dispuso:

PRIMERO: NO REPONER el auto interlocutorio de fecha 28 de julio de 2023.

4 Aplicable por remisión expresa del artículo 44 de la Ley 472 de 1998
5 Hoy Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.
6 Ahora bien, en el escrito de reposición la parte demandante reitera sus posturas frente: i) la
oportunidad de su solicitud de aclaración del auto admisorio de la demanda, y, ii) de manera
subsidiaria, indica que el suscrito está incurso en causal de impedimento 2, 6, 9, y 12 del Código de
Procedimiento Penal.

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SEGUNDO: CONCEDER el recurso de queja incoado contra el auto interlocutorio
de fecha 28 de julio de 2023, en consecuencia, de conformidad con el artículo 353
del C.G.P., remítase el expediente digital al Consejo de Estado.

Como fundamento de su decisión explicó que lo anterior ya había sido resuelto
dado que, previamente se le indicó que la solicitud de aclaración fue realizada
por fuera del término. Aunado a lo anterior, respecto a las causales de
impedimento invocadas por el recurrente, recordó que dichas circunstancias no
habían sido indicadas de manera expresa anteriormente, empero mediante el
auto interlocutorio recurrido ya se le resolvió dicho punto, por lo que «no hay lugar
a reponer para revocar el auto interlocutorio de fecha 28 de julio de 2023».

La referida decisión fue notificada el 17 de junio de 2024.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales porque
que no se ha resuelto el recurso de reposición en subsidio de queja interpuesto
contra el auto del 28 de julio de 2023, en el marco del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos con radicado 76001-23-33-000-
2022-00597-00.

Hizo un extenso recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del
mentado proceso y puso de presente que la decisión del 28 de julio de 2023
vulneró sus derechos fundamentales, ya que el magistrado Fernando Augusto
García Muñoz se encuentra impedido para conocer del asunto dado que incurrió
en las causales 2, 6, 9 y 12 del artículo 141 del Código General del Proceso y en
la causal 3 y 5 del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, toda vez que el
aludido funcionario falló la acción popular con radicado 76001-23-33-005-2017-
01223-00.

1.5. Admisión de la demanda7

Mediante auto de 11 de junio de 2024 se admitió la demanda y se ordenó notificar
tanto a la parte actora8 como al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
magistrado Fernando Augusto García Muñoz, como autoridades judiciales
accionadas.9

Igualmente se vinculó, en calidad de tercero con interés al señor Jhon Edwin
Restrepo Castillo10 «demandante del proceso de protección de derechos e intereses
colectivos»; al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali11, a la Corporación

7 Índice 4 de Samai.
8 g.er.andrade@hotmail.com; andradegerman4472@gmail.com; andradegerman4472@gmail.com
9 s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co
10 andradegerman4472@gmail.com
11 j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Autónoma Regional del Valle del Cauca12, a la Dirección Nacional de
Estupefacientes hoy Sociedad Especial de Activos Especiales S.A.S.13, al Distrito
de Santiago de Cali - Concejo Distrital de Santiago de Cali14, a Metro Cali S.A.15,
a la Curadora Urbana Tres de Cali16, a la Nación - Ministerio Público17 «entidades
demandadas en dicho proceso»; a la Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de
administradora y vocera del Fideicomiso El Cortijo18 e Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT19 «entidades
vinculadas al mencionado proceso».

Por último, se requirió al tribunal para que allegara el expediente ordinario en
modo digital y se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación para que
publicara en su respectiva página web copia digital de la demanda de tutela y de
los anexos, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de
los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Agencia Nacional de Tierras

Solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Adujo que ninguna de las facultades que le fueron otorgadas legalmente tiene
incidencia con el objeto de la acción constitucional presentada, ya que se
pretende el amparo del derecho fundamental de petición del accionante y como
consecuencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resuelva el
recurso de reposición interpuesto por el accionante el 4 de agosto de 2023, contra
auto interlocutorio de fecha 28 de julio del 2023, dentro del proceso de acción
popular de radicado 76001-23-33-000-2022-00597-00

1.6.2. Sociedad Especial de Activos Especiales S.A.S.

Solicitó negar las pretensiones de la demanda y su desvinculación del presente
tramite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva en
cuanto a que las pretensiones del accionante están relacionados a la mora
judicial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en una etapa del proceso
acción popular con radicado 76001-23-33-000-2022-00597-00.

12 notificacionesjudiciales@cvc.gov.co; notificacionesadministrativas@cvc.gov.co
13 notificacionjuridica@saesas.gov.co; atencionalciudadano@saesas.gov.co
14 notificacion.tutelas@cali.gov.co; notificacionesjudiciales@cali.gov.co
15 judiciales@metrocali.gov.co; presidencia@metrocali.gov.co; metrocali@metrocali.gov.co;
mcpiraban@metrocali.gov.co
16 cu3@cu3cali.com
17 procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
18notificacionesjudiciales@alianza.com.co
19 cpatarroyo@incoder.gov.co; juridica.ant@ant.gov.co

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1.6.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Se limitó a hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior
del medio de protección de derechos e intereses colectivos con radicado 76001-
23-33-000-2022-00597-00 y explicó que, en todo caso, al demandante en el
trámite de dicho proceso ya se le indicó que el magistrado ponente no estaba
incurso en ninguna causal de impedimento

1.6.4. Metro Cali S.A.

Requirió su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no tenía injerencia alguna en el
derecho que se presumía vulnerado.

1.6.5. Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora y vocera del
Fideicomiso El Cortijo

Adujo que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad toda vez que la parte
accionante dispone de otros medios de defensa judicial, por ejemplo la
reiteración a través de memoriales de celeridad frente al pronunciamiento sobre
el recurso presentado y «del escrito de la acción de tutela solo se evidencia, según lo
informado por el accionante, el envío de UN SOLO MEMORIAL de celeridad, de tal
manera que no puede manifestar el accionante que ha utilizado todos los medios para
buscar la protección de sus derechos».

Por otro lado, indicó que también se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado por cuanto a través del auto del 14 de junio de 2024 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca resolvió no reponer el auto del 28 de julio de
2023 y conceder el recurso de queja.

1.6.6. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

En primer lugar solicitó que la tutela fuera rechazada en cuanto el señor Andrade
Cataño actúa en calidad de coadyuvante en la acción popular , y conforme al

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artículo 71 del Código General del Proceso20 y la jurisprudencia21 «el coadyuvante,
sólo podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda», en cuanto
no estén en oposición con los de esta, «es decir, la Parte Accionante carece de
legitimación ad processum; dado que la parte Actora no interpuso Acción de Tutela por
esos hechos».

Explicó que igualmente, la jurisprudencia22 reciente del Consejo de Estado ha
sido enfática en señalar que la intervención de los coadyuvantes no solo tiene
límites en cuanto a que no pueden intervenir en oposición a la parte que
coadyuva, sino también que no pueden sustituir al demandante o demandado.

Igualmente, adujo que ya el tribunal mediante providencia del 14 de junio de 2023
resolvió, entre otras cosas, conceder el recurso de queja interpuesto contra el
auto del 28 de julio de 2023 y se remitió el expediente al Consejo de Estado , «por
tal razón, no podemos hablar de vulneración de derecho fundamental alguno».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por Germán Antonio Andrade Cataño, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

20
Artículo 71. Coadyuvancia; Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a
la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte
es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado
sentencia de única o de segunda instancia.//
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su
intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no
estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención
deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán
las pruebas pertinentes. //
Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que
hubiere formulado el interviniente.
La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta.
21 -Sección Primera del Honorable Consejo de Estado, en Sentencia de fecha veintisiete (27) de julio

de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 25000-23- 41-000-2014-01048-01,
• SECCIÓN QUINTA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, magistrado ponente: Luis Alberto
Álvarez Parra Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad
Electoral. Radicación: 11001-03-28-000- 2022-00035-00, 11001-03-28-000-2022-00064-00.
22 «-Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 1º de marzo de 2012, exp. 1992-

09, M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.
-Corte constitucional. Sentencia C – 404 de 28 de agosto de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
-Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Dra. María Elizabeth García González, proveído de 28
de octubre de 2010, Exp. No. 2005-00521-01, Actor: José Omar Cortés Quijano.»

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2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad Especial de Activos
Especiales S.A.S. y Metro Cali S.A. solicitaron su desvinculación del presente
trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciones
al proceso se hicieron en calidad de terceros, en atención al interés que le asiste
en las resultas del presente trámite, dado que hizo parte del proceso ordinario
que se discute en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto el
cargo de la presunta mora judicial porque no se ha resuelto el recurso de
reposición en subsidio de queja interpuesto contra el auto del 28 de julio de
2023, en el marco del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos?

Por otro lado, ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva
de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales «al DEBIDO PROCESO por MORA JUDICIAL, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, y el DERECHO a la IGUALDAD» con ocasión de la
providencia del 28 de julio de 2023, ya que a su juicio el magistrado
Fernando Augusto García Muñoz se encontraba impedido para conocer
del asunto?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) naturaleza de la acción de tutela; ii) de la carencia actual de objeto; iii)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; iv) de los requisitos generales de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial y v) análisis del caso en concreto.

-Análisis del cargo de mora judicial

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

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Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. De la carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones23 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación
sobreviniente.

Al respecto, la alta corporación, en la sentencia T-481 del 201624, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que

23 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido

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se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente25.

Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.26

En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer»”27

En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la

25 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la

cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
26 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
27 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido.

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conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.28

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre
la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,29 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la
demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.30 Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado31”.32 (Negrita y
subrayado fuera de texto).

Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden
a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el
derecho ya no se encuentra en riesgo33.

28 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
29 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la

cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
30 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la

cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
31 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la

cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
32 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
33 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».

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No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar
el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en
sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita34, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199135 y determinar si, con
atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados36. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre
la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición37; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de
protección objetiva38”.39 (Negrita y subrayado fuera del texto)

El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: «la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto».40

Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración
de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción
de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos
de daño consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga

34 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
35 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado

los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la
tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en
el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya
hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo
considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
36 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
37 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
38 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
39 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
40 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada.41 (Negrita y subrayado fuera del texto).

2.6. Caso concreto

Mediante auto del 22 de noviembre de 2022 el señor Germán Antonio Andrade
Cataño fue reconocido en calidad de coadyuvante en el medio control para la
protección de derechos e intereses colectivos.

Por lo anterior, la Sala considera que el accionante sí posee legitimación en la
causa por activa para presentar la acción de tutela toda vez que, de conformidad
con la normativa42 y jurisprudencia43 aplicable al caso, los coadyuvantes podrán
efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, siempre y cuando
no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en
litigio.

Ahora bien, el actor consideró vulneradas sus garantías constitucionales porque
que no se ha resuelto el recurso de reposición en subsidio de queja interpuesto
contra el auto del 28 de julio de 2023, en el marco del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos con radicado 76001-23-33-000-
2022-00597-00.

De las actuaciones procesales obrantes en Samai, se tiene que, durante el
trámite de la acción de tutela, se profirió el auto solicitado, el cual en su parte
resolutiva dispuso: i) «no reponer el auto interlocutorio de fecha 28 de julio de 2023»
y ii) «conceder el recurso de queja incoado contra el auto interlocutorio de fecha 28 de
julio de 2023, en consecuencia, de conformidad con el artículo 353 del C.G.P., remítase
el expediente digital al Consejo de Estado». La referida decisión fue notificada el 17
de junio de 2024.

De lo expuesto se concluye que el tribunal ya profirió el mentado auto y lo notificó
en debida forma al actor, por lo que al evidenciarse que en el presente caso la
vulneración de los derechos fundamentales cesó luego de la interposición

41 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
42 En cuanto al alcance material de la figura, el artículo 71 del Código General del Proceso,

aplicable al caso por remisión expresa del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 201542, precisa
que los coadyuvantes podrán «efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayudan,
en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio ».
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de enero de 2014, MP Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, Rad. 54001-23-31-000-2012-00001-03 y, recientemente, el auto del 29 de
febrero de 2024 con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-28-000-
2023-00123-00. Sobre este asunto, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
ha sido clara en indicar que la intervención tanto del coadyuvante como del impugnador no puede
sustituir al demandante o al demandado y, por tanto, mientras las partes actúan de manera
autónoma, los referidos intervinientes encuentran como condicionamiento de sus postulaciones
el interés de la parte a la que apoyan, habiéndose, inclusive, señalado que su posición es la de
contribuir a enriquecer argumentalmente la posición de la parte coadyuvada.

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de la acción de tutela, cualquier intervención que en este punto realice el juez
de tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico perseguido a través de
este mecanismo extraordinario y expedito se concretó y, en esa medida, no es
posible conseguir la cesación o evitar que dicha situación ocurra.

Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente
a este cargo dado que la circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la
sala se abstenga de hacer un pronunciamiento al respecto, dado que cualquier
orden que se llegue a impartir carecería de efecto alguno.

-Frente a los cargos contra providencia judicial:

2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201244
unificó la diversidad de criterios que esta cCorporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 45 y declaró
su procedencia.46

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
45 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
46 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.8. Caso concreto

En relación con el acatamiento del requisito de subsidiariedad, el mismo no se
encuentra superado. Debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la
Constitución Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y
subsidiaria que se torna improcedente ante la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial.

Así mismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional47 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta
improcedente cuando: i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales
ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza
de sus derechos fundamentales: ii) el accionante acude directamente a la acción
de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición
o; iii) el proceso o asunto se encuentra en trámite.

Así, los argumentos de la parte actora apuntan a probar la presunta lesión de sus
derechos fundamentales debido a que, a su juicio, la autoridad judicial acusada
al proferir la decisión del 28 de julio de 2023, incurrió en un defecto sustantivo.
Lo anterior, toda vez que el magistrado Fernando Augusto García Muñoz se
encontraba impedido para conocer del asunto dado que incurrió en la causal 2,
6, 9 y 12 del artículo 141 del Código General del Proceso y en la causal 3 y 5 del
Código de Procedimiento Penal. Esto, ya que el aludido funcionario falló la acción
popular con radicado 76001-23-33-005-2017-01223-00.

Pues bien, tal como se advierte, el proceso arriba referenciado, se encuentra
actualmente en trámite ante el Consejo de Estado, surtiendo la resolución del
recurso de queja en contra del auto del 28 de julio de 2023, por lo que la
utilización de la acción de tutela se hace totalmente improcedente, ya que hasta
el momento dicha autoridad judicial accionada no ha proferido pronunciamiento
alguno, como se observa en Samai.

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una
interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

47 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.

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Como ya se demostró, este tipo de pretensiones escapan al conocimiento del
juez de la acción de tutela y hacen improcedente el amparo como mecanismo
principal, porque está en trámite el medio de defensa judicial que se impetró.

En consecuencia, se declarará la improcedencia del amparo frente a este cargo,
comoquiera que no se supera el requisito de procedibilidad adjetiva atinente a la
subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Agencia
Nacional de Tierras, la Sociedad Especial de Activos Especiales S.A.S. y Metro
Cali S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto frente al cargo de la
presunta mora judicial de la acción instaurada por el señor German Antonio
Andrade Cataño contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca otro.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción frente al cargo elevado
contra la providencia judicial del 28 de julio de 2023.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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