Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02732-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02732-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
16 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por Hernando Ramírez Arboleda en
contra de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 28 de mayo de 20241 Hernando Ramírez Arboleda interpuso acción de tutela2 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la verdad, a la contradicción,
a la defensa de la información, de petición, a la entrega de documentos públicos y
al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas, los que consideró vulnerados porque
ni la Corte Suprema de Justicia ni la Corte Constitucional se han pronunciado
respecto de múltiples peticiones que ha elevado, encaminadas a obtener
información sobre el cumplimiento de la sentencia T 323 de 2005.
1.1. Hechos
1.1.1. Hernando Ramírez Arboleda, el 19 de julio de 2004, interpuso una acción de
tutela en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, con
el fin de que se le ordenara dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá el 13 de julio de 2001, en la que se había ordenado su reintegro
y el pago de las acreencias laborales causadas a partir de su desvinculación.
1.1.2. Luego de que se surtiera el trámite constitucional de rigor, la Corte
Constitucional emitió la sentencia T 323 de 2005, mediante la cual amparó los
1 Según el correo que obra en el certificado 0375B0D9DD13892A 8DAF6E8CB927067A 1DC3DFD5B12FC427
49FAA8C555C3E955, índice 2.
2 Obra en el certificado CA6232C1AF114C8F 9938A4E0AB8B05D6 DA9CCB3DBF2EBA9C
3DDB0BAA4F8111AB, índice 2.
2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
derechos fundamentales del actor y ordenó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero en liquidación que diera cumplimiento al fallo del 13 de julio de 2001.
1.1.3. A pesar de lo anterior, el actor afirma que no se ha cumplido con el fallo de
tutela y por ello acudió nuevamente a las acciones constitucionales de radicados
17001-22-04-000-2020-00095-00, 11001-03-15-000-2020-00750-00, 11001-03-15-
000-2022-05138-00 y 11001-02-30-000-2022-01242-00, pero ninguna de ellas ha
sido definida en su favor.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
El interesado estimó vulneradas sus garantías constitucionales por las siguientes
razones:
1.2.1. A la fecha de interposición de la demanda tuitiva no se ha dado cumplimiento
a las órdenes contenidas en la sentencia T 323 de 2005 y las autoridades judiciales
demandadas no le han entregado los documentos a través de los cuales
corroboraron dicho cumplimiento, a pesar de que así lo ha solicitado. Además,
afirma que en realidad nunca se le reintegró a su puesto de trabajo ni se efectuó el
pago de los salarios dejados de percibir desde el 27 de junio de 1999.
1.2.2. Adicionalmente, adujo que le han rechazado todas sus solicitudes de
cumplimiento e incidentes de desacato, además de que se le han negado las tutelas
por temeridad.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito de tutela textualmente se solicitó:
“Tutelar definitivamente mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la justicia, igualdad, cumplimiento a providencias judiciales,
ORDENAR el cumplimiento de la tutela T323 de 2.005 en la forma como
puntualmente la Corte dispuso, respetando la cosa juzgada constitucional:
El pago de salarios y prestaciones sociales con sus respectivos aumentos
hasta cuando se cumpla la tutela T-323 de 2.005 en la forma ordenada por la
Corte Constitucional
El pago de la indemnización sustitutiva al no reintegro por fuero sindical.
3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
TUTELAR MI DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN,
SE LE ORDENE A LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y H. CORTE
CONSTITUCIONAL, ME DEN INFORMACIÓN- RESPUESTA DE FONDO,
INTEGRAL Y COHERENTE, DE MANERA CLARA, ESPECÍFICA Y
SUFICIENTE CIERTA, PRECISA, COMPLETA, FIDEDIGNA, ACTUALIZADA-
LA FORMA EN QUE SE CUMPLIÓ LA TUTELA T323 DE 2.005 EN LA FORMA
COMO PUNTUALMENTE, LA CORTE DISPUSO
(…)”3.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 18 de junio de 20244 el Despacho Ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar, en calidad de demandadas, a la Corte Constitucional y a
la Corte Suprema de Justicia y, en calidad de terceros con interés, a la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Tribunal Superior de Manizales
y al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales5.
2.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado6 indicó que la
acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-05138-00 fue
remitida a la Corte Suprema de Justicia, porque en dicho proceso se cuestionaron
las providencias emitidas al interior de los radicados 11001-02-03- 000-2007-01747-
00 y 11001-02-04-000-2020-00848-01, los cuales fueron tramitados por dicha
Corporación. Adicionalmente, señaló que la solicitud de amparo carecía de
relevancia constitucional y, en todo caso, no existió actuación alguna por su parte
que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados.
2.3. De su lado, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales7 solicitó su
desvinculación, toda vez que no tiene injerencia en las pretensiones elevadas por
el actor.
3 Folios 134 – 135 del certificado CA6232C1AF114C8F 9938A4E0AB8B05D6 DA9CCB3DBF2EBA9C
3DDB0BAA4F8111AB, índice 2.
4 Obra en el certificado 43C28F2E58928360 FA7C40FBD2922E94 C2BCAEB245C3353B
BBD49F9D04AF3415, índice 11.
5 Los soportes de notificación obran en el índice 15.
6 Obra en el certificado 454C1B25F5011917 6ED0E387748AA66A 5C33FAAE57C60862
B0B42E4FEC993FC6, índice 19.
7 Obra en el certificado 97B2B70A65641670 B90138273CA44FEE 49D3D2F8728B8EDD 064928023D202A35,
índice 21.
4
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
2.4. Por su parte, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia8 informó que a
través del oficio PCSJ – nº. 3471 del 30 de noviembre de 20239 se le había dado
respuesta a la petición del actor, en el sentido de indicarle que dicha dependencia
no cumplía con funciones jurisdiccionales, de manera que no tenía las facultades
para intervenir en decisiones ni actuaciones judiciales, por lo que debía concluirse
que, de su parte, no existió ninguna vulneración de derechos fundamentales.
2.5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales10 expuso que dentro de la
causa constitucional 17001-22-04-000-2020-00095-00, en providencia del 2 de junio
de 202011, se había declarado la improcedencia de la solicitud de amparo y se había
dispuesto adelantar el respectivo trámite incidental por la temeridad en la que había
incurrido el actor, así mismo, esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de
Justicia el 14 de julio de 202012. Por otro lado, afirmó que no existen peticiones
pendientes por resolver relacionadas con el tutelante.
2.6. En su oportunidad, la Corte Constitucional13 puso de presente que los escritos
relacionados con actuaciones judiciales no son una manifestación del derecho
fundamental de petición, por lo que no se rigen por el procedimiento propio de dicha
garantía constitucional. Adicionalmente, adujo que, a través de los Autos 256 de
2007, 200 de 2008, 194 de 2019, 031 de 2019, 489 de 2022 y 944 de 2022 ha
rechazado varias solicitudes elevadas por el actor y se le ha reiterado que el
competente para conocer del cumplimiento de la sentencia de tutela, mediante la
figura del incidente de desacato, es el juez que conoció del asunto en primera
instancia.
2.7. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia14 afirmó que,
respecto del cumplimiento del fallo de tutela T 323 de 2005, la Corporación no es la
entidad llamada a realizar ninguna de las acciones que fueron allí ordenadas, ni es
la autoridad judicial competente para revisar su efectiva ejecución. Así mismo,
8 Obra en el archivo PCSJ AC 081 CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA – 2024-02732 del certificado
3178C78EC68FED58 3F104F072E6B83BE 7629FE275F0C7721 66100F894125BB05, índice 22.
9 Obra en el archivo PCSJ 3471 -HERNANDO RAMÍREZ ARBOLEDA, ibid.
10 Obra en el archivo 7163081154A273C1 A5244A9272AABF5E DD9B01813A280AB4 51D60DA280D95067,
índice 25.
11 Obra en el certificado 018338D8CE0D8D02 6B5699A4BDD92FB2 5E34761A058C4089
D6D996BF8CBFC523, índice 25.
12 Obra en el certificado 7D4763EF85A801BE 31B9867F908B5FAC 0029D61B40B8265D 91481C3857E6F372,
índice 25.
13 Obra en el certificado 54301A9A65DCEC52 803B0BA73D0A1157 7064F1F9BF527FB9
D88BB4E21C098445, índice 26.
14 Obra en el certificado 4117074611D4AF01 0B12E072E3D664F6 2D58A6F9D023C8D0 865144BB68540382,
índice 29.
5
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
manifestó que se ha dado una respuesta apropiada a todas las peticiones del
tutelante, a pesar de que él no esté de acuerdo con el sentido de las contestaciones.
2.8. Luego, el 11 de julio de 202415 el Despacho Ponente requirió al Juzgado
Segundo de Menores de Manizales y al Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Manizales con el fin de que informaran si habían dado trámite a
algún incidente de desacato en el que Hernando Ramírez Arboleda buscara lograr
el cumplimiento de la sentencia T 323 de 2005.
2.9. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de
conocimiento16 reportó que ha dado trámite a once solicitudes de desacato
interpuestas por el actor y que, finalmente, mediante auto del 17 de junio de 201117,
se abstuvo de dar apertura a los mencionados desacatos porque la Corte
Constitucional se había pronunciado sobre la imposibilidad de hacer cumplir el fallo
T 323 de 2005.
Así mismo, expuso que el actor ha interpuesto múltiples peticiones y tutelas en
contra de dicha oficina judicial, pero que todos esos asuntos constitucionales se han
resuelto en el sentido de declarar improcedente o negar los amparos invocados.
2.10. Ramírez Arboleda18 allegó un auto del 3 de abril de 2019 en el que se le instó
a estarse a lo resuelto en la providencia del 17 de junio de 201119 proferida por el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de
conocimiento, la copia de un memorial dirigido a la Corte Constitucional en el que
censuró la conducta de dicha autoridad judicial y un apartado del auto del 17 de
junio de 2011.
15 Obra en el certificado 584843AE7D6CAD97 D719B3984EFE269C 00E4F54691DA2108
847E5CF95563E22C, índice 31.
16 Obra en el certificado D354D129F842A09D 68AD5B870FE737D5 EE7B9D3380836F51
8D1BE291108F98DA, índice 36.
17 Folios 13 – 43 del archivo Tutela 2004-00393 Cuaderno 12 del link que obra en el documento con certificado
F95485C51F93D8CF 9BEBC334BDE4788A 8BBED2133E94E5C2 41522CD7D8141BBB, índice 36.
18 Obra en el certificado B3EEC5CBA8C49EBA CC9C661706F8E006 EADCA80FAB09B816
9D2508C69697FA07, índice 37.
19 Folios 13 – 43 del archivo Tutela 2004-00393 Cuaderno 12 del link que obra en el documento con certificado
F95485C51F93D8CF 9BEBC334BDE4788A 8BBED2133E94E5C2 41522CD7D8141BBB, índice 36.
6
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Hernando Ramírez Arboleda en contra de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se vulneraron los derechos
enunciados.
3. Cuestión Previa
La Sala accederá a la solicitud de desvinculación del Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Manizales, pues se tiene que esta autoridad judicial solo tuvo
conocimiento del proceso penal 17001-60-000-60-2013-00319-02 adelantado en
contra de Hernando Ramírez Arboleda por el delito de falsa denuncia, sin que
hubiera tenido injerencia en el trámite de ninguna acción constitucional.
4. El análisis de temeridad y cosa juzgada en el caso concreto
4.1. La petición de amparo se funda, en esencia, en que las accionadas han
vulnerado los derechos fundamentales del actor, puesto que “no han hecho cumplir”
las órdenes dictadas en la sentencia T 323 de 2005 y en que han omitido dar
respuesta a las múltiples solicitudes de documentos que ha elevado el demandante.
4.2. Ahora bien, en los medios probatorios arrimados al expediente se observa que
el actor promovió múltiples acciones de tutela, por lo que resulta menester estudiar
si se presenta la cosa juzgada constitucional y la temeridad frente a la solicitud de
amparo.
7
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
4.3. Respecto de la teoría general de la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha
precisado lo siguiente:
“2.3. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de
seguridad jurídica.
2.4. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer
lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su
libre determinación y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste
en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el
ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las
partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
2.5. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función
negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas
y al ordenamiento jurídico”20.
De conformidad con lo anterior, la cosa juzgada se trata de una institución jurídica
que propende por la inmutabilidad de las decisiones judiciales con el fin de proteger
la seguridad jurídica y conlleva, de forma inherente, la prohibición de que las partes
instauren nuevamente un litigio resuelto y de que los jueces conozcan la misma
discusión sobre la que se pronunció otro funcionario investido con las mismas
facultades jurisdiccionales.
Aunque la cosa juzgada constitucional se ha predicado, principalmente, de las
sentencias de constitucionalidad, el órgano de cierre de esa jurisdicción también
estimó que esta procede de cara a las sentencias dictadas en el marco de acciones
de tutela. En efecto, en la sentencia T-661 de 2013, se resaltó que en los eventos
en que una misma persona instaure tutelas sucesivas en las que converjan
identidad de partes, hechos y pretensiones, se debe revisar si operó la cosa juzgada
constitucional; en ese orden, señaló:
“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en
concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión
judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en
ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para
su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo
de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la
ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión
20 Sentencia C 100 de 2019.
8
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es
posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues
ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del
sistema jurídico
2.4 En este sentido, la Corte ha precisado que, en principio, no le es dado a la
jurisdicción constitucional estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han
sido puestas con el objeto de defraudar al Estado, pero tampoco está
autorizada para estudiar tutelas relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la
cosa juzgada constitucional. En ambos eventos la tutela debe ser declarada
temeraria y/o improcedente, pues en ellos la acción pierde su carácter de
instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para
convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una
acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que
pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones sobre los mismos”.
En suma, la Corte Constitucional ha indicado que la cosa juzgada constitucional
pretende evitar la multiplicidad de acciones de tutela y que las decisiones que se
dicten sean disímiles entre sí, en atención al principio de seguridad jurídica.
4.4. De otra parte, advierte la Sala que, según el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, existe temeridad cuando, sin justificación, la misma acción de tutela se
presenta ante varios jueces o tribunales; por su parte, la sentencia T-162 de 2018,
explicó que la temeridad se materializa de la siguiente forma:
“A partir de tal previsión normativa, la jurisprudencia constitucional ha
considerado la procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el
accionante actúa de mala fe; y (ii) cuando el demandante acude al recurso de
amparo de manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una
justificación razonable que justifique dicho actuar. Ante tal circunstancia, ‘la
Corte concluyó que para rechazar la acción de amparo por temeridad, la
decisión se debe fundar en el actuar doloso del peticionario, toda vez que esa
es la única restricción legítima al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, el cual se ejerce a través de la acción de tutela’”.
4.5. Descendiendo al caso concreto, la Sala estima que no se puede predicar la
configuración de una cosa juzgada constitucional ni de una temeridad, dado que
frente a los radicados 11001-03-15-000-2020-00750-00 del Consejo de Estado y
17001-22-04-000-2020-00095-00 del Tribunal Superior de Manizales, a pesar de
que en dicho proceso sí se declaró la temeridad de las actuaciones del tutelante, no
se cuenta con una identidad de partes respecto de la presente solicitud de amparo,
pues la pasiva de dicho litigio estuvo conformada por el Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes de Manizales y el Patrimonio Autónomo de remanentes
de la Caja Agraria en liquidación. Lo mismo ocurre con las numerosas solicitudes
9
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
de amparo que fueron aportadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Manizales21.
Por otro lado, en lo relativo a los radicados 11001-03-15-000-2022-05138-00 del
Consejo de Estado y 11001-02-30-000-2022-01242-00 de la Corte Suprema de
Justicia, tampoco se puede estimar la configuración de las figuras analizadas, pues
aunque respecto a dicha acción constitucional sí se observa una identidad de
partes, objeto y causa, el mencionado proceso no culminó con una sentencia que
hiciera tránsito a cosa juzgada sino con una decisión de rechazo, luego de que no
se hubiera subsanado la demanda que fue inadmitida.
4.6. Entonces, aunque la Sala no desconoce que sistemáticamente el actor ha
interpuesto varias acciones de tutela, peticiones y solicitudes ante diferentes
entidades encaminadas a lograr el cumplimiento de la orden proferida en la
sentencia T 323 de 2005, se debe tener en cuenta que estas no cumplen los
requisitos necesarios frente a la presente solicitud de amparo para declarar
configurados los fenómenos de cosa juzgada o temeridad, dado que en la demanda
tuitiva aquí examinada se tiene como accionadas a la Corte Suprema de Justicia y
a la Corte Constitucional por el hecho de que no han actuado frente a la falta de
cumplimiento del mencionado fallo de tutela y no han dado respuesta a múltiples
peticiones de documentos elevadas ante ellas.
5. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad: Ausencia del
requisito lógico jurídico
5.1. La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86
constitucional y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199122. Esta protección
“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
21 Se pueden observar en los documentos allegados por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con función de conocimiento de Manizales, en el link del documento con certificado
F95485C51F93D8CF 9BEBC334BDE4788A 8BBED2133E94E5C2 41522CD7D8141BBB, índice 36.
22 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
10
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el
“amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe
una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”23. Lo
anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”24, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”25.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
5.2. En el asunto sub examine Hernando Ramírez Arboleda interpuso el mecanismo
constitucional con la finalidad de que se le ordene a la Corte Constitucional y a la
Corte Suprema de Justicia, por un lado, adelantar las actuaciones correspondientes
a que se dé cumplimiento al fallo T 323 de 2005 y, por el otro, que se le dé respuesta
a las múltiples peticiones que ha elevado ante las mencionadas autoridades
judiciales.
5.3. La Sala encuentra que en múltiples ocasiones la Corte Constitucional, a través
de los autos 256 de 2007, 200 de 2008, 194 de 2019, 489 de 2022 y 944 de 2022
se ha pronunciado sobre las solicitudes de cumplimiento de la orden de tutela
elevadas por el actor, e incluso, a través del Auto A 031 de 2019, ordenó remitir el
asunto al Juzgado Segundo de Menores de Manizales. Además, la Presidencia de
la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio PCSJ – nº. 3471 del 30 de noviembre
de 202326, en el que se le dio respuesta al actor.
23 Sentencia T-130 de 2014.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Obra en el archivo PCSJ 3471 -HERNANDO RAMÍREZ ARBOLEDA del certificado 3178C78EC68FED58
3F104F072E6B83BE 7629FE275F0C7721 66100F894125BB05, índice 22.
11
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
Al respecto, vale la pena enfatizar que la petición relacionada con la entrega de los
documentos a través de los cuales las demandadas encontraron probado el
cumplimiento de la orden de tutela que el demandante reclama, realmente se
relaciona con las motivaciones de sus actuaciones judiciales al resolver lo relativo
a la sentencia T 323 de 2005, en ese sentido, es necesario señalar que la Corte
Constitucional reiteradamente ha considerado que cuando se trata de este tipo de
solicitudes, las mencionadas deberán regirse por las formas propias de cada juicio
y no por las reglas generales del derecho de petición que rigen a la administración27.
Por otro lado, también se encuentra que el tutelante, al menos en diez ocasiones,
ha promovido el mismo incidente de desacato ante el mentado Juzgado Segundo
de Menores de Manizales, el cual dio el correspondiente trámite a todos ellos, hasta
que en la providencia del 17 de junio de 201128 se abstuvo de requerir el
cumplimiento del fallo de tutela, con fundamento en que la liquidadora de la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero – en liquidación declaró la imposibilidad de dar
cumplimiento al reintegro del actor, pero ordenó la liquidación de los salarios
dejados de percibir.
5.4. De esta manera, no es posible afirmar que existió una omisión por parte de las
entidades demandadas que permita a este juez constitucional examinar si se
configuró una violación a los derechos fundamentales del actor, toda vez que es
claro que todas las solicitudes que ha elevado, tanto la Corte Constitucional como
la Corte Suprema de Justicia las han tramitado, sumado a que, desde la emisión del
auto del 17 de junio de 2011 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Manizales, se le dieron a conocer al tutelante las razones por las
cuales no se volvió a dar apertura a los incidentes de desacato que ha propuesto.
6. En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DESVINCULAR al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.
27 Sentencia T 394 de 2018.
28 Folios 13 – 43 del archivo Tutela 2004-00393 Cuaderno 12 del link que obra en el documento con certificado
F95485C51F93D8CF 9BEBC334BDE4788A 8BBED2133E94E5C2 41522CD7D8141BBB, índice 36.
12
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-00
Accionante: Hernando Ramírez Arboleda
Accionados: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones
referidas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.