Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02732-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02732-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02732-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02732-01
Demandante: Hernando Ramírez Arboleda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02732-01
Demandante: Hernando Ramírez Arboleda
Demandado: Corte Suprema de Justicia y otro
Temas: Tutela por omisión en resolver peticiones de contenido judicial y
administrativo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia
del 16 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Hernando Ramírez Arboleda, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda con las siguientes pretensiones:
BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: Por poseer un motivo suficientemente justificado, el total
incumplimiento de la tutela T-323 de 2005, y mi actuar no es doloso ni de mala fe, únicas
restricciones para que se configure la temeridad.
Y las H. Cortes Constitucional y Suprema, NUNCA ME HAN ENTREGADO INFORMACIÓN «DE
FONDO, INTEGRAL Y COHERENTE» sobre su cumplimiento, y los documentos públicos, con
los cuales ellos, corroboraron, verificaron su cumplimiento, respetando la cosa juzgada
Constitucional.
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Demandante: Hernando Ramírez Arboleda
[…]
Les reitero H. magistrados estoy solicitando me den respuesta de fondo, integral y
coherente —de manera clara, específica y suficiente información, cierta, precisa,
completa, fidedigna, actualizada— la forma en que se cumplió la tutela T-323 de 2005
en la forma como, puntualmente, la Corte dispuso —A-944/22—— y entrega de los
documentos públicos que lo certifiquen, corroboren. No los documentos con los que
algunos h. Magistrados, corte constitucional en una abierta extralimitación funcional, la
han interpretado, acomodado en sus autos, y los H. magistrados corte suprema en sus
sentencias.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
1.1.2.1. Respecto de su derecho pensional
i) En el año 1999, promovió acción de reintegro por fuero sindical contra la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación, con el fin de ser reintegrado al cargo
que desempeñaba, toda vez que su despido se dio sin que mediara el proceso de
levantamiento de fuero. En dicho proceso, los jueces laborales1 condenaron a la
demandada a que lo reintegraran al cargo que desempeñaba o a otro de igual o
superior categoría, y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido, 27 de junio de 1999, y hasta cuando se realizara el reintegro, realizándose la
compensación por las sumas dadas.
ii) A través de la Resolución 2875 del 28 de junio de 2002, la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero, en liquidación, dio cumplimiento a lo atinente a la cancelación de
salarios, por el valor de $49.950.801, y se sustrajo de cumplir con la orden de reintegro.
iii) Dado lo anterior, presentó acción de tutela y aunque esta fue negada por los jueces
constitucionales en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional en sentencia
T-523 de 2005, proferida en sede de revisión, revocó lo resuelto y, en su lugar,
concedió el amparo invocado y ordenó la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero,
en liquidación, dar cumplimiento a lo ordenado por el juez laboral y, en caso de que el
1 A través de las sentencias del 29 de noviembre de 2000, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral de
Bogotá y del 13 de julio de 2001, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Laboral.
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reintegro fuera de imposible cumplimiento —jurídica y materialmente— promoviera
proceso ordinario laboral, a fin de demostrar tal situación de imposibilidad.
iv) En la dilatada espera del reintegro, sin recursos para subsistir y la manutención de
su grupo familiar, se vio obligado a tramitar el reconocimiento de su pensión
convencional por riesgos de salud.
v) Así, mediante sentencia del 26 de junio de 2003, el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Bogotá condenó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a pagar la
pensión por riesgos de salud, a partir del 28 de junio de 1999, junto con las mesadas
adicionales de junio y diciembre, y a través de sentencia del 30 de abril de 2004, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión.
vi) El apoderado de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación,
presentó recurso de casación y el 14 de julio de 2005, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, resolvió no casar la sentencia.
vii) Por Resolución 4081 del 18 de octubre de 2005, la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero, en Liquidación, le reconoció pensión de jubilación convencional por
riesgos de salud, a partir del 29 de junio de 2002, en la suma de $838.450.650, y le
descontó la totalidad de los $49.950.801 que «supuestamente» le habían pagado
como salarios dejados de percibir desde el 27 de junio de 1999 a la fecha, según la
Resolución 2875 de 2002. Con lo resuelto, la entidad desconoció abiertamente lo
señalado en la sentencia de casación, en la que se ordenó el pago de la pensión desde
el 28 de junio de 1999 y no a partir del 2002.
viii) De la liquidación total de la mesada pensional y su retroactivo, por valor de
$107.442.557.09, le consignaron $51.601.155, dado que le descontaron el monto
cancelado en la Resolución 2875 de 2002, esto es, 49.950.801, y además, la totalidad
de los aportes en salud, esto es, $5.890.600, los cuales había cancelado para no dejar
desprotegido a su núcleo familiar, convirtiéndose en doble pago; cantidad de la que,
en todo caso, solo recibió $29.505.896, ya que el abogado restó el 40%, por haber
tenido que acudir a casación ante la Corte Suprema de Justicia.
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ix) Para la fecha de interposición de la acción de tutela aún no se ha cumplido con
ninguna de las órdenes emitidas en la sentencia T-323 de 2005 y el auto 944 de 2022,
pues nunca se le reintegró a su puesto de trabajo. Lógicamente, no le han cancelado
los salarios dejados de percibir desde su despido hasta cuando se haga efectivo el
reintegro. Ningún juez laboral ha declarado la imposibilidad de su reintegro y tampoco
ha recibido dinero como indemnización sustitutiva por no reintegro por fuero sindical.
x) Además, como la sentencia T-323 de 2005 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional2 se impedía a algunos magistrados de la Corte Constitucional continuar
añadiendo elementos a los contenidos de la motivación, como lo hicieron en los autos
194 de 2019, 489 de 2022, 944 de 2022, de mayo 23 de 2023 y de septiembre 20 de
2023; así como la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, el 13 de noviembre de 2007,
en la acción de tutela 11001-02-03-000-2007-01747-00, confirmada por la Sala de
Casación Laboral, mediante sentencia del 18 de enero de 2008. Radicación 19927.
xi) Sobre el particular, es de tener en cuenta las sentencias T-120 de 2024, en torno
del cumplimiento de decisiones judiciales, y T-011 de 2024, en materia de excepción
a la temeridad en la acción de tutela, proferidas por la Corte Constitucional.
1.1.2.2. Respecto de su derecho fundamental de petición
i) En varias oportunidades ha acudido a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte
Constitucional mediante el derecho fundamental de petición, solicitándoles muy
respetuosamente respuesta de fondo, de manera clara, específica y suficiente,
información, cierta, precisa, completa, fidedigna, actualizada, sin evasivas de ninguna
índole, de cómo se cumplió la tutela T-323 de 2005, en la forma ordenada, y la entrega
urgente de los documentos públicos con los que corroboraron su cumplimiento,
respetando la cosa juzgada constitucional.
2 Al respecto, ver las sentencias del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2015, Sección Cuarta,
en el proceso de tutela 11001-03-15-000-2015-01116-01; y del 17 de marzo de 2016, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de tutela 11001-03-15-000-2016-00356-00; y de la Corte Suprema de
Justicia STP 4560-2020 y STP10361-2022, Sala de Casación Penal y STC18789-2017, Sala de
Casación Civil y Agraria; y los autos de la Corte Constitucional 914 y 645 de 2024.
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ii) Al respecto, pueden traerse a colación las peticiones: a) del 6 de marzo de 2013, 12
de agosto de 2020, 15 de enero de 2021, 9 de mayo de 2022 y 4 de marzo de 2024
ante la Corte Suprema de Justicia; y b) del 31 de mayo 2022, 13 de junio de 2023 y 8
de marzo de 2024 a la Corte Constitucional.
iii) La contestación ofrecida por Corte Suprema de Justicia n.° 66 del 12 de abril de
2024 no cumple con lo ordenado para el derecho de petición, pues no se dio una
respuesta de fondo, integral y coherente, ni tampoco le fue enviada la documentación
solicitada. En este caso, se puede aplicar lo dicho por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en la sentencia del 31 de marzo de 2022, proceso de tutela 11001-03-15-000-
2021-10952-00, en el que se pronunció respecto del derecho de petición y la
obligatoriedad de aportar la información solicitada, pese a que esta se encuentre
disponible y actualizada en la página web.3
iv) De otro lado, si la Corte Constitucional le rechaza todas sus solicitudes y en un
maltrato institucional le recrimina e intimida fuertemente para que no las siga
presentando, afirmando que la sentencia ya fue cumplida, es porque tiene que tener
la carga de la prueba para demostrarlo, es decir, los documentos solicitados; además,
no existe norma legal que impida su entrega, al no estar catalogados como reservados.
Tampoco tiene porque trasladar sus solicitudes al Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Manizales.
v) Es la segunda acción que instaura por iguales hechos, ya que el 26 de septiembre
de 2022, radicó ante el Consejo de Estado acción de tutela en contra de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, al no haberse dado respuesta de
fondo a varias peticiones. A la demanda se le asignó el radicado 11001-03-15-000-
2022-05138-00, pero en días posteriores la corporación remitió el expediente a la Corte
Suprema de Justicia, en la que se le dio el radicado 11001-02-30-000-2022-01242-00
en la cual, solo hasta el 21 de abril de 2023, después de siete meses, le informaron
mediante correo electrónico, lo siguiente: «si bien es cierto, la acción de tutela fue
3 En lo pertinente, indicó: «Aunque la información sobre procesos judiciales se encuentra pública para
quien desee consultarla mediante los aplicativos mencionados por la Unidad de Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esta última no puede negarse al suministro de
información pública bajo el argumento de que aquella es de libre consulta por parte de los usuarios. Al
tratarse de información pública es deber de la autoridad competente suministrarla al interesado, así
aquella se encuentre disponible y actualizada en la página web».
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inadmitida mediante auto del 17 de enero de 2023 y notificada por Secretaría de la
Sala el mismo día mediante correo electrónico, empero, al no haber pronunciamiento
que subsanara la decisión comunicada, se procedió a hacer el rechazo de la misma
[por] auto del 27 de enero de 2023, el cual fue notificado el día 31 de enero de 2023».
Entonces, si la acción de tutela fue repartida el 30 de septiembre de 2022, por qué solo
fue inadmitida después de casi cuatro meses, y por qué solo le informaron de ello el
21 de abril de 2023, siete meses después de ser radicada en la Corte Suprema.
vi) Su actuar no es doloso ni de mala fe, únicas restricciones para que se configure la
temeridad, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ni la Corte Constitucional le han
entregado información de fondo, integral y coherente sobre el cumplimiento de la
sentencia T-323 de 2005, ni los documentos con los cuales lo verificaron. Simplemente
se limitan a decir que no son competentes, que las trasladaron al Juzgado Primero
Penal del Circuito Para Adolescentes de Manizales, y en otras respuestas, que sus
peticiones son reiterativas.
vii) Interpone la presente acción de tutela por cuanto la Corte Suprema de Justicia ha
rechazado por temeridad todas las acciones de tutela interpuestas en contra del juez
primero penal del Circuito para Adolescentes de Manizales, por su negativa en hacer
cumplir tutela T-323 de 2005, afirmando que ésta ya fue cumplida, acusándolo de obrar
de mala fe, haciendo gravísimas sindicaciones en su contra y confirmando en dos
oportunidades su condena en costas por idénticos hechos.
viii) Además, porque la Corte Constitucional se niega a asumir el cumplimento de la
sentencia T-323 de 2005, afirmando que está ya se cumplió, recriminándolo e
intimidándolo fuertemente para que no les siga exigiendo asumirlo —Autos 256 de
2007, 200 de 2008, 194 de 2019, 031 de 2019, 489 de 2022, 944 de 2022, del 23 de
mayo de 2023 y del 20 de septiembre de 2023—.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 31 de mayo de 2024, el consejero Nicolás Yepes Corrales inadmitió la acción
de tutela y, en consecuencia, ordenó al accionante que, en los tres (3) días siguientes
a la notificación del proveído, indicara i) las autoridades judiciales contra las que dirigía
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la acción constitucional; ii) los hechos vulneradores de derechos fundamentales
endilgados a cada una de ellas, y iii) la relación existente entre el proceso penal 17001-
60-000-60-2013-00319-00, las acciones de tutela 11001-03-15-000-2022-05138-00 y
11001-02-30-000-2022-01242-00 y la sentencia T-323 de 2005.
1.2.2. El 18 de junio de 2024, el consejero Nicolás Yepes Corrales admitió la acción
y, en consecuencia, ordenó notificar, en calidad de demandadas, a la Corte
Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, y como terceros interesados, al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al Tribunal Superior de Manizales
y al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, para que dentro de los dos (2)
días siguientes a su notificación ejercieran su derecho de defensa; ordenó a la
Secretaría General del Consejo de Estado remitir en medio digital el proceso de tutela
11001-03-15-000-2022-05138-00, a la Secretaría General de la Corte Suprema de
Justicia el proceso de tutela 11001-023-000-2022-01242-00, y a la Secretaría General
del Tribunal Superior de Manizales el proceso penal 17001-60-00-060-2013-00319-00;
y tuvo como pruebas los documentos arrimados con la solicitud de amparo.
1.2.3. El 11 de julio de 2024, el consejero Nicolás Yepes Corrales requirió al Juzgado
Segundo de Menores de Manizales y al Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes de Manizales para que, dentro del término de tres (3) días, informaran si
han tenido conocimiento de alguna solicitud presentada por el señor Hernando
Ramírez Arboleda encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005
y, en caso afirmativo, allegaran en medio digital el expediente del caso.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Manizales con
Función de Conocimiento. El juez Olmedo Ojeda Burbano aportó al plenario el
expediente requerido y rindió informe en los siguientes términos:
i) Dentro de la acción de tutela con radicación 17001-31-85-002-2004-00393, sujeta a
revisión por la Corte Constitucional en sentencia T-323 de 2005, el señor Hernando
Ramírez Arboleda ha promovido nueve incidentes de desacato y dos solicitudes de
cumplimiento a los cuales el despacho les dio trámite.
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ii) Ahora bien, a partir del auto del 17 de junio de 2011, por cumplimiento de la orden
judicial, el juzgado se abstuvo de abrir más incidentes frente a las peticiones del señor
Hernando Ramírez Arboleda, quien ha interpuesto un número elevadísimo de
peticiones —aproximadamente más de 200—, destacándose, ocho acciones de tutela
contra el juzgado, en dos de las cuales se le condenó en costas por temeridad, al
abusar de sus derechos.
iii) Al Auto 031 de 2019 de la Corte Constitucional, el Juzgado le imprimió el trámite
correspondiente, como ocurre con todas las peticiones del señor Hernando Ramírez
Arboleda; sin embargo, es de resaltar que esa no es la primera vez que la Corte se
pronuncia en su caso, pues también lo ha hecho mediante los siguientes autos: a) 257
del 25 de septiembre de 2007; b) 200 del 25 de agosto de 2008; c) 031 el 5 de febrero
de 2019; d) 194 del 23 de abril de 2019; e) 944 del 5 de julio de 2022; f) 489 del 1º de
abril de 2022; g) del 23 de mayo de 2023; y h) del 20 de septiembre de 2023.
iv) Cabe precisar que hasta los organismos de justicia internacional como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dan razón al Juzgado en el asunto del señor
Ramírez, como ocurrió con el Informe 201 de 2022, en el que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos declaró inadmisible la petición 1703-09
Colombia, Comisión del 13 de agosto de 2022.4
1.3.2. Las demás partes dejaron transcurrir el término de traslado en silencio.
1.4. Sentencia impugnada
El 16 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
desvinculó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales y declaró
improcedente la solicitud de amparo, dados los siguientes considerandos:
i) Aunque el actor ha interpuesto varias acciones de tutela, peticiones y solicitudes ante
diferentes entidades encaminadas a lograr el cumplimiento de la orden proferida en la
4 (recuperado de internet el 13 de junio de 2023 de:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2022/COIN_1703-09).
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sentencia T-323 de 2005, estas no cumplen los requisitos necesarios frente a la
presente solicitud de amparo para declarar configurados los fenómenos de cosa
juzgada o temeridad.
ii) En primer lugar, porque frente a los radicados 11001-03-15-000-2020-00750-00 del
Consejo de Estado y 17001-22-04-000-2020-00095-00 del Tribunal Superior de
Manizales, no se cuenta con una identidad de partes, ya que la pasiva en dichos litigios
estuvo conformada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de
Manizales y el Patrimonio Autónomo de remanentes de la Caja Agraria en liquidación.
Igual ocurre con las numerosas solicitudes de amparo que fueron aportadas por el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Manizales.
iii) En segundo lugar, porque en lo relativo a los radicados 11001-03-15-000-2022-
05138-00 del Consejo de Estado y 11001-02-30-000-2022-01242-00 de la Corte
Suprema de Justicia, si bien se observa una identidad de partes, objeto y causa, el
mencionado proceso no culminó con una sentencia que hiciera tránsito a cosa juzgada
sino con una decisión de rechazo, luego de que no se hubiera subsanado la demanda
que fue inadmitida.
iv) Así, descendiendo al caso, se encuentra que en múltiples ocasiones la Corte
Constitucional, a través de los autos 256 de 2007, 200 de 2008, 194 de 2019, 489 de
2022 y 944 de 2022 se ha pronunciado sobre las solicitudes de cumplimiento de la
orden de tutela elevadas por el actor, e incluso, a través del Auto A 031 de 2019,
ordenó remitir el asunto al Juzgado Segundo de Menores de Manizales. Y por su parte,
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia emitió el oficio PCSJ – nº. 3471 del 30
de noviembre de 2023, en el que se le dio respuesta al actor.
v) En lo que se refiere a la entrega de los documentos a través de los cuales las
demandadas encontraron probado el cumplimiento de la orden de tutela, se tiene que
esta petición realmente se relaciona con las motivaciones de sus actuaciones
judiciales, al resolver lo relativo a la sentencia T-323 de 2005 y, en ese sentido, es
necesario reiterar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia T-394 de 2018,
en la que señaló que cuando se trata de este tipo de solicitudes, las mencionadas
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deberán regirse por las formas propias de cada juicio y no por las reglas generales del
derecho de petición que rigen a la administración.
vi) Asimismo, también se encuentra que el tutelante, al menos en diez ocasiones, ha
promovido el mismo incidente de desacato ante el Juzgado Primero de Menores de
Manizales, a lo cual el despacho le ha dado trámite, hasta que en la providencia del
17 de junio de 2011 se abstuvo de requerir el cumplimiento del fallo de tutela, con
fundamento en que la liquidadora de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en
liquidación, declaró la imposibilidad de dar cumplimiento al reintegro del actor, pero
ordenó la liquidación de los salarios dejados de percibir.
vii) No es posible afirmar que existió una omisión por parte de las entidades
demandadas que permita al juez constitucional examinar si se configuró una violación
a los derechos fundamentales del actor, toda vez que todas las solicitudes que este ha
elevado, tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Corte Constitucional han sido
tramitadas, sumado a que, desde la emisión del auto del 17 de junio de 2011, por parte
del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Manizales, se le dieron
a conocer al tutelante las razones por las cuales no se volvió a dar apertura a los
incidentes de desacato propuestos.
1.5. Impugnación
El 13 de septiembre de 2024, el señor Hernando Ramírez Arboleda impugnó la
sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan
las pretensiones de tutela. Argumentó lo siguiente:
i) Hasta el día de hoy no se ha cumplido con ninguna de las órdenes que puntualmente
dispuso la Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 2005 y en los autos 031 de
19 y 489 de 2022.
ii) Además, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Corte Constitucional, ni el Juez
Primero Penal del Circuito Para Adolescentes de Manizales le han dado información
completa, fidedigna y actualizada de cómo se cumplió la tutela T-323 de 2005, en la
forma que puntualmente lo dispuso la Corte, y tampoco le han entregado los
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documentos públicos con los cuales se verificó o corroboró su cumplimiento,
simplemente se han limitado a decir que no son los competentes.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20195, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante al no dar respuesta de fondo a sus
peticiones de información y entrega de documentación respecto del cumplimiento de
un fallo judicial.
2.3. Análisis de la Sala. Caso concreto
Insiste el accionante, en sede de impugnación, que la Corte Suprema Justicia y la
Corte Constitucional han vulnerado sus derechos fundamentales al no ordenar el
cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005 y los autos 031 de 2019 y 489 de 2022, y
no contestar de fondo a sus diferentes peticiones en las que, de manera insistente, ha
solicitado información en torno a la manera en como se cumplió dicho fallo judicial, y
la entrega de documentación relacionada con su cumplimiento.
5 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Pues bien, lo primero a advertir por esta Sala de decisión es que tratándose de
solicitudes presentadas ante autoridades judiciales, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que es necesario distinguir, de un lado, las peticiones de contenido judicial,
que cuentan con procedimientos expresos dispuestos en la ley para su resolución, y
de otro, aquellas de tipo administrativo, frente a las que deben atenderse las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas.6
Así, las solicitudes de contenido judicial presentadas por las partes y los intervinientes,
que involucran la actividad del juez dentro de la litis, deben ser resueltas en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio; la omisión del
funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas por las partes intervinientes
en una actividad jurisdiccional transgrede el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.
Y, por su parte, en el ejercicio del derecho de petición ante los jueces, en asuntos
administrativos a su cargo, los operadores jurídicos están obligados a tramitar y
responder las solicitudes que se les presenten, en los términos previstos dentro del
título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA),7 pues, de no hacerlo, desconocen esta garantía fundamental, la cual puede
ser cuestionada a través de la acción de tutela.
En el sub lite se advierte, en primer lugar, que el pedimento del accionante en torno a
que se ordene el cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005 y los autos 031 de 2019
y 489 de 2022, tiene que ver con una petición de contenido judicial, al estar
encaminada, en estricto sentido, a poner en marcha a la administración de justicia y,
en tal sentido, está gobernada por la normativa procesal correspondiente, esto es, los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que regulan el trámite de cumplimiento e
incidente de desacato dentro de la acción de tutela.
Sobre la interpretación de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional8 ha sido clara en señalar que el competente para conocer del trámite
6 Sentencia T-334 de 1995.
7 Sustituido mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
8 Ver, entre otros, los Auto 136A del 20 de agosto de 2002, 178A del 24 de julio de 2008 y 032A del 16
de febrero de 2011.
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de cumplimiento y del incidente de desacato es el juez de primera instancia, así la
orden provenga del fallador de segunda instancia9 o de la revisión que haya realizado
la Corte Constitucional10, y que, por tanto, es quien goza de amplias facultades para
utilizar uno u otro mecanismo tendiente al cumplimiento de sus decisiones, pues hasta
que ello no ocurra mantiene la competencia en el asunto.11
De manera que al no ser obligación de las autoridades judiciales aquí accionadas el
dar trámite a la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005, la Sala no
evidencia vulneración en el particular.
En segundo lugar, se encuentra que los cuestionamientos del accionante respecto de
la omisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, en dar una
respuesta de fondo, integral y coherente a su petición de información y entrega de
documentos, obedecen a peticiones de contenido administrativo, por lo que es del caso
proceder a su análisis.
Argumenta el accionante que, en varias oportunidades, ha acudido ante la Corte
Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional mediante el derecho fundamental de
petición, solicitándoles respuesta de fondo de cómo se cumplió la tutela T-323 de 2005,
y la entrega urgente de los documentos públicos con los que corroboraron su efectivo
cumplimiento, pero que la respuesta ofrecida es reiterativa y no satisface, en estricto
sentido, sus requerimientos.
Pues bien, se advierte dentro del plenario que, dentro de las últimas peticiones
radicadas ante la Corte Suprema de Justicia, se registra la de fecha 4 de marzo de
2024, en la que el señor Hernando Ramírez Arboleda solicitó lo siguiente:
REFERENCIA: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN - URGENTE.
Tutelas: 11001020300020070174700 de noviembre 13 de 2007-M. P.- Jaime Alberto
Arrubla Paucar.- Sala Civil. Radicación n°. 19927 de enero 18 de 2008. M.P. Elsy de
Pilar Cuello Calderón. Sala Laboral
Respetuosamente, solicito se me emita respuesta de fondo, de manera clara, específica
y suficiente, información, cierta, precisa, completa, fidedigna, actualizada.
9 Ver, entre otras, la sentencia SU-115 del 4 de diciembre de 2003.
10 Ver Auto 942 de 2022.
11 Corte Constitucional, auto A-136A de 2002.
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¿En las tutelas 11001020300020070174700 y radicación 19927, la H. Corte Suprema
declaró, evidenció, el cumplimiento de la tutela T-323 de 2005 en la forma como
puntualmente la corte dispuso A-944/22?
Sobre esta, el 12 de abril de 2024, a través del radicado ORT SJ n°.66, la Corte
Suprema de Justicia, Relatoría de Tutelas y Sala Plena, contestó lo siguiente:
Sobre el particular, le informo que constitucional y legalmente la Corte Suprema de
Justicia NO TIENE LA FUNCIÓN DE ÓRGANO CONSULTIVO y que esta dependencia carece de
competencia para emitir los conceptos por usted solicitados; no obstante lo anterior, una
vez revisados los sistemas de consulta al servicio de la dependencia, se encontraron, en
formato Word, las sentencias de tutela proferidas el 13 de junio de 2007 y el 18 de enero
de 2008, dentro de los expedientes radicados bajo los números
11001020300020070174700 y 19927, respectivamente, las cuales se adjuntan a esta
comunicación.
La alta corporación le indicó al peticionario que no era el órgano consultivo para
contestar a su pregunta sobre el cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005, pero
que, en todo caso, anexaba con la respuesta las sentencias de tutela de las que hizo
alusión, evento que, contrario a lo afirmado por el accionante, satisface la existencia
de una respuesta de fondo, clara y suficiente, ya que, como lo refirió la autoridad, no
es de su competencia atender dicho tipo de solicitudes, según se dejó visto de manera
antecedente.
Y en lo que se refiere a la Corte Constitucional, se encuentra que la última de las
peticiones es de fecha 8 de marzo de 2024, en la cual el señor Hernando Ramírez
solicitó:
Ref. Derecho fundamental de petición de información y entrega documentos
públicos
[…] Le reitero H. magistrados estoy solicitando únicamente me emitan respuesta de
fondo, de manera clara, específica y suficiente, información, cierta, precisa, completa,
fidedigna, actualizada, la forma en que se cumplió la tutela T-323 de 2005 […] como
puntualmente la Corte dispuso A-031/19-A489, y entrega de los documentos públicos,
que lo certifiquen, corroboren, no los documentos con los que algunos H. magistrados,
en una abierta extralimitación funcional, la han interpretado, acomodado en sus autos.
[…] H. magistrados si al revisar en esta oportunidad en forma imparcial y a la luz del
derecho mi expediente —link-vínculo por la plataforma One Drive que les ha remitido el
juez segundo Olmedo Ojeda Burbano—, encuentran algún documento público que
corrobore, certifique, verifique, demuestre, que ya se cumplió la tutela T-323 de 2005 en
la forma como puntualmente la Corte dispuso A-944/22, le exijo, respetuosamente, me
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instauren denuncia penal inmediatamente por falso testimonio, corrupción, ocultamiento
documento público, o el delito correspondiente.
En torno del pedimento, el 17 de mayo de 2024, la Corte Constitucional emitió
respuesta en los siguientes términos:
Referencia: Expediente T-1.007.443
Solicitud de documentos sobre el cumplimiento del fallo T-323 de 2005.
Cordial saludo:
En múltiples autos, esta Corte rechazó por improcedentes las solicitudes en las que
usted le pidió asumir el cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005. En concreto, a esa
determinación llegó la Corte en los Autos 256 de 2007, 200 de 2008, 194 de 2019, 031
de 2019, 489 de 2022, 944 de 2022, y en los autos del 23 de mayo de 2023 y del 20 de
septiembre de 2023.
En algunos de esos casos, esta corporación también se pronunció respecto de la
solicitud de remisión de documentos relacionados con el cumplimiento del fallo. Así, por
ejemplo, en el auto del 23 de mayo de 2023 se precisó que:
«[R]especto de la solicitud relacionada con la remisión de las copias en virtud de las
cuales se han considerado cumplidas las órdenes de la sentencia T-323 de 2005, la
sala precisa que dichos documentos deben ser solicitados al juez encargado del
cumplimiento del fallo, es decir, al Juzgado Primero Penal del Circuito Para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Manizales».
Es decir, dado que la Corte no ha asumido el cumplimiento de la sentencia T-323 de
2005, es imposible acceder a las solicitudes de remisión de los documentos relacionados
con dicho trámite. Como se le advirtió en decisiones pasadas, esa información debe
solicitarla ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Manizales, el cual, como juez de primera instancia, tuvo a su cargo el
trámite de cumplimiento de la sentencia.
En los anteriores términos doy respuesta a las solicitudes de remisión de los documentos
con base en los que se verificó el cumplimiento del fallo T-323 de 2005.
Esas solicitudes que fueron presentadas por usted o remitidas por competencia a esta
Corte los días 8 de marzo y 18 de abril de 2024, serán enviadas al Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Manizales para
que les dé el trámite que corresponda.
La Corte Constitucional procedió a brindar respuesta al peticionario explicando la
imposibilidad de dar una contestación de fondo a lo solicitado, toda vez que el
competente para el cumplimiento del fallo y, por contera, quien tiene a su cargo la
documentación requerida, es el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Manizales, a quien se le remitió la petición.
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Es válido señalar que, el referido despacho judicial, el cual rindió respuesta a la
presente acción de tutela, fue claro en advertir que ha procedido a dar trámite a todas
las peticiones del accionante en torno al cumplimiento de la sentencia T-323 de 2005,
entre estas, nueve incidentes de desacato y dos solicitudes de cumplimiento, dejándo
de dar trámite a estas, a partir del 17 de junio de 2011, por evidenciarse su
cumplimiento por parte de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación.
A su turno, se aprecia que también ha dado respuesta a las peticiones, remitidas por
las diferentes autoridades a las que el actor ha acudido, reiterando el efectivo
cumplimiento de la decisión, tal es el caso de las contestaciones otorgadas en lo que
corre del presente año, esto es, los autos interlocutorios n°. 21 del 15 de enero, 43 del
31 de enero, 84 del 29 de febrero y 102 del 21 de marzo de 2024.
De aquí que lo que se evidencie por parte del accionante es un intento, por todos los
medios, de lograr el cumplimiento de un fallo judicial en los términos que, en su sentir,
es el que debe darse.
Así las cosas, se encuentra que tanto la Corte Constitucional y la Corte Constitucional
actuaron en cumplimiento de la normativa y parámetros jurisprudenciales previstos en
el título II del Código del CPACA12 y sentencia T-377 de 200013, respectivamente,
desarrollados en torno a la garantía del derecho fundamental de petición.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
vulneración invocada y, en tal sentido, revocará el numeral segundo de la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, denegará
el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
12 Sustituido mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
13 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.
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F A L L A:
Primero. Revocar el numeral segundo de la sentencia del 16 de agosto de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, se
dispone: denegar el amparo invocado, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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