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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02733-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02733-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la desvinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y del Tribunal Administrativo de Arauca, conforme con lo expuesto. 2. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02733-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

4 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: LUZ MARY GUTIÉRREZ ÁLVAREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B.

Temas: Mora judicial – carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por la señora
Luz Mary Gutiérrez Álvarez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333
de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de mayo de 2024, la señora Luz Mary Gutiérrez Álvarez interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA.- AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales y humanos A LA
IGUALDAD ANTE LA LEY, AL DEBIDO PROCESO, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los cuales es titular la señora
LUZ MARY GUTIÉRREZ ÁLVAREZ identificada con cédula de ciudadanía número
41.914.926 con ocasión de las presuntas vulneraciones incurridas por el CONSEJO DE
ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B en trámite de ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2024-01545-00.

SEGUNDA. - ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B proferir fallo de primera
instancia y su notificación de la ACCIÓN DE TUTELA 11001-03-15-000-2024-01545-00.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El 2 de abril de 2024 la señora Gutiérrez Álvarez radicó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Arauca, el conocimiento de la solicitud de amparo
correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, bajo el
radicado número 11001-03-15-000-2024-01545-00.

En auto del 4 de abril de 2024 fue admitida la acción de tutela y se surtieron las
notificaciones correspondientes, sin embargo, la actora aseguró que, a la fecha de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

radicación de la presente solicitud de amparo, la autoridad judicial demandada no
ha resuelto la solicitud de amparo.

3. Argumentos de la acción de tutela

La demandante aseguró que, a la fecha de la interposición de la presente acción
de tutela, no se ha proferido decisión alguna respecto a la solicitud de amparo que
interpuso contra el Tribunal Administrativo de Arauca, pese a que han transcurrido
casi 2 meses desde que ejerció el mecanismo constitucional.

Además, señaló que pese a que solicitó impulso procesal y radicó una solicitud de
vigilancia judicial no cuenta con información adicional del expediente.

Por lo anterior, considera que se le han vulnerado los derechos fundamentales
invocados, pues ha transcurrido un plazo mucho más que razonable, dado que, el
expediente lleva casi dos meses sin que se dicte el fallo de tutela respectivo.

4. Trámite previo

El despacho sustanciador, en auto del 4 de junio de 2024, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado como demandada y a los magistrados que conforman el Tribunal
Administrativo de Arauca, al titular del Juzgado Primero Administrativo de Arauca y
a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- como terceros con
interés. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia
para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por conducto del
consejero ponente de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-
01545-00 informó que, mediante sentencia del 2 de mayo de 2024, notificada el 6
de junio siguiente, resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales de la
demandante.

Conforme con lo expuesto, solicitó que se declare carencia actual de objeto por
hecho superado, en tanto la conducta identificada como vulneradora de los
derechos fundamentales de la demandante cesó al proferirse la sentencia referida,
por lo cual resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional.

6. Intervenciones de los terceros con interés

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que la
solicitud de amparo se refiere a una pretensión que no es de su competencia.

Asimismo, indicó que en el caso objeto de estudio la demandante no demostró que
la mora en su caso obedezca a dilaciones injustificadas, por lo que, al no estar
probado dicho requisito, no hay lugar a acceder a lo pretendido porque constituiría
una vulneración al derecho a la igualdad de aquellos quienes también llevan tiempo
esperando la resolución de las decisiones judiciales e implicaría, el
desconocimiento de estos turnos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

El Tribunal Administrativo de Arauca solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que la solicitud de amparo no
involucra alguna acción u omisión de su parte.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante, con
ocasión de la presunta tardanza en el trámite de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-01545-00 o si, por el contrario, en el caso objeto de estudio
se configuró la carencia actual por hecho superado.
Previo a lo anterior, la Sala se referirá a las solicitudes de desvinculación elevadas
por Colpensiones y el Tribunal Administrativo de Arauca.

Legitimación en la causa por pasiva

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y el Tribunal
Administrativo de Arauca en las contestaciones de la acción de tutela alegaron la
falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, dado que su vinculación
al presente trámite constitucional obedeció a que hicieron parte de la acción de
tutela con radicado 2024-01545-00, cualquier decisión que se adopte,
eventualmente puede afectar sus intereses como terceros interesados, por lo tanto,
la Sala negará las solicitudes de desvinculación.

De la mora judicial

Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación
judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la
tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052

de 2018 y T-441 de 2020.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de
acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de
dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos
en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y
su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Caso concreto

La señora Luz Mary Gutiérrez Álvarez solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y de
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, pues, a su juicio, incurrió en mora judicial
injustificada al no continuar con el trámite de la acción tutela con radicado 11001-
03-15-000-2024-01545-00.

Lo anterior, con fundamento en que desde el 2 de abril de 2024 radicó la
mencionada solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Arauca sin
que, al momento de la interposición de la acción de tutela de la referencia el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B haya proferido fallo de primera
instancia, pese a que el término para proferir decisión es de 10 días, de conformidad
con el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

La pretensión de la actora se dirige, concretamente, a que se ordene a la autoridad
judicial demandada proferir fallo de primera instancia en la acción de tutela con
radicado 2024-01545-00, punto en el cual, la Sala advierte que, con ocasión a la
interposición a la solicitud de amparo de la referencia, la autoridad judicial
demandada notificó el 6 de junio de 2024 el fallo proferido el 2 de mayo de 2024 en
el que resolvió:

«Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luz Mary Gutiérrez
Álvarez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Arauca,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

(…)».

Como se indicó, la inconformidad de la actora radica en que, a su juicio, la autoridad
judicial demandada no había resuelto la acción de tutela, pese a las diferentes
solicitudes de impulso procesal, razón por la que la actora consideró que los
derechos fundamentales invocados fueron vulnerados, pues, al momento de la
interposición de la acción de tutela de la referencia no se había resuelto lo
solicitado. Sin embargo, a la fecha, ya se profirió fallo de tutela de primera instancia,
tal como consta en los apartes transcritos y, en esa medida, la pretensión de la
tutela fue satisfecha sin que mediara orden judicial.

En ese orden, se evidencia que, se está en presencia de carencia actual de objeto
por hecho superado.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado2, el hecho superado3, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente4.En lo que aquí interesa, hay que decir
que el hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial.

Se precisa que el objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos
casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la
Constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la
posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o
amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e
inminente del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la
violación o la amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez
en defensa de los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría
tener, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras
palabras, la acción de amparo perdería su perdería su razón de ser5.

2 Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía

evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer
que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la
vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho.
No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se
ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria. Ver,
sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
3 Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela

y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la
conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los
ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018
4 Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario

anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no
sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación
hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de
2019.
5 Ver sentencia T-167 del 2 de abril de 1997.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02733-00
Demandante: Luz Mary Gutiérrez Álvarez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la desvinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones y del Tribunal Administrativo de Arauca, conforme con lo expuesto.
2. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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