Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02751-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02751-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02751-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
4 de julio de 2024
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02751-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02751-00
Demandante: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela presentada por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL), contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en Sección Segunda, Subsección D y el
Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de apoderada judicial, inició
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 1° de febrero del 20242, dictada en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-35-028-2021-00084-013, instaurado contra la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.
1 El expediente ingresó al despacho el 30 de mayo de 2024.
2 Por medio de la cual se dispuso: «Confírmase la sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho
(28) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, D.C., el 16 de junio de 2023, que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda dentro del proceso instaurado por Lucía Gómez
Gómez contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL-, por las razones expuestas en
la parte considerativa de este proveído.»
3 La demandante del proceso ordinario es la señora Lucía Gómez Gómez.
1
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02751-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la entidad accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1- Se deje sin efectos la sentencia proferida el de a 16 de junio de 2023 dictada
en primera instancia por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA – SECCIO N SEGUNDA en el medio de
control 11001-33-35- 028-2021-00084-00 por contener defecto material o
sustantivo.
2- Se deje sin efecto la sentencia proferida en segunda instancia por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCION D. del primero de febrero de 2024, en la que se confirmó la
sentencia proferida por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.
3- Se ordeñe al JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTA – SECCIO N SEGUNDA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION D, que profieran nueva sentencia, en la cual se haga una
valoración adecuada de la normatividad aplicable y régimen especial de las
Fuerzas Militares a la luz de los principios de la Función Pública y el Sistema
pensionar.4
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Pompilio Rodríguez Ortiz laboraba como sargento viceprimero en el
Ejército Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución No.
0180 del 7 de marzo de 1977 reconoció la asignación de retiro en favor de este.
El señor Rodríguez Ortiz falleció el 7 de septiembre de 2016. En atención a esto,
la señora Herminda Herrera Gómez, como compañera permanente, solicitó ante
CREMIL el reconocimiento de la sustitución pensional. Así mismo, la señora Lucía
Gómez Gómez requirió a la entidad para que se le reconociera el derecho en razón
al haber contraído matrimonio en 1967 con el señor Rodríguez Ortiz.
CREMIL mediante la Resolución No. 8389 del 16 de diciembre de 2016, le
reconoció la pensión de sobreviviente en el 100% a la señora Herminda Herrera
Gómez y le negó el derecho a la señora Lucía Gómez Gómez en cuanto a qué no
se demostró la convivencia de los últimos 5 años con el señor Rodríguez Ortiz.
4 Transcripción literal del escrito de tutela.
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
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La señora Lucía Gómez Gómez interpuso de recurso de reposición contra la
anterior decisión, que fue resuelto en Resolución No. 3590 del 15 de mayo del
2017, la cual la confirmó en su integridad.
La señora Gómez Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de los referidos actos administrativos. El asunto fue conocido
por el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C. en el que
participó como tercera con interés la señora Herminda Herrera Gómez.
La referida autoridad judicial profirió fallo el 16 de junio de 20235, en el cual declaró
parciamente la nulidad de la Resolución No. 8389 del 16 de diciembre de 2016 y
de forma completa de la Resolución No. 3590 del 15 de mayo de 2017. En tal
sentido ordenó a CREMIL reconocer la sustitución de la asignación del retiro en
favor de la señora Lucía Gómez Gómez en un 50% con efectos fiscales a partir del
23 de marzo del 2018, y que el otro 50% seguiría en favor de la señora Herminda
Herrera Gómez, tal y como lo reconoció el acto administrativo cuestionado.
La autoridad judicial de primera instancia determinó que frente a la prescripción
del reconocimiento pensional:
(…) se tiene que la accionante presentó la solicitud de reconocimiento de la
sustitución de asignación de retiro el 16 de septiembre de 2016 como se
advierte en la Resolución No. 8389 del 16 de diciembre de 2016 y la demanda
fue presentada el 23 de marzo de 2021, lo que impone declarar la prescripción
de las mesadas de asignación de retiro a que tenía derecho la demandante
desde el 8 de septiembre de 2016, día siguiente al deceso del causante y
hasta el 22 de marzo de 2018, atendiendo que este fenómeno nuevamente se
interrumpió con la presentación de la referida demanda.
Por último, determinó que el señor Rodríguez Ortiz convivió simultáneamente con
las dos solicitantes, por lo cual la pensión debió ser dividida en partes iguales para
las señoras Lucía Gómez Gómez y Herminda Herrera Gómez.
CREMIL presentó recurso de apelación que resolvió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D mediante providencia del 1° de
febrero de 2024 confirmó la decisión del a quo.
La autoridad judicial dispuso que frente al tiempo de pago de la mesa pensional
que de acuerdo con el artículo 43 del Decreto 4433 de 20046 aplicable al caso en
concreto:
5 DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 8389 del 16 de diciembre de 2016,
expedida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL en punto de la negativa del
derecho de la accionante LUCÍA GÓMEZ GÓMEZ y la porción reconocida a la señora HERMINDA
HERRERA GÓMEZ que debe ser del 50% y no del 100%, conforme con lo expuesto.
6 ARTÍCULO 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones
previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que
se hicieron exigibles.
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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(…) la demandante presentó la solicitud de reconocimiento de la
sustitución de asignación de retiro el 16 de septiembre de 2016 como
se advierte en la Resolución No. 8389 del 16 de diciembre de 2016 y la
demanda fue radicada el 23 de marzo de 2021, es decir, pasaron más
de tres (3) años entre la petición y la presentación de la demanda. Por
tal razón se confirmará la sentencia apelada que declaró la prescripción
de las mesadas de asignación de retiro a que tenía derecho Lucía
Gómez Gómez, a partir del 23 de marzo de 2018.
Así mismo, concluyo que:
De acuerdo con las normas y la jurisprudencia en cita7, la Sala observa que
tal como lo dispone el Consejo de Estado que la demandante Lucía Gómez
Gómez, tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional que en
vida percibía el señor Pompilio Rodríguez Ortiz, pues se encuentra
demostrado en el plenario que mantuvo su vínculo vigente como cónyuge
supérstite. Sumado a que no era aplicable en el presente asunto el ordinal
12.5 del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004, razón por la cual era su deber
como administrador pensional dejar en suspenso el reconocimiento de la
sustitución pensional u otorgar el derecho solo en el 50% hasta que la
jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué
proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos como sucedió
en el presente caso.
El fallo fue notificado el 11 de marzo del 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
La entidad accionante alegó el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Así mismo,
argumentó que, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución.
Frente al yerro sustantivo, sostuvo que, la asignación de retiro se reconoció de
conformidad con el artículo 11, parágrafo 2 del Decreto 4422 del 2004, esto, en
razón a que, en el expediente administrativo no se pudo demostrar que la señora
Lucía Gómez Gómez hubiera convivido de manera real y efectiva con el causante
por lo menos 5 años continuos, antes de su fallecimiento.
Por otro lado, indicó que, no se encontraba habilitado para disponer la suspensión
del reconocimiento pensional de la señora Lucía Gómez Gómez en un 50% de la
totalidad de la pensión, en consideración a que, no se tenía certeza de que esta
fuera a asistir a jurisdicción a pretender la nulidad del acto administrativo. De
manera que, solicitarlo sería un actuar por fuera de la ley que no es posible
7 Radicado: 17001-23-33-000-2013-00509-01(3265-14), Actor: MARÍA TERESA VARGAS
RINCÓN Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR
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Lo anterior, deviene en una clara vulneración al debido proceso en cabeza de la
entidad, pues el juez determinó que actuó con desconocimiento de norma que
regula la pensión de sobreviviente.
Entonces, afirmó que, el artículo 12 del Decreto 4433 de 2004, régimen especial
aplicable a la Fuerza Pública estableció que por regla general el derecho al
reconocimiento pensional no es viable cuando esté presente alguna de las
siguientes situaciones:
12.1 Muerte real o presunta.
12.2 Nulidad del matrimonio.
12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.
12.4 Separación legal de cuerpos.
12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho.
Sostuvo que, no se podía condenar a CREMIL a cancelar dos veces la misma
prestación, lo cual consideró que va en contravía de los intereses del Estado. En
suma, expuso que la condena que efectuaron las autoridades judiciales al doble
pago por una prestación que ya se pagó en favor de la señora Herminda Herrera
Gómez de buena fe debía tenerse en cuenta para declarar la prescripción desde
el momento en que se realizó la suspensión del 50% en favor de la compañera
permanente.
Además, refirió la existencia de casos similares de acuerdo con las siguientes
providencias:
Radicado Magistrado Contenido Decisión
Ponente
250002342 César Determinar si la PRIMERO: MODIFICAR
000201600 Palom demandante en calidad de parcialmente el numeral
35101 ino Cortés cónyuge del causante señor segundo
Efraín Bernal Ángel (2) de la sentencia proferida
(q.e.p.d.), reúne los el 27 de junio de 2017, por
requisitos necesarios para el Tribunal Administrativo
ser beneficiaria del de Cundinamarca, en el
reconocimiento de la sentido de ordenar
sustitución de la asignación que el pago de la
de sustitución de la asignación
retiro a partir de la muerte de retiro en
del causante en un 50%, o favor de la señora
si se debe tener en CECILIA DIAZ DE
cuenta que esta prestación BERNAL, se
se canceló en un 100% a la realice a partir de la
compañera suspensión del
permanente desde dicha reconocimiento pensional
fecha. del 50% a la
compañera permanente,
conforme lo
expuesto en la parte
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02751-00
motiva de la presente
providencia.
150012333 Sandra Apelación de sentencia MODIFICAR el
000201300 Lisset Ibarra del 21 de mayo de 2015. numeral tercero de la
55701 Vélez Pensión de sentencia en el sentido de
sobrevivientes en un 100% indicar que el pago de
la pensión de
sobrevivientes, en un 40%
a la señora María Luisa
Gómez de Rojas y el 60%
restante a la señora Luz
Marina Gómez López,
será a partir de la
ejecutoria de la sentencia,
de conformidad a lo
expuesto a la parte motiva
de la presente
providencia.
130012333 Jorge Se niega El pago de la prestación,
000201400 Eliece sustitución de la sin embargo, solo podrá
31000 r Fandiño asignación de retiro a hacerse efectivo a partir de
Gallo la señora la fecha de ejecutoria de la
P. L. de C. toda vez que no sentencia, teniendo en
acreditó la convivencia con cuenta que la entidad
el militar al viene pagando dicha
momento del prestación de buena fe,
fallecimiento. amparada en un acto
administrativo que goza de
presunción de legalidad
130012333 JOSE Se reconoce el 50% de El factor determinante
000201800 RAFAEL cuota pensional a la para obtener derecho a la
68600 GUERRERO compañera permanente pensión de sustitución por
LEAL Reconocida mediante parte de la cónyuge o la
sentencia judicial suscrita compañera permanente
por el Juzgado 07 de no existiendo derecho
Familia de Cartagena del 13 valido de la cónyuge es la
de marzo del 2007. prueba de convivencia y el
apoyo mutuo.
A pesar de lo anterior, no sostuvo ningún argumento para la aplicación de las
providencias en el caso en concreto. Por otro lado, explicó el régimen prestacional
de las Fuerzas Militares, sin esgrimir algún cargo en concreto frente a la
providencia. Además, sostuvo que se vulneraba el principio de la seguridad jurídica
y que atentaba contra la estabilidad financiera del Estado.
Efectuó un análisis sobre la vulneración y desconocimiento de los principios que
rigen el sistema pensional y prestacional de las Fuerzas Militares. Aunado a esto,
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02751-00
afirmó que, la sentencia desconoció los principios de eficiencia, igualdad,
solidaridad, sostenibilidad y responsabilidad financiera.
Lo anterior, de acuerdo con que las providencias que condenan al doble pago de
las mesadas prestacionales generan un impacto fiscal que repercute en las arcas
de la seguridad social.
1.5. Actuaciones procesales
1.6. Auto admisorio8
La magistrada ponente mediante auto del 12 de junio de 2024 admitió la acción
constitucional y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D9 y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá10, como autoridades accionadas.
Además, se vinculó como terceros con interés jurídico legítimo a las señoras Lucía
Gómez Gómez11 y a Herminda Herrera Gómez12. Por otro lado, se requirió a las
autoridades judiciales accionadas para que allegaran de manera digital el
expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 11001-33-35-028-2021-0084-00/01.
1.7. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales,
en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:
1.7.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D13
La autoridad judicial mediante correo electrónico del 14 de junio de 2024 se limitó
a enviar el expediente digital solicitado en el auto admisorio.
8 Índice 5 en el expediente de Samai.
9 El auto admisorio se notificó a las siguientes direcciones:
scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; rmemorialessec02sdtadmcun@cendoj.ramajudici
al.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co de acuerdo con el índice 7.
10 El auto admisorio se notificó a las siguientes direcciones: Jadmin28bta@notificacionesrj.gov.co;
admin28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co de acuerdo con el índice 7.
11
El auto admisorio se notificó a las siguientes direcciones: jeimycrodriguez@hotmail.com;
milugoal51@gmail.com de acuerdo con el índice 7.
12 El auto admisorio se notificó a la siguiente dirección: diarodriguezhe@gmail.com de acuerdo
con el índice 8.
13 Índice 9 en el expediente de Samai.
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Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02751-00
1.7.2. Lucía Gómez Gómez14
El 18 de junio del 2024, a través de apoderada judicial, envío memorial de
participación de la acción de tutela, mediante el cual solicitó que se negarán las
pretensiones elevadas por CREMIL y que quedaran en firme las providencias que
le reconocieron la mesada pensional.
Así mismo, se refirió a cada uno de los hechos que el accionante presentó en el
escrito de tutela y agregó que, la entidad accionante fue quien cometió el error de
valorar indebidamente las pruebas que se allegaron al proceso administrativo, con
lo cual desencadenó una situación injusta para ella que fue solucionada por los
jueces.
Por último, indicó que, el señor Pompilio Rodríguez Ortiz y ella convivieron bajo el
mismo techo hasta el día de su fallecimiento, lo cual no fue tenido en cuenta por
la entidad y jugó en contra de sus intereses, pues se debió dividir el 100% de la
pensión de sobreviviente entre la esposa y la compañera permanente.
1.7.3. Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El juez titular del Despacho mediante memorial remitido el 14 de junio del 2024,
solicitó declarar que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Además,
hizo un recuento de los hechos que dieron lugar al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y de las decisiones que se tomaron frente a la
situación jurídico fáctica presentada ante el juez de la república.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo establecido
por el artículo 86 de la Constitución política, el Decreto 2591 de 199115 y el numeral
2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 201516, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
14 Índice 10 en el expediente de Samai.
15 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
16 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
8
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¿Se superan en el sub lite los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad con ocasión
de la sentencia del 1° de febrero del 2024, que confirmó el fallo de primera
instancia proferida por el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
en el cual reconoció el 50% de la pensión de sobreviviente a la señora Lucía
Gómez Gómez?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial; y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Subsección D y otro
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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202220.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
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Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.
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planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción
de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
En consideración de CREMIL, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad mediante la sentencia del 1° de febrero de 2024 que confirmó el fallo
de 16 de junio de 2023 que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, mediante el cual se le reconoció el 50% de la totalidad de la pensión de
sobreviviente en favor de la señora Lucía Gómez Gómez.
Desde la perspectiva de la entidad actora, la autoridad judicial incurrió en un
defecto sustantivo y en una violación directa de la Constitución. Lo anterior, en
consideración a que los actos administrativos que dictó para el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente se basaron en las pruebas allegadas al proceso
administrativo, y de las cuales advertían que no se demostraba que entre el señor
Pompilio Rodríguez Ortiz y la señora Lucía Gómez Gómez existiera una
convivencia anterior a los 5 años del deceso que exige el artículo 11 de parágrafo
2 del Decreto 4422 del 2004. Por lo cual, se negó el reconocimiento del derecho.
Por otro lado, alegó un presunto desconocimiento del precedente al citar diferentes
providencias del Consejo de Estado que a su juicio tienen hechos similares. No
obstante, omitió señalar la regla de derecho que a su juicio fue desconocida por
las autoridades judiciales accionadas, con el fin de determinar la presunta
vulneración del principio a la igualdad.
Esta Sala encuentra que, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el libelo inicial, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.
Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales
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y no a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
En contraste al escrito de tutela, está el recurso de apelación presentado en contra
del fallo del 16 de junio del 2023, la parte accionante indicó lo siguiente:
Por tal motivo es necesario precisar QUE EN EL EVENTO QUE EL
DESPACHO ENCUENTRE QUE A LA DEMANDANTE LE ASISTE
DERECHO PARA SOLICITAR LA SUSTITUCION PENSIONAL
RECLAMADA, no se le puede condenar a la CAJA DERETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES a cancelar dos veces la misma prestación
periódica, en detrimento de los intereses del Estado, pues en el caso
sub lite, tenemos que la pensión de beneficiarios del señor Sargento
Viceprimero ® del ejército POMPILIO RODRIGUEZ ORTIZ , fue
cancelada a favor de la Señora HERMINDA HERRERA GOMEZ en su
calidad de compañera permanente en un 100%, mediante resolución
No 8389 del 16 de diciembre del 2016 hasta la fecha en que fue
suspendido el 50% de la cuota parte de la señora HERMINDA
HERRERA GOMÈZ, mediante orden interna.
Lo anterior para tenerse en cuenta, pues si llegara a proceder el
reconocimiento solicitado por la parte demandante, éste deberá operar
desde la fecha en que se le suspende el pago del derecho a la cuota
parte del 50% de la prestación de la señora HERMINDA HERRERA
GÒMEZ, mediante orden interna o de ejecutoria del fallo que así lo
dispone y no a partir de la fecha del reconocimiento, toda vez que
los actos administrativos proferidos en el caso bajo estudio,
tuvieron como fundamento LA LEY, teniendo en cuenta las
pruebas aportadas al expediente administrativo que permitieron
determinar a la entidad, dar el 100% de la prestación a su
compañera permanente.
En ese orden de ideas, el argumento que planteó el accionante en el recurso de
alzada y son reiterados en el escrito de tutela, los cuales ya fueron zanjados por
el juez ordinario en el fallo del 1° de febrero de 2024, en el cual la autoridad judicial
determinó que:
De acuerdo con las normas y la jurisprudencia en cita, la Sala observa que tal
como lo dispone el Consejo de Estado que la demandante Lucía Gómez
Gómez, tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional que en
vida percibía el señor Pompilio Rodríguez Ortiz, pues se encuentra
demostrado en el plenario que mantuvo su vínculo vigente como cónyuge
supérstite. Sumado a que no era aplicable en el presente asunto el ordinal
12.5 del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004, razón por la cual era su deber
como administrador pensional dejar en suspenso el reconocimiento de la
sustitución pensional u otorgar el derecho solo en el 50% hasta que la
jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué
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proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos como sucedió
en el presente caso. Por tal razón, se confirmará la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente las súplicas de la demanda.
De acuerdo con lo transcrito, la Sala advierte que es claro que CREMIL pretende
reabrir el debate jurídico que fue debidamente agotado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, utilizando la acción de tutela a modo de instancia
adicional. En este sentido, no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en la
órbita del juez ordinario para decidir sobre cuestiones que carecen de relevancia
constitucional, pues de lo contrario se pasaría por alto la autonomía con la que
cuenta el juez natural del asunto.
Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con las
conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.
2.6. Violación al principio de igualdad
Ahora bien, frente a este cargo tampoco se supera el requisito de la relevancia
constitucional debido a que no se cumple con la carga mínima argumentativa que
se asiste al vislumbrar la vulneración del derecho fundamental a la igualdad al
considerar que las autoridades judiciales desconocieron providencias judiciales28
que, a criterio del accionante, son iguales a la situación expuesta y debió
sustanciarse en igual forma.
La Sala advierte que es necesario tener presente que, de acuerdo con la posición
de la Sala, por regla general, se entiende como precedente aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi
que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar
el caso reciente29.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos30 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta del
precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
28 Las sentencias son: 25000-23-42-000-2016-00351-01; 15001-23-33-000-2013-00557-01;
13001-23-33-000-2014-00310-00 y 13001-23-33-000-2018-00686-00
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
30 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
En esa medida, el actor a pesar de identificar las sentencias que considera como
desconocidas, omitió advertir la regla de derecho determinante en el caso en
concreto, tampoco hace referencia a la ratio decidendi de la decisión tomada en lo
ordinario. Por otro lado, la parte accionante citó las providencias de juzgados, los
cuales no pueden tenerse en cuenta como una decisión de una alta corte.
Así, teniendo en cuenta que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima
que le asistía en vislumbrar una vulneración a sus derechos fundamentales, déficit
argumentativo que no le corresponde suplir a este juez constitucional, lo cierto es
que este cargo tampoco supera el requisito de relevancia constitucional. En este
punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del mecanismo de
amparo cuando se dirige contra providencias judiciales, conforme se puso de
presente en líneas anteriores, ya que este supone un esfuerzo argumentativo
considerable por parte de quien estime que con lo resuelto en una sentencia se
incurrió en una vía de hecho.
Nótese que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, no es suficiente
que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se transgredieron sus
garantías fundamentales. Por el contrario, es menester que se cumpla con el deber
de argumentar el concepto de la violación, de manera que le permita al juez
constitucional vislumbrar que la solución del caso permite desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
invocados.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contra la el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado 28 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, conforme a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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