Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02754-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Desconocimiento del precedente: no se configura en este caso, porque
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02754-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-02754-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: FREDY ARMANDO TOCARRUNCHO RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura en este caso, porque
la providencia que se considera como desconocida no resulta vinculante para la
autoridad judicial demandada.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Fredy Armando
Tocarruncho Ramos contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 29 de mayo de la presente anualidad1, el señor Fredy Armando Tocarruncho
Ramos interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, al
considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, con ocasión de la
providencia dictada el 7 de mayo de 2024, en el proceso de nulidad electoral con
radicado 15001-23-33-000-2024-00142-00. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia violado por el Honorable Tribunal
Administrativo de Boyacá al admitir una demanda que debió ser rechazada por
contar con fundamentos de hecho y de derecho idénticos a un proceso en
donde si fue rechazada la demanda.
SEGUNDO: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá
revocar el auto de fecha 7 de mayo de 2024 y en su lugar rechazar la demanda
con radicado 15001233300020240014200 por tratarse de un caso idéntico al
radicado 15001233300020230045700 tramitado ante la misma Corporación.
TERCERO: PREVENIR al Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá a
garantizar el derecho a la igualdad en los casos idénticos con providencias
1 Se advierte que, el 12 de junio de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
idénticas, asegurando en todo caso la materialización de una seguridad jurídica
como lo ordena la Honorable Corte Constitucional.
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas se extraen siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
El 21 de febrero de 2024, la Veeduría Boyacá sin Límites presentó demanda de
nulidad electoral en contra del acto de elección del señor Fredy Armando
Tocarruncho Ramos, como personero del Municipio de Cómbita para el período
2024-2028, y le correspondió el radicado 15001-23-33-000-2024-00142-00.
El 9 de abril de 2024, el Despacho del magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez
inadmitió la demanda al considerar que el medio de control no podía ser promovido
por personas jurídicas de derecho privado, en atención a que el artículo 40 de la
Constitución condiciona el ejercicio de derechos políticos a los ciudadanos.
En memorial del 15 de abril de 2024, la entonces parte demandante subsanó la
demanda, al informar que la presentaba en nombre propio y no como representante
legal de la Veeduría. Asimismo, indicó que acusaba de nulidad la Resolución 004
del 10 de enero de 2024, mediante la cual el Concejo Municipal de Cómbita eligió
al señor Tocarruncho Ramos como personero municipal y también acreditó la copia
del envío simultáneo de la demanda y sus anexos al demandado.
La parte actora manifestó que, como tenía conocimiento del precedente del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el proceso con radicado 2023-00457-01, y antes de
que se corriera traslado de la medida cautelar, solicitó que se rechazara la demanda
al tener la misma situación fáctica que el proceso surtido en contra del alcalde de
Tunja.
El 7 de mayo de 2024, la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de
Boyacá admitió la demanda y negó la medida cautelar solicitada.
1.3. Argumentos de la tutela
En criterio del señor Fredy Armando Tocarruncho Ramos, la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo, porque omitió la aplicación de las normas
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de derecho que deben ser de obligatorio cumplimiento en la expedición de autos,
esto es, que se tratara de una persona natural de nacionalidad colombiana, que
ostentara la calidad de ciudadano, y que se hallara en ejercicio de los derechos
políticos. Además, por cuanto permitió la presentación de una nueva demanda
cuando ya había operado el término de caducidad procesal.
Asimismo, precisó que el Tribunal Administrativo de Boyacá se «sustrajo de aplicar
debidamente las normas que ellos mismos enunciaron a casos idénticos, en donde
por cierto tomaron decisiones diferentes, aun cuando eran casos fácticamente
iguales», lo que, a su juicio, configura el desconocimiento del precedente horizontal,
toda vez que en el proceso con radicado 2023-00457-00 se rechazó la demanda.
Agregó que se desconoció lo previsto en las sentencias C-591 de 2012, C-562 de
2000, C-536 de 1998, C-592 de 1998, C-841 de 2010, C-511 de 1999 y T-069 de
2012, proferidas por la Corte Constitucional.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 31 de mayo de 2024, se admitió la demanda de tutela y ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Sala de Decisión Cuarta del
Tribunal Administrativo de Boyacá, como parte demandada, y al alcalde y a la
presidenta del Concejo del Municipio de Cómbita, y al señor Rubén Darío Calixto
Ramírez, como terceros con interés. También ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara improcedente la
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el
único argumento es la vulneración al derecho fundamental a la igualdad, sin que se
precisaran las razones que justifiquen una vulneración concreta de derechos
fundamentales.
Asimismo, indicó que la decisión judicial invocada como precedente desconocido,
proferida en el expediente con radicado 2023-00457-00 atiende a supuestos de
hecho y de derecho que no coinciden con los ventilados dentro del proceso objeto
de discusión.
Precisó que el rechazo emitido por la Sala Segunda de Decisión atendió a que la
subsanación presentada por el extremo demandante no satisfizo los requisitos
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Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
legales, mientras que la demanda presentada por la Veeduría Boyacá sin Límites
se inadmitió por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 162.1 del
CPACA, relativo a la designación de las partes y sus representantes, y ante la
imposibilidad jurídica de la Veeduría para entablar el medio de control, la parte
demandante aclaró que comparecía como persona natural. Bajo esa condición, en
respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, se admitió la demanda.
Expuso que, en todo caso, la providencia que se consideró desconocida fue
revocada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 6
de junio de 2024. Afirmó que para la fecha en la que se profirió la providencia
censurada no existía una posición unificada relacionada con la capacidad de las
personas jurídicas para interponer acciones electorales y, de igual manera, el
Consejo de Estado sostuvo que sí estaban legitimadas, que la cédula de ciudadanía
de la persona natural no es requisito de admisibilidad, y tampoco se requería
acreditar la condición de ciudadano, sino de persona, y el hecho de subsanar la
demanda no implicaba la radicación de una nueva, ni mucho menos reformarla.
2.2. El señor Rubén Darío Calixto Ramírez se opuso a la solicitud de amparo,
porque, en su criterio, no cumple con el requisito de subsidiariedad ya que el
accionante cuenta con los mecanismos procesales para reclamar los eventuales
vicios de procedimiento o de fondo en el proceso de nulidad electoral.
Expuso que el demandante debió agotar los recursos ordinarios para conjurar
cualquier irregularidad que atentara contra el debido proceso o cualquier otro
derecho fundamental.
Precisó que, de todos modos, la demanda se presentó en tiempo y, cuando se
otorgó la oportunidad para subsanar, corrigieron la falencia en el sentido de indicar
que la demanda de nulidad electoral se interpuso en nombre propio y no a nombre
de la veeduría ciudadana a la que pertenece.
Sostuvo que no se reformó la demanda, sino que simplemente se precisó la calidad
en que actuaba el demandante, y luego de notificado el auto admisorio de la
demanda, se reformó únicamente en cuanto a una solicitud adicional de pruebas,
mas no para sustituir a un demandante por otro.
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Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
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2.3. El Concejo Municipal de Cómbita pidió que se tutelen los derechos
fundamentales invocados, debido a que las dos demandas presentadas fueron
firmadas por dos personas completamente diferentes, en tiempos diferentes y no se
les puede dar el tratamiento de cambio de parte procesal, pues la ley no permite
dicho accionar.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala establecer si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que
se cumplan, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se
configuraron o no los defectos endilgados a la providencia del 7 de mayo de 2024,
emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso con radicado 15001-
23-33-000-2024-00142-00.
2. Análisis de la Sala
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, dado que la providencia
cuestionada fue proferida el 7 de mayo de 2024 y notificado el 10 de ese mismo
mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 29 de mayo de la
presente anualidad, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término
resulta razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la Sala considera que se encuentra acreditado este requisito,
toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2762 de la Ley 1437
de 2011, contra el auto admisorio proferido en el medio de control de nulidad
electoral no proceden recursos.
2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
pues la accionante explicó las razones por las cuales considera que el Tribunal
Administrativo de Boyacá vulneró su derecho fundamental a la igualdad,
prerrogativa tradicionalmente relevante en la institución de la acción de tutela.
2 «El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día siguiente al de la
notificación por estado al demandante».
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Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
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Asimismo, se advierte que cumplió con la carga argumentativa mínima en relación
con el defecto alegado.
Valga agregar que el requisito de relevancia constitucional se satisface no por el
simple hecho de que se invocara la vulneración de ciertos derechos fundamentales,
sino porque aun cuando el asunto en términos generales fue abordado por los
jueces naturales, existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad
de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados.
Los motivos que ponen en tela de juicio el supuesto desconocimiento del precedente
horizontal por parte del tribunal involucran un problema de naturaleza constitucional,
bajo el entendido de que está en juego la afectación de las garantías fundamentales
de la parte actora.
Se trata de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, se repite, se está frente a una duda sobre la potencial
afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio del juez natural.
De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una
instancia adicional al proceso primigenio o un medio para resolver desacuerdos de
aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto que tiene «la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de una posible
«afectación desproporcionada a derechos fundamentales».
2.2. El defecto específico alegado: desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas3:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció4.
3 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
4 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
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b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente5).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio
en cada caso concreto6.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la garantía de la confianza legítima.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias
que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan
rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma
jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o
del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de
preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en
tanto que fija una regla de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica
la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
5 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
6 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La parte actora considera que se vulneraron sus derechos fundamentales por
cuanto el Tribunal Administrativo de Boyacá, al admitir la demanda de nulidad
electoral que pretende dejar sin efectos el acto administrativo por el cual lo eligieron
personero municipal de Cómbita, incurrió en defecto sustantivo ante la falta de
identidad de las decisiones tomadas por la misma corporación judicial.
Según indicó, en el proceso de nulidad electoral que se surte en contra del alcalde
de Tunja se rechazó la demanda por considerar que las personas jurídicas no se
encontraban habilitadas para presentar ese medio de control, mientras que en el
proceso adelantado en contra de su elección, «no solo no se hicieron las mismas
exigencias, sino que se procedió a permitir la presentación de una nueva demanda
cuando ya había operado la caducidad, esto sin decir que se permitió reformar la
demanda sin atender la limitante de ni sustituirse la totalidad de las personas
demandantes o demandadas». Esto, aunado al hecho de que se pasó por alto el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de ese medio de control,
esto es, que se acreditara la nacionalidad colombiana, que ostentara la calidad de
ciudadano y que se hallara en ejercicio de derechos políticos.
En el expediente se encuentra acreditado que, el 19 de marzo de 2024, la Veeduría
Ciudadana Boyacá sin Límites, a través de su representante legal, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra del señor
Fredy Armando Tocarruncho Ramos, quien resultó electo personero municipal de
Cómbita para el periodo 2024-2028.
En providencia del 9 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió
la demanda presentada por la Veeduría Ciudadana Boyacá sin Límites, al
considerar, entre otros asuntos7, que el medio de control de nulidad electoral no
podía ser promovido por personas jurídicas de derecho privado «como lo ha
sostenido esta Corporación en asuntos similares»8, por cuanto el artículo 40 de la
Constitución Política reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, lo que da a entender que la
legitimidad para interponer ese tipo de acciones recae en quienes ejercen derechos
políticos, por lo que, por mandato constitucional, no está dado a personas jurídicas.
7 Que: (i)individualizara el acto administrativo demandado, (ii) aportara copia del mismo, (iii) enviara
copia de la demanda y sus anexos al demandado.
8 Providencia del 6 de marzo de 2024, proferida en el proceso con radicado 15001-23-33-000-2023-
00457-00.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
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Además, precisó que las veedurías ciudadanas no fueron diseñadas para ejercer
control al poder político, sino para ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de
manera que la veeduría demandante carecía de habilitación legal para interponer el
medio de control de nulidad electoral. Por lo anterior, requirió a la parte actora para
que clarificara si, su representante legal interponía la acción electoral en nombre
propio como ciudadano, o insistía en hacerlo como representante legal de la
Veeduría.
En memorial del 15 de abril siguiente, el señor Rubén Darío Calixto Ramírez indicó
que el medio de control se presentaba a nombre propio, como ciudadano, e integró
debidamente la demanda con los demás requisitos exigidos en el auto del 9 de abril
de 2024.
Mediante auto del 7 de mayo de 2024, la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá admitió la demanda presentada por el señor Rubén Darío
Calixto Ramírez en contra de la Resolución 004 del 10 de enero de 2024, mediante
la cual el Concejo Municipal de Cómbita eligió al señor Fredy Armando Tocarruncho
personero municipal para el periodo 2024-2028. Esto consideró:
Al respecto, el apoderado del demandado alegó que operó la caducidad del
medio de control porque, dentro del término de subsanación se presentó una
“nueva demanda”, cuando habían culminado los citados treinta (30) días, y
dentro dicho lapso el demandante no acreditó su condición de ciudadano con
su respectiva cédula de ciudadanía. Sin embargo, la Sala precisa que no
entiende que se trate de una nueva demanda, ni de su reforma, para que se
vea afectada por el término de caducidad como pretende hacerlo ver el
apoderado del demandado. Sino que, con la subsanación el demandante aclaró
que interponía la acción en su nombre, puesto que, como se indicó en el auto
de inadmisión, el objeto de la vigilancia de la veeduría que representaba, no se
relaciona con el control político. Adicionalmente, tampoco se desconoce que,
como lo instituye el artículo 139 del CPACA, la acción electoral puede ser
entablada por cualquier persona, y la disposición no distingue que se trate de
persona natural o jurídica. Así mismo, se aclara que, en el auto de inadmisión
nada se dijo en punto a la aportación del documento de identidad del
demandante. Por lo tanto, no es dable concluir que, al momento de presentar
la subsanación, había operado la caducidad del medio de control, o que haya
lugar a decretar el rechazo.
Como quiera que se encuentran satisfechos los presupuestos procesales
indicados en los artículos 162 a 166 ibidem y esta Corporación es competente
para conocer del asunto (Art. 151.6C), la causa se admitirá en única instancia
en los términos del artículo 277 ibidem, y se decidirá la petición cautelar
enervada por la accionante con el escrito introductorio.
En la misma providencia, el tribunal demandado negó la medida cautelar solicitada
por el demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Ahora bien, con el fin de determinar si se configuró o no el desconocimiento del
precedente alegado, la Sala realizará un análisis de las actuaciones surtidas en el
proceso de nulidad electoral en el que se profirió la providencia que se considera
como desconocida.
La sociedad Grupo de Asesorías y Representación Jurídico presentó demanda de
nulidad electoral en contra del acto de elección del alcalde de Tunja para el período
2024-2027 y le correspondió el radicado 15001-23-33-000-2023-00457-00. El
Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 23 de febrero de 2024,
inadmitió la demanda al considerar que dicha sociedad no tenía la calidad de
persona natural y, por tanto, le estaba vedado ejercer derechos políticos, como la
interposición de acciones públicas para la defensa del ordenamiento jurídico.
En memorial de subsanación, el señor David Alejandro Ávila, representante legal de
la sociedad demandante, indicó que corregía la falencia y, para tal efecto, le otorgó
poder al abogado para que lo representara, pero esta vez actuando en calidad de
persona natural y no como representante legal de esa sociedad.
En providencia del 6 de marzo de 2024, la Sala de Decisión 2 del Tribunal
Administrativo de Boyacá rechazó la demanda, por considerar que la demanda no
se subsanó en debida forma, pues estaba claro que la demanda fue presentada por
la persona jurídica, a través de apoderado, sin que «pueda considerarse que tal
determinación sea fruto de un error involuntario, como ahora se quiere hacer ver en
el escrito de subsanación de la demanda». En criterio de esa Sala de Decisión, «se
está en presencia de una burda argucia con la intención de engañar a la judicatura,
pues, se repite, la demanda electoral fue presentada con la plena conciencia y
certeza de hacerlo a través de la mencionada sociedad».
De igual modo, precisaron que el señor David Alejandro Ávila no acreditó el
cumplimiento de la totalidad de las exigencias que condicionan el ejercicio de la
acción electoral, esto es, «(i) ser persona natural de nacionalidad colombiana, (ii)
ostentar la calidad de ciudadano y (iii) hallarse en ejercicio de los derechos
políticos».
Finalmente, sostuvo que, de aceptar que se acreditaran tales exigencias, «la misma
no cumple con el presupuesto de la caducidad», toda vez que, si bien se dio la
oportunidad de subsanar la demanda, al advertir la falta de legitimación en la causa
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
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por activa de la sociedad demandante, lo cierto es que «dicho presupuesto procesal
no es susceptible de corregirse, puesto que para la fecha en la que se presentó la
segunda demanda por el señor David Alejandro Ávila operó la caducidad del medio
de control de nulidad electoral».
Pues bien, analizado lo anterior, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al proferir el auto del 7 de mayo de 2024, a través del cual se admitió la
demanda de nulidad electoral en el proceso con radicado 2024-00142-00, no
incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, por las razones que se
pasan a explicar:
En primer lugar, conviene precisar que esta Subsección ha sido consistente en
señalar que los criterios interpretativos acogidos por los magistrados de una
Sección, Subsección o Tribunal «no pueden vincular o limitar la autonomía funcional
e independencia de sus pares para analizar las normas aplicables y el material
probatorio puesto a su consideración, y en virtud de ello se han descartado
solicitudes de amparo que se sustentan en el supuesto desconocimiento de
precedentes horizontales fijados por otra Sección, Subsección o Tribunal»9.
La Sala considera que la decisión cuestionada resulta razonable y no vulnera los
derechos fundamentales de las partes; por el contrario, tal y como lo manifestó el
magistrado sustanciador de la providencia cuestionada, con el fin de respetar la
garantía constitucional de acceso a la administración de justicia, ante la aclaración
de la parte demandante, según la cual comparecía al proceso como persona natural,
y al observar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 162 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, lo procedente en ese caso era admitir la
demanda. No se advierte, entonces, que la decisión de la autoridad judicial
accionada sea arbitraria o caprichosa, ni trasgresora de los derechos
fundamentales, pues la misma estuvo debidamente motivada y, en esos términos,
no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional.
Además, es importante precisar que, si bien el magistrado Diego Mauricio Higuera
Jiménez, quien fungió como ponente en la providencia cuestionada, también
9 Sentencia del 20 de mayo de 2024, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Expediente 11001-03-15-
000-2023-07553-01. Si bien en ese asunto se amparó el derecho fundamental a la igualdad de la
parte demandante, por desconocimiento del precedente horizontal, lo cierto es que la decisión
adoptada obedeció a las particularidades del caso y ante «la divergencia, en cuanto a la calificación
de situaciones fácticas prácticamente idénticas, y la omisión de aplicar el principio de razón
suficiente, en detrimento de los derechos de la accionante y de sus expectativas legítimas».
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
suscribió el auto del 6 de marzo de 2024, cuyo desconocimiento se reclama en la
presente solicitud, lo cierto es que las providencias fueron adoptadas por Salas de
Decisión diferentes del Tribunal Administrativo de Boyacá, y, además, las mismas
no estuvieron conformadas por los mismos magistrados, aunado al hecho de que
las decisiones que adopta un cuerpo colegiado no están determinadas únicamente
por el criterio del magistrado ponente, sino que se adoptan en conjunto por todos
los magistrados que la integran, luego de realizar la respectiva deliberación y
aprobación de la providencia.
En esas condiciones, resulta posible que las diferentes salas de decisión de una
corporación judicial tengan criterios diferentes sobre un mismo asunto, quienes,
además, gozan de autonomía judicial. De manera que, no resulta posible exigirle a
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que siga la tesis
de la Sala de Decisión 2 de esa misma corporación judicial, toda vez que, se insiste,
cada una de ellas es autónoma para adoptar una postura determinada sobre un
punto de derecho10.
Así las cosas, la Sala considera que la parte actora pretende que, por el solo hecho
de ser la tesis adoptada por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo
de Boyacá contraria a sus intereses, se le ordene a dicha corporación judicial que
aplique la tesis adoptada por la Sala de Decisión 2 del mismo tribunal, situación que
desborda las atribuciones del juez de tutela, aunado al hecho de que, como se
expuso, en aquellos eventos en los que en una misma corporación judicial existan
posturas encontradas debe privilegiarse la autonomía judicial que caracteriza el
ejercicio de función jurisdiccional.
Finalmente, la Sala precisa que, en todo caso, la providencia del 6 de marzo de
2024, proferida por la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, fue
revocada mediante auto del 6 de junio de la presente anualidad, dictado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011 se refiere expresamente a la condición de cualquier «persona»
como legitimada para la interposición del medio de control de nulidad electoral, y no
de ciudadano, como erradamente lo consideró el tribunal de instancia, por lo que
«la redacción normativa permite concluir que no se establecieron categorías o
excepciones, por lo que, incluso, se aceptaría que una persona jurídica, actuando a
10 En similar posición, esta Subsección se pronunció en sentencia del 19 de febrero de 2024, M.P. José Roberto
Sáchica Méndez. Expediente 11001-03-15-000-2023-07495-00.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02754-00
Demandante: Fredy Armando Tocarruncho Ramos
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
través de sus representantes legales, acuda a la jurisdicción en defensa de la
legalidad demandando un acto electoral».
Por lo anterior, la Sala negará el amparo solicitado, toda vez que no se configuró el
desconocimiento del precedente horizontal alegado por la parte demandante y, por
tanto, no se acreditó que el Tribunal Administrativo de Boyacá hubiera vulnerado los
derechos fundamentales del señor Fredy Armando Tocarruncho Ramos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Fredy Armando
Tocarruncho Ramos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
13
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