Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02755-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02755-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02755-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02755-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
8 de agosto de 2024
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02755-00
Demandante: NEFTALÍ CORREA DÍAZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de
inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
El señor Neftalí Correa Díaz, quien actúa en nombre propio, instauró acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al debido proceso, al
trabajo y a elegir y ser elegido.
Consideró lesionadas tales prerrogativas con la sentencia de 4 de julio de
2019, a través de la cual la Corporación judicial accionada denegó sus
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho tramitadas bajo el
número 11001-03-25-000-2017-00327-00, contra el acto administrativo
proferido por la Procuraduría General de la Nación, que lo declaró
disciplinariamente responsable y le impuso sanción de destitución e
inhabilidad por catorce años.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
« 1. RECONOCER Y TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales
a la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, al trabajo y a elegir y
ser elegido que se me han vulnerado por la actuación de la Procuraduría
General de la Nación y del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda - Subsección A.
2. Ordenar DÉJAR SIN EFECTOS la sentencia del cuatro (04) julio de 2019,
proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda - Subsección A, dentro de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 11001032500020170032700.
3. ORDENAR al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda - Subsección A, que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la sentencia, profiera una nueva
decisión que tenga en cuenta el artículo 23.2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y la sentencia del ocho (08) de julio de 2020 proferida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego Vs
Colombia, sobre la falta de competencia de la PGN para imponer una sanción
que restrinja los derechos políticos.» (transcripción con posibles errores).
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
De lo expuesto en la acción de tutela, la Sala extrae los supuestos fácticos
relevantes para la decisión:
El tutelante se desempeñó como alcalde del municipio de Tumaco, en el
periodo 2008 a 2011. El 9 de marzo de 2014, fue elegido como
representante a la Cámara por el departamento de Nariño para el periodo
2014 a 2018, cargo del cual tomó posesión el 20 de julio de 2014.
La Procuraduría General de la Nación adelantó proceso disciplinario en su
contra, bajo el radicado IUS 2011-431223- IUC-D-2013-596-575631, con
ocasión de hechos ocurridos cuando ejerció como alcalde de Tumaco.
Mediante fallo de 4 de mayo de 2016, dicha entidad lo declaró
disciplinariamente responsable y le impuso sanción de destitución e
inhabilidad por catorce años, decisión que fue confirmada en su integridad el
30 de agosto de ese mismo año.
El 5 de octubre de 2016 solicitó ante la entidad la revocatoria de los actos
administrativos en mención, la cual fue rechazada por auto de 11 de
noviembre de 2016.
El 25 de abril de 2017 radicó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las decisiones en
mención, la cual fue tramitada bajo el radicado 11001-03-25-000-2017-
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
00327-00.
Mediante sentencia de 4 de julio de 2019, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A denegó las pretensiones de la demanda, con
sustento en que el acto administrativo que declaró disciplinariamente
responsable al tutelante no adolece de los vicios endilgados en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora invocó la existencia de un defecto sustantivo por cuanto el
fallo objeto de cuestionamiento se adoptó con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, dado que no se tuvo en cuenta que la
facultad de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
que limiten los derechos políticos (artículo 277, numeral sexto de la
Constitución Política), contraría los postulados convencionales al ser
contraria al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sostuvo que si la corporación judicial demandada hubiera realizado el control
de convencionalidad de las normas aplicables al caso conforme a la
jurisprudencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos, habría
declarado la nulidad de los actos demandados.
Alegó la configuración del defecto de violación directa de la Constitución, por
cuanto se desconoció la supremacía de la norma superior, su carácter
vinculante y su fuerza normativa, en especial en lo consagrado por su
artículo 93 que establece que los tratados sobre derechos humanos
ratificados por el Congreso prevalecen sobre el ordenamiento jurídico interno,
el cual no puede establecer una competencia sobre una entidad del Estado
cuando las disposiciones internacionales lo prohíben.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante auto de 4 de junio de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, y al procurador General de la nación.
En providencia de 24 del mismo mes y año, se dispuso la vinculación de los
señores Jorge Hernando Carvajal Pérez, Fabián Leonardo del Castillo, José
William Quiñonez, Roberto Mesa, Víctor Torres, Alex Castillo Molano, Keila
Rocío Mendoza, Robín Alex Landázuri, Edgardo Ayala Benavides, Jorge
Willinton Guancha Mejía y del alcalde del municipio de Tumaco, Nariño,
como terceros con interés, en atención a que hicieron parte del proceso
disciplinario IUS 2011-431223- IUC-D-2013-596-575631, el cual también fue
objeto de cuestionamiento.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
Asimismo, se ordenó publicar en el sitio web del Consejo de Estado un aviso
en el que se informara sobre la existencia de esta acción, para efectos de
comunicar a los eventuales interesados.
1.6. Contestaciones
Surtidas las notificaciones, intervino la Procuraduría General de la Nación a
través de apoderado, quien manifestó que la entidad no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados y solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito de inmediatez y
subsidiariedad, pues se instauró cuando habían transcurrido más de seis
meses desde el fallo cuestionado y frente a este procede el recurso
extraordinario de revisión.
Agregó que «… para la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la
Nación ha tenido, tiene y conserva la facultad de investigar a servidores
públicos, inclusive los de elección popular, sin limitación a la posibilidad de
imponer sanciones que limiten derechos políticos…»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así,
si las autoridades demandadas lesionaron los derechos fundamentales a la
dignidad, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido
del actor, con ocasión de la sentencia de 4 de julio de 2019, a través de la
cual la Corporación judicial accionada denegó sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitadas bajo el número 11001-03-25-000-
2017-00327-00, contra el acto administrativo proferido por la Procuraduría
General de la Nación, que lo declaró disciplinariamente responsable y le
impuso sanción de destitución e inhabilidad por catorce años.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.2
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.3
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
2 Ibídem.
3 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
2.4. Inmediatez
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable4, el cual debe ser ponderado por el juez en
cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por
el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo5.
De acuerdo con lo anterior, esta sección6 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses, contados desde la ocurrencia del hecho
generador, cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da
lugar a la solicitud de protección y la consecuencia de su presentación
cuando se sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.
Ahora bien, en relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo
para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente
“[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii)
la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
4 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente:
Alberto Yepes Barreiro.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
6
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01,
Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-
000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00,
Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No.
11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016,
Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la
actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”7.
2.5. Caso concreto
Como viene de explicarse, la parte actora cuestiona la sentencia de 4 de julio
de 2019, a través de la cual la Corporación judicial accionada denegó sus
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho tramitadas bajo el
número 11001-03-25-000-2017-00327-00, contra el acto administrativo
proferido por la Procuraduría General de la Nación, que lo declaró
disciplinariamente responsable y le impuso sanción de destitución e
inhabilidad por catorce años.
Al respecto, la Sala verificó en las pruebas visibles en el expediente judicial
electrónico mencionado y aquellas allegadas al proceso de la referencia, que
la sentencia cuestionada se notificó mediante correo electrónico enviado el
18 de julio de 2019 a las partes, por lo que quedó ejecutoriada el 24 de ese
mismo mes y año.
La presente acción de tutela fue radicada el 30 de mayo de 2024, es decir,
más de cuatro años después de la ejecutoria del fallo objeto de controversia,
lo cual desatiende ampliamente el plazo de seis (6) meses que, tanto la Corte
Constitucional como esta Sección, han considerado como prudencial para
presentar la solicitud de amparo constitucional.
Ahora, no obra en el expediente prueba alguna, que justifique la omisión en
la presentación de la acción de tutela, o algún hecho o manifestación que
permita demostrar que la parte accionante estuvo imposibilitada para ejercer,
de manera oportuna, este mecanismo de protección constitucional.
Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
7 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Neftalí Correa Díaz
Demandados: Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02755-00
referencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.