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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02755-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02755-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 16 Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02755-01 Actor: NEFTALÍ CORREA DÍAZ PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02755-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02755-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: NEFTALÍ CORREA DÍAZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD,
DEBIDO PROCESO, TRABAJO, ELEGIR Y SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 8 de agosto de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02755-01
Actor: NEFTALÍ CORREA DÍAZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor NEFTALÍ CORREA DÍAZ, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido

proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido, los cuales estima

vulnerados por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 y

la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- del CONSEJO DE

ESTADO3, esta última al haber proferido la sentencia de 4 de julio

de 2019 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 11001-

33-25-000-2017-00327-00.

I.2.- Hechos

Afirmó que fungió como alcalde del municipio de Tumaco- Nariño

para el período 2008-2011.

2
En adelante la Procuraduría.
3
En adelante la Sección Segunda.

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Actor: NEFTALÍ CORREA DÍAZ

Manifestó que la PROCURADURÍA inició actuación disciplinaria en

su contra por las presuntas irregularidades en el proceso de

contratación relacionado con la conectividad del servicio de internet

para las instituciones educativas de Tumaco, por lo que mediante

providencia de 4 de mayo de 2016, lo declaró disciplinariamente

responsable y lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término

de 14 años.

Sostuvo que contra dicha decisión presentó recurso de reposición

ante la PROCURADURÍA que, mediante providencia de 30 de agosto

de 2016, confirmó la decisión.

Adujo que, debido a lo anterior, radicó demanda en el ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra

de la PROCURADURÍA, con el fin de obtener la nulidad de las

decisiones proferidas en la actuación disciplinaria, la cual fue

identificada con el número único de radicación 11001-33-25-000-

2017-00327-00 y le correspondió por reparto en única instancia a la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 4 de julio de

2019, denegó las pretensiones.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Actor: NEFTALÍ CORREA DÍAZ

A juicio del actor, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en el defecto

material o sustantivo, por cuanto desconoció que las normas que

facultan a la Procuraduría General de la Nación para imponer

sanciones que limiten los derechos políticos, son contrarias a la

Convención Americana de Derechos Humanos.

Indicó que de haberse elaborado un debido control de

convencionalidad de las normas aplicables al asunto se habría llegado

a la conclusión de declarar la nulidad de los actos administrativos

demandados.

Asimismo, señaló que se configuró una violación directa de la

Constitución al desconocer el artículo 93 de la Constitución Política

el cual determina el carácter vinculante de los tratados y convenios

internacionales ratificados por el Congreso de la República.

Agregó que “[…] en consecuencia las normas internas no pueden

radicar una competencia sobre una entidad del Estado cuando las

disposiciones internacionales lo prohíben […]”.

I.4.- Pretensiones

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El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. RECONOCER Y TUTELAR los derechos constitucionales
fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el debido
proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido que se me han vulnerado
por la actuación de la Procuraduría General de la Nación y del
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Segunda - Subsección A.

2. Ordenar DÉJAR SIN EFECTOS la sentencia del cuatro (04) julio
de 2019, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda - Subsección A,
dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación No. 11001032500020170032700.

3. ORDENAR al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda - Subsección A, que en el
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de
la sentencia, profiera una nueva decisión que tenga en cuenta el
artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
la sentencia del ocho (08) de julio de 2020 proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego Vs
Colombia, sobre la falta de competencia de la PGN para imponer
una sanción que restrinja los derechos políticos […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La PROCURADURÍA señaló que la acción de tutela es

improcedente, por cuanto no cumple con el requisito general de

inmediatez, pues, a su juicio, la solicitud de amparo fue radicada el

30 de mayo de 2024, esto es, 4 años y 10 meses luego de ser

notificada la sentencia cuestionada.

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Igualmente, aseguró que el actor contaba con la posibilidad de

ventilar su inconformidad a través del recurso extraordinario de

revisión del cual no hizo uso.

I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA, los señores JORGE HERNANDO

CARVAJAL PÉREZ, FABIÁN LEONARDO DEL CASTILLO, JOSÉ

WILLIAM QUIÑONEZ, ROBERTO MESA, VÍCTOR TORRES, ALEX

CASTILLO MOLANO, KEILA ROCÍO MENDOZA, ROBÍN ALEX

LANDÁZURI, EDGARDO AYALA BENAVIDES, JORGE

WILLINTON GUANCHA MEJÍA y el MUNICIPIO DE TUMACO

(NARIÑO), estos últimos vinculados en calidad de terceros con

interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en

debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 8 de agosto de 2024, la SECCIÓN QUINTA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por no

cumplir con el requisito general de la inmediatez.

Señaló que la sentencia cuestionada se notificó al actor mediante

correo electrónico enviado el 18 de julio de 2019, por lo que la

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decisión quedó debidamente ejecutoriada el 24 de julio de 2019.

Igualmente, manifestó que la acción de tutela fue radicada el 30 de

mayo de 2024, es decir, más de cuatro años después de la ejecutoria

del fallo objeto de controversia, lo cual desatiende el plazo de seis

(6) meses que la Corte Constitucional y esta Corporación, han

considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo

constitucional.

Asimismo, sostuvo que no obró prueba alguna que justificara la

omisión en la presentación de la acción de tutela o la imposibilidad

de ejercer de manera oportuna, el mecanismo de protección

constitucional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Insistió en que en el asunto es viable efectuar una excepción a la

exigencia del principio de inmediatez, por cuanto la solicitud de

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amparo busca garantizar la seguridad jurídica, ya que lo que se

pretende es morigerar los efectos de la sentencia en la medida en

que a la fecha el criterio jurisprudencial vigente es la incompetencia

de la Procuraduría para imponer sanciones de inhabilidad en el

desempeño de las funciones públicas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

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se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

providencia de 4 de julio de 2019, proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 11001-

33-25-000-2017-00327-00.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o

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sustantivo, por cuanto de desconoció que las normas que facultan

a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones que

limiten los derechos políticos son contrarias a la Convención

Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, señaló que se configuró una violación directa de la

Constitución al desconocer el artículo 93 de la Constitución Política

el cual determina el carácter vinculante de los tratados y convenios

internacionales ratificados por el Congreso de la República.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 8 de agosto de 2024,

declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el

requisito general de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia e insistió en que en el asunto es viable efectuar

una excepción a la exigencia del principio de inmediatez, por cuanto

la solicitud de amparo busca garantizar la seguridad jurídica, ya que

lo que se pretende es morigerar los efectos de la sentencia en la

medida en que a la fecha el criterio jurisprudencial vigente es la

incompetencia de la Procuraduría para imponer sanciones de

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inhabilidad en el desempeño de las funciones públicas.

En este punto, la Sala advierte que si bien la presente acción de

tutela también se presentó contra la PROCURADURÍA, de la lectura

del escrito de tutela no se advierte ninguna pretensión dirigida contra

dicha entidad, razón por la que el estudio se circunscribirá a las

inconformidades planteadas por el actor contra la autoridad judicial

accionada.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”4.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo6:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas

5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

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un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión9;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta11.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 12, la

providencia de 4 de julio de 2019, aquí cuestionada, fue notificada

personalmente al apoderado del actor, vía correo electrónico, el 18

7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
12
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000201700
327001100103

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de julio de 201913, en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de

18 de enero de 201114.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 29 de mayo de 202415, esto es,

transcurrido 4 años, 10 meses y 11 días, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la

providencia de 4 de julio de 2019, decisión judicial aquí

cuestionada.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de

los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

13
Constancia de notificación visible a folios 290 y 295.
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/110010325000
20170032700/5B7CBD7FC8ACA2B0DB48074F398159F3C6231A77CB613BE45C234C322F9BEA77/2
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
15
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500
020240275500/9B36E8A47C7FFB6534B3FFF2C8A4EDDAF1E0DC6E1BF0E34E0D730EF393C89480/2

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Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201716, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el

actor, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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