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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02782-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02782-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2024 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02782-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de octubre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: CARMENCITA RAMÍREZ BERNAL
Accionado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se
promueve en contra de una providencia judicial
alegando la vulneración de los principios de
congruencia y non reformatio in pejus, y no se ha
interpuesto el recurso extraordinario de revisión.

La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en
contra del fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2024 por la Subsección
A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Carmencita Ramírez Bernal, actuando por conducto de
apoderada, promovió acción de tutela en contra de las sentencias

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

proferidas el 5 de septiembre de 2019 y el 11 de diciembre de 2023 por
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales y del Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 17001-33-
39-005-2016-00374-00/01, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] 1. Que se tutelen los derechos fundamentales de la señora
Carmencita Ramírez Bernal al debido proceso y el acceso efectivo a
la administración.

2. Que se revoquen las siguientes sentencias:

2.1. La de primera instancia del cinco (5) de septiembre de 2019,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Manizales (Caldas), dentro del proceso con radicado
17001333900520160037400.

2.2. Sentencia de segunda instancia del once (11) de diciembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Circuito de
Manizales (Caldas).

3. Que debido a lo anteriormente expuesto, que se le aplique el
precedente establecido en la sentencia del H. Tribunal
Administrativo de Caldas, el veinticinco (25) de mayo de 2023,
dentro del proceso con radicado 17-001-33-33-755-2015-00318-
00, el cual fue promovido por la señora Ariela Zapata Villada, ya
que la señora Carmencita Ramírez Bernal es beneficiaria de la
transición y por el principio de igualdad.

4. Declarándose, por lo tanto, la nulidad de la Resolución Nro. 0788
de 2016 “por la cual se da por terminada por justa causa una
relación laboral en el municipio de Manizales por reconocimiento de
pensión”. La cual fue notificada personalmente el ocho (8) de junio
de 2016.”

5. Que se declare que la señora Carmencita Ramírez Bernal (…)
tenía derecho a permanecer en el cargo de Profesional Especializada,
código 222, Nivel 2, grado 11, asignación mensual $4.186.368,
adscrito a la Secretaría de Salud, o a otro cargo similar o de igual o
superior categoría en el municipio de Manizales, hasta la edad de
retiro forzoso.

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

6. Que como consecuencia de las declaraciones, y título de
restablecimiento del derecho, se ordene y condene al Municipio de
Manizales a:

6.1. Reintegrar a la señora Carmencita Ramírez Bernal -sin solución
de continuidad- al cargo o empleo de Profesional Especializada,
código 222, nivel 2, grado 11, asignación mensual $4.186.368,
adscrita a la Secretaría de Salud, o a otro cargo similar o de igual o
superior categoría en el Municipio de Manizales.

6.2. Que se condene a la entidad demandada a pagar a la señora
Carmencita Ramírez Bernal todos los salarios descontándose el valor
percibido por concepto de pensión de jubilación, no obstante lo
anterior, deberá pagar las primas, bonificaciones, doceavas,
vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías
y demás prestaciones sociales legales y extralegales
correspondientes al cargo que venía desempeñando, junto con todos
los incrementos legales, desde cuando se produjo el retiro hasta
cuando efectivamente sea reintegrada al cargo o cargos
mencionados, considerándose que no ha existido solución de
continuidad en los servicios para todos los efectos legales y
prestacionales.

6.3. Que se condene a la entidad territorial a pagar los aportes a la
Seguridad Social en pensiones según el salario del cargo, código y
grado, sumas que deberán ser calculadas con su debido cálculo
actuarial, desde la fecha de retiro y hasta el día en que sea
reintegrada al empleo de Profesional Especializada, código 222, nivel
2, grado 11, asignación mensual $4.186.368, adscrita a la Secretaría
de Salud, sin que exista desmejora en el salario, para ello deberá
tenerse en cuenta los incrementos de Ley, las normas más
favorables y la condición más beneficiosa en el ámbito laboral, que
hace parte de los principios fundamentales del derecho del trabajo,
predicándose la invulnerabilidad del régimen de transición.

6.4. El pago de la indemnización por perjuicios inmateriales (vgr.
morales, perjuicios derivados de bienes constitucionales y
convencionales, daño a la salud), según lo establezca el Consejo de
Estado a través de las tasas de unificación jurisprudencial, por tal
motivo se estima en cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes
(100 S.M.LM.V.)

6.5. Que las sumas reconocidas deberán contener la actualización,
los intereses y las indexaciones de acuerdo al IPC, así como el pago
y reconocimiento de los ajustes de valor a que haya lugar por motivo
de la disminución del poder adquisitivo de cada uno de los salarios,
prestaciones sociales y cotización al sistema de seguridad social
adeudado (…).

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6.6. A la indexación y actualización de las condenas de conformidad
con lo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y así mismo
el cumplimiento de la sentencia.

6.7. Que se declare el pago de las costas y perjuicios, si se llegaren
a ocasiones y en favor de la accionante […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que nació el 7 de septiembre de 1956 y que, al 1
de abril de 1994, cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, tenía 37 años
y 7 meses de edad y pertenecía al Instituto de Seguro Social, hoy
COLPENSIONES.

Manifestó que fue empleada pública del municipio de Manizales y que,
para el 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 para
los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, tenía
38 años, por lo que afirmó que es beneficiaria del régimen de transición
dispuesto en el artículo 36 de la precitada ley.

Señaló que se trasladó al fondo privado de pensiones ING, desconociendo
las consecuencias que esa decisión acarrearía en su futuro pensional; sin
embargo, anotó que, al percatarse que era beneficiaria del régimen de
transición y que la tasa de reemplazo era mucho más alta en el Instituto
de Seguro Social, solicitó a través de tutela el traslado nuevamente al
fondo público.

La precitada tutela, promovida en contra del Instituto de Seguro Social y
del Fondo de Pensiones ING, fue conocida por el Juzgado Veinte Civil del
Circuito de Bogotá, bajo el radicado nro. 11001 31 03 020 2011 00415
00, que, en sentencia del 31 de agosto de 2011, accedió a las
pretensiones y ordenó el traslado de la accionante al fondo de pensiones
público.

Indicó que el 8 de junio de 2016, le notificaron la Resolución nro. 0788
del 24 de mayo de 2016, por medio de la cual el municipio de Manizales
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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

dio por terminada por justa causa su relación laboral por reconocimiento
de pensión.

Aseveró que el precitado acto administrativo “(…) contiene una falsa
motivación, por indebida aplicación de la ley, toda vez que se estableció
como justificación para dar por terminada la relación legal o reglamentaria
el reconocimiento o notificación de la pensión, tal y como lo dice el
parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 100 de 1993 y el literal e) del artículo
41 de la Ley 909 de 2004. Pero no se tuvo en cuenta que la señora
Carmencita Ramírez Bernal no había llegado a la edad de retiro forzoso,
ni había quedado ejecutoriado la vía gubernativa en COLPENSIONES, la
cual tan sólo se agotó al expedirse la Resolución Nro. GNR 203348 del 12
de julio de 2016, desconociendo así las leyes y la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado (…)”2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la hoy accionante promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la
nulidad de la precitada Resolución nro. 0788 del 24 de mayo de 2016.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Manizales que, en sentencia del 5 de septiembre de 2019,
negó sus pretensiones; sin embargo, según expuso la accionante, el a
quo “(…) [encontró] probado que (…) es beneficiaria del régimen de
transición, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la señora
Carmencita Ramírez Bernal cumplía con el requisito de edad, ya que al
treinta (30) de junio de 1993 contaba con treinta y ocho (38) años de
edad. Por lo cual concluyó que se le debía aplicar la Ley 33 de 1985 para
el reconocimiento pensional en lo relativo a las semanas cotizadas, edad
y monto de la mesada pensional (…)”3.

Continuó relatando que, contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación y que el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
3
Ibidem.
5

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proferida el 11 de diciembre de 2023, la confirmó al considerar, entre
otras cosas, que “(…) la señora Carmencita Ramírez Bernal no era
beneficiaria del régimen de transición (…)”4, debido a que “(…) al haberse
trasladado del régimen de prima media con prestación definida al régimen
de ahorro individual con solidaridad, derivaba en la pérdida del régimen
de transición de conformidad con los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 (…)”5.

Al respecto, alegó que el tribunal accionado se pronunció sobre un punto
que no fue objeto de discusión en el recurso interpuesto como apelante
única, por lo que, según estima, quebrantó los principios de non
reformatio in pejus y tantum devolutum quantum apellatum, que limitan
la competencia funcional del ad quem.

Argumentó que “(…) la garantía de la non reformatio in pejus es un límite
a la competencia del fallador de segunda instancia, ya que la misma se
usa como medio de defensa y su finalidad en ningún momento es revisar
lo ya resuelto. Por lo cual, mientras la otra parte no apele, el apelante
único tiene derecho a que se examine la sentencia sólo en aquellos
aspectos que le son desfavorables (…)”6.

Explicó que, en la sentencia de segunda instancia cuestionada, “(…) se
entró a pronunciar acerca de la pertenencia o no de la señora Carmencita
Ramírez Bernal al régimen de transición. Cuando ella fungió como
apelante única y dentro de la sentencia del H. Juzgado Quinto
Administrativo de Manizales se había establecido que ella era beneficiaria
del régimen de transición. Incurriendo en una violación directa de la
constitución por desconocer lo dispuesto en el segundo inciso del artículo
31 de la Constitución Política. Respecto a lo anterior, se encuentra que al
entrar el H. Tribunal Administrativo de Caldas a pronunciarse sobre un

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
6

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tema que no fue objeto de apelación, se infringió el principio de
congruencia (…)”7.

Agregó que también “(…) hubo una falsa motivación dentro de la
sentencia, ya que señala que las personas que eran beneficiarias de la
transición por edad, y cambiaban del régimen de prima media con
prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad
perdían el régimen de transición (…)”8.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, adujo que su solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales, comoquiera que (i) el asunto bajo de estudio tiene relevancia
constitucional debido a la vulneración de sus derechos fundamentales al
“(…) debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, de
la tantum devolutum quantum appellatum, y de la no reforma en peor
(non reformatio in pejus) (…)”9; (ii) contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas no procede
recurso alguno; (iii) a la fecha de radicación de la solicitud de amparo no
habían transcurrido 6 meses; (iv) no se trata de tutela contra tutela; e
(v) identificó en debida forma los hechos que generaron la vulneración.

Frente a causales específicas, precisó que el tribunal accionado incurrió
en los siguientes defectos:

(i) Violación directa de la constitución por el desconocimiento de los
artículos 13, 29 y 31 de la Carta Magna;

(ii) Decisión judicial sin motivación, debido a que “(…) pretende oponerse
al reconocimiento de la pertenencia de la señora Carmencita Ramírez
Bernal al régimen de transición, por cuanto aduce que lo perdió al haberse
trasladado al RAIS. Lo cierto es que al momento de fundamentarlo cita la
sentencia T-818 de 2007 en la cual se señala claramente que “por ende

7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem
7

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es su derecho pensionarse bajo los parámetros definidos en el sistema
anterior, aun cuando voluntariamente haya cambiado al régimen de
ahorro individual con solidaridad.” (…)”10.

(iii) Desconocimiento del precedente, comoquiera que “(…) aun cuando el
H. Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del veinticinco (25) de
mayo de 2023, dentro del proceso con radicado 17-001-33-33-755-2015-
00318-00, el cual fue promovido por Ariela Zapata Villada, decidió tomar
una postura abierta acerca de la interpretación del alcance del régimen
de transición, y la consecuente no aplicación del parágrafo 3 del artículo
33 de la Ley 100 de 1993 (…) para los beneficiarios del régimen de
transición, independiente de si se pensionaron o no con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003. Posteriormente en la solución
del caso de la señora Carmencita Ramírez Bernal, se toma una postura
diametralmente opuesta. Dentro de la sentencia el H. Tribunal
Administrativo Caldas i) indicaba que el régimen de transición sólo se
extendía a la edad, el tiempo se servicios o las semanas cotizadas, y el
monto, entendido exclusivamente entendido como el porcentaje o tasa de
reemplazo y no como el IBL; y ii) posteriormente, expone algo diferente
(…)”11;

En igual sentido, agregó que el tribunal accionado “(…) [tomó] una
decisión totalmente opuesta en el caso de la señora Carmencita Ramírez
Bernal y la señora Ariela Zapata Villada. Aun cuando i) ambas gozaban
del régimen de transición; ii) las dos habían trabajado como servidoras
públicas del Municipio de Manizales; iii) a las dos (2) se les terminó el
contrato con fundamento del parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993 -modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003-; y iv) a las dos
(2) se les retiró por ese motivo antes de la edad del retiro forzoso (…)”12;

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem
8

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(iv) Defecto fáctico, ya que, “(…) en ningún momento se refirió acerca de
las pruebas de oficio solicitadas, y por el contrario entraron a darle un
alcance que no tenía a una de las pruebas que estaban dentro del
expediente (…)”13.

Al efecto, anotó que “(…) el H. Tribunal Administrativo de Caldas (…)
señaló que la Resolución 0788 del 24 de mayo de 2016 era acorde a
derecho debido a que se había cumplido con el requisito instituido
mediante la sentencia C-1037 de 2003, en la cual se indica que se puede
terminar la relación laboral, siempre y cuando se haya notificado con
anterioridad debidamente su inclusión en la nómina de pensionados.
Cuando es claro que apenas la notificación de la inclusión en nómina se
dio el cuatro (4) de octubre de 2016. Lo anterior tiene una clara incidencia
dentro del proceso, ya que de haberse dado el verdadero alcance que se
le debían dar a las pruebas y de haberse decretado las pruebas de oficio
que se aportaron dentro de la apelación, se hubiese llegado a la conclusión
de que la Resolución No. 788 de 2016 era nula, ya que lo requerido en la
sentencia C-1037 de 2003 no es la expedición del acto administrativo de
inclusión en nómina, sino su notificación (…)”14.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 29 de mayo de 2024 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación15 y correspondió por reparto a la Subsección
A, Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 5 de junio de
202416 la admitió y dispuso notificar17 al Tribunal Administrativo de Caldas

13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Conforme anotación secretarial. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
16
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
17
Esta orden se cumplió el 11 de junio de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
9

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y al Juzgado Quinto Administrativo de Manizales como partes accionadas,
así como, vincular18 al municipio de Manizales, como tercero interesado
en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Caldas y al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Manizales, para que allegaran copia
digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 17001 33 39 005 2016 00374 00/02, el cual fue remitido 19.

3.2. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe20 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la parte accionante.

Manifestó que la providencia atacada se expidió siguiendo los
lineamientos legales y la jurisprudencia aplicable al caso, “(…) teniendo
en cuenta los argumentos plasmados en el recurso vertical y las
probanzas allegadas al proceso (…)”.

3.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales remitió el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
solicitado, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos de la acción de
tutela. Por su parte, el municipio de Manizales guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
31 de julio de 202421, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo

18
Ibidem.
19
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
20
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
21
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
10

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por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional al
considerar que “(…) la tutelante no desplegó una carga argumentativa
suficiente para demostrar la configuración de las causales específicas de
procedibilidad que invoca y con ello la vulneración constitucional que
alega. El simple desacuerdo con una decisión judicial no habilita la
interposición de una tutela, pues este mecanismo de amparo no fue
instituido como una tercera instancia de los procesos ordinarios (…)”.

Señaló que la señora Ramírez Bernal enmarcó sus reproches en las
causales específicas de procedibilidad de violación directa de la
constitución, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
horizontal y defecto fáctico. En ese sentido, aseveró que los argumentos
planteados en el escrito de tutela no superan el requisito general de
relevancia constitucional, en la medida en que no resulta suficiente
enunciar las garantías superiores presuntamente trasgredidas y los
posibles defectos en que incurrió la providencia acusada, sino que se debe
demostrar la afectación constitucional que ello generó, lo cual, según
aseveró, no se evidencia en los argumentos de la actora.

Expuso que, frente al defecto de violación directa de la constitución, la
accionante indicó que el tribunal accionado no debió pronunciarse sobre
su condición de beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque ello no fue controvertido en el
recurso de apelación presentado en el proceso ordinario.

Al respecto, advirtió que en el escrito del precitado recurso la hoy
accionante adujo que se había aplicado de manera indebida el régimen
de transición, razón por la cual el tribunal accionado, en la sentencia de
segunda instancia cuestionada, hizo referencia a ello y “(…) aunque
concluyó que a la actora no la cobijaba aquel, también indicó que era
correcta la apreciación del juez de primera instancia sobre su alcance,
porque “los beneficios de la transición se restringen a la edad, el tiempo
de servicios o las semanas cotizadas y el monto, entendido
exclusivamente como el porcentaje o tasa de reemplazo y no como
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Ingreso Base de Liquidación (IBL). Por ende, todas las demás situaciones,
aun cuando tengan relación directa o indirecta con la pensión, se regulan
por la norma posterior, en este caso la Ley 100 de 1993” (…)”.

Precisó que “(…) la determinación del Tribunal accionado de no tener a la
actora como beneficiaria del régimen de transición no implica una
desmejora a la situación que le había sido reconocida en primera
instancia, máxime cuando dicha Corporación señaló que compartía los
argumentos del a quo para negar las pretensiones, diferente es que, al
margen de ello, advirtiera que la actora no estaba cobijada por dicho
régimen, determinación también se adoptó en sede administrativa en el
acto administrativo de reconocimiento pensional. En todo caso la situación
discutida no era la relativa a su derecho pensional propiamente dicho,
sino a la causal de retiro del servicio (…)”.

Explicó que la accionante, al invocar la causal de violación directa de la
constitución, lo que pretende es reabrir la discusión jurídica acerca de la
falta de aplicación de la Ley 100 de 1993 en la terminación de su relación
laboral, debido a que dicha decisión se fundamentó en la causal estipulada
en el parágrafo 3° del artículo 33 de la precitada norma.

Por otro lado, en cuanto a la causal de decisión sin motivación alegada
por la parte actora en su escrito de tutela, indicó que el sustento de dicha
causal “(…) parte de un supuesto fáctico errado, lo que impide advertir la
relevancia constitucional de tal inconformidad, cuanto más si se ajusta a
la jurisprudencia constitucional la decisión del Tribunal accionado, según
la cual para que las personas que se trasladaron del régimen de prima
media con prestación definida al de ahorro individual y luego nuevamente
al de prima media, no perdieran por ese cambio el derecho a acceder al
régimen de transición de la Ley 100, era indispensable colmar ciertas
condiciones, entre ellas, que para la fecha de entrada en vigor de esa
norma los trabajadores tuvieran más de 15 años cotizados, requisito que
no satisfizo la accionante (…)”.

12

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

Sobre el desconocimiento del precedente horizontal alegado, aclaró que
la sentencia del 25 de mayo de 2023, a la que hace referencia la
accionante en su solicitud de amparo, fue proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mientras que la
atacada en esta sede constitucional fue dictada por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, por lo que se trata de
decisiones proferidas por distintas autoridades judiciales.

Sin perjuicio de lo anterior, agregó que “(…) en la situación fáctica
planteada ante la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas la allí demandante (i) no se trasladó durante su vida laboral entre
el régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad y luego retornó al de prima media, como sí ocurrió con la
tutelante; y (ii) en el acto administrativo de reconocimiento pensional se
indicó que era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, situación diferente a la ocurrida con la aquí actora. Así las cosas,
resulta insuficiente que la actora justifique la relevancia constitucional del
asunto con base en un desconocimiento del precedente, cuando no se
demostró que este resultaba vinculante, dado que la providencia
presuntamente inobservada no fue dictada por la misma autoridad
judicial, ni los fundamentos fácticos y jurídicos guardaban
correspondencia (…)”.

Por último, respecto al defecto fáctico invocado por la tutelante, anotó
que el tribunal accionado encaminó su análisis probatorio a corroborar
que la actora no quedara cesante entre su desincorporación laboral y el
momento en que se le pagara lo correspondiente por concepto de su
mesada pensional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1037 de 2003.

Arguyó que, “(…) la jurisprudencia constitucional exige, para que pueda
hacerse efectivo el retiro de un empleado por la causal de cumplimiento
de los requisitos para acceder a una pensión de vejez (parágrafo 3° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993), que se garantice la continuidad de sus
13

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

ingresos monetarios, lo que, en efecto, se demostró en el sub lite, razón
por la cual no comporta relevancia constitucional el hecho de que el
Tribunal accionado haya omitido hacer referencia a la fecha en que se le
comunicó a la actora su inclusión en nómina, pues verificó que tal medida
ya se hubiera adoptado, lo que implica también concluir que no se
evidencia la configuración de defecto fáctico alguno (…)”.

5. EL TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó22
aseverando que su solicitud de amparo sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) Son tres las garantías fundamentales que se estiman vulneradas por
la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas: el debido proceso, el
principio de la non reformatio in pejus y el derecho a la igualdad.

(ii) La controversia que se plantea no se limita a un debate meramente
económico, sino que “(…) lo que se pretendía discutir era si un tribunal
puede entrar a pronunciarse y examinar un asunto que le fue favorable al
apelante único, en contravía del principio de tantum devolutum quantum
apellatum, que a su vez son una manifestación del debido proceso (art.
29 de la C. Pol.) y de la prohibición de la reforma en peor; y que en caso
de que ese cuestionamiento fuese resuelto favorablemente se entrara a
examinar si el precedente horizontal de la señora Ariela Zapata Villada
era aplicable al caso concreto, en virtud de los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica e igualdad (…)”.

(iii) En el asunto en cuestión se evidenció una afectación
desproporcionada de los derechos, comoquiera que “(…) al Tribunal
Administrativo de Caldas entrarse a pronunciar sobre un tema que no era
objeto de debate al solucionar la apelación, conllevó a que se le privara a

22
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
14

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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

Carmencita Ramírez Bernal de exponer los motivos por los cuales
efectivamente sí era beneficiaria del régimen de transición al momento
de proponer y argumentar el recurso de apelación. Afectación que
claramente fue advertida dentro de la acción de tutela (…)”.

Explicó que “(…) la garantía de la non reformatio in pejus es un límite a
la competencia del fallador de segunda instancia, ya que la apelación es
un medio de defensa y su finalidad en ningún momento es revisar lo ya
resuelto (…)”, por lo que, añadió que “(…) la competencia funcional del
Tribunal se limitaba a revisar solamente aquellos aspectos que le
resultaban desfavorables a la apelante única (…)”.

Subrayó que el municipio de Manizales, parte demandada en el proceso
ordinario, “(…) en ningún momento dentro del proceso entró a
controvertir la pertenencia o no de Carmencita Ramírez Bernal al régimen
de transición, lo que da cuenta que aun cuando tuvo la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción sobre este asunto el
referido ente territorial decidió mantener una postura silente sobre el
mismo. Por lo cual, el Tribunal no podía entrar a pronunciarse sobre un
asunto (i) sobre el cual no tenía competencia funcional; y (ii) ni mucho
menos entrar a cumplir las cargas argumentativas y procesales que le
correspondían era al Municipio de Manizales (…)”.

Por otro lado, reiteró que el tribunal accionado sí incurrió en
desconocimiento del precedente horizontal, comoquiera que el caso de la
señora Ariela Villada Zapata, resuelto en la sentencia del 25 de mayo de
2023, y el suyo sí guardan relación fáctica y jurídica “(…) ya que “i) ambas
gozaban del régimen de transición; ii) las dos habían trabajado como
servidoras públicas del Municipio de Manizales; iii) a las dos (2) se les
terminó el contrato con fundamento del parágrafo 3 del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 -modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003-; y
iv) a las dos (2) se les retiró por ese motivo antes de la edad del retiro
forzoso” (…)”.

15

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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

En igual sentido, alegó que el precedente horizontal de la señora Zapata
Villada sí es aplicable a su situación, aun cuando se hubiese proferido por
una sala de decisión diferente, debido a que “(…) son los Tribunales, y no
sus salas individualmente, las que asumen la tarea de unificar la
jurisprudencia dentro de su jurisdicción demanda que se fijen posturas
claras y precisas frente a los distintos dilemas hermenéuticos sometidos
a su consideración (…)”.

Finalmente insistió que, en la sentencia de segunda instancia cuestionada
sí se configuró un defecto fáctico debido a que “(…) se le dio un alcance
que no tenía a los acos (sic) administrativos de inclusión en nómina, ya
que tal como se advertía la expedición del aco (sic) administrativo y su
notificación corresponden a dos (2) actuaciones totalmente distintas. De
igual manera, tal como se expuso dentro de la acción de tutela, la
notificación de la inclusión en nómina tan sólo se dio el cuatro (4) de
octubre de 2016 -tres (3) días después a que se había terminado la
relación laboral-, mientras que el retiro del servicio se dio a partir del
primero (1) de octubre de 2024 (…)”.

Por auto proferido el 20 de agosto de 2024 se concedió la impugnación23
y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 9 de
septiembre de 202424.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199125, en concordancia con el numeral 5 del artículo

23
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
24
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 01.
25
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
16

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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201526, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202127, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201928 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente29:

6.2.1. La señora Carmencita Ramírez Bernal, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del municipio de Manizales, pretendiendo lo siguiente:

“[…] Que se declare la nulidad del siguiente acto administrativo:

a.-Resolución Nro. 0788 de 2016, suscrita el día 24 de mayo
de 2010, “por la cual se da por terminada por justa causa una
relación laboral en el municipio de Manizales por
reconocimiento de pensión”, acto administrativo que fue
notificada personalmente el día 08 de junio de 2016.

Así mismo que se DECLÁRASE que la señora CARMENCITA
RAMÍREZ BERNAL (…), tenía derecho a permanecer en el cargo
profesional Especializada, código 222, nivel 2, grado 11, asignación
mensual $4.186.368, adscrito a la Secretaría de Salud, o a otro
cargo similar o de igual o superior categoría en el municipio de
Manizales, hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta el
cumplimiento de los 65 años de edad, de conformidad con las
normas legales, constitucionales e internacionales de la OIT.

siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
26
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
27
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
28
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
29
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 17001 33 39 005 2016 00374 00/01. Visto en
el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 02782 00.
17

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

Y como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho, ordénese y condene al MUNICIPIO
DE MANIZALES a:

Iro) Reintegrar a la señora CARMENCITA RAMÍREZ BERNAL sin
solución de continuidad al cargo o empleo de Profesional
Especializada, código 222, nivel 2, grado 11, asignación mensual
$4.186.368, adscrita a la Secretaría de Salud, o a otro cargo similar
o de igual o superior categoría en el municipio de Manizales.

IIdo) Que se condene a la entidad demandada a pagar a la señora
CARMENCITA RAMÍREZ BERNAL todos los salarios,
descontándose el valor percibido por concepto de pensión de
jubilación, no obstante lo anterior, deberá pagar las primas,
bonificaciones, doceavas, vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías y demás prestaciones sociales
legales y extralegales correspondientes al cargo que venía
desempeñando, junto con todos los incrementos legales, desde
cuando se produjo el retiro hasta cuando efectivamente sea
reintegrada al cargo o cargos mencionados, considerándose que no
ha existido solución de continuidad en los servicios para todos los
efectos legales y prestacionales.

IIIro) Que se condene a la entidad territorial a pagar los aportes a
la Seguridad Social en pensiones según el salario del cargo, código
y grado, sumas que deberán ser calculadas con su debido cálculo
actuarial, desde la fecha de retiro y hasta el día en que se
reintegrada al empleo de Profesional Especializada, código 222, nivel
2, grado 11, asignación mensual $4.186.368, adscrita a la Secretaría
de Salud, sin que exista desmejora en el salario, para ello deberá
tenerse en cuenta los incrementos de Ley, las normas más
favorables y la condición más beneficiosa en el ámbito laboral, que
hace parte de los principios fundamentales del derecho del trabajo,
predicándose la invulnerabilidad del régimen de transición.

IVto). El pago de la indemnización por perjuicios inmateriales (vgr.
morales, perjuicios derivados de bienes constitucionales y
convencionales, daño a la salud), según lo establezca el Consejo de
Estado a través de las tasas de unificación jurisprudencial, por tal
motivo, lo estimó en cien salarios mínimos mensuales vigentes (100
S.M.LM.V.)

Vto) Que las sumas reconocidas deberán contener la actualización,
los intereses y las indexaciones de acuerdo al I.P.C., así como el
pago y reconocimiento de los ajustes de valor a que haya lugar por
motivo de la disminución del poder adquisitivo de cada una de los
salarios, prestaciones sociales y cotización al sistema de seguridad
social adeudado (…).

VIto) A la indexación y actualización de las condenas de
conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011 y así mismo al cumplimiento de la sentencia.

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Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

VIIto) Que se declare el pago de las costas y perjuicios que con
ocasión de este proceso se generen y en favor del demandante. […]”
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de la demanda).

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Manizales, que en sentencia proferida el 5
de septiembre de 2019 dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO. -DECLARAR FUNDADA la excepción denominada
“legalidad de la actuación administrativa del Municipio de Manizales”
propuesta por el MUNICIPIO DE MANIZALES, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO instaurado por CARMENCITA RAMÍREZ BERNAL en
contra del MUNICIPIO DE MANIZALES.

TERCERO. -SIN COSTAS, por lo expuesto en precedencia […]”
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia)

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la hoy accionante interpuso
recurso de apelación y la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Caldas, en sentencia del 11 de diciembre de 2023, la
confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la señora Carmencita Ramírez Bernal,
actuando por conducto de apoderada, promovió acción de tutela en contra
de las sentencias proferidas el 5 de septiembre de 2019 y el 11 de
diciembre de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, respectivamente, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 17001 33 39 005 2016 00374 00/0130, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia y a la igualdad.

30
Promovido por la hoy accionante en contra del municipio de Manizales.
19

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

Para ello, en el escrito de tutela sostuvo que el tribunal accionado (i) se
pronunció sobre un punto que no fue objeto de discusión en el recurso
interpuesto como apelante única en el precitado proceso ordinario, por lo
que, según estima, quebrantó los principios de congruencia, de non
reformatio in pejus y tantum devolutum quantum apellatum, que limitan
la competencia funcional del ad quem; y (ii) “(…) [que] en ningún
momento se refirió acerca de las pruebas de oficio solicitadas, y por el
contrario entraron a darle un alcance que no tenía a una de las pruebas
que estaban dentro del expediente (…)”31.

La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en el fallo de
tutela de primera instancia declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional al considerar que “(…) la tutelante no desplegó una carga
argumentativa suficiente para demostrar la configuración de las causales
específicas de procedibilidad que invoca y con ello la vulneración
constitucional que alega. El simple desacuerdo con una decisión judicial
no habilita la interposición de una tutela, pues este mecanismo de amparo
no fue instituido como una tercera instancia de los procesos ordinarios
(…)”32.

A su turno, la accionante aseveró en su escrito de impugnación que dicho
requisito sí se encuentra acreditado comoquiera que, en el caso en
cuestión, son tres las garantías fundamentales que se estiman vulneradas
por la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas: el debido proceso,
el principio de la non reformatio in pejus y el derecho a la igualdad.

Adicionalmente, anotó que el tribunal accionado “(…) le dio un alcance
que no tenía a los acos (sic) administrativos de inclusión en nómina, ya
que tal como se advertía la expedición del aco (sic) administrativo y su
notificación corresponden a dos (2) actuaciones totalmente distintas. De

31
Apartes del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
32
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02782 01
Accionante: Carmencita Ramírez Bernal

igual manera, tal como se expuso dentro de la acción de tutela, la
notificación de la inclusión en nómina tan sólo se dio el cuatro (4) de
octubre de 2016 -tres (3) días después a que se había terminado la
relación laboral-, mientras que el retiro del servicio se dio a partir del
primero (1) de octubre de 2024 (…)”33.

Bajo dicho contexto, se advierte, tanto del escrito de tutela, como de la
impugnación, que la solicitud de amparo se fundamenta en dos
inconformidades: (i) la presunta vulneración de los principios de
congruencia y de la non reformatio in pejus en la sentencia de segunda
instancia cuestionada, y (ii) la valoración efectuada a las pruebas
obrantes en el proceso ordinario por parte del tribunal accionado.

Para ello, la Sala analizará de manera separada cada uno de los reparos
formulados por la parte actora en aras de determinar si se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

6.3.1. En cuanto a la presunta vulneración de los principios de
congruencia y de non reformatio in pejus en la providencia de
segunda instancia cuestionada.

Frente a este reparo, la Sala considera que no está cumplido el requisito
general de subsidiariedad conforme pasa a explicarse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable34.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de

33
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
34
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
21

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la acción de tutela: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial, ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico35.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al
principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que
cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por
lo tanto, que la protección constitucional es impostergable 36.

En el caso en concreto, la parte accionante alegó tanto en el escrito de
tutela, como en la impugnación que el tribunal accionado vulneró el
principio de congruencia y de la non reformatio in pejus, porque se
pronunció sobre un punto que no fue objeto de discusión en el recurso de
apelación interpuesto como apelante única.

Al respecto, argumentó que “(…) la garantía de la non reformatio in pejus
es un límite a la competencia del fallador de segunda instancia, ya que la
misma se usa como medio de defensa y su finalidad en ningún momento
es revisar lo ya resuelto. Por lo cual, mientras la otra parte no apele, el
apelante único tiene derecho a que se examine la sentencia sólo en
aquellos aspectos que le son desfavorables (…)”37.

En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que la
parte actora aduce que la providencia de segunda instancia cuestionada

35
Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional.
36
Sentencia T-150 de 2016.
37
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
22

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vulneró el principio de congruencia y de la non reformatio in pejus, por lo
que es posible interponer el recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia.

Al respecto, esta Corporación38 ha señalado que la nulidad originada en
la sentencia como causal para la procedencia del recurso extraordinario
de revisión se configura, entre otros eventos, cuando se pretermite una
instancia, y ello acontece en tres escenarios: a. se emite sentencia sin
motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus, y c. se
profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado
al proceso.

A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de diciembre de 202239 indicó que la causal de nulidad
originada en la sentencia se ha extendido a la violación del debido proceso
en los términos del artículo 29 de la Constitución Política y, dentro de ese
marco, la jurisprudencia se ha ocupado de identificar variados vicios que
darían lugar a su configuración40, tales como: (i) haberse dictado con
sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que
no fue vinculada al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv)
dictar un fallo inhibitorio injustificado y, (v) faltar al principio de
congruencia, entre otros.

En ese sentido, la parte actora tiene a su alcance el recurso extraordinario
de revisión para controvertir la sentencia de segunda instancia que aquí
ataca porque lo alegado en sede de tutela encuadra dentro de la causal
de nulidad originada en la sentencia, ya que su inconformidad radica en
que la providencia censurada trasgredió los principios de congruencia y

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
39
Expediente nro. 11001-03-26-000-2019-00185-00. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
40 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente
11001-03-15-000-2020-02925-01.
23

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de non reformatio in pejus, por lo que acción de tutela deviene
improcedente por no superar el requisito general de subsidiariedad.

En este punto, la Sala precisa que, ni en el escrito de tutela ni en la
impugnación, la parte actora alegó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable para que la acción de tutela proceda como mecanismo
transitorio frente a este reparo.

6.3.2. En cuanto a la valoración efectuada a las pruebas obrantes
en el proceso ordinario por parte del tribunal accionado.

Sobre este reparo, la Sala considera que no está cumplido el requisito
general de relevancia constitucional, de acuerdo con las razones que
pasan a explicarse.

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”41.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta

41
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
24

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es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional42.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades43:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia44. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

42
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
43
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
44
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 45 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. (Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una

45
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Lo anterior, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por
la accionante para reabrir el debate probatorio resuelto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado que la inconformidad
expuesta en sede constitucional está encaminada a cuestionar la
valoración que el juez de la causa hizo respecto de la pruebas que obraban
en el expediente del precitado proceso, en tanto que alega que el tribunal
accionado “(…) le dio un alcance que no tenía a los acos (sic)
administrativos de inclusión en nómina, ya que tal como se advertía la
expedición del aco (sic) administrativo y su notificación corresponden a
dos (2) actuaciones totalmente distintas (…)”46.

En esa medida, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la valoración efectuada por el juez natural de
la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la petición de amparo no cumple
con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus

46
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02782 00.
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competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la

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parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 31 de julio de
2024, por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones aquí
expuestas, esto que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
generales de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2024
por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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