Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-02784-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-02784-01
Accionante: LUCILA BARRAZA AMADOR
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO-SECCION B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante Lucila Barraza Amador
contra el fallo proferido el 3 de julio de 2024 por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, que negó el amparo.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 4 de junio de 2024, Lucila Barraza Amador, en nombre propio, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad
jurídica y a los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial
que alegó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juez Primero
Administrativo de Barranquilla al proferir las providencias del 22 de abril de 2024 y
16 de agosto de 2024, respectivamente, en el marco del proceso ejecutivo 1 que
interpuso contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
1
Proceso rad. n°. 08001-33-33-001-2016-00039-03
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
En virtud del amparo, solicita que se dejen sin efectos los autos que negaron el
mandamiento de pago y se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico que
profiera una nueva decisión «realizando la debida interpretación y/o aplicación de los
artículos 164 numeral 1 literal c de la Ley 1437 de 2011 y artículos 41 del decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de conformidad con los argumentos
precedentes y orientaciones de la jurisprudencia aquí invocada y los que determine
el Consejo de Estado.»
2. Hechos relevantes
Lucila Barraza Amador en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación de desempeño de conformidad con los Decretos 1661 de 1991, 2164 de
1991 y el régimen de transición consagrado en el artículo 4 del Decreto 1724 de
1997.
El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia de 28 de abril de 2017 negó las
pretensiones de la demanda.
El Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B, en sentencia del 30 de noviembre
de 2018 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda. Estimó que, como la solicitante acreditó la calificación
igual o superiore al 90% del total de los puntos de calificaciones de servicio por la
evaluación realizada, en periodos laborados entre el 27 de julio de 1995 y el 31 de
enero de 2012, se le debía reconocer dicho emolumento. Asimismo se decretó de
oficio la excepción de prescripción del pago de las prestaciones causadas ( prima
técnica) con anterioridad al 26 de agosto de 2012.
La solicitante presentó demanda ejecutiva para que se librara mandamiento de pago
de las sumas que le fueron reconocidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico
en sentencia del 30 de noviembre de 2018.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
El Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, por auto de 20 de junio de 2023,
dispuso librar mandamiento ejecutivo en contra del ICBF y ordenó pagar las sumas
señaladas conforme con los parámetros consignados en la sentencia de 30 de
noviembre de 2018. Dicha decisión fue objeto de reposición por parte del ICBF. En
consecuencia, la referida autoridad, por auto del 16 de agosto de 2023 resolvió
reponer el auto de 20 de junio de 2023 y, en su lugar, negar la solicitud de
mandamiento ejecutivo, al considerar que las obligaciones surgidas a título de
restablecimiento del derecho fueron cobijadas por el fenómeno de la prescripción,
por lo que no eran exigibles.
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo
que como el a quo declaró de oficio la prescripción del pago de las prestaciones
sociales (prima técnica) causada con anterioridad al 26 de agosto de 2012, a su
juicio, las prestaciones causadas a partir del 26 de agosto de 2012 en adelante no
se encuentran prescritas y por tanto deben pagarse. Sostiene que es deber del juez
revisar la totalidad de las providencias que conforman el título ejecutivo y es su
obligación interpretar el título para librar el mandamiento conforme la sentencia de
condena del 20 de junio de 2023 que libró mandamiento de pago a favor de Lucila
Barraza Amador.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de providencia de 22 de abril de
2024, confirmó la providencia de primera instancia. Consideró que conforme al
contenido de la demanda y lo expuesto en la sentencia de 30 de noviembre de 2018
que sirve de título ejecutivo de recaudo, el periodo de estudio es el comprendido
entre el 27 de julio de 1995 y el 31 de enero de 2012. La accionante elevó la
reclamación administrativa y el pago de la prima técnica por evaluación de
desempeño el 24 de agosto de 2015 y presentó la demanda el 3 de febrero de 2016.
En consecuencia, determinó que las mesadas causadas con anterioridad al 24 de
agosto de 2012 estaban prescritas, por lo que no había lugar a ningún pago por
concepto de prima técnica por evaluación de desempeño.
3. Fundamentos de la solicitud
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
La accionante adujo que las autoridades accionadas le vulneraron los derechos
fundamentales invocados al proferir los autos que le negaron el mandamiento de
pago, pues incurrieron en el defecto sustantivo y violación directa a la Constitución.
Estima que efectuaron una interpretación equivocada de los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, pues concluyeron que la obligación
no era exigible porque había operado la prescripción de las mesadas causadas antes
del 26 de agosto de 2012. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que el literal c, numeral
1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece la posibilidad de presentar la
demanda en cualquier tiempo para reclamar el pago de prestaciones periódicas,
como es el caso de la prima técnica que reclama la solicitante, siempre y cuando el
vínculo laboral se encuentre vigente.
Por ello, sostiene la solicitante que, al tratarse de una prestación social de carácter
laboral y periódica, en la que existía un vínculo laboral vigente, las mesadas
causadas con posterioridad al 26 de agosto de 2012 no están prescritas y deben ser
pagadas por el ICBF, en la medida que solamente se declaró la prescripción de las
prestaciones causadas con anterioridad al 26 de agosto de 2012.
Lo anterior conforme a la sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, del 1 de febrero de 2018, radicado 250002325000201201393
01, en la cual se estableció que la prima técnica no prescribe mientras el vínculo
laboral está vigente.
Así las cosas, sostiene que se le está desconociendo el derecho que adquirió, en la
medida en que el Tribunal Administrativo del Atlántico le reconoció el pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño, pues interpuso demanda en calidad de
servidora mientras tenía su vínculo laboral vigente.
Por último, sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en una violación directa
de la Constitución pues, al proferir las providencias reprochadas, se desconocieron
los principios y garantías consagradas en la Constitución, al desconer el derecho que
la autoridad le reconoció previamente a la accionante.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
4. Trámite de primera instancia
El 6 de julio de 2024 la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a las autoridades accionadas
así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF como tercero interesado
en el resultado de esta acción.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Atlántico al oponerse
al amparo, adujo que la solicitud de tutela es improcedente ya que las providencias
reprochadas se dictaron conforme al material probatorio que se allegó al proceso,
del cual se advirtió que el derecho al pago de la prima técnica había prescrito, por lo
que no se podía librar el respectivo mandamiento de pago.
El Juez Primero Administrativo de Barranquilla manifestó que las providencias no
incurrieron en los defectos alegados. Sostuvo que el accionante no solicitó aclaración
de la sentencia que se profirió en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, esto con el fin de precisar el alcance de la prescripción respecto de los
periodos que reclamó. Por ello, considera que la tutela se pretende usar como una
instancia adicional al proceso ordinario, con el fin que se estudie de nuevo la
excepción de la prescripción. Señaló que en la sentencia del 30 de noviembre de
2018, el tribunal declaró probada de oficio la prescripción de las prestaciones
causadas con anterioridad al 26 de agosto de 2012, lo cual incluye las prestaciones
que reclamó la accionante, hasta el 31 de enero de 2012.
Mediante sentencia de 3 de julio de 2024, la Sección Segunda Subsección B del
Consejo de Estado negó la acción de tutela al considerar que la decisión acusada no
incurrió en defecto sustantivo ni en violación directa a la Constitución, debido a que
fue proferida de conformidad con las pruebas allegadas al proceso y conforme las
normas que regulan la materia, lo que permitió evidenciar la ausencia de requisitos
sustanciales necesarios para ordenar el pago de la obligación que se pretendían
exigir.
La parte accionante impugnó la decisión. Reiteró los argumentos expuestos en la
tutela. El 30 de julio de 2024, se concedió la impugnación.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
El 15 de agosto de 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF radicó
escrito en el cual solicitó que se confirme la sentencia de tutela de primera instancia
que negó el amparo. Adujo que la solicitud de tutela no cumple con los requisitos
específicos de procedencia de la tutela contra providencia judicial, debido a que los
autos reprochados se profirieron conforme las normas aplicables al caso.
CONSIDERACIONES
5. Cuestión previa
Aunque la parte accionante interpuso la solicitud contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juez Primero Administrativo de Barranquilla, esta Sala solo analizará
el auto del 16 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal accionado, en tanto fue la
providencia que puso fin al proceso ordinario.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar la sentencia del 3 de julio de
2024 de la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado que negó la
acción de tutela.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo N°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.
Caso concreto
La providencia reprochada confirmó la decisión de primera instancia que negó la
solicitud de mandamiento ejecutivo en favor de Lucila Barraza Amador. Estimó que
conforme a la sentencia del 30 de noviembre de 2018 que sirve de título ejecutivo, la
solicitante presentó la reclamación administrativa para el reconocimiento y pago de
la prima técnica del periodo comprendido entre el 27 de julio de 1995 y el 31 de enero
de 2012. Como la accionante elevó la reclamación administrativa el 24 de agosto de
2015 y presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 3 de febrero
de 2016, consideró que ya había acaecido el fenómeno de la prescripción respecto
de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de agosto de 2012.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
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Así las cosas, la autoridad judicial indicó que como el periodo reclamado es anterior
al 24 de agosto de 2012, quedó clara la configuración del fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho, por lo que no había lugar al pago de la prima
técnica por evaluación de desempeño.
El tribunal sostuvo que si bien en la sentencia del 30 de noviembre de 2018 se
reconoció a la señora Barraza Amador el derecho al reconocimiento de la prima
técnica pues cumplió con los requisitos exigidos por la ley, respecto del fenómeno
de la prescripción extintiva señaló que «se dejó claro el acaecimiento de dicho
fenómeno jurídico, del cual se deriva la ausencia de derecho por no haberse
solicitado dentro de la oportunidad legalmente establecida, y por esa razón no existe
en la parte resolutiva disposición alguna relativa al pago de la prestación, pues no
hay lugar a ella.»
La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal, respecto a la negativa de la solicitud de librar
mandamiento de pago en favor de la actora por las prestaciones causadas con
posterioridad al 24 de agosto de 2012, pues tal como lo manifestó la autoridad
accionada, estas no hicieron parte de la reclamación administrativa, ya que la
sentencia que sirvió de título ejecutivo solamente reconoció las prestaciones
causadas hasta el 31 de enero de 2012. Además de ello, revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-02784-01
Solicitante: Lucila Barraza Amador
Segunda Instancia Declara improcedente la tutela
En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y negó la solicitud de
amparo, la Sala considera que la tutela es improcedente, pues no satisface el
requisito de relevancia constitucional. Aunque ambas decisiones desestiman las
pretensiones de la solicitud, son incompatibles en fundamento, ya que la falta de
alguno de los requisitos generales de procedibilidad conlleva a la improcedencia del
amparo e impide al operador judicial estudiar el asunto de fondo.
Así las cosas, la Sala habrá de modificar la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B que negó el amparo y, en
su lugar, se declarará improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de julio de 2024 por la Sección
Segunda-Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela interpuesta por Lucila Barraza contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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