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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02796-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02796-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la mora judicial en la decisión de la solicitud de decretar medidas cautelares. En lo demás, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito general de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02796-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02796-00
Demandante: José William Sánchez Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02796-00
Demandante JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTROS
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos. Mora judicial en la
decisión de medidas cautelares. Carencia actual de objeto por hecho
superado. La Subsidiariedad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por el señor José William Sánchez Páez, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de mayo de 20241, el señor José William Sánchez Páez radicó acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se Ordene a la Secretaria de Movilidad para que apruebe la implementación de
señalización Vertical de “PROHIBIDO TRAFICO DE CARGA PESADA” y como puede
ser:
c. Sobre la Carrera 9A a la altura de la Calle 63 y/o Sobre la Calle 63 a la altura de la
Carrera 9ª
d. Sobre la Carrera 10 a la altura de la Calle 64
e. Sobre la Calle 66 a la altura de la Carrera 11
2. Que se Ordene a la Secretaria de Movilidad de Bogotá a adoptar junto con la Policía de
Tránsito, medidas de Control para que no se desvié sobre la Carrera 10 entre Calle 64 y
69, los VEHICULOS DE CARGA PESADA
3. Si es necesario para la implementación de estas pretensiones, solicito que se ordene una
visita de un delegado del Distrito Bogotá o Secretaria de Ambiente, para que corrobore
todo lo que he dicho en los HECHOS de este oficio.»” 2

1 Samai, índice 2.
2 Página 19 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02796-00
Demandante: José William Sánchez Páez

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor José William Sánchez Páez informó que vive con su madre de 82
años, en el barrio Quinta Camacho de la localidad de Chapinero, en un
apartamento ubicado en el primer piso de un inmueble.

Afirmó que desde hace varios años ha incrementado el ruido por fuentes
móviles, especialmente, vehículos de carga pesada, sirenas de carros de
emergencia y motores de alta cilindrada que transitan por la carrera 10° entre
las calles 64 y 69.

2.2. Por lo anterior, radicó medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con solicitud de medida cautelar contra el Congreso de la
República y la Secretaría Distrital de Movilidad en el que pretendía la garantía
de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al equilibrio
ecológico.

Señaló que estos derechos están siendo afectados por la contaminación
auditiva y del aire, generada por fuentes móviles impulsadas con gasolina, en
el sector que comprende la carrera 10 entre calles 64 y 69 del Distrito Capital.

2.3. La demanda fue asignada por reparto al conocimiento del Juzgado 18
Administrativo de Bogotá que, en auto del 16 de agosto de 2022 dispuso su
admisión; vinculó al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría Distrital de Ambiente y corrió traslado
de la medida cautelar. Al proceso le correspondió la radicación nro. 110013335-
018-2022-00292-00.

Posteriormente, en auto del 28 de noviembre de 2022, el juez negó la solicitud
de medida cautelar. Decisión que fue confirmada en reposición.

Finalmente, mediante auto del 21 de julio de 2023 el juez declaró que no tenía
competencia para conocer del proceso y lo remitió al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que fuera sometido a reparto.

2.4. El proceso correspondió al conocimiento de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le fue asignado el
número de radicación 25000-23-41-000-2023-00977-00.

Mediante providencia del 4 de agosto de 2023, esta autoridad judicial avocó el
conocimiento del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos formulado por José William Sánchez Páez, a partir del auto
admisorio de la demanda y negó el desistimiento radicado por el actor.

2.5. El 29 de abril de 2024, el señor Sánchez Páez solicitó el decreto de medidas
cautelares en la acción popular para mitigar la afectación de sus derechos
fundamentales con ocasión del tránsito de vehículos de carga pesada cerca
de su vivienda.

2.6. El accionante informó que radicó derecho de petición ante la Secretaría
Distrital de Movilidad el 11 de mayo de 2024 en el que solicitó (i) que aprobara
la implementación de señalización vertical de «prohibido tráfico de carga pesada»
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en determinados puntos de la localidad de Chapinero; y (ii) que la Secretaría
de Movilidad de Bogotá adopte junto con la Policía de Tránsito medidas de
control y no se desvié los vehículos de carga pesada sobre la carrera 10 °
entre Calle 64 y 69.

Sostuvo que el 26 de mayo recibió respuesta de la Secretaría Distrital de
Movilidad en la que no se aprobó la restricción del tránsito de carga pesada y,
en relación con la segunda solicitud, solo se creó un número de operativo que
se ejecutaría dependiendo la disposición del recurso humano y técnico.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora interpuso la acción de tutela para la protección de sus derechos a la
salud, a la intimidad y a la tranquilidad. Aunque desde agosto de 2022 cursa en la
jurisdicción contenciosa una acción popular con pretensiones similares, aún no se
ha emitido sentencia ni se ha dado trámite a la solicitud de medida cautelar que
interpuso el 29 de abril de 2024 (mora judicial).

Expuso que la medida cautelar debería resolverse en 10 días y la sentencia en 40,
según lo establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso (CGP), pero
el despacho no ha cumplido los términos, lo que le permite suponer que la definición
de la medida de cautela puede durar varios meses. Luego, estima que el mecanismo
no es expedito y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales.

En línea con lo anterior, considera que la tardanza en la solución de la problemática
le generará afecciones en salud si se considera que las obras del Metro están
planeadas hasta el año 2028. Así pues, destaca que corre el riesgo de sufrir un daño
permanente en sus dos oídos, en generar altos niveles de estrés, incapacidad para
concentrarse en actividades cotidianas, alteraciones en el sueño y afectación en su
calidad de vida.

A lo anterior agrega que, vive con mamá quien tiene 82 años y también ha visto
afectada su calidad de vida con ocasión a los desvíos vehiculares.

De otra parte, solicitó que en la decisión de este asunto se tome en consideración
la sentencia T-672 de 2014 de la Corte Constitucional que, en un caso ferroviario,
analizó la afectación de los derechos a la salud, a la intimidad, a la paz y a la
tranquilidad con ocasión del ruido que generaba el tránsito de ferrocarriles.

También pidió que se tomara como precedente la acción popular nro. 2021-00108,
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 11 Administrativo de Bogotá donde se
decretó medida cautelar, al amparo del artículo 17 del Decreto 472 de 1998, para
que la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptara junto con la Policía de Tránsito de
Bogotá medidas de control y desvíos viales para mitigar el impacto auditivo causado
por los vehículos de carga pesada.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 7 de junio de 2024, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor José William Sánchez Páez, quien actúa a
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A y la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Movilidad. También, vinculó como terceros con interés al Congreso de la

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Demandante: José William Sánchez Páez

República, a la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Local de
Chapinero y a la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Local de
Chapinero, autoridades que actúan como demandadas dentro del proceso de
acción popular nro. 25000- 23-41-000-2023-00977-00.

Además, ofició al tribunal accionado para que informara el trámite que dio a la
medida cautelar solicitada por el señor Sánchez Páez y el listado de procesos
que están pendientes de trámite con indicación del turno en el que se
encuentra el mencionado proceso.

Finalmente, se dispuso la fijación de un aviso para informar a los interesados
la existencia de la presente acción de tutela.

4.2. La División Jurídica del Senado de la República, por conducto de la jefe de
la dependencia, expuso que no le asistía legitimación en la causa por pasiva
para hacer parte de este proceso constitucional porque la entidad no ha
cometido falta alguna relacionada con el escenario de vulneración de derechos
expuesto en la tutela. A ese respecto, recordó las funciones de esa entidad
consagrados en el artículo 6° de la Ley 5° de 1992.

Expuso que la lectura de los hechos y las pretensiones de la demanda da
cuenta de que la parte pasiva del proceso constitucional debe estar integrada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad.

4.3. La Secretaría Distrital de Ambiente, por conducto de apoderado judicial, dijo
que el actor debe procurar la satisfacción de sus pedimentos a través de la
acción popular que está en curso y no en ejercicio de la acción de tutela, pues
su naturaleza es excepcional y subsidiaria. En esa línea, evidenció que las
pretensiones de medida cautelar que radicó el actor son las mismas que ahora
expone en el proceso constitucional, por lo que la tutela es improcedente
debido a que el mecanismo judicial ordinario está en curso.

Agregó que, cuando se debaten derechos de rango legal no se debe acudir a
la acción de tutela sino a los mecanismos ordinarios y especiales de protección
de los derechos de carácter legal y colectivo. Más cuando en el caso concreto
no se advierte la posible concreción de un perjuicio irremediable que justifique
la interposición de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

De acuerdo con lo anterior solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque hay en trámite otro mecanismo judicial apto para
procurar la protección de los derechos invocados. En caso de que se estudie
de fondo la acción de tutela, pidió que se desvincule del proceso constitucional
a la entidad que representa porque no le es atribuible la vulneración de
derechos relatada por el accionante.

4.4. La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, por conducto de la directora
Distrital de Gestión Judicial (e), solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela en relación con esa entidad porque no es responsable de la
violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

De otra parte, enfatizó en que en la actualidad se surte una acción popular
fundamentada en los mismos hechos y pretensiones y es al juez natural de

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esa causa, dentro de las fases y términos de cada proceso, a quien
corresponde pronunciarse de fondo sobre la prosperidad de lo pedido por el
señor Sánchez Páez. En esa línea, recordó que la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo que el actor pueda elegir según su conveniencia.

4.5. La Secretaría General del Senado de la República, por conducto del
secretario General, solicitó que se le desvincule de la acción de tutela debido
a que los hechos y pretensiones de la demanda no guardan relación con las
funciones legales y constitucionales de esa entidad.

4.6. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado sustanciador de la acción
popular sub examine, hizo una relación del trámite del proceso nro. 2023-
00977-00.

Explicó que el expediente fue remitido a esa Corporación el 28 de julio de 2023
y se avocó conocimiento en auto del 4 de agosto de ese año. La audiencia de
pacto de cumplimiento se realizó el 21 de noviembre de 2023, donde además
se negó la medida cautelar y se corrió traslado para alegar de conclusión. El
expediente pasó a despacho para fallo el 1° de diciembre de 2023 y el turno
para fallo es el 85 de 110 expedientes. Respecto de la segunda solicitud de
medida cautelar que se radicó el 29 de abril de 2024, informó que se resolvió
en proveído del 12 de junio de 2024.

Por lo anterior, advierte que el trámite otorgado al proceso de protección de
los derechos e intereses colectivos sub examine ha sido diligente y eficiente,
pues no ha transcurrido ni siquiera un año desde que se radicó y se ha dado
gestión al proceso en términos razonables. Luego, no hay lugar a declarar una
mora judicial.

4.7. En memorial del 12 de junio de 2024, el señor José William Sánchez Páez
presentó nuevos hechos que estima deben ser tenidos en cuenta para fallar
esta acción de tutela. Indicó que ese mismo día, el tribunal accionado negó el
decreto de la medida cautelar solicitada el 29 de abril de 2024, pero no ha sido
notificado para ejercer su derecho de contradicción y defensa. A ese respecto,
insiste en que la decisión del recurso prolongará la vulneración de sus
derechos a la intimidad, a la salud y a la tranquilidad, así como el derecho al
debido proceso.

Expuso los argumentos por los que considera que el tribunal se equivocó al
negar la medida de cautela. En concreto, advirtió que el auto del 12 de junio
de 2024 adolece de defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
material o sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente.

Señaló que la decisión sobre la medida cautelar fue apresurada dada la
intención de finiquitar este proceso constitucional y vulneró el debido proceso
del demandante.

Y aunque acepta que tiene a disposición el recurso de apelación que va a
ejercer, es cierto que la decisión tarda demasiado tiempo en emitirse y
mientras tanto seguirá la vulneración de sus derechos.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Determinación y planteamiento del problema jurídico

3.1. En relación con las solicitudes de desvinculación propuestas por el Senado de
la República y por la Secretaría Distrital de Ambiente, se aclara que su
inclusión en este proceso constitucional no se hizo como parte pasiva con
potencialidad de satisfacer las pretensiones de la acción de tutela, sino como

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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terceros con interés debido a que hacen parte de la acción popular que se
analiza en este fallo. Por ello, es dable concluir que les asiste interés en las
resultas de esta acción de tutela y que es procedente vincularlas al amparo de
lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. De otra parte, esta Sala advierte que las pretensiones expuestas en la acción
de tutela relativas al control y restricción de tráfico de carga pesada en una
zona específica de la ciudad de Bogotá, ya fueron presentadas ante el juez
que conoce de la acción popular nro. 25000-23-41-000-2023-00977-00, tanto en
la demanda como en las solicitudes de medidas cautelares que ha radicado el
actor.

Esta afirmación se puede verificar en la siguiente tabla:

Demanda acción popular Medidas cautelares Acción de tutela

«Señor Juez, muy En el memorial del 15 de noviembre «Solicito muy respetuosamente
respetuosamente solicito lo de 2023, el actor solicitó el decreto mientras haya un fallo de fondo
siguiente y a fin de proteger los de las siguientes medidas por parte del TRIBUNAL
derechos fundamentales del ser cautelares: «1. Que la Secretaría de ADMINISTRATIVO DE
humano como es: el derecho a la Movilidad adopte junto con la Policía CUNDINAMARCA, lo siguiente:
vida, el derecho a la intimidad, el de Tránsito, medidas para que haya
1. Que se Ordene a la Secretaria
derecho a gozar de un ambiente control y no se desvíe sobre la de Movilidad para que apruebe la
sano, el derecho a un equilibrio carrera 10 entre calle 64 y 69, los implementación de señalización
ecológico, la protección a la familia, vehículos de carga pesada y
Vertical de “PROHIBIDO
adolescentes, niños y adultos mientras este en obras el deprimido TRAFICO DE CARGA PESADA”
mayores: (…) 6. Que se Ordene a de la calle 72. 2. Que el Distrito y como puede ser: c. Sobre la
la Secretaria de Movilidad de Bogotá, delegue y coordine las
Carrera 9A a la altura de la Calle
Bogotá, a implementar entidades del distrito a finque 63 y/o Sobre la Calle 63 a la altura
señalización Horizontal y Vertical, a implemente un Plan de Mitigación de de la Carrera 9A d. Sobre la
fin de mitigar aún más la Ruido sobre la carrera 10 entre calles
Carrera 10 a la altura de la Calle
contaminación auditiva sobre la 64 y 69. 3. Si es necesario, solicito 64 e. Sobre la Calle 66 a la altura
Carrera 10 entre calles 64 y 69 y que venga y me visite un delegado de la Carrera 11
como es (…). del Distrito Bogotá, para que
corrobore todo lo que estoy diciendo, 2. Que se Ordene a la Secretaria
7. Que se Ordene a la Secretaria de
a fin que el Distrito Bogotá de Movilidad de Bogotá a adoptar
Movilidad y a fin de mitigar aún más junto con la Policía de Tránsito,
implemente el Plan de Mitigación de
el impacto auditivo en los medidas de Control para que no
residentes de la Carrera 10 entre Ruido»
se desvié sobre la Carrera 10
calles 64 y 69, los residentes de la El 29 de abril del 2024, el actor radicó entre Calle 64 y 69, los
calle 67A entre carrera 9 y 10, los una segunda solicitud de medidas VEHICULOS DE CARGA
residentes de la calle 69 entre
cautelares en los siguientes PESADA 3. Si es necesario para
carreras 9 y 11 y Pacientes del la implementación de estas
términos:
Hospital Infantil Colsubsidio, a pretensiones, solicito que se
implementar señalización Vertical «1. Que la Secretaria de Movilidad
apruebe la implementación de ordene una visita de un delegado
de acuerdo a la norma Colombiana del Distrito Bogotá o Secretaria
NTC4739 de 2020(Lamina Retro señalización Vertical de
“PROHIBIDO TRAFICO DE CARGA de Ambiente, para que corrobore
reflectiva) de “Circulación Prohibida
PESADA” y como puede ser: a. todo lo que he dicho en los
de Vehículos de Carga” sobre: a.
Sobre la HECHOS de este oficio»
La Carrera 9A, con Calle 63
esquina b. La Calle 66 con Carrera Carrera 9A a la altura de la Calle 63
11 esquina c. La Calle 69 con y/o Sobre la Calle 63 a la altura de la
carrera 11 esquina.» Carrera 9A b. Sobre la Carrera 10 a
la altura de la Calle 64 c. Sobre la
Calle 66 a la altura de la Carrera 11.
2. Que la Secretaria de Movilidad de
Bogotá adopte junto con la Policía de
Tránsito, medidas para que haya
Control y no se desvié sobre la
Carrera 10 entre Calle 64 y 69, los
VEHICULOS DE CARGA PESADA
3. Si es necesario para la
implementación de estas medidas
cautelares, solicito que venga y me
visite un delegado del Distrito
Bogotá, para que corrobore todo lo
que he dicho en los HECHOS de
este oficio »

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3.3. Se tiene entonces que el actor reconoce que actualmente se encuentra en
trámite la decisión de una medida cautelar solicitada en la acción popular sub
examine, que comprende lo solicitado en esta acción de tutela, pero discute
que el tribunal accionado ha tardado demasiado tiempo en resolverla.

En razón a ello, primero que debe decidir esta Sala es si se configura la mora
judicial alegada por el accionante frente a la decisión de la medida cautelar
incoada el 29 de abril de 2024.

Establecido lo anterior, la Sala estudiará si la acción de tutela cumple con el
requisito general de subsidiariedad debido a que está en trámite la acción
popular nro. 25000-23-41-000-2023-00977-00, donde el señor Sánchez Páez
formuló, similares pretensiones que ahora presenta ante el juez de tutela. En
este acápite se estudiará si el mecanismo judicial en trámite supera los
presupuestos de idoneidad y eficacia para la garantía de los derechos que el
actor estima vulnerados.

Asimismo, se analizará si el escenario fáctico descrito y las pruebas aportadas
al expediente acreditan la concreción de un perjuicio irremediable que
justifique que la acción de tutela obre como mecanismo transitorio mientras se
decide la acción popular.

4. Análisis del caso particular: de la mora judicial en el trámite de la acción
popular sub examine

4.1. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que aquel que interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido que, dadas las condiciones estructurales que producen
congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la
decisión equivale a negligencia7.

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales.

De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios,
sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.

4.2. En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora.

Para determinar si se ha excedido dicho plazo, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos8 ha indicado que se debe verificar: (i)

7 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
8 CORIDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de
2009, párrafo 112; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
8

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la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la
conducta de la autoridad competente; y (iv) el análisis global de procedimiento.

4.3. Ahora bien, en atención al informe que rindió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la información reportada en el sistema de gestión procesal
SAMAI9, esta Sala destaca las siguientes actuaciones procesales relevantes
a efectos de resolver sobre la alegada mora judicial en el caso individual:
● El proceso fue remitido por competencia a la oficina de reparto del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 28 de julio de 2023. Posteriormente, fue
asignado al conocimiento del magistrado Felipe Alirio Solarte quien hace parte
de la Sección Primera, Subsección A de esa Corporación.10

● En auto del 4 de agosto de 2023, el magistrado ponente avocó conocimiento del
asunto y adoptó otras decisiones11.

● El 25 de septiembre de 2023, se fijó fecha para celebrar la Audiencia Especial de
Pacto de Cumplimiento y el 21 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la
diligencia12. En esa ocasión también se resolvió negativamente la solicitud de
medida cautelar radicada por el actor el 15 de noviembre de 202313 y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

● El 1° de diciembre de 2023, el expediente pasó a despacho para fallo14.

● El 29 de abril de 2024, el actor radicó una nueva solicitud de medida cautelar la
cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 12
de junio, notificado en estado del 13 de junio de 2024. Además, el ponente ordenó
a la Secretaría de esa Corporación que una vez estuviera ejecutoriada la decisión
devolviera el expediente a despacho para proferir sentencia.

● El 17 de junio de 2024, el demandante radicó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el auto del 12 de junio que negó el decreto de las medidas
cautelares15.

4.4. De acuerdo con lo anterior, esta Sala observa que la gestión del proceso se
ha surtido conforme a términos de razonabilidad, sin que se materialice una
dilación injustificada atribuible al magistrado que conoce la causa. Como se
observa, el proceso pasó a despacho para emitir sentencia el 1° de diciembre
de 2023, pero, con ocasión a la nueva solicitud de medida cautelar, la
autoridad judicial se vio abocada a resolver esa cuestión antes de proferir el
fallo. En todo caso, los tiempos en los que el despacho judicial ha surtido las
actuaciones del proceso no se estiman desproporcionados, irrazonables o
excesivamente amplios.

4.5. En lo que respecta a la decisión de la medida cautelar, se tiene que fue
resuelta en el curso de la acción de tutela a través del auto del 12 de junio de

noviembre de 2011, párrafo 273; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2011, párrafo 189.
9 Cfr.:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234100020230097700
2500023
10 Samai para tribunales administrativos, índices 1 a 3.
11 Samai para tribunales administrativos, índice 6.
12 Samai para tribunales administrativos, índices 12 y 46
13 Samai para tribunales administrativos, índice 22.
14 Samai para tribunales administrativos, índice 50
15 Samai para tribunales administrativos, índice 57
9

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2024, por lo que respecto de dicho cargo de la acción de amparo, se concreta
la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado16.

4.6. Establecido lo anterior, pasa la Sala a analizar si el caso concreto cumple con
el presupuesto general de procedibilidad de subsidiariedad y si se acredita
alguna situación que permita que la acción de tutela obre como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

5. De la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad: mecanismo judicial idóneo en trámite

5.1. Con la acción de tutela el señor Sánchez Páez pretende que las autoridades
judiciales emitan órdenes para lograr el control y restricción de tráfico de carga
pesada en una zona específica de la ciudad de Bogotá, pero estas peticiones
ya fueron expuestas ante el juez que conoce de la acción popular nro.
2500023410002023-00977-00, tanto en la demanda como en las solicitudes
de medidas cautelares que ha radicado el actor.

En el curso de este proceso constitucional, el accionante adicionó los hechos
de la tutela para informar que el 12 de junio de 2024 fue desestimada su nueva
petición de medidas cautelares y expuso sus desacuerdos con ese proveído
para que el juez de tutela se pronunciara sobre los defectos en los que, estima,
incurrió la autoridad accionada al proferir el nuevo auto.

5.2. Conviene recordar que, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia
de tutela contra providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el
proceso judicial haya concluido o que se encuentre en curso, como ocurre en
este caso. En principio, si el proceso se encuentra en curso, la intervención del
juez de tutela es aún más restrictiva, en virtud del principio de subsidiariedad,
que señala que la tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo a los
legalmente establecidos17.
La Corte Constitucional18 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los autos interlocutorios cuando
el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de
controvertir las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley
para tal fin; además (iii) tienen la posibilidad de recurrir la decisión final.

16 La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata de derechos
fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de
los particulares en casos concretos y excepcionales.
Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se materialice, o una vez la
vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción
desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual de objeto y ha señalado
que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho superado, (ii) daño consumado y (iii) situación
sobreviniente.
Para efectos de decidir esta tutela conviene precisar que, la carencia actual de objeto por hecho superado
se configura en los casos en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes a cesar la vulneración
de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u
orden del juez de tutela para lograr el amparo de los derechos.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
10

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De lo anterior deriva que, procederá de manera excepcionalísima la acción de
tutela, aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los
derechos presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros
medios de defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes
contra la decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos
de defensa judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección
constitucional es urgente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.

5.3. Ahora bien, del histórico de actuaciones en Samai se extracta que, en efecto,
la solicitud de medidas cautelares del 29 de abril de 2024, fue negada por el
tribunal accionado en el auto del 12 de junio de 2024 y, posteriormente,
recurrida en reposición y subsidio apelación por el actor, según la anotación
del índice 57.

Así las cosas, es clara la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad en relación con las
inconformidades expuestas por el actor contra el auto del 12 de junio de 2024,
pues es el juez de la causa en la decisión de los recursos quien debe
pronunciarse sobre esos cargos sin que la acción de tutela pueda obrar como
un mecanismo alternativo de defensa.

5.4. En esa medida, ya que en el caso concreto se encuentra en trámite la primera
instancia de la acción popular en la que se estudia la satisfacción de las
pretensiones que hoy se exponen en ejercicio de la acción de tutela, resulta
claro para esta Sala que es el juez ordinario quien debe decidir su prosperidad
dentro de los términos y actuaciones propias de ese medio de control. En
otras palabras: está en curso el mecanismo judicial por excelencia para lograr
la protección de los derechos invocados por el actor, donde, además, las
normas procesales han establecido medios y recursos que pueden ser
ejercidos por las partes para alegar presuntas irregularidades o desacuerdos
y que deben ser resueltos por el juez natural de la causa.

5.5. Ahora, en la acción de tutela se discute la eficacia del mecanismo ordinario de
defensa para lograr la protección oportuna de sus derechos en razón del
tiempo que ha requerido el trámite del proceso y que tomará la decisión de los
recursos, mora que, a juicio del actor, hará que se perpetúe en el tiempo el
daño que sufre con ocasión del tránsito de vehículos de carga pesada cerca
al lugar donde reside.
Al respecto conviene recordar que, el requisito de eficacia hace referencia a la
potestad del mecanismo judicial de brindar un amparo eficaz, oportuno e
integral de los derechos19, no obstante, la jurisprudencia constitucional ha
aclarado que el examen del requisito no se puede restringir a la mera
consideración respecto de la prontitud para resolver el conflicto, pues parece
obvio que en todo caso la acción de tutela, en atención a los principios que la
rigen, desplazaría las demás jurisdicciones.
Es así que, la sola consideración referida a los tiempos que tomará el trámite
del proceso de cara a las actuaciones jurídicas que se deban responder y al
turno para la decisión del caso no es suficiente para superar el requisito de

19 Al respecto consultar sentencia T-186 de 2017 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.
11

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subsidiariedad, pues acceder al conocimiento de fondo de la acción de amparo
bajo esta consideración se traduciría como una intromisión a los asuntos del
juez de tutela, el desplazamiento de sus competencias y la vulneración al
derecho de debido proceso de las personas que en atención al turno están a
la espera de resolución de los conflictos que han puesto en conocimiento de
la jurisdicción ordinaria.
Entonces, considerando que ya se descartó un escenario de tardanza
excesiva o desproporcionada en la gestión de la acción popular sub examine,
corresponde al accionante atender las etapas propias de cada juicio y procurar
la defensa de sus derechos a través del mecanismo judicial que el Legislador
y la Constitución dispusieron para tal fin. Más aún cuando el trámite pendiente
de decisión, es precisamente el recurso recientemente interpuesto por él para
discutir la negativa de decreto de las medidas cautelares.

5.6. Tampoco observa la Sala que la continuidad de la problemática de
contaminación auditiva hasta que se decidan los recursos contra la negativa
de decretar las medidas cautelares o la misma acción popular, se erija como
un perjuicio irremediable. No hay registro en esta acción de tutela de que la
problemática planteada comporte un perjuicio inminente y grave que requiera
la adopción de medidas urgentes para conjurarlo con miras a evitar «un
menoscabo material o moral intenso en el haber jurídico de la persona» y que justifique
desplazar al juez especializado de la decisión de los litigios que fueron
asignados a su conocimiento. Más aún cuando está en curso el recurso contra
el auto que negó las medidas cautelares donde los jueces de la causa
analizarán, en un trámite expedito, si se deben emitir las órdenes de protección
de derechos que fueron reiteradas en esta acción de tutela.

5.7. Finalmente se aclara que, aunque en el escrito de tutela se invocó la
vulneración de derechos fundamentales individuales como la intimidad, la
tranquilidad y la salud, cierto es que las pretensiones de amparo están
dirigidas a procurar la protección del derecho colectivo al medio ambiente
sano. Lo que busca el actor es el control y restricción de tráfico de carga
pesada en una zona específica de la ciudad de Bogotá con ocasión de la
contaminación auditiva y en el aire que genera, por lo que se trata de la
protección de un derecho colectivo con incidencia en una comunidad
específica20.

Se corrobora lo anterior con el hecho probado de que el actor, radicó de
manera previa la acción popular con fundamento en el mismo escenario fáctico
y en el cual busca la satisfacción de las pretensiones contenidas en la acción
de tutela que ahora se analiza. Por lo que, se reitera, el mecanismo judicial
idóneo para procurar la satisfacción de lo pretendido en esta acción
constitucional está en curso, por lo que no corresponde al juez de tutela
intervenir.

5.8. En resumen, esta Sala estima que proferir una orden de tutela respecto de un
asunto que será decidido en sentencia de fondo, implica sustituir las
competencias del juez natural de la causa y redundaría en un desequilibrio

20 En sentido similar se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-462 de 2019.
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procesal no justificado. Luego: la acción de tutela es improcedente con
fundamento en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la
mora judicial en la decisión de la solicitud de decretar medidas cautelares. En lo
demás, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no superar el
requisito general de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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