Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02796-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02796-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02796-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de septiembre de 2024
Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02796-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02796-01
Demandante: JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PÁEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial – Tutela de Fondo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala la impugnación presentada por el accionante contra la
providencia del 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto a la presunta mora judicial alegada y su
improcedencia por no superar el requisito de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1 solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 31 de mayo de 2024 por correo electrónico al
buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el señor José
William Sánchez Páez, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor
de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales a la intimidad, a la salud, a su
tranquilidad, calidad de vida y bienestar1.
Consideró vulneradas dichas garantías por cuanto el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no ha dado trámite a la medida cautelar solicitada dentro
una acción popular instaurada contra la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá y otros, y porque la Secretaría Distrital de Movilidad no ha
implementado medidas de control para que no se desvíe el transporte de
carga pesada sobre la carrera 10 entre calles 64 y 69 por obras del metro de
Bogotá.
1.2 Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
1 En la impugnación manifiesta que con los nuevos hechos (niega la medida cautelar) se le
afectó su derecho fundamental al debido proceso y desconocimiento del precedente
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Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02796-01
«1. Que se Ordene a la Secretaría de Movilidad para que apruebe la
implementación de señalización Vertical de “PROHIBIDO TRAFICO DE
CARGA PESADA” y como puede ser:
c. Sobre la Carrera 9A a la altura de la Calle 63 y/o Sobre la Calle 63 a la
altura de la Carrera 9ª
d. Sobre la Carrera 10 a la altura de la Calle 64
e. Sobre la Calle 66 a la altura de la Carrera 11
2. Que se Ordene a la Secretaría de Movilidad de Bogotá a adoptar junto con
la Policía de Tránsito, medidas de Control para que no se desvié sobre la
Carrera 10 entre Calle 64 y 69, los VEHICULOS DE CARGA PESADA
3. Si es necesario para la implementación de estas pretensiones, solicito que
se ordene una visita de un delegado del Distrito Bogotá o Secretaría de
Ambiente, para que corrobore todo lo que he dicho en los HECHOS de este
oficio.»
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
El actor sostuvo que vive con su madre de 81 años en el barrio Quinta
Camacho en la localidad de Chapinero, y que desde hace varios años se ha
incrementado el ruido por fuentes móviles especialmente de carga pesada,
sirenas de carros de emergencia y motores de alto cilindraje.
Por ello radicó el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con solicitud de medida cautelar contra el Congreso de la
República y la Secretaría Distrital de Movilidad, en el que se pretende la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al
equilibrio ecológico.
La demanda fue asignada por reparto al Juzgado 18 Administrativo de
Bogotá quien mediante auto del 16 de agosto de 2022 dispuso su admisión;
vinculó al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a la Secretaría Distrital de Ambiente y corrió traslado de la
medida cautelar consistente en la implementación de señalización vertical de
"prohibido el tráfico de carga pesada sobre las carreras 9ª y 10 con calles 63
a 67 “entre otras. Al proceso le correspondió la radicación nro. 110013335-
018-2022-00292-00.
Posteriormente, en auto del 28 de noviembre de 2022, el juez negó la
solicitud de medida cautelar. Decisión que fue confirmada en sede de
reposición.
Finalmente, mediante auto del 21 de julio de 2023, el juez declaró que no
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tenía competencia para conocer del proceso y lo remitió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que fuera sometido a reparto.
El proceso correspondió al conocimiento de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le fue asignado el
número de radicación 25000-23-41-000-2023-00977-00.
Mediante providencia del 4 de agosto de 2023, dicha autoridad judicial avocó
el conocimiento del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos formulado por José William Sánchez Páez, a partir del auto
admisorio de la demanda y negó el desistimiento radicado por el actor.
El 29 de abril de 2024, el señor Sánchez Páez solicitó el decreto de medidas
cautelares en la acción popular para mitigar la afectación de sus derechos
fundamentales con ocasión del tránsito de vehículos de carga pesada cerca
de su vivienda.
El accionante informó que radicó petición ante la Secretaría Distrital de
Movilidad el 11 de mayo de 2024 en la que solicitó (i) que aprobara la
implementación de señalización vertical de «prohibido tráfico de carga
pesado» en determinados puntos de la localidad de Chapinero; y (ii) que la
Secretaría de Movilidad de Bogotá adopte junto con la Policía de Tránsito
medidas de control y no se desvíen los vehículos de carga pesada sobre la
carrera 10 ° entre las calles 64 y 69.
Sostuvo que el 26 de mayo recibió respuesta de la Secretaría Distrital de
Movilidad en la que no se aprobó la restricción del tránsito de carga pesada
y, en relación con la segunda solicitud, solo se creó un número de operativo
que se ejecutaría dependiendo la disposición del recurso humano y técnico.
1.4 Sustento de la vulneración
El accionante expresó que interpuso la acción de tutela por cuanto, aunque
desde agosto de 2022 cursa en la jurisdicción contenciosa una acción
popular aún no se ha emitido sentencia ni se ha dado trámite a la solicitud de
medida cautelar que interpuso el 29 de abril de 2024.
Expuso que la medida cautelar debería resolverse en 10 días y la sentencia
en 40, según lo establecido en el artículo 120 del Código General del
Proceso (CGP), pero el despacho no ha cumplido los términos, lo que le
permite suponer que la definición de la medida de cautela puede durar varios
meses, razón por la cual considera que el mecanismo no es expedito y eficaz
para la protección de sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, considera que dicha tardanza le ha generado afecciones en
su salud y en la de su señora madre que también ha visto afectada su
calidad de vida.
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Solicitó que en la decisión de este asunto se tome en consideración la
sentencia T-672 de 2014 de la Corte Constitucional que, en un caso
ferroviario, analizó la afectación de los derechos a la salud, a la intimidad, a
la paz y a la tranquilidad con ocasión del ruido que generaba el tránsito de
ferrocarriles.
También pidió que se tomara como precedente la acción popular nro. 2021-
00108, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 11 Administrativo de
Bogotá donde se decretó medida cautelar, al amparo del artículo 17 del
Decreto 472 de 1998, para que la Secretaría Distrital de Movilidad, adoptara
junto con la Policía de Tránsito de Bogotá medidas de control y desvíos
viales para mitigar el impacto auditivo causado por los vehículos de carga
pesada.
1.5 Trámite de la acción de amparo en primera instancia
Mediante auto del 7 de junio de 2024, la magistrada ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A y a
la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Movilidad. Así mismo,
vinculó como tercero con interés al Congreso de la República, a la Secretaría
Distrital de Ambiente de la Alcaldía Local de Chapinero y a la Secretaría
Distrital de Gobierno de la Alcaldía Local de Chapinero, autoridades que
actúan como demandadas dentro del proceso de acción popular 25000-23-
41-2023-00977-00.
De igual manera ofició al tribunal accionado para que informara el trámite que
dio a la medida cautelar solicitada por el señor Sánchez Páez y el listado de
procesos que están pendientes de trámite con indicación del turno en el que
se encuentra el mencionado proceso.
1.6 Intervenciones
Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes:
1.6.1 Congreso de la República – La División Jurídica del Senado de la
República expuso que no le asistía legitimación en la causa por pasiva para
hacer parte de este proceso constitucional porque la entidad no ha cometido
falta alguna relacionada con el escenario de vulneración de derechos
expuesto en la tutela. A ese respecto, recordó las funciones de esa entidad
consagrados en el artículo 6° de la Ley 5a de 1992.
Manifestó que de la lectura de los hechos y las pretensiones de la demanda
se extrae que la parte activa del proceso constitucional debe estar integrada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de
Movilidad.
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1.6.2 Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Ambiente. El
apoderado judicial de dicha entidad manifestó que el accionante efectuó sus
peticiones a través de la acción popular que está en curso y no en ejercicio
de la acción de tutela. Señaló que las pretensiones de medida cautelar que
radicó el actor son las mismas que ahora expone en el proceso
constitucional, por lo que la tutela es improcedente debido a que el
mecanismo judicial ordinario está en curso.
Agregó que, cuando se debaten derechos de rango legal no se debe acudir a
la acción de tutela sino a los mecanismos ordinarios y especiales de
protección de los derechos de carácter legal y colectivo. Más cuando en el
caso concreto no se advierte la posible concreción de un perjuicio
irremediable que justifique la interposición de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
Por lo anterior solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
porque actualmente se encuentra en trámite otro mecanismo judicial apto
para procurar la protección de los derechos invocados. En caso de que se
estudie de fondo la acción de tutela, pidió que se desvincule del proceso
constitucional a la entidad que representa porque no le es atribuible la
vulneración de derechos relatada por el accionante.
1.6.3 Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá. La directora Distrital de
Gestión Judicial (e), solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela en relación con esa entidad porque no es responsable de la violación
de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Señaló que en la actualidad se surte una acción popular fundamentada en
los mismos hechos y pretensiones y es al juez natural de esa causa, a quien
corresponde pronunciarse de fondo sobre la prosperidad de lo pedido por el
señor Sánchez Páez. En esa línea, recordó que la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo que el actor pueda elegir según su conveniencia.
1.6.4 Secretaría General del Senado. El secretario General solicitó que se
le desvincule de la acción de tutela debido a que los hechos y pretensiones
de la demanda no guardan relación con las funciones legales y
constitucionales de esa entidad.
1.6.5 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A. El magistrado ponente de la acción popular sub examine,
efectuó una relación del trámite del proceso 2023-00977-00.
Explicó que el expediente fue remitido a esa Corporación el 28 de julio de
2023 y se avocó conocimiento en auto del 4 de agosto de ese año. La
audiencia de pacto de cumplimiento se realizó el 21 de noviembre de 2023,
donde además se negó la medida cautelar y se corrió traslado para alegar de
conclusión. El expediente pasó a despacho para fallo el 1° de diciembre de
2023 y el turno para fallo es el 85 de 110 expedientes. Respecto de la
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segunda solicitud de medida cautelar que se radicó el 29 de abril de 2024,
informó que se resolvió en proveído del 12 de junio de 2024.
Advirtió que el trámite otorgado al proceso de protección de los derechos e
intereses colectivos sub examine ha sido diligente y eficiente, pues no ha
transcurrido ni siquiera un año desde que se radicó y se ha dado gestión al
proceso en términos razonables. Luego, no hay lugar a declarar una mora
judicial.
1.7 Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 18 de
julio de 2024, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto a la mora judicial en la decisión de la solicitud de decretar medidas
cautelares por cuanto la gestión del proceso se ha surtido conforme a
términos de razonabilidad, sin que se materialice una dilación injustificada
atribuible al magistrado que conoce la causa y de otra parte, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad por cuanto se encuentra en trámite de primera instancia la
acción popular en la que se estudia la satisfacción de las pretensiones que
hoy se exponen en ejercicio de la acción de tutela.
1.8 Impugnación.
Por medio de correo electrónico recibido por parte de la Secretaría General
del Consejo de Estado el 26 de julio de 2024, el señor José William Sánchez
Páez presento impugnación del fallo proferido el 18 de julio de 2024 por parte
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Frente a la declaración de carencia actual de objeto por hecho superado
expresó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió auto de 12
de junio de 2024 negando su solicitud de medida cautelar y que este adolece
de los defectos procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento de precedente.
Esto conlleva a que ocurra según su entender una variación en los hechos
que originaron la acción de tutela ya que esto no satisface por completo la
pretensión contenida en la demanda de amparo por cuanto el Tribunal negó
la solicitud de medida cautelar, con ello el juez de tutela debe mirar el
requisito de subsidiariedad mas no la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Frente a la subsidiariedad manifestó, que, al existir nuevos hechos surgidos
con el auto del 12 de junio de 2024, el juez de tutela debe entrar a resolver
los defectos antes mencionados y no volverá pasar otra tutela solicitando que
se deje sin efectos la providencia del 12 de junio de 2024.
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Señaló que si bien frente a la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que negó las medidas cautelares solicitadas procede el
recurso de reposición y/o apelación frente a los cuales ya interpuso, también
es cierto que la resolución de ese mecanismo de defensa judicial tarda
tiempo en resolverse, prolongando en el tiempo la vulneración del derecho a
al debido proceso que son los nuevos hechos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 . Competencia
Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 18 de julio de 2024, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2 . Cuestión previa
La Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Ambiente y la
Secretaría General del Senado, solicitaron su desvinculación al considerar la
primera que no le es atribuible la vulneración de los derechos relatados por el
accionante y la segunda por cuanto las pretensiones no guardan relación con
sus s funciones legales y constitucionales. La Sala denegará dichas
peticiones por cuanto sus vinculaciones se efectuaron en calidad de terceros
interesados en las resultas del presente trámite.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en el cual se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto a la mora judicial y su improcedencia por
no cumplir con el requisito de la subsidiariedad
Para el efecto, en relación con los reparos dirigidos contra la providencia de
18 de julio de 2024 emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se
analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción de tutela;
(ii) análisis sobre el requisito de la subsidiariedad; (iii) la mora Judicial; y (iv)
el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
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violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
2.5. Análisis sobre el requisito de la subsidiariedad
En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
De la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección
de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela. Bien sea en sede ordinaria o extraordinaria.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un
determinado asunto radicado bajo su competencia3.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no
es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
En ese orden, la tutela es un mecanismo subsidiario que, solo procede
cuando se acredita que los mecanismos judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico no son idóneos y eficaces para la protección de las
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
3 La Corte Constitucional, en sentencia T-313 de 2005, estableció: «[e]n efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de
las jurisdicciones».
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garantías fundamentales o cuando demuestra que se encuentre en presencia
de un perjuicio irremediable. Esto último significa, que está ante una grave e
inminente afectación o detrimento de sus derechos que amerita ser
conjurada con medidas urgentes
2.6. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino
en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.4
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los
funcionarios judiciales»5.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la
tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan
un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de
la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial6, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
4 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
5 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-
000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19
de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal
Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
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debido proceso de las partes en un proceso.
Con base a lo anterior, se procederá a estudiar el caso concreto.
2.7. Caso concreto
En primer término, se advierte que el actor cuestiona que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A no ha dado
gestión a la medida cautelar solicitada dentro de la acción popular instaurada
contra contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, y porque la
Secretaría Distrital de Movilidad por no ha implementado medidas de control
para que no se desvíe el transporte de carga pesada sobre la carrera 10
entre las calles 64 y 69 por obras del metro de Bogotá.
Por lo tanto, lo primero que se advierte es que el accionante reconoce la
existencia de una acción popular en la que se tramita la decisión de una
medida cautelar que comprende lo solicitado en esta acción de tutela pero
que la autoridad accionada ha tardado en resolver.
Por ello, la primera instancia debió resolver si se configuraba la mora judicial
alegada por el actor frente a la decisión de la medida cautelar incoada, razón
por la cual al realizar el estudio debió por un lado efectuar un
pronunciamiento al respecto y por otro verificar si se cumplía con el requisito
de la subsidiariedad en virtud a que se encuentra en trámite una acción
popular en la que el señor Sánchez Páez formuló similares pretensiones que
ahora presenta ante el juez de tutela.
La Sección Cuarta de esta Corporación declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado en relación con la mora judicial en la decisión de la
solicitud de decretar medidas cautelares y en lo demás declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad, lo anterior por cuanto no se ha proferido fallo al interior de la
acción popular.
Inconforme con la decisión, la parte demandante impugnó el fallo del 18 de
julio de 2024, reconociendo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
había proferido auto de 12 de junio de 2024 en la cual negó la medida
cautelar solicitada y que este adolecía de defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, defecto material o sustantivo, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente lo que en su parecer hace que ocurra una
variación en los lechos que originaron la tutela.
Al respecto, resulta del caso precisar que dichos reparos formulados contra
el auto en mención, el cual fue emitido en el transcurso de la presente acción
de tutela, no podrán ser analizados en segunda instancia pues se trata de
una decisión judicial que al no haber sido objeto de la demanda de tutela
inicial los defectos que elevó el actor con la impugnación no pudieron ser
estudiados por el juez de primera instancia.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: José William Sánchez Páez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02796-01
En ese sentido, también se advierte que, de verificarse si el auto de 12 de
junio de 2024 incurrió en los defectos alegados, se desconocerían derechos
fundamentales como a la defensa y al debido proceso de la contraparte,
quien no tuvo la oportunidad de oponerse a los mismos, así como la doble
instancia al no existir pronunciamiento del a quo sobre el particular.
Es importante señalar que lo pretendido por el accionante tal y como lo
manifiesta en su escrito, es el control y restricción de tráfico de carga pesada
en una zona específica de la ciudad de Bogotá con ocasión de la
contaminación auditiva y en el aire que genera, por lo que se trata de la
protección de un derecho colectivo con incidencia en una comunidad
específica.
Siendo así, dicho problema jurídico deberá ser resuelto dentro de la acción
popular que cursa actualmente y a la cual se ha hecho referencia a lo largo
de esta providencia, por lo que el juez de tutela tiene vedada la función de
inmiscuirse en el análisis de la presunta lesión del derecho colectivo, ante la
existencia del mecanismo de defensa principal y efectivo como es el medio
de control de protección de que se trata.
Ahora bien, respecto con la mora judicial se observa que si bien cuando se
instauró la acción de tutela no se había proferido la decisión en la que la
parte actora pretendía se expidiera que era lo relacionado con la medida
cautelar, en el transcurso de la misma se profirió el auto de 12 de junio de
2024 negando dicha medida, por ende, existe carencia actual de objeto por
hecho superado.
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela por subsidiariedad y declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado ante la presunta mora judicial, toda vez
que en el transcurso de este mecanismo el tribunal accionado emitió el auto
que resolvió sobre la medida cautelar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Deniegase las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría
del Senado.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 18 de julio de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
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Sección Primera, Subsección A y otros
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CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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