Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02817-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02817-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02817-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
5 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina
de Archivo Central Bogotá.
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela
Subtema 1: derecho de petición
Subtema 2: carencia de actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó Luz Marina
Romero Chaves, en contra de la Oficina de Archivo Central de Bogotá, del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud la tutela
Luz Marina Romero Chaves, en nombre propio, presentó escrito en ejercicio de la
acción de tutela, en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición y al acceso a la información pública, que consideró vulnerados por el
Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura.
1.2. Hechos
Conforme lo relata la accionante, el 20 de septiembre de 2023, radicó petición ante
la oficina de Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura, relacionada con
el desarchivo y la expedición de copia del expediente 7356, correspondiente al
proceso laboral con radicado 110013105014–19870735600, adelantado ante el
Juzgado 14 Laboral y archivado en el paquete 248.
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
Ante la falta de respuesta por parte del Archivo Central, el día 5 de abril de 2024
afirmó que remitió comunicación a la dirección electrónica
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó
información sobre el estado del requerimiento inicial.
La solicitud fue reiterada el 24 de abril de 2024, sin embargo, no ha recibido ninguna
respuesta.
1.3. Pretensiones de tutela
Luz Marina Romero Chaves solicitó el amparo de su derecho fundamental de
petición que consideró vulnerado por el Archivo Central del Consejo Superior de la
Judicatura. Por tanto, solicitó se requiera a dicho órgano para que entregue, de
forma inmediata, la copia del expediente solicitado, correspondiente al proceso
número 110013105014 - 19870735600, expediente 7356 del Juzgado 14 Laboral,
archivado en el paquete 248.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El despacho del magistrado ponente admitió la acción de tutela mediante auto
del 6 de junio de 20241.
1.4.1.1. Enviadas las notificaciones correspondientes2, el Consejo Superior de la
Judicatura remitió respuesta, en la que manifestó que, como órgano de gobierno y
de administración de la Rama Judicial, ejerce funciones netamente administrativas,
por lo que las acciones u omisiones que manifiesta la accionante como vulneradoras
de derechos, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, ya que la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha
Corporación y es la que tiene la aptitud legal para realizar el desglose. Por lo
anterior, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y que
se desvincule del proceso al Consejo Superior de la Judicatura.
1.4.1.2. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, en su respuesta, solicitó declarar la improcedencia de la tutela por carencia
de objeto por hecho superado, debido a que la petición presentada por la accionante
fue atendida por esta seccional mediante correo electrónico el día 02 de junio de
2024, en el que se informó que el grupo de Archivo Central realizó las labores
administrativas de búsqueda frente al proceso judicial requerido y no se logró su
ubicación, por lo que se procedió a expedir la respectiva “certificación de proceso
no hallado” número DESAJBOCER24-1169, con el objeto de que, si la accionante
y el Despacho de conocimiento lo consideraban, procedieran a dar aplicación a lo
dispuesto en el artículo 126 del CGP, referente al trámite de reconstrucción de
expediente, gestión que fue comunicada en debida forma a la accionante.
1 Índice 4 del expediente electrónico.
2 Índice 7 del expediente electrónico.
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto 2591 de 1991,
en el Decreto 333 de 2021 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo
de Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 del 12 de marzo de 20193.
2.2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
Por otra parte, respecto del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución
Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
ante las autoridades por motivos de interés general o particular, y a obtener una
pronta resolución. Este artículo fue regulado en el Titulo II de la Primera Parte del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.
Al respecto, la Corte Constitucional5 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías
se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.
La Corte Constitucional en sentencia T-425/11, en un caso de circunstancias
similares al que hoy resuelve esta Sala de Subsección, concluyó que:
“[…] en el caso de peticiones elevadas ante los jueces, dependiendo de si
las mismas se refieren a asuntos dentro del proceso judicial o por fuera del
mismo, el término para resolverlas varía. En todo caso, si se trata de
solicitudes que no versan sobre tópicos dentro de un proceso judicial, la
autoridad jurisdiccional deberá resolverlas en 15 días hábiles. Ahora bien, si
la solicitud no puede ser satisfecha en dicho término, el juez deberá señalar
el motivo para esto y en cuánto tiempo tendrá una efectiva respuesta.
3 Publicado en el diario oficial 50.913 del 1 de abril de 2019.
4 Titulo sustituido por la Ley 1755 de 2015.
5 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005, T-236 de 2005, T-
718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y
T-083 de 2017, entre otras.
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
Finalmente, cuando mediante una petición se solicite un comportamiento
específico, que sea posible, la misma solo quedará resuelta cuando tal
actuación se materialice […]
[…] De lo anterior se derivan dos consecuencias. En primer lugar, el término
para resolver la solicitud con que contaban las autoridades jurisdiccionales
era de quince (15) días hábiles y, en caso de no ser posible una satisfacción
clara, precisa, de fondo y congruente, surgiría la obligación de indicar la
razón de esto, así como el tiempo requerido para responder la petición. En
segundo lugar, al tratarse de una solicitud relativa al desarchivo de un
expediente, la satisfacción de la misma solo se concretaría con la
materialización de tal acto - salvo que por alguna circunstancia esto fuera
imposible.”
2.2.1. Respecto de la legitimación en la causa por activa, se encuentra
acreditada, porque la accionante es la titular del derecho de petición que afirmó fue
vulnerado. De igual manera, la legitimación en la causa por pasiva, porque al
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central Bogotá, se le atribuyó la vulneración
del derecho fundamental de petición cuya protección solicitó la accionante.
2.2.2. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
mecanismo de amparo fue presentado dentro del plazo razonable. Esto es así,
puesto que la falta de respuesta y de trámite a una solicitud, constituye una
vulneración permanente en el tiempo.
2.2.3. La acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto la
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la protección de
del derecho fundamental de petición.
2.3. Caso concreto
En el caso bajo estudio, la Sala observa que, frente a la vulneración protestada del
derecho fundamental de petición, ocurrió un hecho superado, en la medida en que
antes de que se profiriera fallo de primera instancia, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, por medio del director de la Oficina de Archivo
Central, en correo electrónico enviado el 2 de junio de 20246, dio respuesta a la
solicitud que Luz Marina Romero Chaves radicó el 20 de septiembre de 2023 y que
reiteró el 5 y 24 de abril de 2024, con el fin de indagar sobre el trámite del
desarchivo. En el correo se informó:
En atención a Tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la
base de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en
línea y módulo de radicación física, en la cual se
6 Archivo electrónico identificado con certificado CF8754175D21BA99 20B281127799A8C5F6
204882F5926DCCD7AF 207D839B9E4A7E3467 en el expediente digital.
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
solicita el desarchive del proceso 11001310501419870735600 del JUZGADO 14
LABORAL, donde figuran las siguientes partes: Demandante: LUZ MARINA
ROMERO CHAVES, Demandado: JORGE ULLOA DOMINGUEZ, ubicado en
Caja/Paquete 248-1994. Por consiguiente, se procedió a la verificación en bodega
SANTO DOMINGO y luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda,
se informó que el proceso no fue hallado (…).
En consecuencia, este Archivo Central, emite
CERTIFICACIÓN DE PROCESO NO HALLADO
DESAJBOCER241169, para que eventualmente si el accionante y el Despacho lo
consideran, se proceda a dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 126 y 597
numeral 10 del artículo 597 del C.G.P7.
Certificación que se expidió en los siguientes términos:
Por lo anterior, frente al derecho de petición, se verifica una carencia actual de
objeto puesto pues, cesó la conducta a la cual la accionante le atribuyó la afectación
de su derecho fundamental y, en consecuencia, la tutela pierde su eficacia, su
sustento y su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito para la
protección judicial8. Esto ocurre cuando “entre el momento de interposición de la
7 Archivo electrónico identificado con certificado CF8754175D21BA99 91F47287C6B3B865
67B6BC525ECD90FA 6F7F289C3B0244BE 8F66BFB1619FA04Eíndice 10 del expediente judicial.
8 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de
2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que
la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se
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acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la
accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por
el accionante”9.
Así las cosas, para esta Sala constitucional, el hecho vulnerador cesó con la
actuación de la autoridad accionada y, en consecuencia, procede aplicar lo
dispuesto en el artículo 2610 del Decreto 2591 de 1991, tal y como la Corte
Constitucional lo ha expresado en diversos pronunciamientos11:
La Corte ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que el hecho
superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho
fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado se
configura “cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma,
se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir,
que, por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la
causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario12”.
En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a
fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de
vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que
la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es
decir, voluntariamente13”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCION, en atención
a las razones consignadas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a
los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita
de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes
de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero
que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente
diferentes a las iniciales”.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2019.
10 Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes
11 T-086 de 2020
12 SU-715 DE 2017
13 SU-522 de 2009
Radicado: 11001-03-15-0002024-02817-00
Accionante: Luz Marina Romero Chaves
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JCDB
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