Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02821-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02821-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02821-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02821-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: JUAN FELIPE IGLESIAS PÉREZ
Accionados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO – No
cumple con el requisito general de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Felipe Iglesias
Pérez contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Juan Felipe Iglesias Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al buen nombre, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con ocasión de la pérdida del
expediente número 11001-40-03-044-2012-01283-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Mínima Cuantía de
Bogotá conoció el proceso ejecutivo singular núm. 11001-40-03-044-2012-01283-
00, promovido por el Banco Popular S.A. en su contra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
2.2. Manifestó
que el 6 de marzo de 2013, se decretó una medida cautelar de
embargo en su contra.
2.3. Indicóque el 31 de mayo de 2013 el expediente fue enviado al Juzgado
Primero Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, autoridad judicial que,
mediante providencia de 24 de abril de 2018, declaró la terminación del proceso
por desistimiento tácito.
2.4. Informó
que el 26 de diciembre de 2022 solicitó al Banco Popular el
levantamiento de la medida cautelar en su contra, entidad financiera que le indicó:
“[…] debe solicitar en el juzgado la entrega de los oficios que cancelan las
medidas cautelares que se hubieran practicado y luego radicarlas en la oficina
que corresponda […]”.
2.5. Adujó que, a través de derecho de petición dirigido a la Rama Judicial, solicitó
información respecto de la ubicación del proceso ejecutivo singular radicado núm.
11001-40-03-044-2012-01283-00.
2.6. Refirió que, a falta de respuesta a su derecho de petición, interpuso la acción
de tutela núm. 11001-03-15-000-2023-01718-00, y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 22 de junio de 2023,
amparó su derecho de petición y le ordenó al Centro de Servicios Administrativos
Civil Familia de Bogotá que “[…] responda de fondo a la petición presentada por
el accionante el 19 de enero de 2023, indicándole la ubicación del proceso
ejecutivo radicado núm. 11001-40-03-044-2012-01283-00 […]”.
2.7. Expuso que presentó incidente de desacato por el incumplimiento a la
sentencia de 22 de junio de 2023 y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante providencia de 7 de septiembre de 2023, declaró
cumplida la sentencia.
2.8. Informó que la DirecciónSeccional de Administración Judicial de Bogotá en
cumplimiento a la sentencia de 22 de junio de 2023, expidió el certificado de “[…]
expediente no hallado […]” a fin de que adelantara el procedimiento de
reconstrucción del expediente.
2.9. Manifestó que la Rama Judicial no puede imponerle la carga de llevar a cabo el
procedimiento de reconstrucción del expediente núm. 11001-40-03-044-2012-
01283-00, porque es un hecho que no es imputable a él y que afecta sus
derechos fundamentales.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: TUTELAR, mi derecho fundamental al debido proceso
establecido en los artículos 13, 15, el artículo 23, 29 y el artículo 229 de la
Constitución Política de Colombia de 1991.
SEGUNDO: En consecuencia, a lo anterior ORDENAR a quien corresponda
la inmediata reconstrucción del expediente del proceso judicial número 2012-
01283 el cual fue terminado por desistimiento tácito, mediante auto del 24 de
abril del 2018 y en donde figura como demandando el señor Juan Felipe
Iglesias Pérez identificado con cédula de ciudadanía N°15.932.149, fallado
por el entonces existente juzgado 1° Civil Municipal de Descongestión de
Bogotá.
TERCERO: Ordenar al Juzgado que actualmente tiene la competencia del
juzgado 1° Civil Municipal de Descongestión de Bogotá o del Juzgado 33 Civil
Municipal de Mínima Cuantía que asignado el radicado primigenio
11001400304420120128300 o quien haga sus veces; proceder al
cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 597 del CGP, pues
en este momento se desconoce cuál es el Despacho que tiene esa
competencia o quien debe cumplir esa carga procesal […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 7 de junio de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso a la sociedad Banco Popular
S.A., al Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá
y al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civil, Laboral y Familia
de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la gestión administrativa de
reparto se encuentra en cabeza de la Oficina de Registro y Reparto de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá “[…] quien de haber
recibido la documental que dice haber presentado el accionante, tiene como
función efectuar el trámite correspondiente […]”.
5.2. Por lo anterior, solicita se vincule al trámite de la presente acción de tutela a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
5.3. El
Juzgado Décimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá informó que el proceso ejecutivo singular “[…] radicado número 2012-
1283 fue enviado a la oficina de archivo central el 28 de noviembre de 2018 en la
caja 69 del archivo elaborado en el año 2018 […]”.
5.4. Por lo anterior dejó claro que la custodia del expediente “[…] se encuentra en
cabeza de la oficina encargada para el efecto por el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial […]”.
5.5. LaPresidencia del Consejo Superior de la Judicatura informó que la
entidad legitimada para responder por la petición del señor Juan Felipe Iglesias es
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, toda vez que la
oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha corporación de conformidad con
el “[…] artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 de 26 de septiembre de 2017
[…]”.
5.6. En consecuencia, solicitó se desvincule a dicha entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […].” [Negrilla fuera del texto].
9. En este contexto, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste la
legitimación en la causa por pasiva porque fue vinculada por el mismo accionante
como causante de la vulneración y amenaza de sus derechos fundamentales. En
cuanto a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se observa que
dicha autoridad no fue vinculada en el auto admisorio de la presente acción de
tutela.
10. Por lo expuesto, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación elevadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de petición, al buen
nombre, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor
Juan Felipe Iglesias Pérez, con ocasión de la pérdida del expediente
correspondiente al proceso ejecutivo singular número 11001-40-03-044-2012-
01283-00.
12. Con el fin de resolver el problema jurídico resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; ii); para luego
proceder a resolver el (iv) caso concreto.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela
13. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
14. A su vez, el artículo 6 del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
15. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VI.5. El caso concreto
16. El señor Juan Felipe Iglesias Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al buen nombre, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con ocasión de la pérdida del
expediente número 11001-40-03-044-2012-01283-00.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el requisito de
subsidiariedad.
VI.5.1. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub examine
18. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
19. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
20. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza6], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
21. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
6
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”7.
22. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”8.
23. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
24. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
25. Descendiendo al caso en concreto, se observa que el señor Juan Felipe
Iglesias Pérez pretende el amparo de sus derechos fundamentales por la pérdida
del expediente del proceso ejecutivo singular núm. 11001-40-03-044-2012-01283-
00 y, en ese sentido, solicita: (i) realizar la reconstrucción del expediente
extraviado, y (ii) ordenar al juzgado que corresponda que asuma la reconstrucción
del proceso ejecutivo y levante la medida de embargo decretada en su contra.
26. El artículo 126 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20129, prevé el procedimiento
para la reconstrucción de expedientes:
7
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
9
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
“[…] TRÁMITE PARA LA RECONSTRUCCIÓN. En caso de pérdida total o
parcial de un expediente se procederá así:
1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de
reconstrucción y expresará el estado en que se encontraba el proceso y la
actuación surtida en él. La reconstrucción también procederá de oficio.
2. El juez fijará fecha para audiencia con el objeto de comprobar la
actuación surtida y el estado en que se hallaba el proceso, para lo cual
ordenará a las partes que aporten las grabaciones y documentos que
posean. En la misma audiencia resolverá sobre la reconstrucción.
3. Si solo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se
declarará reconstruido el expediente con base en la exposición jurada y las
demás pruebas que se aduzcan en ella.
4. Cuando se trate de pérdida total del expediente y las partes no
concurran a la audiencia o la reconstrucción no fuere posible, o de pérdida
parcial que impida la continuación del proceso, el juez declarará terminado
el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el demandante a
promoverlo de nuevo.
5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no
impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con
prescindencia de lo perdido o destruido […]”.
27. Envista de lo anterior, y como quiera que la reconstrucción del expediente
procede a solicitud de parte o de oficio, la acción de tutela deviene en
improcedente debido a que el accionante tiene a su alcance otro medio de
defensa judicial, a través del cual puede solicitar la reconstrucción del proceso
núm. 11001-40-03-044-2012-01283-00.
28. Se destaca, de acuerdo con el informe rendido por el Juzgado Décimo de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, que el proceso referido
“[…] fue enviado a la oficina de archivo central el 28 de noviembre de 2018 en la
caja 69 del archivo elaborado en el año 2018 […]”. Por lo tanto, dicho trámite de
reconstrucción debe adelantarse ante ese Despacho.
29. Adicionalmente, no se observa que, en el caso sub examine, se encuentre
acreditada la configuración de un perjuicio irremediable. Cabe señalar, conforme a
la jurisprudencia constitucional, que hay un perjuicio irremediable cuando existe
“[…] [un] peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen […]”.
30. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02821-00
Accionante: Juan Felipe Iglesias Pérez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.