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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02822-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02822-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Albino Peña Campos, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02822-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Demandante: ALBINO PEÑA CAMPOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de que se reliquidara
la pensión de jubilación con la inclusión de la prima especial de
riesgo. Defecto por desconocimiento del precedente judicial y
sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Albino Peña Campos, quien actúa mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad,
mínimo vital, debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 21 de febrero de 2024, mediante la
cual se revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar,
declarar la excepción de cosa juzgada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 15001-33-33-014-2019-00218-02.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que laboró en el extinto Departamento Administrativo de
Seguridad (en adelante DAS), en el cargo de detective profesional desde el 25 de
febrero de 1979 hasta el 9 de abril de 2000, tiempo en el que devengó la prima
especial de riesgo.

Afirmó que Cajanal mediante Resolución No. 005912 de 13 de marzo de 2001, le
reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación, sin incluir el régimen
especial ni todos los factores salariales. Agregó que esa decisión fue confirmada
por medio de Resolución No. 7098 de 9 de octubre de 2002.

Indicó que en cumplimiento del fallo de 16 de abril de 2009 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, Cajanal expidió la Resolución No. UGM 013883
de 18 de octubre de 2011, en la que se reliquidó la pensión de jubilación del
accionante, con la inclusión de la asignación básica, bonificación por servicios
prestados, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, sin la
inclusión de la prima especial de riesgo.

Sostuvo que solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, la extensión de la

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Actor: Albino Peña Campos

jurisprudencia contenida en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se dispuso la prima
especial de riesgo como factor a tener en cuenta al momento de liquidar la
pensión de los servidores del DAS. Sin embargo, mediante Resolución No. RDP
026331 de 3 de septiembre de 2019 negó la petición, decisión que fue objeto de
recurso de apelación y confirmada por medio de la Resolución No. RDP 033490
de 8 de noviembre de 2019.

Señaló que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la UGPP, con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución No. UGM 013883 de 18 de octubre de 2011 y la
nulidad de las Resoluciones No. RDP 032308 de 17 de julio de 2013, RDP
026331 de 3 de septiembre de 2019 y RDP 033490 de 8 de noviembre de 2019, y
a título de restablecimiento del derecho que se reliquidara la pensión del actor en
un 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio y el pago de las diferencias que se generen.

Afirmó que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 30
de marzo de 2023, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó a
la UGPP que reliquidara la pensión de jubilación del accionante en cuantía del
75%, con la inclusión del promedio de lo devengado en el último año de servicio,
para lo cual se debían tener en cuenta la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de
vacaciones y la prima especial de riesgo.

Finalmente, manifestó que la UGPP interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de 21 de
febrero de 2024 la revocó y declaró la excepción de cosa juzgada, toda vez que la
UGPP en cumplimiento de una orden judicial reliquidó la pensión de la parte
actora sin la inclusión de la prima especial de riesgo, sin que se evidencie la
existencia de “un hecho nuevo que modifique relevantemente la causa petendi de
la primera demanda, pues la misma providencia que como tal se invoca excluye
expresamente tal posibilidad en aras de la cosa juzgada”.

2. Fundamentos de la acción

El demandante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, mínimo vital, debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Boyacá con la sentencia de 21 de febrero de 2024,
por medio de la cual se revocó el fallo favorable de primera instancia y, en su
lugar, se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

Se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, para lo cual
mencionó que el asunto goza de relevancia constitucional, agotó todos los
recursos y presentó la solicitud de amparo en un término razonable.

Afirmó que en el presente asunto no existe identidad de partes, pues en la primera
demanda (radicado No. 15000-23-31-000-2003-00387-00) la entidad demandada
fue Cajanal, mientras que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 15001-33-33-14-2019-00218-02 la parte demandada
era la UGPP.

Agregó que no hay identidad de objeto, toda vez que “el proceso No.
15000233100020030038700, se argumentó bajo la normatividad del Código
Contencioso Administrativo y jurisprudencia decantada para la época por el
Honorable Consejo de Estado, la cual no era pacífica en torno a decretar si el
factor de la prima de riesgo se tenía que incluir para los funcionarios del extinto
Departamento de Seguridad DAS, como factor para liquidar pensionalmente, el

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Actor: Albino Peña Campos

segundo proceso No. 15001333301420190021800, se sustentó normativamente
con base en la Ley 1437 de 2011, normatividad que conforme a lo que atañe a la
fuerza vinculante del precedente judicial, impuso la obligación de los jueces de
aplicar uniformemente la jurisprudencia y la prevalencia de la misma de acuerdo a
los artículos 10, 102 y 103 del CPACA, jurisprudencia que fue sustentada en la
demanda conforme a sentencia de unificación1 que preciso el tema que la prima de
riesgo era factor salarial y debía ser tenido en cuenta para liquidación de pensión
de los exfuncionarios del DAS, conforme a su Régimen Especial”.

Resaltó que no existe identidad de causa, pues “la demanda con radicado No.
15001333301420190021800, se presenta solicitud de reliquidación argumentando
a que con posterioridad a la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, la
jurisprudencia del Consejo de Estado evolucionó favorablemente expidiendo la
sentencia de Unificación 01 de agosto de 2013, precisando que aquellos
exfuncionarios del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, se
encuentran amparados por el Régimen de Transición, la PRIMA DE RIESGO debe
ser considerada en forma total como factor salarial para efectos de liquidación de
la pensión de jubilación”.

Señaló que en el presente asunto existe un hecho nuevo y es lo relacionado con la
causación de mesadas pensionales con posterioridad a la sentencia de unificación
de 1 de agosto de 2013.

Indicó que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en
sentencia de 14 de abril de 20162, en un caso con similitudes fácticas y jurídicas,
manifestó que “a pesar de que la sentencia de 7 de septiembre de 2006 haya
hecho tránsito a cosa juzgada, en el proceso de la referencia existe un nuevo
hecho, en tanto se han causado mesadas pensionales con posterioridad a la
firmeza de la misma, las cuales pueden ser reliquidadas, como ya se dijo, en
razón de la naturaleza del derecho pensional”.

Agregó que “el Consejo de Estado ha proferido fallos respecto a los funcionarios
del DAS donde ha condenado a la UGPP a que se computen los salarios y primas
de toda especie devengadas en el último año de servicio, e igualmente ordenando
computar únicamente los factores salariales enlistados en el artículo 18 del
decreto 1933 de 1989, como en el caso que nos ocupa, por lo existía una
sentencias favorables y otras en contradicción de aquellas, discriminando con ello
a un sector de estos pensionados como en el caso de mi representado”.

Sostuvo que en sentencias de tutela de “agosto 11, noviembre y diciembre 15 de
2011; radicados 11001-03-15-000-2011-01010-00; 11001-03-15-000-2011-01438-
00; y 11001-03-15-00-2011-01536-00, dejó sin efecto las sentencias atacadas de
los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, y Santander por los mismos
motivos aquí expuestos, no haber computado la prima de riesgo con base en la
vieja jurisprudencia, desconociendo el precedente jurisprudencial”.

Expresó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, al no
haber aplicado los artículos 1 del Decreto 1933 de 1989 y 73 del Decreto 1848 de
1969, normas especiales que regulan la situación pensional del accionante.

Señaló que la sentencia objetada vulnera su derecho fundamental al mínimo vital,
entendido como la mesada pensional que requiere el actor para vivir dignamente
al no acceder a la reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima especial
de riesgo.

1
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013, radicado No. 44001-23-31-000-
2008-00150-01, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve.
2
Radicado No. 11001-03-25-000-2014-00794-00, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

Para terminar, manifestó que “el pronunciamiento que hizo esta Honorable
Corporación mediante fallo de tutela del 08 de agosto de 2013, M.P. Dr. Marco
Antonio Velilla Moreno, expediente número 11001-03-15-000-2012-01670-01,
Actor: Hernando Echeverria Patiño, donde tutelaron los derechos fundamentales
del actor quien estaba en una situación similar a la de mi representado”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Se le tutelen los derechos fundamentales a mi prohijado al debido proceso, a la
igualdad, dignidad humana, al mínimo vital y el acceso efectivo a la justicia.

2. Revocar o dejar sin efecto la sentencia de Segunda Instancia del Tribunal
Administrativo de Boyacá febrero 21 de 2024, resuelve la apelación, revocando la
sentencia de primera instancia, y modificándola en el sentido de decretar estructurada
la excepción de cosa juzgada.

3. Se realicé corrección de la liquidación de la pensión desde el año 2001 por parte de
la UGPP. Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los derechos
fundamentales violados a mi poderdante, la orden de inclusión de las primas de riesgo
y demás factores desde el año 2001 al monto de su pensión”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 17 de junio de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Tunja remitió el link de acceso al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Albino Peña Campos contra la
UGPP (radicado No. 15001-33-33-014-2019-00218-02).

5. Trámite procesal

Por auto de 13 de junio de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja y a la UGPP
como terceros con interés. Igualmente, que se notificara a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 217233 a 217237
de 14 de junio de 20243, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

En escrito de 17 de junio de 2024, el magistrado ponente informó que la
argumentación del demandante resulta inconducente frente a la violación de
derechos fundamentales alegados.

Agregó que el accionante planteó un asunto ya discutido y decidido por el juez
natural (sentencias de 17 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y de 16 de abril de 2009 emanada de la Sección Segunda del Consejo
de Estado), por lo que se identifican los requisitos constitutivos de la cosa juzgada,
pues concurren las mismas partes, hay identidad de objeto y también identidad de
causa.

3
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co,
defensajudicial@ugpp.gov.co; notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, fabianalbertogutierrez@gmail.com,
sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co y j14admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

6.2. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja

En escrito de 17 de junio de 2024, la titular del despacho pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso.

Afirmó que en el presente caso no se configuran todos los requisitos específicos,
pues se garantizó el debido proceso de las partes, los derechos de defensa y
contradicción y por supuesto, el derecho de acceso a la administración de justicia
y, en consecuencia, la tutela judicial efectiva, acorde con las normas
procedimentales que dirigen los procesos ordinarios, de manera que la acción se
torna improcedente.

Agregó que en su momento no se consideró que procedía la excepción de cosa
juzgada, pues la última sentencia de unificación lo hace respecto a los empleados
del DAS cobijados por el régimen de transición de que tratan los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, precisando que el estatus pensional del
demandante fue adquirido el 26 de febrero de 1999, por lo que se aplica lo
dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley 1835 de 1994 y no en virtud del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.

Relató que entre los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 15000-23-31-000-2003-00387-00 (demandante: Albino Peña
Campos contra Cajanal) y el 15001-33-33-014-2019-00218-00 (demandante:
Albino Peña Campos contra la UGPP), existe una identidad de partes, objeto4 y
causa.

Para terminar, sostuvo que a pesar de los argumentos expuestos en el escrito de
tutela, ello no significa que exista un defecto en la sentencia objetada mediante la
cual se declaró la excepción de cosa juzgada, pronunciamiento que obedeció a la
aplicación del ordenamiento constitucional y legal.

6.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

En oficio de 18 de junio de 2024, la subdirectora de la Defensa Judicial Pensional
de la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en
razón a que no se incurrió en defecto sustantivo ni se vulneraron derechos
fundamentales del demandante.

Afirmó que no existe vulneración a los derechos fundamentales del accionante,
pues no existió una mala interpretación de las normas que regulan el tema y
menos un desconocimiento de las pruebas obrantes al expediente ordinario, razón
por la cual resulta improcedente la acción de tutela.

Mencionó que la parte actora no puede usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la
causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la ley para el
efecto.

4
Rad. No. 2003-00387-00. Se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 06350 del 15 de abril de 2002 por medio de la
cual se reliquidó la pensión jubilación del señor ALBINO PEÑA CAMPOS y la nulidad de la Resolución No. 007098 del 09
de octubre de 2002, por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación. Que como consecuencia se reconozca,
liquide y pague la pensión de jubilación, incluyendo todos los factores salariales en cuantía al 75% del promedio del salario
devengado y efectiva a partir de la fecha en que este adquirió el estatus pensional). Rad. No. 2019-00218-00. Se declare la
nulidad parcial de la Resolución No. UGM 013883 del 18 de octubre de 2011, mediante la cual se reliquidó la pensión del
señor ALBINO PEÑA CAMPOS, conforme a lo ordenado por los fallos judiciales emitidos por el Tribunal Administrativo de
Boyacá. Declarar la nulidad de la resolución RDP 032308 del 17 de julio de 2013. Declarar la nulidad parcial de la
resolución RDP No. 026331 del 03 de septiembre de 2019. Declarar la nulidad de la resolución RDP No. 033490 del 08 de
noviembre de 2019. Que a título de restablecimiento se le reconozca y pague la pensión jubilación con el régimen anterior
aplicable al DAS en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el último año.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

Resaltó que en la actualidad el accionante goza de manera periódica de una
mesada pensional, por lo que no existe vulneración al mínimo vital y a la seguridad
social, además que desvirtúa la supuesta configuración de un perjuicio
irremediable.

Finalmente, señaló que en el presente asunto existe cosa juzgada, la cual está
siendo desconocida por la parte tutelante, además que pasa por alto que en la
actuación hoy cuestionada ya se resolvió sobre la mencionada excepción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. El accionante en el escrito de tutela invoca como causal especial de
procedencia el defecto sustantivo, sin embargo, al verificar los argumentos
expuestos, se evidencia que sus alegatos también se encuadran en el
desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual el debate se abordará
de manera conjunta a partir de la caracterización de este último.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con la sentencia de 21 de febrero de 2024, que revocó
la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, declaró la excepción de
cosa juzgada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por el accionante tendiente a la reliquidación pensional con la inclusión de
la prima de riesgo, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad, mínimo vital, debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
al supuestamente incurrir en los defectos por desconocimiento del precedente
judicial y sustantivo, al no tener en cuenta la providencia de 14 de abril de 20165
de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y los fallos de
“agosto 11, noviembre y diciembre 15 de 2011; radicados 11001-03-15-000-2011-
01010-00; 11001-03-15-000-2011-01438-00; y 11001-03-15-00-2011-01536-00”,
en las que se superó la cosa juzgada y se reconoció la prima especial de riesgo en
asuntos similares a los del demandante, y porque no aplicó los artículos 1 del
Decreto 1933 de 1989 y 73 del Decreto 1848 de 1969.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

5
Radicado No. 11001-03-25-000-2014-00794-00, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.
6
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
7
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.

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6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20128, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20149, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii)
Defecto fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo14; (v) Error inducido15; (vi)
Decisión sin motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación
18
directa de la Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

8
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
12
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
13
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
14
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
15
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
16
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
17
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
18
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte
Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia o trascendencia
constitucional, en tanto se debe determinar si el fallo de segunda instancia
proferido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
declaró la excepción de cosa juzgada y que revocó la decisión favorable del a quo,
limita el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, igualdad, mínimo vital, debido proceso y de acceso a la administración
de justicia del demandante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se
presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad, a
lo que se debe agregar que no contó con la oportunidad para proponer la
discusión relacionada con la declaratoria de la excepción de cosa juzgada que se
declaró en segunda instancia, en tanto la decisión de primera instancia en el
proceso ordinario fue favorable a sus intereses.

Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en el marco de un
recurso de apelación, por lo que el actor no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
21
meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional22; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo alegados

4.2.1. El señor Albino Peña Campos, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela manifiesta que el Tribunal Administrativo
de Boyacá con la sentencia de 21 de febrero de 2024, vulneró sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, mínimo vital, debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al supuestamente incurrir en los defectos
por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, al no tener en
cuenta la providencia de 14 de abril de 201623 de la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado y los fallos de “agosto 11, noviembre y diciembre 15 de
2011; radicados 11001-03-15-000-2011-01010-00; 11001-03-15-000-2011-01438-
00; y 11001-03-15-00-2011-01536-00”, en las que se superó la excepción de cosa
juzgada y se reconoció la prima especial de riesgo en asuntos similares a los del

19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
21
La última providencia objetada se profirió el 21 de febrero de 2024, cuya notificación se surtió el 26 del mismo mes y año
y la acción de tutela se instauró el 4 de junio de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
22
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
23
Radicado No. 11001-03-25-000-2014-00794-00, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

demandantes, y porque no aplicó los artículos 1 del Decreto 1933 de 1989 y 73 del
Decreto 1848 de 1969.

4.2.2. La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela, porque
no observa la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el
accionante en la providencia objetada, para lo cual de manera previa se realizará
un breve recuento del proceso ordinario, así:

El señor Albino Peña Campos presentó demanda nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de la
Resolución No. UGM 013883 de 18 de octubre de 2011 y la nulidad de las
Resoluciones No. RDP 032308 de 17 de julio de 2013, RDP 026331 de 3 de
septiembre de 2019 y RDP 033490 de 8 de noviembre de 2019, y a título de
restablecimiento del derecho que se reliquidara la pensión de vejez del actor en
un 75% del promedio mensual de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio y el pago de las diferencias que se generen,
particularmente, pidió la inclusión de la prima especial de riesgo como factor
salarial a tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional.

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 30 de marzo
de 2023, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó a la UGPP
que reliquidara la pensión de jubilación del accionante en cuantía del 75% con la
inclusión del promedio de lo devengado en el último año de servicio, para lo cual
se debían tener en cuenta la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados, la prima de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la
prima especial de riesgo.

La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo cual
indicó que en el presente asunto se configuraba la cosa juzgada, en razón a que
la pensión del demandante ya se había reliquidado en cumplimiento de una orden
judicial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se
negó la inclusión de la prima especial de servicio.

El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de 21 de febrero de 2024,
revocó el fallo favorable de primera instancia y declaró la excepción de cosa
juzgada, con sustento en lo siguiente:

“18. Es oportuno hacer referencia a los siguientes elementos de juicio que se derivan de
las pruebas documentales obrantes en el expediente:

a. Por medio de la Resolución No. 005913 del 13 de marzo de 2001, la Caja Nacional de
Previsión, reconoció una pensión mensual vitalicia por vejez al demandante; resolución
objeto de recurso siendo confirmada mediante Resolución No. 7098 de 9 de octubre de
2002.

b. La Resolución No. 7098 de 9 de octubre de 2002, fue objeto de debate judicial en
proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en primera instancia, y por
el Consejo de Estado quien confirmó el fallo el 16 de abril de 2009; en cumplimiento de
los citados fallos la Caja Nacional de Previsión a través de Resolución No. UGM 013883
del 18 de octubre de 2011 procedió a reliquidar la pensión del aquí demandante,
excluyendo la prima de riesgo como factor salarial de la base de liquidación pensional.
c. Luego, la UGPP mediante Resolución RDP 032308 de 17 de julio de 2013 negó
solicitud de extensión de la jurisprudencia de la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 proferida por el Consejo de Estado, presentada por el demandante el 22 de
mayo de 2013.

d. Con posterioridad, y frente a esa última resolución, el demandante presentó solicitud a
efectos de que se incluyera la totalidad de los factores salariales devengados y en
especial la prima de riesgo, petición que fue resuelta a través de la Resolución RDP
026331 del 03 de septiembre de 2019 de manera desfavorable; decisión que fue
confirmada a través de la Resolución RDP 033490 del 08 de noviembre de 2019, luego
del recurso de apelación interpuesto por el demandante.

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Actor: Albino Peña Campos

19. La recurrente alega existencia de cosa juzgada, señalando que la pensión de
jubilación se reliquidó en cumplimiento estricto de providencia judicial en firme, a la que
no podía desatender. Y que ese litigio fue ya resuelto judicialmente, no es posible entrar
a analizarlo nuevamente.

20. Pues bien: la sala encuentra que cabe razón a la impugnante, pues, como se
mostrará enseguida, se estructura en el sub judice la cosa juzgada.

21. En el presente asunto no existe duda o debate acerca de que concurren las mismas
partes: los dos procesos fueron incoados por el ciudadano Albino Peña Campos contra
CAJANAL, de la cual la UGPP asumió sus obligaciones.

22. En cuanto a la identidad de objeto, aunque se demanda diferentes actos
administrativos, la pretensión sustancial ha sido siempre la de obtener el reconocimiento
y pago de la pensión jubilación con el 75% de los factores salariales devengados en el
último año de servicios.

23. Y respecto de la identidad de causa se constata que el actor presentó nueva solicitud
de reliquidación argumentando que con posterioridad a la decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá el Consejo de Estado emitió sentencias de unificación del 04
de agosto de 2010 y de 1º de agosto de 2013, en que señaló que la prima de riesgo
debe ser considerada como factor salarial para liquidar la pensión de jubilación.

24. Deja de lado, sin embargo, la parte demandante que el Consejo de Estado, en la
citada sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 precisó el carácter de cosa
juzgada de los asuntos judicialmente decididos para ese entonces:

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía
judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

25. Siendo ello así, no puede admitirse que exista un hecho nuevo que modifique
relevantemente la causa petendi de la primera demanda, pues la misma providencia que
como tal se invoca excluye expresamente tal posibilidad, en aras de la cosa juzgada.

26. Lo aquí pretendido por el demandante es extender los efectos del fallo de unificación
para obtener reliquidación con inclusión de la prima de riesgo, circunstancia ya discutida
y decidida por el juez natural y que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Así, no es posible
que la Sala vuelva a examinar la materia”.

De lo anterior, se observa que el tribunal accionado consideró que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el actor estaba incursa en la
excepción de cosa juzgada, porque en la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 2010 se indicó que en los casos en los que ya hubiese operado esa figura no
era aplicable esa decisión en virtud del principio de seguridad jurídica, por
consiguiente, el hecho de que lo relacionado con la reliquidación de la pensión de
jubilación del actor con la inclusión de la prima especial de riesgo ya hubiese sido
motivo de pronunciamiento en la jurisdicción contencioso administrativa configura
esa excepción.

Dicho en otros términos, la sentencia objetada verificó que se cumpliera con los
requisitos para declarar la excepción de cosa juzgada, razón por la cual constató
el proceso anterior que resolvió la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
que se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, pero
sin la inclusión de la prima de riesgo. Por consiguiente, estableció que existió i)
identidad de partes, pues la demanda fue presentada por el señor Albino Peña
Campos contra la UGPP -sucesora de Cajanal-, ii) el objeto de la demanda era el
mismo de la primera, es decir, la reliquidación pensional con la inclusión de la
prima de riesgo y iii) existía identidad de causa.

4.2.3. En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

precedente judicial implica que24: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado
de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas25:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto26.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, el demandante considera que la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta la providencia de 14 de abril de 201627 de la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y los fallos de “agosto
11, noviembre y diciembre 15 de 2011; radicados 11001-03-15-000-2011-01010-
00; 11001-03-15-000-2011-01438-00; y 11001-03-15-00-2011-01536-00”, en las
que se superó la excepción de cosa juzgada y se reconoció la prima especial de
riesgo en asuntos similares a los del demandante, y porque no aplicó los artículos
1 del Decreto 1933 de 1989 y 73 del Decreto 1848 de 1969.

Al respecto, la Sala observa que el auto de 14 de abril de 2016 de la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado se dictó en el marco de una
solicitud de extensión de jurisprudencia, que resolvió un recurso de súplica y que
revocó la decisión que había rechazado la solicitud por configurarse la cosa
juzgada y en el que se indicó que existía un hecho nuevo, como la expedición de
una sentencia de unificación.

Sin embargo, la decisión que invoca el demandante no refleja la postura actual de
la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado -en el escenario de la

24
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
27
Radicado No. 11001-03-25-000-2014-00794-00, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

28
extensión de jurisprudencia-, pues en providencia de 11 de abril de 2024 , en la
que se rechazó una solicitud de extensión de jurisprudencia, consideró que no
había lugar a que se reliquidara la pensión con la inclusión de prima de riesgo,
pues ya contaba con una decisión judicial que resolvía sobre el asunto y que
tampoco se podía acceder a la reliquidación de las “mesadas pensionales
causadas con posterioridad a la firmeza de los pronunciamientos judiciales del 22
de junio de 2006 y 10 de febrero de 2011”.

Igualmente, precisó que “una característica especial del mecanismo de extensión
de jurisprudencia, es su procedimiento breve y expedito; habida cuenta que no fija
etapa probatoria en estricto sentido, ni de excepciones, ni de incidentes, no tiene
carácter litigioso, pero tampoco opera, ipso jure; sino que el convocante y la
convocada deben aportar ab initio, las pruebas pertinentes para acreditar la
situación fáctica y jurídica alegada o desvirtuarla, pues el mecanismo en comento
fue institucionalizado por el legislador en procura de aplicar de manera uniforme la
jurisprudencia y garantizar el derecho a la igualdad. No es litigioso”.

Ahora bien, dicha postura en la actualidad es uniforme en las dos subsecciones,
pues en el marco de la extensión de jurisprudencia, la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado en auto de 4 de agosto de 2022 29, explicó
“que, si bien es cierto, por medio de providencia del 7 de diciembre de 2017, en
unos casos similares al de la referencia, esta Subsección estudió de fondo la
proposición de cosa juzgada planteada por las entidades convocadas y, además,
aplicó la tesis de «cosa juzgada relativa», también lo es que dicha postura fue
replanteada por la Sala a través de auto del 9 de marzo del 202030”.

Aunado a lo anterior, resulta importante precisar que la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de julio de 202231, en la
que desarrolló una regla jurisprudencial frente a los servidores que desarrollaron
actividades de alto riesgo en el DAS, cobijados por los regímenes de transición de
que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003 32, y
precisó que el proveído en mención se aplicaría con efectos retrospectivos según

28
Radicado No. 11001-03-25-000-2020-00568-00, C.P.: César Palomino Cortés. Postura reiterada en decisión de 11 de
abril de 2024, radicado No.: 11001-03-25-000-2019-00001-00, C.P.: César Palomino Cortés. 29
Radicado No.: 11001-03-25-000-2017-00629-00, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. 30
Radicado No. 11001-03-25-000-2014-00925-00. C.P.: William Hernández Gómez. “De acuerdo con lo anterior, esta
Subsección observa que en el caso concreto se presenta una cuestión litigiosa que no puede ser debatida a través del
mecanismo de extensión de jurisprudencia, pues tal como se expuso líneas atrás, este procedimiento especial tiene por
objeto estudiar si la parte solicitante tiene o no derecho a que se le extiendan los efectos de una sentencia de unificación. Adicionalmente, es de resaltar que en la mencionada providencia no se analizó la configuración de la cosa juzgada, por lo
que tampoco se reúnen los mismos presupuestos fácticos y jurídicos exigibles en una extensión de jurisprudencia. Bajo los
presupuestos expuestos, deberá el juez ordinario determinar si para el caso de la prima de riesgo que ahora se pretende
con fundamento en la sentencia del 1.º de agosto de 2013, se presentó o no el fenómeno jurídico de la cosa juzgada. Bajo
los presupuestos expuestos, deberá el juez ordinario determinar si para el caso de la prima de riesgo que ahora se pretende
con fundamento en la sentencia del 1.º de agosto de 2013, se presentó o no el fenómeno jurídico de la cosa juzgada”. 31
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-02380-01. 32
1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de que
tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de
edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, este es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será
(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. || - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. || 2. Los
factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el
servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo
prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir: || - En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el
30 de diciembre de 2007. || - En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los servidores del DAS
a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011. || 3.

Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los
descuentos en el porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión sobre
los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de
cotización o si omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera
adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado para que la pensión especial se
reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

lo señalado en el ordinal segundo de la parte resolutiva que en su tenor literal
señala lo siguiente:

“Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación son vinculantes en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado la cosa
juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad jurídica.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes de
transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido u
ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la
ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de
lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA”.

De lo señalado en la mencionada sentencia de unificación es posible concluir que
los destinatarios cuentan con la posibilidad de aplicar de manera retrospectiva la
regla jurisprudencial allí desarrollada para todos los casos que estén en discusión
administrativa y judicial, sin embargo, dependerá de que la situación a verificar no
se haya consolidado válidamente en cabeza del titular, pues en caso de que se
cuente con una decisión judicial en la que operó la cosa juzgada, no habría lugar
a ser modificada en virtud del principio de seguridad jurídica.

Es decir, que en la actualidad lo relacionada con la reliquidación pensional del
personal que desempeñaba labores de riesgo en el DAS, no se aplica la
denomina “cosa juzgada relativa”, pues en virtud de lo establecido en la sentencia
de unificación de 28 de julio de 2022 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en aquellos casos en que se cuente con decisión judicial en firme y en los
que operó la cosa juzgada, resultaría inmodificable.

Por consiguiente, la postura desarrollada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
en el fallo de 21 de febrero de 2024, la cual sustentó en la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010, se ajusta a derecho y tiene respaldo en los
criterios actuales desarrollados por la jurisprudencia del órgano de cierre frente a
la figura de cosa juzgada en los casos que se pretenda la reliquidación de una
mesada pensional de un ex empleado que desarrollaba labores de alto riesgo en
el extinto DAS, cuando ya cuente con una decisión judicial anterior que resolvió
sobre esa misma situación33.

De otro lado, se advierte que la sentencia de tutela de 11 de agosto de 2011 de la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado no resulta aplicable al
presente asunto, porque en esta decisión se ampararon los derechos
fundamentales de los accionantes, en razón a que la autoridad judicial accionada
se inhibió para decidir el asunto, porque supuestamente no se habían demandado
los actos administrativos que definieron la situación jurídica de la parte actora,
asunto que no guarda similitud con el caso del accionante.

33
Si bien se entiende que la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022, aplica a los servidores que desarrollaron
actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994,
2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, lo cierto es que se hace mención a esta para establecer el escenario actual de la
jurisprudencia frente a la figura de la cosa juzgada cuando a pesar de que el administrado cuenta con una situación definida
en una decisión judicial, solicita la reliquidación de una mesada pensional con sustento en una supuesta cosa juzgada
relativa, ya sea por la naturaleza de la obligación pensional (tracto sucesivo) o por la expedición de una sentencia de
unificación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

De igual modo, la sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2011 de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, si bien se accedió al amparo de
la parte actora y se ordenó la inclusión de la prima especial de riesgo en la
liquidación pensional, lo cierto es que no se hace ningún análisis respecto a la
cosa juzgada, razón por la cual se evidencia que no es un asunto aplicable al
presente asunto por falta de similitud.

Finalmente, frente a la sentencia de “diciembre 15 de 2011” con radicado “11001-
03-15-00-2011-01536-00”, se advierte que con la información otorgada por el
demandante no se pudo ubicar en el sistema de la relatoría de la corporación, lo
que impidió realizar el respectivo juicio de comparación para determinar si en
efecto era un precedente vigente y vinculante para la autoridad judicial accionada.

En lo que hace relación con la supuesta falta de aplicación de los artículos 1 del
Decreto 1933 de 1989 y 73 del Decreto 1848 de 1969, se advierte que el estudio
que abordó la autoridad judicial accionada en la sentencia objetada se limitó a la
cosa juzgada, por lo tanto, al evidenciarse que estaba configurada dicha
excepción se limitó a declararla, sin hacer algún estudio adicional. De allí que el
hecho de que no se desarrollara un análisis sobre las normas señaladas por el
actor es una consecuencia de la excepción de la cosa juzgada, lo que no
constituye per se, un defecto por desconocimiento del precedente judicial ni
sustantivo.

Ahora bien, se debe precisar que esta Sala en casos anteriores34, con similares
contornos fácticos había accedido al amparo constitucional solicitado, al
considerar, en consonancia con la postura uniforme para ese momento de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que las mesadas generadas con
posterioridad a un pronunciamiento judicial se podían reclamar aun cuando
existiera una decisión anterior, la cual para esos efectos hacía tránsito a cosa
juzgada relativa. Sin embargo, dichas decisiones fueron dictadas antes de que se
expidiera la precitada sentencia de unificación de 28 de julio de 2022, decisión
cuya fuerza motriz vinculante no permite darle continuidad a esa postura
jurisprudencial.

Así las cosas, una vez agotados los argumentos expuestos por la parte actora, la
Sala considera que en el presente asunto no se demostró la configuración de los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, toda vez que
se evidenció que la sentencia de 21 de febrero de 2024 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, se ajustó al ordenamiento jurídico vigente.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela, en razón a
que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

34
Sentencias de i) 15 de noviembre de 2017, radicado No.: 11001-03-15-000-2016-00870-01, C.P.: Stella Jeannette
Carvajal Basto, ii) 21 de junio de 2018, radicado No.: 11001-03-15-000-2018-00149-01, C.P.: Milton Chaves García y iii) 10
de abril de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2018-01933-01, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02822-00
Actor: Albino Peña Campos

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Albino Peña Campos, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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